Al menos tres preceptos del código ético que ha hecho suyo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habrían sido violados por el juez Salvador Alba con sus actuaciones al reunirse en secreto con el empresario investigado -lo que antes se conocía como imputado- Miguel Ángel Ramírez y al grabar deliberaciones secretas de otros magistrados.
En 2014 el Consejo General del Poder Judicial inició los trabajos para aprobar un código ético de obligado cumplimiento por los jueces españoles. Dos años después, el CGPJ decidió que, mientras no estuviese ultimado ese documento, hacía suyos los preceptos del Código Iberoamericano de Ética Judicial, cuyas normas son totalmente contrarias a lo que se deriva de las actuaciones del juez Alba.
En el artículo 61 del citado Código Iberoamericano se establece que «los jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional en relación con las causas en trámite y con los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de esta». Ese precepto choca frontalmente con lo hecho por Alba, que grabó deliberaciones secretas de varios magistrados y que no guardan relación con el caso que se instruye en el Juzgado número 2, al que aportó esta semana la grabación. Añade la normativa hecha suya por el CGPJ que «los jueces pertenecientes a órganos colegiados han de garantizar el secreto de las deliberaciones del tribunal, salvo las excepciones previstas en las normas jurídicas vigentes y atendiendo a los acuerdos dictados sobre la publicidad de sus sesiones»,
Tampoco la reunión secreta con el empresario Miguel Ángel Ramírez encaja en esos principios éticos. En el artículo 7 se fija lo siguiente: «El juez debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial con los abogados y con los justiciables, proveniente de su propia conducta o de la de los otros integrantes de la oficina judicial»
Por si quedase alguna duda, el artículo 15 agrega: «El juez debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas».
Como se recordará, las actuaciones del juez Alba están siendo analizadas por el Consejo General del Poder Judicial, el mismo que adoptó esos preceptos que el magistrado habría incumplido.
