En el último año y medio la polémica sobre la actuación de ambos ha dado varios giros, sobretodo a partir de la presentación de grabaciones hechas por parte de sus protagonistas
Los procedimientos abiertos contra los jueces de Las Palmas de Gran Canaria Victoria Rosell y Salvador Alba están salpicando a media docena de jueces, además de a periodistas, diputados y un exministro, cuyos nombres son mencionados en varias grabaciones en contextos de todo tipo.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tiene en este momento abiertas dos causas penales sobre este asunto: una contra Rosell, a la que el exministro José Manuel Soria acusa de haber prevaricado para favorecer a un empresario que tenía relaciones comerciales con su pareja, y otra contra Salvador Alba, al que la Fiscalía acusa de haber dado orientaciones a ese mismo empresario sobre lo que tenía que declarar para perjudicar a Victoria Rosell.
En medio de los dos casos está uno de los empresarios más influyentes de Canarias, Miguel Ángel Ramírez, propietario del grupo Ralons y presidente de la UD Las Palmas, a quien la juez Rosell investigaba por un presunto fraude millonario a Hacienda y a la Seguridad Social, que consistía en pagar a los empleados de una de sus empresas horas extras como si fueran dietas, que no tributan.
En el último año y medio, la polémica sobre la actuación de ambos jueces ha dado varios giros, los más importantes a partir de la presentación de grabaciones hechas por parte de sus protagonistas sin que lo supieran sus interlocutores: otros jueces y letrados.
El caso ya le ha costado la carrera política a la juez Rosell, que renunció a presentarse de nuevo al Congreso como candidata de Podemos, para no infringir el código ético del partido (que cuestionaría su candidatura estando imputada en una causa penal).
Sin embargo, también está lanzando sospechas (parte de ellas ya desmentidas por los aludidos) sobre la actuación profesional de otros jueces y de varios periodistas y, más recientemente, está derivando incluso hacia secretos de pareja de algunos protagonistas.
El Consejo General del Poder Judicial tiene abiertas desde hace meses un expediente para aclarar si existe responsabilidad disciplinaria en el comportamiento de uno de los implicados, el juez Alba, llamado a juzgar en los próximos meses importantes casos (es el ponente del "caso Faycán", la trama de presunta corrupción política que afecta a cargos públicos del PP en la ciudad de Telde), pero por el momento no ha tomado decisión alguna).
Este es un resumen de lo ocurrido hasta el momento
FASE 1: ROSELL, DENUNCIADA
En plena campaña de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2014, la Fiscalía abrió una investigación "disciplinaria" -no penal, subrayaron sus portavoces- para aclarar si la juez Rosell debería haberse apartado de la instrucción de la causa sobre el empresario Ramírez, tras recibir de un remitente anónimo el contrato por el que la UD Las Palmas compraba a su pareja, el periodista Carlos Sosa, una licencia de radio por 300.000 euros.
El CGPJ exoneró a Rosell de cualquier responsabilidad y el TSJC anuló la investigación de la Fiscalía por vulneración de derechos constitucionales, pero el caso llegó al Supremo en forma de una querella del entonces ministro Soria y el Alto Tribunal decidió admitirlo, en parte, basándose en un informe remitido por el sustituto de Rosell mientras fue diputada: Salvador Alba. Ese informe contenía una declaración formal de Ramírez en la que este reconocía haber financiado durante años negocios periodísticos dirigidos o participados por Carlos Sosa, pareja de Rosell.
Poco antes de esa declaración, Alba había impuesto a Ramírez una fianza de responsabilidad civil de 35 millones de euros por el supuesto fraude fiscal, la más alta de la historia de Canarias.
FASE 2: UNA GRABACIÓN CUESTIONA A ALBA
En cuanto Alba dejó el Juzgado número 8, el empresario Ramírez compareció ante la nueva juez para denunciar que Salvador Alba lo había presionado y entregó la grabación de una reunión "informal" que había tenido con él antes de que le tomara declaración.
En esa grabación, Alba habla de Rosell en términos despectivos y, presuntamente, da orientaciones a Ramírez de lo que tiene que declarar para perjudicar a esa juez, a cambio de posibles beneficios procesales en su causa por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social
Alba respondió a Ramírez con una denuncia y se quejó de que esa grabación está manipulada. Un informe pericial de la Guardia Civil corrobora que los audios entregados por el empresario han sido extractados de una conversación más amplia entre ambos, pero se corresponden con las fragmentos originales.
En la grabación completa, se escucha a ambos hablar de sus relaciones con Soria y de las perspectivas de su querella contra Rosell. La defensa de esta ha denunciado que el abogado de Soria, Eligio Hernández, presentó ante el Supremo un escrito que contiene párrafos textuales enteros del informe que el juez Alba todavía no había remitido al Alto Tribunal sobre el desempeño de su antecesora.
También se ha visto salpicado el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Miranda, porque Ramírez le dijo a Alba que se había reunido con él para intentar que intercediera en su favor. Navarro lo ha negado, a través de un portavoz, y Ramírez ha aclarado públicamente que esa reunión nunca existió, sino que se inventó ese y otros hechos para tratar de "ganarse la complicidad" de Alba "contándole lo que creía que quería oír", ya que temía por su futuro y el de sus empresas.
FASE 3: ALBA GRABA A SUS COMPAÑEROS
El caso ha dado un nuevo giro esta semana, cuando Salvador Alba acudió a ratificar su denuncia contra Ramírez y su abogado. En esa comparecencia, Alba ha entregado grabaciones supuestamente hechas por él en conversaciones con el letrado Sergio Armario y con compañeros suyos de la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas.
En esas conversaciones, supuestamente se escucha al magistrado Carlos Vielba ofreciéndole una reunión con Ramírez para aclarar la situación entre ambos y advirtiéndole sobre las influencias de todo tipo de que tiene el empresario, que pueden llegar incluso a los peritos de la Guardia Civil que estaban examinando la grabación que le compromete: "Este tiene contactos en todos lados... De repente, el informe pericial pues no aparece o se retrasa", dice Vielba, según la transcripción que ha publicado "La Provincia".
Alba también ha entregado más grabaciones en las que se le escucha conversando con otros tres compañeros de sala sobre varios asuntos, incluidos expediente judiciales en curso, según han revelado "Canarias 7" y "La Provincia", que omiten los detalles, porque las deliberaciones de los jueces son legalmente secretas.
El juez Alba grabó asimismo al abogado Sergio Armario charlando con él sobre el caso de Ramírez, su cliente, pero también sobre intimidades de la juez Rosell (Armario le confiesa que fueron pareja) y sobre supuestos secretos de su comportamiento como juez en relación al "caso Salmón", que afectó a José Manuel Soria.
Fuentes judiciales reconocieron ayer a Efe que este asunto ha generado "indignación" entre magistrados del TSJC, la Audiencia de Las Palmas y los juzgados de la capital grancanaria, porque consideran que les están "enfangando a todos". "Los jueces no somos así, nos están metiendo a todos en el mismo saco", ha dicho a Efe un magistrado, que dice sentir "vergüenza" y espera que actúe el CGPJ.
