La junta gestora de la “reactivada” Asociación de Comerciantes del Polígono del Tarajal se presentó ayer en sociedad con el objetivo de intentar derribar los obstáculos que, aseguran, conducen “a la ruina” a los empresarios del que se ha convertido en uno de los pulmones económicos de la ciudad.
Entre los agravios denunciados en la sede de la Cámara de Comercio afloró, una vez más, la reivindicación de un necesario incremento de la seguridad en torno a las naves y, como añadido, el rechazo frontal al nuevo gravamen que se aplicará a las prendas textiles de segunda mano o importadas de países ajenos a la UE.
Tan sólo unas horas después de que el Tarajal volviera a sumergirse en su enésima jornada caótica, la gestora encabezada por Ibrahim Abdela, Francisco Sánchez y Mohamed Tuhami anunció que está dispuesta a asumir el coste de la seguridad privada en los polígonos. Soportarían ese coste, que calcularon rondaría “entre 25 y 30 euros mensuales por negocio”, como mal menor ante la amenaza de que el escenario actual de “descontrol” les conduzca de forma irremediable “hacia la ruina”. Sánchez, vicepresidente de la asociación, reconoció que “es preferible pagarlo si de lo que se trata es de salvar la actividad, que lleva ya varios meses parada”.
El gasto lo soportarían los “entre 150 y 200” empresarios que, según sus cálculos, mantienen hoy alguna actividad en la zona.
No hubo, sin embargo, valoración sobre la decisión adoptada a principios de mes por los propios comerciantes de reducir el número de vigilantes desplegados en la zona por Seguriber. “Eso no nos lo preguntéis a nosotros, preguntadles a quienes los retiraron, que fueron los cuatro presidentes de las comunidades”, matizaron.
Tras cuestionarse “por qué existen diferencias entre comerciantes de uno y otro punto de la ciudad”, la dirección provisional se comprometió a “luchar por los intereses de los empresarios legalmente establecidos” con la meta de desterrar imágenes como las del “Tarajal tomado” por miles de porteadores o las complicadas condiciones en las que desarrollan su trabajo, que se traducen en pérdidas de hasta el 80 por ciento del volumen de negocio.
El otro foco de críticas fue la inminente entrada en vigor de la normativa municipal que modificará el IPSI aplicable a la ropa usada o procedente, en su mayor parte, de China. Sánchez denunció que “valorar los productos a 4 euros el kilo” implicará, por ejemplo, “que un contenedor de 20.000 euros en mercancía” escale hasta los 80.000, lo que implicará el abono de unos 8.000 euros en impuestos.
Recurso y reunión con la Ciudad
La modificación de la normativa que elevará el gravamen sobre la ropa usada –un foco de conflicto porque la Ciudad entiende que es una de las causas directas de los colapsos en el Tarajal– no convence a la Asociación de Comerciantes. La gestora rechazó ayer la reformulación del IPSI aplicable a ese tipo de mercancías y anunció que presentará un recurso para forzar su paralización por lo que, intuye, serán “efectos negativos” sobre el sector. La oposición se la trasladarán a la consejera de Presidencia, Yolanda Bel, en la reunión que mantendrán el martes.
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