La decisión se tomó entonces manu militari y fue comunicada a los perjudicados sin previo aviso y con alevosía por la Secretaría de Estado de Seguridad, lo que aumentó el malestar. Pero lo cierto es que la medida, adoptada tras confirmarse que ETA había dejado definitivamente las armas, se hizo extensible a todos los altos-altísimos cargos de la Administración del Estado.
Pues bien, ahora ya sabemos los resultados espectaculares de aquella medida adopta en Madrid hace dos años, al menos en lo referente al número de escoltas privados que se habían contratado entonces para no detraer aún más recursos de la Policía Nacional.
Los datos están contenidos en una respuesta oficial del Gobierno a una pregunta parlamentaria del diputado socialista Antonio Trevín, en la que el Ministerio del Interior, del que depende el servicio de escoltas, ofrece los datos oficiales sobre el negocio de los escoltas privados: a fecha 31 de diciembre de 2010 –dos años antes de adoptarse la medida respecto a jueces y magistrados- el número de escoltas privados que prestaban estos servicios era de 1.108; en la actualidad sólo quedan 135 para prestar servicio de protección a cargos públicos.
Hay que recordar que, paralelamente, en esas fechas unos 7.000 efectivos de la Policía Nacional habían sido detraídos de sus funciones en seguridad ciudadana para servir también de escoltas a cargos públicos. Pero los contratos a empresas privadas sólo en Madrid de los 1.108 antes citados fueron denunciados por los sindicatos policiales como parte de “un suculento negocio” a cuenta de la seguridad. Pues bien, el Gobierno reconoce ahora que ese negocio se ha acabado, al menos en esa rama.
