Son dos de las condiciones imprescindibles para prestar los servicios de seguridad en las Cortes de Aragón que, sin embargo, no se exigen reglamentariamente a los diputados
De «esmerada educación» y que gusten de ir «aseados». Son dos de las condiciones que, aunque se dan por supuestas, por si acaso ha hecho constar expresamente el Parlamento aragonés en el contrato que recientemente ha adjudicado para los servicios de seguridad de esta institución y que deberá cumplir todo el personal aportado por la empresa contratada al efecto. Dos condiciones que, aunque se dan por lógicas y supuestas, sin embargo no son exigibles reglamentariamente a los parlamentarios para disfrutar de tal condición ni ejercerla en actos oficiales en esta sede.
Las Cortes de Aragón se gastan 2.500 euros al día en seguridad, casi un millón de euros al año. El contrato abarca el control de accesos, toda la vigilancia interior mediante rondas permanentes las 24 horas del día, así como el manejo y administración del servicio de videovigilancia.
El grueso de estas tareas se desarrollan en la zona parlamentaria, pero abarcan también a la denominada «zona monumental», la que no se utiliza para los servicios de las Cortes regionales propiamente dichas sino que conforman el conjunto histórico-artístico de esta sede, el Palacio de la Aljafería. Esa zona monumental está abierta a visitas turísticas.
De los 944.900 euros anuales que se dedican a seguridad contratada en las Cortes de Aragón, 730.000 es lo que cuesta la que se desarrolla en la «zona parlamentaria» y unos 215.000 son para la «zona monumental».
En el pliego de condiciones que especificó el Parlamento regional y que, por tanto, constan como de obligado cumplimiento en el contrato recientemente formalizado, se especifica que todo el personal de seguridad deberá ir «correctamente aseado» y presentar una «actitud correcta y esmerada educación» en todo momento. El incumplimiento de estos requisitos es motivo de separación del servicio.
Además, todo el personal de seguridad y vigilancia que preste sus servicios a través de esta empresa en las Cortes de Aragón queda obligado a suscribir un «protocolo de confidencialidad». En él se establece qeu «queda expresamente prohibido» que faciliten a los medios de comunicación cualquier tipo de información «obtenida o relacioanda con su actividad o con motivo de ella» en el Parlamento regional.
