Los vigilantes se incorporaron a las tareas de vigilancia perimetral de cárceles en abril. Se vendió como un proyecto piloto pero ahora Interior lo ha regulado en la nueva Ley de Seguridad Privada.
Cuando saltó la noticia de que guardias de seguridad privada iban a participar en la vigilancia de algunas cárceles españolas (una tarea hasta entonces encomendada a la Guardia Civil, el Ministerio del Interior dijo que se trataba de un proyecto piloto. Nada definitivo.
Desde la cartera que dirige Jorge Fernández Díaz explicaron que el ministerio había adoptado esta medida para recolocar a la gran cantidad de escoltas privados que se habían quedado sin trabajo tras el anuncio del cese definitivo de la violencia de la banda terrorista ETA anunciado en octubre de 2011.
Sin embargo, el Gobierno ha regularizado esta vigilancia a través del polémico proyecto de Ley de Seguridad Privada y las academias ya hacen negocio de la situación impartiendo cursos de vigilante de prisiones. Algunas incluso van más allá y aseguran en sus folletos publicitarios que es un curso con salidas profesionales garantizadas.
El precio de los cursos varía mucho de una academia a otra, en función de la modalidad de la docencia (que puede ser online, presencial o semipresencial) y de la duración de las clases. En internet se pueden encontrar cursos online de dos semanas de duración por 216 euros y otros algo más caros (420 euros) de 180 horas lectivas y el material didáctico incluido. Ambos exigen estar en posesión de la habilitación de Vigilante de Seguridad en vigor.
Servicios con armas de fuego
En la nueva Ley de Seguridad Privada --muy criticada por la opinión pública porque entre otras aspectos autoriza a los vigilantes privados a identificar, cachear y detener en la vía pública--, Interior establece que "cuando así se decida por la autoridad", los viligantes privados podrán prestar "servicios de vigilancia perimetral de centros penitenciarios" y también de centros de internamiento de extranjeros (CIE), entre otras instalaciones.
"Cuando por sus características y circunstancias lo requieran", señala la ley, estos servicios se prestarán con armas de fuego.
En Aragón, los vigilantes se incorporaron a las cárceles de Zuera y Daroca a principios del mes de mayo. Los sindicatos de los funcionarios de prisiones y de la Guardia Civil, que siempre ha realizado la vigilancia exterior de las cárceles, han criticado desde el primer momento la incorporación de estos trabajadores a las instituciones penitenciarias alegando que se trataba de una privatización que conllevaría despidos. Este es un aspecto que el Ministerio del Interior siempre ha negado.
