El vigilante de seguridad que presuntamente instaló una cámara en un aseo de una de las sedes la Junta de Andalucía en Huelva ha quedado en libertad con cargos por un delito contra la intimidad, tras prestar declaración en el Instrucción 1 de Huelva y depositar una fianza de 3.000 euros. Alegó tras su detención por la Policía Nacional que trataba de descubrir quien utilizaba los baños para fumar. La noticia ha provocado indignación y malestar entre los trabajadores de la sede administrativas. "Era la última persona que podría pensar que era", ha manifestado una trabajadora, tras señalar que el vigilante gozaba de la confianza de los funcionarios de la Delegación.
Fuentes judiciales han indicado que se la ha impuesto una orden de alejamiento de la Delegación del Igualdad, en la que trabajaba y colocó la cámara, como media cautelar y que tendrá que comparecer en sede judicial dos veces al mes.