El magistrado Salvador Alba va a ratificar hoy ante Rafael Passaro Carrera, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas, en la denuncia que presentó el pasado 11 de mayo contra el empresario Miguel Ángel Ramírez y su abogado, Sergio Armario, por falsedad, coacciones, calumnias e injurias, según ha podido saber Confilegal.
El objeto de la denuncia fue la grabación de la “charla extraoficial” que mantuvo con el propietario de Seguridad Integral Canaria, empresa que ostenta la contrata de la protección de la Ciudad de la Justicia de esa ciudad, y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas el 16 de marzo.
Ramírez entregó la mañana del 11 de mayo la supuesta grabación de la conversación, en dos archivos, y su “transcripción” –que ocupaba 20 folios- en el Juzgado de Instrucción 8, el competente en la investigación sobre la comisión de supuestos delitos fiscales y contra la Seguridad Social de los que el propio empresario podría ser responsable.
Ambos archivos fueron analizados después por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, en Madrid, que concluyó que el primero de los archivos de audio, denominado REC001.MP3, de 17 minutos y 27 segundos, estaba formado por “once tramos editados”, diferentes, procedentes de otra grabación.
El segundo archivo, de nombre REC002.MP3, de 14 minutos, 24 segundos, estaba compuesto por “tres tramos” diferentes.
Así quedó patente en el informe que la Benemérita envió a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Margarita Varona, instructora del caso que investiga el encuentro entre Alba y Ramírez, en un procedimiento diferente.
Un informe que le ha sido remitido al juez Passaro Carrera, desde el TSJC, quien tendrá que decidir, después de escuchar al Ministerio Fiscal, cómo debe proceder con el asunto si admite la supuesta falsedad del material auditivo y su transcripción.
CUATRO CASOS EN PARALELO
La denuncia de Alba contra Ramírez es uno de los cuatro casos que están instruyéndose de forma paralela.
El segundo es el que instruye Varona, de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, iniciado precisamente por la entrega de Ramírez del citado material informático. Al ser Alba magistrado, y estar, por lo tanto aforado, la competencia de la investigación le corresponde al citado órgano judicial.
Varona, tras recibir el informe del Servicio de Criminalística, dice haber encontrado en la grabadora facilitada por Ramírez un archivo de 1 hora, 17 minutos y 2 segundos de duración, denominado REC004.MP3, el cual se hallaba dentro de un archivo denominado “.Trashes” (basura), mandó su limpieza de ruido y su transcripción.
En este caso se personó como acusación particular la magistrada Victoria Rosell, exdiputada de Podemos.
El tercero corresponde a una querella presentada por Alba contra Victoria Rosell, su compañera Carla Vallejo, que la sustituyó en Instrucción 8, y un letrado de la Administración de Justicia tras conocer el informe del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
El magistrado acusó a Rosell y a sus compañeros de prevaricación, falsedad, documental, injurias y calumnias por haber dado apariencia de autenticidad, sin hacer averiguación previa alguna, a la transcripción de los audios entregados por Ramírez.
El cuarto asunto es la querella que presentó el exministro de Industria, José Manuel Soria, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la entonces diputada, Victoria Rosell, por haber retrasado de forma maliciosa una investigación por fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social contra Ramírez guiándose, supuestamente, por intereses personales.
Alba fue el juez que ocupó temporalmente el Juzgado de Instrucción 8 cuando Rosell dio su salto a la política, asumiendo la investigación del caso Ramírez.
El empresario, al parecer, mantenía relaciones económicas con la pareja de la entonces diputada Rosell, el periodista Carlos Sosa.
Alba elaboró un informe sobre el caso, a petición de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que supuso la admisión a trámite de la querella contra Rosell en el Alto Tribunal.
La magistrada renunció a presentarse por segunda vez por Podemos, en las pasadas elecciones del 24 de junio, y regresó a su destino.
El Supremo, al perder su aforamiento nacional, envió el asunto a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, donde fue asignada su instrucción a Margarita Varona, quien instruye los dos casos citados.
