El empresario Miguel Ángel Ramírez, amigo personal del ya exministro José Manuel Soria, se ha beneficiado de contratos de Moncloa y de varios ministerios a pesar de hallarse sometido a un proceso judicial por presunto fraude fiscal y a la Seguridad Social. Los impagos millonarios a Hacienda del expresidente de la patronal madrileña, CEIM, Arturo Fernández, tampoco han sido obstáculo para obtener contratos de las administraciones públicas. Otros ejemplos demuestran la laxitud del Gobierno de Mariano Rajoy, y de otras administraciones públicas, a la hora de aplicar la ley que prohíbe contratar con las personas físicas y jurídicas que no hayan satisfecho los pagos correspondientes al erario público por los beneficios obtenidos.
El famoso expresidente de la CEIM, Fernández, amigo de Esperanza Aguirre y de su heredero en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, arrastraba unas deudas con Hacienda por valor de 19,5 millones de euros. Pero los impagos no le impedían obtener las contratas de bares y restaurantes de los ministerios y organismos oficiales. Tampoco los del Congreso de los Diputados. Sus sociedades obtuvieron además licencias y facilidades de Aguirre y González para instalar colegios privados en núcleos de población donde la ley obligaba a la Comunidad de Madrid a construir centros públicos de enseñanza obligatoria.
Las deudas con Hacienda del que fuera también consejero de Bankia-Cajamadrid, con uso y abuso de la famosa tarjeta black, se conoció el 22 de diciembre, dos días después de las elecciones generales, a raíz de la publicación de la lista de grandes deudores por parte de la Agencia Tributaria. Ascendía a 19.552.853 euros. Para entonces hacía dos años que Arturo Fernández había presentado concurso de acreedores de su empresa de restauración y dejado de pagar los salarios a los trabajadores, a los que tampoco ha pagado la liquidación por despido.
La mayor parte de los 15.600 millones euros de deuda impagada a Hacienda por parte de las 345 personas (700 millones) y 4.500 sociedades (14.900 millones) que aparecen en la lista de grandes morosos de la Agencia Tributaria corresponde a prestamistas, industriales, constructores, promotores y especuladores de la vivienda que se declararon insolventes y en liquidación a partir de la crisis financiera de 2008. En la relación figura el exbanquero Mario Conde, con una deuda de 9,9 millones de euros, ahora detenido y encarcelado a raíz de la repatriación de fondos ocultos en paraísos fiscales que podrían haber sido sustraídos de Banesto, la entidad que presidió.
No figura, en cambio, el empresario canario Miguel Ángel Ramírez a pesar de que Hacienda le reclama más de dos millones de euros. Era amigo personal de José Manuel Sorial, quien se ha visto obligado a dimitir de ministro, diputado y presidente insular del PP al aparecer en los ‘papeles de Panamá’ con sociedades para evadir impuestos. La Agencia Tributaria actuó judicialmente contra él por un supuesto fraude de 2,3 millones de euros, correspondiente a los ejercicios de 2007 y 2008. La juez María Victoria Rosell, ahora diputada de Podemos, instruyó el sumario aunque no lo concluyó.
Las supuestas trampas e impagos no impidieron a La Moncloa concederle, por 11 millones de euros, las contratas de vigilancia y seguridad del Monasterio de El Escorial y de otros reales sitios dependientes de la dirección general del Patrimonio del Estado, a su vez dependiente del Ministerio de la Presidencia, del que es titular la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Ramírez obtuvo asimismo contratas de seguridad del Ministerio de Defensa, del que es titular en funciones Pedro Morenés.
El trato de favor a ese hombre de negocios, benefactor de Soria al frente del PP de Canarias con un donativo declarado de 50.000 euros al partido, se extendió a la Comunidad de Madrid bajo el mandato de Aguirre, que otorgó a su empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) la vigilancia del metro. Por si fuera poco, el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón no dudó en indultarle de una condena de tres años de prisión por delito ecológico. Gallardón era entonces (2012) ministro de Justicia y llevó el indulto a Consejo de Ministros que se lo concedió sin objeción.
Cuando el dirigente de IU, Cayo Lara, endosó al Ejecutivo una batería de preguntas escritas sobre las razones de la arbitrariedad rampante y los incumplimientos de las normas, el Gobierno respondió vaguedades. Ante el pleno del Congreso, Gallardón justificó el indulto diciendo que el fiscal había informado favorablemente y el reo se había comprometido a reparar el daño. Después, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de la que es titular en funciones Fátima Báñez, le adjudicó la seguridad de las oficinas de empleo en Madrid y otras provincias.
Por cierto, que el marido de la ministra Báñez, Jaime Alonso, fue sustituido a mediados de 2013 como máximo responsable en España de la Banca Leonardo, considerado el banco de las grandes fortunas del Viejo Continente, por el veterano ejecutivo José María Iceta Berecibar (nada que ver con el dirigente del PSC-PSOE), quien aparece en la lista Montoro con una deuda de 1.077.466 euros. Aunque el marido de Báñez se había ocupado de las fusiones de las eléctricas y trabajaba en Lazard en 2008 –entidad a la que estaba vinculado Rodrigo Rato– cuando fue designado para abrir la filial de la Banca Leonardo en España, en el currículo de la ministra figura como un simple “empleado de banca”. Una banca de inversiones de matriz italiana que, entre otras, maneja las fortunas de Juan Abelló, la familia Agnelli o el barón Albert Frére, principal accionista de GDF Suez y propietario del 5% de Iberdrola por un valor de 2.200 millones de euros en 2007.
Ni las deudas al erario público del cantante Betín Osborne, descubierto en los “papeles de Panamá”, ni las que arrastraba el grupo de comunicación Intereconomía, al servicio del PP y de la derecha extrema, han supuesto restricciones de licencias, contratación y adjudicaciones con dinero público. La Corporación RTVE, con José Antonio Sánchez de presidente designado por el Gobierno (en Telemadrid promovió un ERE para echar a 900 trabajadores) ha pagado a la productora de Osborne más de 100.000 euros por cada entrevista del cantante a personajes relevantes. Esta temporada el pago subió a 123.000 euros por programa.
Las deudas de Intereconomía, la televisión de Julio Ariza, con Hacienda, se han conocido ahora, después de un lustro de licencias, publicidad oficial y otras ayudas. La morosidad consignada en la lista Montoro tras la presentación del concurso de acreedores asciende a 2,9 millones de euros de Intereconomía TV y 7,3 de Intereconomía Corporación. Además de los hermanos Ariza, vinculados a la Caja de Navarra, en el consejo de administración han participado algunos prohombres del PP como el exsecretario de Estado de Seguridad y uno de los protagonistas de las conversaciones de paz con ETA en la primera legislatura de José María Aznar como jefe de gobierno, Ricardo Martí Fluxá, también consejero de Caja Navarra; el inefable Arturo Fernández o José Manuel Díez Quintanilla, quien fue consejero delegado hasta 2011 y en la actualidad es presidente de Radio María y secretario de la empresa pública Tragsa, con un ERE para echar a 1.300 trabajadores.
Con unos impagos a Hacienda de 9.158.359 euros, la sociedad Gestión Turística del Nordeste, de la que es titular el empresario catalán Miguel Rifà Soler, vinculado en varias sociedades turísticas y de especulación del suelo con el alcalde del PP de El Ejido (Almería) y anterior concejal de urbanismo, Francisco Góngora, y dos miembros de su familia, tampoco ha tenido dificultades en conseguir convenios y rectificaciones que le han reportado fuertes ganancias. Téngase en cuenta que la Agencia Tributaria sólo reclama las cuotas por los beneficios y el IVA. El alcalde Góngora está procesado por corrupción y fraude. Y la justicia investiga un convenio de las sociedades de estos personajes en Roquetas de Mar, localidad de la que es alcalde Gabriel Amat Ayllón, quien también ocupa la presidencia de la Diputación y es presidente del PP de Almería.
Aunque la ley de contratación pública, reformada en 2011 y vuelta a reformar en 2015, prohíbe en su artículo 60 y siguientes asignar obras, servicios y suministros y establecer convenios con personas físicas y jurídicas que hayan incumplido las obligaciones fiscales, el contraste del listado de deudores con la contratación pública revela la laxitud gubernamental. Si no se trata de prescindir de los suministros y servicios de unos grandes almacenes porque los exconsejeros Areces Galán deban varios millones al erario público, tampoco los gobernantes del PP deberían esgrimir el espantajo de su gran esfuerzo contra el fraude y la corrupción, máxime cuando su principal decisión ha sido la “doble imposición” a las rentas de los trabajadores: el IRPF por nómina y por indemnización en el caso de despido. Como los sindicatos denunciaron el “atraco”, Cristobal Montoro y su colega Báñez sentaron el principio pero sacaron la mano para que solo paguen las indemnizaciones que superen 180.000 euros.
