El Ministerio de Defensa ha vuelto a adjudicar un contrato de vigilancia de algunas de sus instalaciones a la empresa Seguridad Integral Canaria SA, propiedad de Miguel Ángel Ramírez. El BOE del pasado 29 de noviembre públicó un anuncio de la Dirección General de Infraestructura, dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, asignando la "vigilancia y seguridad en la fábrica de armas de Oviedo" a la empresa de Ramírez hasta el 31 de agosto de 2016.
El presupuesto de licitación de este contrato asciende a 299.879,62 euros.
Miguel Ángel Ramírez está imputado por un presunto delito de fraude fiscal que ascendería a más de 2,3 millones de euros. La Fiscalía presentó una querella en su contra ante el TSJC por defraudar presuntamente 2,3 millones de euros.
