El Ministerio del Interior ha introducido nuevos cambios en el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana con la intención de asegurarse la constitucionalidad del texto y rebajar la controversia que habían generado la mayoría de sus artículos, destinados a sustituir toda la legislación vigente desde 1992 sobre la persecución por la vía administrativa de los comportamientos incívicos y los desórdenes públicos. En los próximos días podrían producirse, además, otras modificaciones tras la aprobación del informe del Consejo de Estado, el último de los cuatro órganos consultivos que se han pronunciado sobre la norma.
Según ha podido saber este diario, finalmente, la cartera que encabeza Jorge Fernández Díaz ha dado marcha atrás y ha decidido eliminar del articulado la posibilidad de que los vigilantes de seguridad privada puedan colaborar con las Fuerzas de Seguridad públicas en el mantenimiento del orden durante las manifestaciones y concentraciones. Pero no es el único cambio que Interior ha introducido a última hora. Los menores sancionados por consumo o posesión de drogas podrán evitar la multa si acreditan que están sometiéndose a un tratamiento de desintoxicación. Hasta ahora, el texto no hacía ningún tipo de distinción en función de la edad.
Vigilantes en las manifestaciones
La posibilidad de que las empresas de seguridad privada se encargaran de mantener el orden en las manifestaciones era una de las principales novedades que recogía el anteproyecto de Interior. En la actualidad, sólo los funcionarios de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y, en algunos casos, policías locales, están habilitados para poder limitar el ejercicio del derecho de manifestación. Pero el Ministerio pretendía incluir en las facultades del sector de seguridad este otro servicio, siguiendo el espíritu liberalizador de la Ley de Seguridad Privada publicada por el BOE el pasado 4 de abril, que ampliaba considerablemente las capacidades del sector privado de la seguridad.
La fórmula que escogió Interior para atribuir ese servicio a las empresas de seguridad era confusa. Aprovechó el artículo 23, que se refería a la colaboración entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para el mantenimiento de la seguridad en reuniones y manifestaciones, para establecer en su punto segundo que “igualmente, las empresas y el personal de seguridad privada están obligados a colaborar eficazmente” en esa función con Policía, Guardia Civil y otros cuerpos. Aunque no se hacía de forma explícita, ese punto iba a permitir que vigilantes privados reprimieran concentraciones violentas mano a mano con agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), por ejemplo, una imagen inédita en España.
Y así seguirá siendo. Según fuentes cercanas a la confección de la ley, Interior ha decidido eliminar cualquier referencia a la participación de la seguridad privada en la contención de las protestas en vía pública. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, dos de los cuatro órganos consultivos a los que Interior envió la norma –los otros dos son la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado–, no consideraron que esa ampliación de facultades fuera inconstitucional, pero sí advirtieron de que esa competencia está reservada en exclusiva a los funcionarios. Interior ha tenido en cuenta el aviso.
Desintoxicación de menores
En cuanto al consumo o tenencia de drogas, la última versión del borrador rebaja la sanción para los menores de edad. Según las fuentes consultadas, el texto especificará que los jóvenes que sin haber cumplido los 18 años sean sancionados por utilizar o llevar estupefacientes podrán evitar la multa si demuestran que están en tratamiento para eliminar la supuesta adicción. Valdrá con que presenten un informe firmado por un especialista que acredite que se están sometiendo a un proceso para dejar las drogas. Los menores que no cumplan ese requisito serán tratados a todos los efectos como los mayores de edad, es decir, se expondrán a sanciones de entre 1.001 y 30.000 euros.
Interior deberá realizar aún más cambios en los próximos días. El pasado viernes, el Consejo de Estado envió al Ministerio su informe sobre la ley. Fuentes que han tenido acceso al documento aseguran que, en general, el órgano consultivo ha respaldado el proyecto, entre otros motivos porque Interior ya le remitió el pasado 26 de mayo una versión muy depurada del borrador inicial que incluía las observaciones realizadas por el resto de órganos consultivos.
Críticas del Consejo de Estado
Con todo, el Consejo de Estado ha planteado modificaciones que Interior estudia ahora cómo incorporar. En concreto, el órgano consultivo ha pedido al departamento de Fernández Díaz que establezca un tiempo máximo para la identificación de infractores en comisaría. La última versión que manejaba el Ministerio no recoge ninguna limitación horaria. El Consejo de Estado considera que esas diligencias deberían durar un máximo de seis horas y sostiene que, si en ese tiempo, las Fuerzas de Seguridad no consiguen averiguar la identidad del detenido deben dejarlo en libertad.
El otro punto que ha censurado el Consejo de Estado afecta a la persecución del escalamiento en infraestructuras críticas, otra de las novedades que también introduce la ley. Este artículo está especialmente pensado para sancionar el acceso de activistas o manifestantes a instalaciones como centrales nucleares, cámaras legislativas u otros edificios significativos. El Consejo no cuestiona esta nueva tipología, pero sí reprocha al Gobierno que no difunda previamente qué infraestructuras están calificadas como críticas. En la actualidad, la lista es secreta por motivos de seguridad, pero el órgano consultivo cuestiona que se pueda sancionar a alguien por vulnerar una protección que desconocía.
Facilitar la tramitación
Con los cambios, el Gobierno trata de evitar que las principales novedades de la ley con respecto a la que se aplica desde 1992 puedan ser tumbadas en el futuro por el Tribunal Constitucional. Pero este retroceso en varias de las innovaciones fundamentales que contemplaba en un primer momento la norma también pretende facilitar su tramitación parlamentaria. Los principales partidos de la oposición anunciaron pocas horas después de conocer la primera versión del articulado que se opondrían frontalmente a su aprobación al considerar que atentaban contra libertades y derechos fundamentales. El Ministerio del Interior ha tratado de deslegitimar ese discurso asumiendo casi todas las recomendaciones formuladas por los órganos consultivos. Y espera que esas rectificaciones allanen el camino que deberá recorrer la ley a la vuelta del verano en el Congreso y el Senado.
Como adelantó El Confidencial, el objetivo de Fernández Díaz es que el anteproyecto sea aprobado por el Consejo de Ministros durante este mismo mes de julio para que sea remitido automáticamente a la Cámara Baja antes de las vacaciones de agosto. Ese es el único plazo que permitiría a Interior publicar la norma en el BOE antes de que termine 2014. Con ese calendario conseguiría, por un lado, que la norma pasara el trámite del Consejo de Ministros en pleno verano, con la contestación social en fase de letargo por el periodo estival, y por otro, evitaría que la tramitación de una ley tan polémica como esta se colara en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015.
