El hecho de mantener deudas con Hacienda o con las administraciones públicas es una de las condiciones que impiden a las empresas concurrir a concursos públicos. Hay, no obstante, una vía, que han venido utilizando sistemáticamente las empresas del entramado del ‘rey de la seguridad’, Miguel Ángel Ramírez: el reconocimiento de la misma, ya sea con un pago aplazado o con una suspensión temporal de las mismas.
Estas últimas semanas se ha conocido detalles acerca de las deudas acumuladas por la empresa Seguridad Integral Canarias (SIC) con las administraciones públicas, la Seguridad Social y Hacienda. En los últimos años, la empresa del conocido como rey de la seguridad, Miguel Ángel Ramírez, ha acumulado hasta 21 millones en un fraude al Estado, tal y como refleja una reciente información publicada por el diario El Mundo.
En teoría, una empresa que mantiene deudas con la administración pública o tributaria no puede contratar con la misma. Tal como refleja el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para poder trabajar para el Estado en su más amplio sentido, una empresa ha de estar “al corriente de sus obligaciones tributarias” en asuntos tales como altas de la Seguridad Social, impuestos de la renta, sociedades e IVA… De no ser así, el artículo 20 de este Reglamento contempla que a aquella compañía morosa se le notifique que no puede contratar.
Aunque la existencia de deudas con la Administración es una causa que excluye a las empresas de la posibilidad de acceder a concursos públicos, lo cierto es que compañías como SIC no han parecido tener demasiados impedimentos para contratar con el Estado. Según la información de El Mundo, que alude a un informe de Inspección de Trabajo, habría obtenido contratos por un valor de más de 180 millones de euros, gracias entre otros a los servicios de vigilancia y seguridad en el Ministerio de Defensa, en el Metro de Madrid y en el Palacio Real, entre otras instituciones públicas.
En una respuesta parlamentaria del Gobierno publicada en octubre de 2014, el Ejecutivo contabilizaba al menos 762 contratos públicos por parte del Estado y en favor de la empresa Seguridad Integral Canaria. La existencia de estos contratos (pese a las deudas y conocida la amistad entre Miguel Ángel Ramírez y el ministro José Manuel Soria) ha despertado el interés de la oposición en el Congreso. Así, el diputado Antonio Trevín ha registrado varias preguntas parlamentarias solicitando información y documentación sobre licitaciones favorables a SIC en instalaciones como el complejo de Nuevos Ministerios en Madrid y los ministerios de Empleo y Defensa.
Reconocer y “patada adelante”
Las casuísticas para no poder contratar con la Administración son extensas. Tal como se puede comprobar en la web del Ministerio de Economía sobre limitaciones y prohibiciones para acudir a licitaciones públicas, la regulación y el desarrollo legislativo abarcan toda clase de supuestos, casos y materias.
¿Cómo es posible que si la legislación impide contratar con las administraciones públicas en el caso de que se mantengan deudas con las mismas aún así haya empresas que, como ésta, siguen ganando licitaciones? La clave está en los resquicios que permiten a las empresas seguir con una patada adelante y que están en la propia regulación, tal como señalan a SABEMOS funcionarios que trabajan en contratación pública.
Tal como especifican los últimos párrafos tanto del artículo 13 (referente a la Administración General) como del artículo 14 (referente a la Seguridad Social) “se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de las correspondientes liquidaciones”. Es decir, que a pesar de que la deuda no está efectivamente pagada, en el momento en el que está reconocida ante Hacienda y la Seguridad Social, se reabre la posibilidad de contratar.
Fuentes sindicales de dentro de SIC aseguran que ésta ha sido una estrategia empleada de forma habitual en esta y otras compañías: “no atender a las obligaciones tributarias y de cotizaciones hasta que no haya otro remedio; y una vez que se ha reconocido, negociar con las instituciones públicas para que los plazos y los pagos sean lo más cómodos y extendidos en el tiempo posible”, explican.
Una vez que la empresa ha conseguido un certificado que dice que ha reconocido la deuda, entonces Hacienda o la Seguridad Social ya la dan como garantizada a los efectos de permitir a estas empresas concurrir a licitaciones de la Administración. El problema, tal y como señalan sindicatos y funcionarios, es que éstas prácticas han permitido “y permiten” que empresas que no cumplen sus obligaciones compitan en situación de ventaja respecto de las que sí que atienden todos sus pagos al día: “Una empresa que no paga cotizaciones o el IRPF que le corresponde puede rebajar precios para ganar el contrato y aún así obtener rentabilidad, algo que es más difícil para el empresario cumplidor”, añaden.
Solo en cotizaciones sociales, las empresas españolas debían en 2014 más de 2.100 millones de euros a la Seguridad Social. Durante la crisis estas deudas se han disparado, tanto en el caso de la Seguridad Social como en el caso de Hacienda. Tanto es así que desde entonces abundan las webs y los profesionales especializados en la gestión de este tipo de deudas, así como en la solicitud de aplazamientos, fraccionamientos o suspensiones temporales.
