SB-Noticias.- El Gobierno ha respondido a Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, que la adjudicación de servicios de seguridad privada de Patrimonio Nacional a una empresa del empresario grancanario Miguel Ángel Ramírez se ajustó a la legalidad. Se trata de un contrato de más de 11 millones de euros, que fue puesto en cuestión por Izquierda Unida Canaria (IUC) el pasado mes de marzo.
IUC se hizo eco de la denuncia contra Ramírez, admitida a trámite el pasado día 28 de enero, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, en la que la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias establece que el empresario podría haber defraudado más de 2,3 millones de euros, durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009, al efectuar pagos laborales fuera de nómina que habrían servido para eludir pagos a la Seguridad Social.
Mientras que IUC rechazó la adjudicación en el contexto expuesto, el Gobierno afirma que se ajustó a la ley y que la legislación vigente impide informar sobre los datos que poseen la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
Las preguntas parlamentarias de la formación progresista también interrogaban al Gobierno sobre la presunta influencia del hecho de que Ramírez sea donante del PP en las adjudicaciones de que se ha beneficiado. A esta cuestión no hubo respuesta por parte del ejecutivo.
Mientras que IUC rechazó la adjudicación en el contexto expuesto, el Gobierno afirma que se ajustó a la ley y que la legislación vigente impide informar sobre los datos que poseen la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.
Las preguntas parlamentarias de la formación progresista también interrogaban al Gobierno sobre la presunta influencia del hecho de que Ramírez sea donante del PP en las adjudicaciones de que se ha beneficiado. A esta cuestión no hubo respuesta por parte del ejecutivo.
