El magistrado Salvador Alba está citado ante el juez este miércoles para prestar declaración en
El magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba Mesa está citado para comparecer este miércoles a las 10.00 horas ante el Juzgado de instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.
El jurista debe prestar declaración ––bajo juramento– en referencia a la denuncia en la que imputa al empresario Miguel Ángel Ramírez y al abogado Sergio Armario delitos de «descubrimiento y revelación de secreto, falsedad, calumnias e injurias y delito de coacciones», según consta en la carátula de la denuncia que presentó al Juzgado de Guardia a las 18.05 horas del 11 de mayo de 2016.
Alba formuló esta denuncia tres horas después de que CANARIAS7 destapara el escándalo del Albagate, esto es, que Miguel Ángel Ramírez había presentado en sede judicial una grabación de una conversación entre él y Alba en la que ambos preparaban una declaración posterior oficial para perjudicar a la también juez Victoria Rosell.
El 10 de octubre, el magistrado que instruye la denuncia requirió a Alba –a petición del fiscal– para que aportara las pruebas que decía tener en su denuncia inicial –listado de llamadas, copias de emails y mensajes de WhastsApp–. El juez cordobés replicó por escrito el pasado 20 de octubre, que aportaría «los datos requeridos» en la declaración del 2 de noviembre, este miércoles.
En la denuncia que das sentido a la comparecencia de este miércoles –a la que, además de Alba y su abogado asistirán el representante del Ministerio Fiscal y los abogados de Ramírez y Armario–, el juez aseguró que «nunca» había mantenido «una entrevista privada con el señor Ramírez», y matizó que sí era cierto que lo había recibido en su despacho «acompañado de Sergio Armario» y «a instancia de este último».
El magistrado afirmó: «Nunca se hizo promesa de favor procesal alguno al investigado», e hizo constar igualmente que «nunca se le pidió que imputara a la señora Rosell».
Alba dijo que con posterioridad había recibido «reiteradas presiones» tanto de Ramírez como de Armario para obtener una reducción de la fianza que le había impuesto, y aseveró que numerosas personas habían «acudido a pedir trato de favor» para Ramírez a su despacho, entre ellas la mujer de un juez, «magistrados, antiguos alumnos y periodistas».
Alegó que incluso había recibido «reiteradas llamadas» presionándole, y anunció que aportaría «la totalidad de los datos de estas personas», así como copias de los correos, llamadas y WhatsApp «en los que se presiona al magistrado para el archivo de la causa».
Igualmente, aseguró que había informado tanto de la reunión con Ramírez como «de su contenido íntegro» al Consejo General del Poder Judicial y al TSJC, y dijo que aportaría pruebas documentales de ello.
