Los guardias civiles de la región sostienen que la ley es "una invasión" de sus competencias y de las de la Policía
Oviedo, Félix VALLINA Los vigilantes privados que trabajan en Asturias aseguran que la ley aprobada ayer en el Congreso no supone ningún cambio sustancial en cuanto a sus competencias y potestades actuales en materia de seguridad. "Por mucho que se diga seguimos sin tener la categoría de agentes de la autoridad. Ahora mismo, en el sitio donde estamos trabajando, ya sea un edificio o un espacio público acotado, ya podemos detener a una persona si tenemos indicios suficientes de la comisión de un hecho delictivo. Pero en ningún caso, por ejemplo, podemos identificar a nadie de forma aleatoria, como sí puede hacer un guardia civil o un policía, porque estaríamos cometiendo un delito", sostiene Jorge Cuesta, coordinador general de la Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa).
Cuesta reitera que la ley llega con muy pocas novedades. "Si yo estoy haciendo una ronda por fuera del edificio en el que trabajo y veo que se está robando un coche, la ley me faculta para actuar. Lo estoy haciendo en la vía pública, pero eso también puede hacerlo cualquier persona. No se puede generalizar y decir que los vigilantes van a poder detener, porque eso tiene muchos matices, y así interpretado es una mentira". Según el coordinador de Avispa, "lo único que dice la ley es que podemos tener categoría de agentes de la autoridad en determinados sitios o espectáculos, como por ejemplo un partido de fútbol, en los que trabajemos en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado. Pero eso nosotros no lo tenemos todavía muy claro porque no es lo mismo la ley que el reglamento que vaya a desarrollarla. En el sector hay mucha confusión y los profesionales no vamos a cambiar nuestra forma de proceder si por eso podemos vernos por ello ante un juez". Para Jorge Cuesta, "esta ley no va a ser una panacea ni va a suponer un gran cambio. La gente no tiene que preocuparse porque no vamos a salir a la calle a patrullar como Torrente".
Si hay alguna novedad, "es la intención de arreglar el grave problema del intrusismo", aunque eso también lleva tiempo en el aire. "Si no se tiene la intención de perseguir de verdad el intrusismo, de poco va a servir que se plasme un artículo en una ley. La actual, que rige desde 1992, ya contempla perfectamente lo que es intrusismo, y nosotros, aquí en Asturias, lo hemos denunciado infinidad de veces sin que en la Delegación del Gobierno se nos haga caso en la mayoría de las ocasiones", subraya Cuesta. El coordinador de Avispa, por otro lado, ve con buenos ojos que los vigilantes privados puedan ejercer el control exterior de las cárceles y de los centros de internamiento de extranjeros. "No es intrusismo. Estamos perfectamente capacitados para la vigilancia perimetral y para la videovigilancia. Nosotros no podemos ejercer en el interior de la cárcel porque para eso están los funcionarios, pues para eso han estudiado para ello, pero eso no lo vamos a hacer".
Quien no piensa lo mismo al respecto es Alberto García Llana, secretario en Asturias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. "La nueva ley es una invasión de las competencias de la Guardia Civil y de la Policía", asegura. En su opinión, "no cuentan con una formación reglada igual que los profesionales de las fuerzas de seguridad del Estado. No vale hacer un cursillo de dos meses. Lo primero que habría que hacer es imponer una formación y que cada uno trabaje en destinos acordes a ella", subraya. Alberto García Llana tampoco cree que los vigilantes privados tengan que estar en las cárceles. "No nos gusta que se privaticen servicios y tampoco que a los compañeros que llevan años en un destino se les mueva de un día para otro".
