El TSJC cita al empresario y al magistrado como imputados.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) mueve ficha tras analizar la grabación íntegra que el empresario Miguel Ángel Ramírez hizo al magistrado Salvador Alba el pasado marzo, cuando ambos maniobraban contra la juez Victoria Rosell para perjudicar su carrera política. La instructora Margarita Varona ha citado como investigados tanto a Alba como a Ramírez, que deberán comparecer el lunes 21 y el martes 22 en la Sala de lo Penal para explicar los entresijos de esa controvertida reunión.
Varona inició la investigación tras recibir una exposición razonada de la magistrada Carla Vallejo, que abrió una pieza separada y envió al TSJC la grabación al considerar que Alba podría haber cometido los delitos de negociaciones prohibidas, prevaricación y coacciones al pactar supuestamente una declaración judicial con Ramírez para perjudicar a Rosell.
La comparecencia del empresario en esa declaración, que se realizó en marzo, no estaba relacionada con los delitos contra Hacienda y la Seguridad Social investigados por el Juzgado de Instrucción número 8, sino con los planes de Alba y de Ramírez para llevar al procedimiento los negocios de la pareja de Rosell con el empresario, con la finalidad de lograr un eventual archivo o nulidad de las actuaciones al acreditar que Rosell pudo vulnerar su deber de abstención al no apartase voluntariamente de la investigación, según se desprende de la grabación.
El empresario no presentó a Vallejo la totalidad de la conversación, de una hora y diecisiete minutos, sino dos cortes editados en los que Alba parece llevar el peso de la charla con el empresario. Sin embargo Varona, tras analizar la totalidad del audio, considera que también concurren indicios delictivos en las propuestas hechas por Ramírez a Alba. El juez había sustituido a Rosell en el juzgado cuando ésta pidió la excedencia para presentarse a las elecciones generales del pasado 20 de diciembre.
Varona citó como testigo a Ramírez al principio de la investigación, con la finalidad de que aportara la grabadora con el archivo original y de que explicara cómo grabó al juez, pero ahora, tras analizar la grabación íntegra, la instructora ha variado su condición de testigo por la de investigado. Ese giro en el procedimiento se debe a que la Guardia Civil encontró en una carpeta de la grabadora el supuesto archivo original con la conversación completa. De ahí que Ramírez deba comparecer asistido por un abogado para ejercer su derecho a la defensa, exactamente igual que Salvador Alba.
El TSJC ha notificado las citaciones el mismo día que jueces y fiscales esperaban sellar un acuerdo histórico para reclamar soluciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre las grabaciones de Alba y de Ramírez a compañeros de la Audiencia de Las Palmas. Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales se reunieron ayer, pero los distintos intereses y sensibilidades han hecho imposible articular una voz común para condenar el escándalo que estos días ensombrece la judicatura.
La reunión se celebró en la Ciudad de la Justicia durante más de una hora, pero no hubo pacto de mínimos para emitir un comunicado conjunto y condenar la situación de manera unánime, según explicó al término del encuentro el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Ramón Toubes.
Sí estuvieron todos conformes en realizar reuniones periódicas para hacer un seguimiento de una situación que califican de “preocupante”, añadió Toubes. Una posición que también comparte la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, cuyo portavoz, Tomás González, reclamó “respeto y confianza” a las decisiones que adopten el CGPJ y el TSJC.
Jueces para la Democracia también comparte esa preocupación, pero su representante, Alberto López, mostró su “decepción” ante la imposibilidad de lograr ese acuerdo de mínimos. López asegura que su colectivo estaba dispuesto a bajar la intensidad de sus exigencias para sellar ese pacto, pero no ha sido posible al desmarcarse las asociaciones conservadores, que no lo ven en estos momentos necesario porque el CGPJ anunció el martes que expedienta a Alba.
Jueces para la Democracia, en cambio, solicita que se le abra otro expediente a Alba por grabar conversaciones reservadas de compañeros y que se le aparte de la Audiencia de Las Palmas cautelarmente, sin esperar al resultado del proceso penal.
Más combativa se mostró Foro Judicial, con Elena Corral al frente, que señaló a la clase política como la responsable de la indefensión que sufren los jueces. Por eso reclamó la despolitización del sistema judicial, así como mayores garantías para proteger a los jueces y evitar cacerías políticas como la que afecta a Rosell.
