La conversación comienza en el coche de Miguel Ángel Ramírez, conducido por su chófer. Es el mediodía del 16 de marzo de 2016. El empresario se dirige a la cita acordada por el abogado Sergio Armario con el magistrado Salvador Alba, que en sustitución voluntaria de Victoria Rosell –en esas fechas en excedencia como diputada de Podemos–, instruye el proceso que se sigue contra Ramírez ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria por presuntos delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública supuestamente consumados con las dietas y sueldos de los trabajadores de la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad de Ramírez.
El empresario inicia una conversación preparatoria en el coche con el letrado Sergio Armario, abogado de uno de los directivos de su empresa, y después, tras identificarse en el control de la puerta de acceso al parking reservado de la Ciudad de la Justicia capitalina, entra en el despacho de Salvador Alba y se entrevista con él a solas. Casi al final de la charla entra en el despacho el magistrado Emilio Moya, presidente de la Audiencia Provincial y de la Sección Sexta de la misma audiencia, donde tiene su plaza como titular Salvador Alba.
