El Ayuntamiento de Madrid tiene un reto sobre la mesa, y es que los contratos públicos que adjudicó la administración anterior no se ajustan a sus exigencias programáticas. Por ejemplo, los sindicatos denuncian una bajada de salarios del 30%, hasta dejarlos por debajo del convenio estatal, en media docena de contratos de seguridad adjudicados recientemente por el consistorio a una misma empresa por más de 5 millones de euros. Marsegur, la concesionaria, está relacionada con el empresario canario Miguel Ángel Ramírez, cercano a José Manuel Soria, cuyas empresas han pasado en los últimos años a controlar mucha seguridad en la capital.
Los trabajadores de la compañía canaria Marsegur, la concesionaria de seguridad que se hizo con estos seis contratos, se concentraron esta primavera para criticar que la empresa se descuelgue del convenio estatal de seguridad.
La empresa ha asegurado en declaraciones a SABEMOS que la existencia de un convenio particular para una empresa que fije una remuneración inferior a la del convenio estatal es una práctica "perfectamente legal". "No entendemos que haya mucho que negociar con los sindicatos", han añadido.
En concreto, algunos trabajadores han pasado a cobrar 700 euros brutos al mes, lo que se confirma con un rápido vistazo al convenio de la empresa: en las tablas salariales, la categoría de vigilante de seguridad tiene un sueldo base de 726 euros, que llega a 789 euros con pluses.
LOS COMPROMISOS DE AHORA MADRID
Modelo de empleo de calidad y en condiciones de equidad
a) Vincular la compra pública y la contratación de servicios del Ayuntamiento al fomento de un modelo económico social y ecológicamente sostenible.
b) Establecer en todos los ámbitos de gestión municipal un estricto control sobre las condiciones laborales y la corresponsabilidad familiar de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento.
c) Incorporar cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de condiciones técnicas de las bases de convocatorias de subvenciones y contrataciones.
d) Extender de manera progresiva los derechos laborales y las medidas de corresponsabilidad familiar del empleo público a todo el personal de los servicios municipales.
e) Implantar medidas positivas para las contratas de empresas con plantilla equilibrada entre mujeres y hombres.
f) Dotar progresivamente de personal público suficiente para la prestación de los servicios encomendados al Ayuntamiento, para evitar el actual deterioro de los servicios públicos.
g) Restablecer gradualmente los derechos y retribuciones usurpados al personal municipal.
h) Incorporar cláusulas para formación con aprendizaje remunerado en las empresas de servicios municipales.
i) Implementar mecanismos de transparencia y gestión social en la contratación a través de contratos con dimensiones adecuadas a pequeñas empresas, cooperativas y SAL, a fin de aumentar la competencia en la contratación, la calidad en la prestación de servicios, el trasvase del excedente a las rentas del trabajo y la generación de empleo.
Los trabajadores de la compañía canaria Marsegur, la concesionaria de seguridad que se hizo con estos seis contratos, se concentraron esta primavera para criticar que la empresa se descuelgue del convenio estatal de seguridad.
La empresa ha asegurado en declaraciones a SABEMOS que la existencia de un convenio particular para una empresa que fije una remuneración inferior a la del convenio estatal es una práctica "perfectamente legal". "No entendemos que haya mucho que negociar con los sindicatos", han añadido.
En concreto, algunos trabajadores han pasado a cobrar 700 euros brutos al mes, lo que se confirma con un rápido vistazo al convenio de la empresa: en las tablas salariales, la categoría de vigilante de seguridad tiene un sueldo base de 726 euros, que llega a 789 euros con pluses.
El convenio de Marsegur contempla un sueldo base de 726 euros, mientras que el convenio estatal lo fija en 901,93 euros.
Es fácil comprobar que esta cifra está muy por debajo del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad. El mismo puesto tiene una retribución de 901,93 euros, 1.091,54 euros con complementos, en las tablas salariales. Esta circunstancia es algo que no cuadra muy bien con la nueva filosofía del Ayuntamiento, ahora bajo la dirección de Manuela Carmena.
En su programa, Ahora Madrid lleva un extenso punto en el que explica las medidas con las que quieren reformar la administración local para conseguir “una gestión racional, justa y transparente”. Habrá que ver cómo encajan estas prácticas laborales en el nuevo código ético del consistorio y si la continuidad de los contratos peligra.
Las fuentes de la empresa consultadas han manifestado que no tienen miedo a una revisión por parte del Ayuntamiento. "Tenemos la puerta abierta para que vengan a auditar. De hecho, nos piden información mensualmente", han precisado. "La justicia es el precio que se estableció", han concluido.
Los contratos
La mayor de las seis adjudicaciones que se llevó la compañía es la de la protección y seguridad de los edificios del área de Artes, Deportes y Turismo, por un importe de 1.869.211,94 euros. No obstante, estaba valorada en el doble, mientras que el presupuesto del que disponía el consistorio era de más de 2,2 millones.
El segundo que supera -por poco- el millón de euros es el de los edificios del distrito de Moncloa-Aravaca. Como en el caso anterior, la valoración duplica el monto por el que se adjudicó el contrato.
Por 954.048,28 euros obtuvo la seguridad de los centros de Madrid Salud, también menos de la mitad del valor calculado inicialmente por el Ayuntamiento
Marsegur se adjudicó un contrato por 1,8 millones de euros, otros dos alrededor del millón de euros y otros tres por debajo del medio millón
Además de estos tres contratos, Marsegur se adjudicó otros tres por menos de medio millón de euros: el de los edificios del distrito de Vicálvaro (473.394,93 euros), el de los edificios de Coordinación General de la Alcaldía (393.366,04 euros) y el de la sede de la subdirección general del Samur y de Protección Civil (277.697,12 euros).
Todos estos contratos fueron adjudicados a la compañía por contener las ofertas más baratas. "Vamos a un nicho de mercado que la administración ha generado", han reconocido las fuentes de Marsegur.
El entramado de Ramírez
Fuentes sindicales indicaron que Marsegur no es sino una "marca blanca" de Seguridad Integral Canaria, controlada por el poderoso empresario canario Miguel Ángel Ramírez, cercano al ministro de Industria, José Manuel Soria -no todos los días un ministro asiste a la inauguración de un concesionario de BMW-- y adjudicatario a través de esta empresa de la seguridad en Metro de Madrid. Ramírez acaba de ver como el Tribunal Supremo revocaba un indulto parcial que le concedió el Gobierno, tras haber sido condenado por una operación urbanística que inclumplía la ley.
Sin embargo, desde la empresa niegan esta relación y precisan que el administrador único de Marsegur es Antonio Redondo, un antiguo empleado de Prosegur. Aseguran que la empresa sólo está vinculada a Seguridad Integral Canaria, de Miguel Ángel Ramírez, a través de la patronal de seguridad Acosepri, de la que forman parte otras dos empresas, Power Sic y Sinergias de Vigilancia y Seguridad.
Pero ahondemos en las empresas que forman parte de Acosepri. Según datos de Infoempresa, la apoderada mancomunada de Marsegur es Gladys Jesús Acosta, quien también es, a día de hoy, administradora única de Mar Asesores y Consultores, una compañía en la que Miguel Ángel Ramírez fue administrador único hasta abril de este mismo año. Además, el empresario canario está vinculado con las cuatro empresas de esta patronal, hasta el punto de que fue administrador único de dos de ellas, Power Sic y Seguridad Integral Canaria, y dejó de serlo en noviembre de 2011, con sólo un día de diferencia. En cuanto a Sinergias de Vigilancia y Seguridad, basta con ver que la administradora única es Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur Canarias.
Según se deduce de la información del registro, Acosepri está formada por cuatro empresas relacionadas estrechamente con Ramírez, y dos de ellas han venido adjudicándose muchos contratos públicos en Madrid a costa de unos salarios miserables.
Fuentes próximas a una de las adjudicatarias que ha trabajado con Seguridad Integral Canaria lamentan cómo se han venido haciendo las cosas en los últimos años. "Da igual que los concursos estén bien hechos, porque ellos se comprometen a cumplirlo todo y el papel lo aguanta todo. Luego bajan los precios a costa de los salarios y tú no puedes hacer nada. ¿Qué se puede hacer? ¿Rechazar la oferta más barata y dársela a alguien que pide más dinero? Eso sería prevaricación. Otra cosa es si tiene sentido siquiera externalizar muchos de estos contratos. Si los internalizasen, se ahorrarían el margen de la empresa y generarían trabajo de mayor calidad".
Ahora la pelota está en el tejado de Carmena. ¿Cumplirá las promesas de su programa?
LOS COMPROMISOS DE AHORA MADRID
Modelo de empleo de calidad y en condiciones de equidad
a) Vincular la compra pública y la contratación de servicios del Ayuntamiento al fomento de un modelo económico social y ecológicamente sostenible.
b) Establecer en todos los ámbitos de gestión municipal un estricto control sobre las condiciones laborales y la corresponsabilidad familiar de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento.
c) Incorporar cláusulas sociales y medioambientales en los pliegos de condiciones técnicas de las bases de convocatorias de subvenciones y contrataciones.
d) Extender de manera progresiva los derechos laborales y las medidas de corresponsabilidad familiar del empleo público a todo el personal de los servicios municipales.
e) Implantar medidas positivas para las contratas de empresas con plantilla equilibrada entre mujeres y hombres.
f) Dotar progresivamente de personal público suficiente para la prestación de los servicios encomendados al Ayuntamiento, para evitar el actual deterioro de los servicios públicos.
g) Restablecer gradualmente los derechos y retribuciones usurpados al personal municipal.
h) Incorporar cláusulas para formación con aprendizaje remunerado en las empresas de servicios municipales.
i) Implementar mecanismos de transparencia y gestión social en la contratación a través de contratos con dimensiones adecuadas a pequeñas empresas, cooperativas y SAL, a fin de aumentar la competencia en la contratación, la calidad en la prestación de servicios, el trasvase del excedente a las rentas del trabajo y la generación de empleo.
