LA LEY REFUERZA LAS FUNCIONES DE LOS VIGILANTES
La multa es triple. Destinada al empleado, a la empresa de seguridad y a la comunidad de propietarios. Contratar a ‘piratas’ para la seguridad de una propiedad tendrá fuertes consecuencias económicas: multas de hasta 600.000 euros que propondrá la Policía, según aseguran fuentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de este cuerpo consultadas por El Confidencial.
Estas sanciones llegan tras la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada. Aún falta por desarrollar el reglamento de esta nueva legislación. Las previsiones apuntan al verano de 2015. En la provincia de Málaga y en concreto en la Costa del Sol Occidental, sobre todo en Marbella y Estepona, donde se concentra una de las más selectas Millas de Oro de las urbanizaciones de lujo de España, es donde la Policía ha localizado más transgresiones a la ley. En seis meses ya contabiliza 26 propuestas de sanción. Nueve de ellas son graves y 17 son “muy graves”.
El artículo 61 de la ley especifica que las multas a las empresas oscilarán entre 30.001 y 600.000 euros, siempre que la infracción se realice “a sabiendas”. ¿Las consecuencias? La extinción de la autorización, o cierre de la empresa o despacho en los casos de declaración responsable. Todo ello supondrá la prohibición de volver a obtenerla o presentarla por un plazo de entre uno y dos años, además de la cancelación de la inscripción en el registro correspondiente. También se contempla la prohibición para ocupar cargos de representación legal en empresas de seguridad privada por un plazo de entre uno y dos años.
Alerta de los administradores de fincas
Los problemas aparecen por la vía del desconocimiento. Las macrourbanizaciones suelen contar con un auxiliar en el control de acceso al recinto, pero las funciones de seguridad no las pueden asumir estos mismos empleados. Las funciones de vigilancia resultan competencia exclusiva de una empresa de seguridad homologada. “Muchas comunidades de propietarios quieren ahorrarse el dinero de un vigilante y contratan a un auxiliar de servicios, el fontanero o el jardinero. Eso es ilegal”, explica a este diario el presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor.
El intrusismo alcanza tal calibre que en una urbanización, relata Pastor, un hombre vestido con un mono azul y una lata de pintura en la mano fue sorprendido por un agente de la Policía que le preguntó cuál era su función. Argumentó que pertenecía al equipo de mantenimiento y que por las noches, para ganar un dinero extra, también vigilaba la propiedad. “El personal auxiliar y los conserjes no pueden realizar en ningún caso una fundación reservada a la seguridad privada, ni pueden pedir el DNI, usar armar o medios de defensa”, resaltan fuentes policiales.
“Basándose en la mala fe” o en la falta de conocimiento de los textos legales de seguridad, determinadas empresas ofrecen sus productos como auxiliares de seguridad. “Nosotros no vamos a la caza y captura. Siempre observamos antes de abrir el procedimiento. En muchas ocasiones son los gremios de vigilantes quienes para proteger su trabajo pueden iniciar una denuncia. Hay una clara competencia desleal”, subraya la Policía.
La ley potencia la figura del vigilante de seguridad y la seguridad privada en general. También matiza aquellas actividades que quedan al margen de la seguridad privada. Con la nueva normativa el vigilante puede también solicitar la entrada a un recinto, como por ejemplo, un campo de fútbol. Los conserjes de las comunidades no han pasado por pruebas habilitadas por el Ministerio del Interior como los profesionales de la seguridad, que además cuentan con una serie de condiciones físicas y psíquicas.
Esta normativa permite que los vigilantes privados actúen en más espacios y aumenten sus oportunidades de negocio. Actualmente hay 1.500 compañías de seguridad inscritas en el registro del Ministerio. Emplean a casi 90.000 personas, una plantilla superior a las que tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil por separado. En 2012 facturaron más de 3.200 millones de euros.
