- "Cualquier ciudadano, bajo el amparo de la normativa vigente, dispone de la facultad de detención" en el contexto adecuado, recuerdan desde Aproser
- "Los profesionales de la seguridad privada han ido asumiendo la vigilancia de infraestructuras críticas, protección de personalidades o lucha contra la piratería en aguas internacionales"
Las empresas de seguridad privada pretenden aclarar cuál será su papel tras la aprobación de la futura ley que regulará su sector. En concreto, la patronal que agrupa al 70% de las compañías, Aproser, desmiente que, como se ha dicho, el nuevo texto legislativo autorice a los vigilantes a
La nueva ley, aseguran, "se limita a prever la posibilidad de detener a delincuentes en relación con el objeto de su protección o de su actuación". Además, continúan, los vigilantes que en ese contexto detengan a algún malechor deber poner lo de manera "inmediata a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", como adelantó el pasado abril Seguridad y Tribunales.
La ley, continúan desde Aproser, "no hace sino reproducir la facultad que los vigilantes de seguridad ya disponían en la normativa actual en relación con las funciones que estaban autorizados a realizar en la vía pública". Cualquier ciudadano, recuerdan, "bajo el amparo de la normativa vigente, dispone de la facultad de detención".
Asimismo, rechazan que con la nueva normativa los vigilantes "se vayan a dedicar a solicitar la documentación aleatoriamente a los ciudadanos que transitan pacíficamente por la calle".
Los profesionales de la seguridad privada, afirman, "han ido asumiendo progresivamente misiones de la trascendencia de la vigilancia de infraestructuras críticas, protección de personalidades o lucha contra la piratería en aguas internacionales".
Aproser defiende el actual modelo, porque ha funcionado en "muchos países de nuestro entorno", ya que se ha basado en los "principios de complementariedad y subordinación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
