Por EUGENIO FERNÁNDEZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- Los sindicatos con presencia en el sector de seguridad privada Intersindical Canaria, USO, UGT y CCOO, anunciaban el pasado jueves la convocatoria de una huelga general los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2014, y los días 1,5 y 6 de enero de 2015 en la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, así como una manifestación, el día 9 de enero, que se llevará a cabo en apoyo a esta huelga.
Durante la rueda de prensa en la que se comunicó dicha convocatoria, Jacinto Ortega, delegado de Intersindical Canaria, recordó el "largo historial de incumplimientos y abusos contra los trabajadores, cometidos por el también presidente de la U.D. Las Palmas, tanto en SIC como en las demás empresas del Grupo Ralons".
Ortega incidió, particularmente, en la situación de extrema precariedad a la que están sometidos los trabajadores de Ramírez, que aplica - afirmó - "un convenio de empresa con sentencia judicial en contra y que vulnera el convenio estatal del sector".
"La aplicación de dicho convenio ilegal - aseguró el representante sindical de IC - supone para estos trabajadores una pérdida de una media de 300 euros al mes y, a pesar de la sentencia judicial en su contra, Miguel Ángel Ramírez continúa incumpliendo el convenio estatal y ha recurrido la sentencia".
LA NECESARIA COMPLICIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
El delegado sindical finalizó su intervención denunciando "que los abusos de Ramírez no serían posibles sin la complicidad de las diferentes administraciones en Canarias y el resto del estado que le siguen adjudicando millonarios contratos, a pesar de sus antecedentes judiciales y de la evidencia de que el crecimiento económico de su grupo empresarial se sustenta en la sobre explotación y abuso constante contra las personas que trabajan para él".
Como se recordará, Ramírez, que ya fue indultado por el Ejecutivo central de una condena a tres años y un día de cárcel por un flagrante delito contra la ordenación del territorio, se encuentra actualmente imputado por como presunto autor de otro delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Al empresario se le acusa de haber camuflado como dietas el pago de horas extraordinarias a sus trabajadores de SIC defraudando millones de euros. Una presunta actividad delictiva que fue denunciada desde el año 2006 por los sindicatos mencionados.
Las organizaciones sindicales denunciaron, igualmente, junto a la sobreexplotación a la que Ramírez somete a sus empleados, que Seguridad Integral Canaria habría "llegado contratar personal sin la titulación exigida, para aumentar el margen de beneficios pagando salarios más bajos que los establecidos para los agentes de seguridad cualificados". La contratación de "educadores" con antecedentes penales para Centros de Menores o la apertura de expedientes a los trabajadores que se han atrevido a defender sus derechos laborales son otros de los méritos que atesora esta empresa.
SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA ACAPARA CONCESIONES EN TODO EL ESTADO
Este oscuro historial, sin embargo, no ha impedido que Miguel Ángel Ramírez continúe recibiendo un número creciente de contratos públicos que lo han situado como una de los empresarios más importantes del sector.
Ya en el año 2011 Seguridad Integral Canaria acaparaba -según la Asociación de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad de Canarias - alrededor del 80% por ciento del gasto en seguridad de la Administración autonómica. Es adjudicataria, entre otros muchos contratos, del servicio de escoltas del Ejecutivo Regional y posee la subcontrata de los servicios de seguridad y vigilancia de la ULPGC.
Pero los negocios del presidente de la UD Las Palmas hace mucho tiempo que traspasaron las fronteras del Archipiélago. Seguridad Integral Canaria ha logrado copar, entre otros, las concesiones para la custodia de todos los bienes del Patrimonio Nacional, la vigilancia de varias zonas del Metro de Madrid, varios ministerios y otras dependencias públicas como las del Servicio Madrileño de Salud o la Dirección General de Tráfico.
En el mes de septiembre, extendía sus tentáculos nada más y nada menos que hasta elEjército español, al convertirse también en la empresa encargada de la seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa, tras ganar un concurso adjudicado en junio por 72,5 millones de euros para un periodo total de cuatro años.
Actualmente, el grupo de Miguel Ángel Ramírez factura más de 150 millones de euros al año y, gracias al magnífico impulso logrado por sus numerosas concesiones públicas, ha logrado diversificarse e internacionalizarse, extendiendo sus negocios hasta América.
