El plan de apoyo a la seguridad de las prisiones –eufemismo utilizado por el Gobierno para denominar a la privatización de algunos servicios que rodean a los centros penitenciarios– comenzó el pasado octubre su segunda fase, que extendía a todas las instalaciones de España (67) el modelo iniciado en una veintena de cárceles un año y medio antes.
La iniciativa se produjo en paralelo a la tramitación de dos normas ligadas entre sí –las leyes de Seguridad Privada y Seguridad Ciudadana– y que, sobre todo la primera, servirían de marco para conceder amparo legal a nuevas prácticas de las empresas de seguridad, también en el ámbito de las instituciones penitenciarias. Los borradores iniciales de ambos preceptos provocaron reacciones críticas en la sociedad y en algunos órganos consultivos, lo que llevó a que el Gobierno se replanteara algunos puntos o negara tajantemente determinadas acusaciones.
Estas últimas, sin embargo, se ven de otra manera pasados los meses. Hoy, con un poco de perspectiva, se puede decir que aquellas cosas que el Ejecutivo tachó de infundios realmente eran ciertas y quien mentía, por lo tanto, no era quien lo denunciaba, aunque siempre con matices. A continuación enumeramos las cinco afirmaciones del Gobierno sobre el plan de apoyo a la seguridad de las prisiones que son puestas en duda.
1. Dará trabajo a los escoltas en paro
El proyecto del Gobierno fue ‘vendido’ ante la opinión pública –y también en privado– como una iniciativa que tenía el fin de recolocar a los miles de escoltas que se quedaron en paro en el País Vasco tras la desaparición de ETA. Así lo puso de manifiesto el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien hace apenas unas semanas incluso admitió que escasamente un tercio de los escoltas privados que antes protegían a potenciales objetivos de ETA se encuentra trabajando en los centros penitenciarios.
Muchos no quisieron, argumentó entonces el secretario de Estado para justificar el bajo porcentaje de recolocados, extremo que rechazan desde el colectivo. El presidente de la asociación Las Sombras Olvidadas de Euskadi, Manuel Jiménez, acusa al Gobierno de no cumplir su promesa y permitir que las empresas de seguridad fichen a vigilantes no escoltas porque les sale más rentable. De hecho, según datos a los que tuvo acceso El Confidencial, apenas el 10% de los empleados de las empresas de seguridad que operan en los centros penitenciarios había sido antes guardaespaldas.
Los exescoltas que conforman Las Sombras Olvidadas de Euskadi, de hecho, han montado la asociación con el fin de presionar a los poderes públicos para encontrar una salida digna a los miles de profesionales que se quedaron sin empleo, lo que demuestra a todas luces que estos guardaespaldas no están contentos con el desarrollo del plan previsto por Interior.
Jorge Fernández Díaz y Jorge Moragas. (Efe)Jorge Fernández Díaz y Jorge Moragas. (Efe)
2. No sustituirá a los guardias civiles
Desde Instituciones Penitenciarias han negado que los vigilantes fueran a sustituir a funcionarios de la Guardia Civil, que es el cuerpo que controla la mayor parte de las prisiones de España (apenas media docena están supervisadas por la Policía Nacional). Sin embargo, en los consejos de la Guardia Civil –órgano de encuentro entre asociaciones y administración– ya hace meses que se habla del nuevo destino que ocuparán los agentes del instituto armado una vez que se pase a la tercera fase del plan, cosa que ocurrirá a finales de 2015.
En los citados consejos, de hecho, la Dirección General está comprometiéndose a no trasladar de ciudad a los agentes que abandonen su actual empleo en la prisión y a buscarles un puesto en la zona en la que actualmente residen –para evitar mudanzas familiares–, como demandan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ya descartó unilateralmente que el Gobierno pudiera cumplir otra promesa hecha previamente, la de recolocar a los guardias en el traslado de reclusos, pues claramente no hay plazas para tantos en este destino.
El nuevo compromiso contraído por la Administración en los mencionados consejos internos –no enviar a los guardias fuera de su zona– conlleva, por lo tanto, el reconocimiento de que los funcionarios del instituto armado terminarán saliendo de los centros penitenciarios y que, por lo tanto, sus puestos serán ocupados por vigilantes. En definitiva, precisamente lo que el Ministerio negó inicialmente que ocurriría: que ningún guardia civil sería sustituido por vigilantes.
Por otro lado, los hechos también ponen en evidencia que los miembros de la Benemérita han dejado de hacer determinadas funciones que hoy son responsabilidad en la práctica de los vigilantes de seguridad. Según ha denunciado AUGC, ya incluso durante la primera fase del plan había agentes privados ejerciendo labores que antes desarrollaban funcionarios públicos, como el control de cámaras o el de accesos a determinados centros penitenciarios.
Vigilante de seguridad privada en el Metro de Madrid (Efe)Vigilante de seguridad privada en el Metro de Madrid (Efe)
3. Ahorrará costes
El 28 de junio de 2012, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa –posteriormente sustituido por Francisco Martínez–, anunció durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que era necesario incluir vigilantes privados en las prisiones ante la imposibilidad de asumir los costes derivados de cubrir las plazas con funcionarios. Esta iniciativa, calculó entonces el sindicato Acaip, conllevaría un ahorro de 48 millones de euros a las arcas del Estado.
Por el momento, el Gobierno no ha hecho público ningún documento que demuestre este ahorro, que por otro lado en ningún caso se daría si no se terminasen sustituyendo funcionarios por vigilantes, extremo que siempre ha negado el ministro del Interior. Más bien al contrario, lo único que ha habido hasta el momento ha sido un incremento del presupuesto. Tras el desembolso que supuso la primera fase del plan de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que afectó a 21 instalaciones, el Ejecutivo hizo una valoración positiva de sus resultados y dio paso a la segunda fase, que supuso un coste de más de 33 millones de euros, destinado íntegramente a las empresas de seguridad con el fin de sufragar el servicio que prestan.
4. No es una privatización encubierta
El Gobierno nunca ha querido llamar plan de privatización a la iniciativa que por el momento sólo ha servido para incluir vigilantes privados en los servicios de seguridad de las prisiones. Ha rechazado esa denominación y ha preferido hablar de plan de apoyo a las funciones de seguridad. Sin embargo, se trata claramente de un eufemismo. Por un lado, además de que en el Ministerio ya estudian dónde recolocar a los guardias, el proyecto se ha producido en paralelo a la reducción de la oferta pública de empleo, que incluye tanto a funcionarios de prisiones como a policías y miembros del instituto armado, los tres colectivos que controlan los centros penitenciarios. Es decir, la incorporación de los vigilantes viene a paliar esa disminución de empleados públicos que han dejado de entrar en las cárceles por la merma de convocatorias y la citada salida prevista de guardias civiles.
Por otro, el plan tiene visos de ir más allá y no quedarse en un simple parcheo circunstancial, para salir del paso. La previsible sustitución de guardias civiles por vigilantes, antes mencionada, ha venido acompañada de una reforma de la nueva Ley de Seguridad Privada, que habilita a las empresas para llevar a cabo nuevas tareas hasta ahora prohibidas. Esto amplía el abanico de actuación de la industria de la seguridad privada y no solo en los centros penitenciarios, ya que el precepto prevé más competencias.
Lo que ha ocurrido en las cárceles hasta el momento no ha sido una completa privatización de todos los servicios, sino un plan que paulatinamente ha ido concediendo a vigilantes privados tareas que antes hacían guardias civiles y policías, funcionarios que por el momento continúan en sus puestos a la espera de que comience la tercera fase del proyecto (previsiblemente a finales de 2005), que ya conllevará la salida de algunos miembros de las fuerzas de seguridad, según han admitido altos cargos de la Guardia Civil en los citados consejos de la corporación.
Esta tendencia a la privatización de parte del sector público de la seguridad, por lo tanto, contradice las afirmaciones de algunos miembros del Gobierno cuando negaban la mayor en público y admitían en privado algo que por otro lado es cierto y que dibuja una previsible tendencia: España cuenta con uno de los mayores ratios policía por habitante de la Unión Europea y uno de los menores vigilante privado por ciudadano. Queda, por tanto, margen de crecimiento en este campo hasta equipararse a otros países del continente.
5. Los vigilantes nunca actuarán solos ni estarán en contacto con los reclusos
Los informes oficiales previos al comienzo del plan de apoyo a la seguridad de las prisiones aclaraban que los vigilantes estarían en todo momento supervisados por un funcionario, extremo que no se cumplió ni incluso en la primera fase del proyecto, que afectó a 21 centros penitenciarios. Ya entonces hubo media docena de recintos en los que Interior permitió que los vigilantes controlaran algunos servicios en solitario.
El secretario de Estado de Seguridad y director general de la Guardia Civil. (Efe) El secretario de Estado de Seguridad y director general de la Guardia Civil. (Efe)
En la segunda fase, que entró en vigor el pasado octubre y que supuso la extensión del plan a las 67 prisiones del país, este protagonismo de los vigilantes fue in crescendo. Una orden emitida por la Dirección General de la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso El Confidencial, admite por un lado que estos profesionales privados son “un complemento adicional a la seguridad exterior de los centros y actuarán siempre bajo la dirección y supervisión de las fuerzas de seguridad”. Por otro, sin embargo, añadía una novedad hasta entonces nunca plasmada por escrito. Los vigilantes, reflejaba el escrito, podrán “realizar sus funciones en solitario una vez que haya transcurrido un periodo de tiempo prudencial y se encuentren capacitados para ello”, lo que contradice la afirmación de que éstos solo realizarán tareas de apoyo, dicha por el propio Fernández Díaz.
Era esta la primera vez que el Ministerio del Interior admitía negro sobre blanco que los vigilantes podrían desempeñar determinadas tareas sin la supervisión de un funcionario. El documento agregaba que los agentes privados podrán controlar los accesos de “personas, vehículos y mercancías”, vigilar las salas de cámaras e inspeccionar determinadas zonas desde “puestos fijos o garitas”.
La relación entre vigilantes y guardias civiles no ha sido mala durante este tiempo, según fuentes penitenciarias consultadas. Sin embargo, sí es cierto que los funcionarios del instituto armado se han quejado de la política de personal que tienen las empresas. En concreto, los guardias no ven bien que ellos tengan que formar a los vigilantes para desempeñar determinadas tareas y que luego las compañías les sustituyan a la primera de cambio por profesionales sin experiencia a los que habría que volver a formar. De hecho, en algunas plazas los guardias civiles se han negado a impartir más estos cursos.
La Guardia Civil en las inmediaciones del centro penitenciario de Teixeiro. (Efe)La Guardia Civil en las inmediaciones del centro penitenciario de Teixeiro. (Efe)
Por otra parte, el Ministerio del Interior también rechazó que los agentes privados fueran a estar en contacto con los reclusos, cosa que ha sido desmentida por la realidad cotidiana. En centros penitenciarios como el de Pamplona, de hecho, los vigilantes trasladaban reos que disfrutaban del tercer grado, les acompañaban cuando les tocaba salir y también al regresar a sus módulos.
La patata caliente
El plan de apoyo a la seguridad en las prisiones concluirá su segunda fase en octubre de 2015, casi en plena campaña electoral de los trascendentes comicios generales. Teniendo en cuenta que la entrada en funcionamiento de las dos fases se ha producido con retraso en sendas ocasiones, es previsiblemente que ocurra lo mismo con el comienzo de la tercera etapa.
Sería extraño, por lo tanto, que el Gobierno reactivara en ese crucial momento un controvertido asunto como éste, ya que únicamente provocaría rechazo en la opinión pública. El nuevo Ejecutivo que ocupe La Moncloa tras la cita con las urnas recogerá por lo tanto esta patata caliente en un imprevisible contexto en el que seguro que sí seguirá habiendo una Ley de Seguridad Privada en vigor así como un compromiso adquirido con las empresas, que no dejarán de reivindicar qué hay de lo suyo.
