Durante la instrucción del procedimiento por fraude fiscal abierto contra el empresario Miguel Ángel Ramírez
Las irregularidades que supuestamente cometió la juez Victoria Rosell en la instrucción del procedimiento por fraude fiscal abierto contra el empresario Miguel Ángel Ramírez no deberían afectar a la viabilidad de la causa, han señalado este miércoles a Efe fuentes próximas a su Juzgado.
El magistrado Salvador Alba, actual responsable del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, ha remitido en las últimas semanas dos informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con supuestas irregularidades cometidas por Rosell en ese procedimiento.
La actual diputada de Podemos por Las Palmas ya había sido acusada por dos veces por la Fiscalía ante el órgano de gobierno de los jueces de retrasar sin motivo ese procedimiento y de no haberse abstenido de seguir en ella, a pesar de que su pareja, el periodista Carlos Sosa, tenía intereses con Miguel Ángel Ramírez.
En concreto, la Fiscalía denunció en 2015 que, semanas antes de que Rosell obtuviera la excedencia para presentarse a los comicios, Carlos Sosa había llegado a un acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas, presidida por Ramírez, para transferirle la gestión de una licencia de radio en FM, a cambio del pago de 300.000 euros.
El CGPJ archivó esa queja -y la anterior por retrasos- al no observar indicios de ninguna infracción profesional en el desempeño de Victoria Rosell como juez, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró nulas las indagaciones realizadas por la Fiscalía, por falta de competencia para llevarlas a cabo por parte del Ministerio Público y por vulneración de derechos constitucionales.
Sin embargo, Salvador Alba, que está a punto de terminar su período como sustituto en ese Juzgado (es magistrado titular de la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas), ha enviado al CGPJ dos nuevos informes con indicios de posibles faltas profesionales cometidas por Rosell en la instrucción de ese procedimiento.
A principios de abril, comunicó al Poder Judicial que había vuelto a interrogar a Ramírez dentro del sumario principal, en el que se investiga si defraudó a Hacienda y la Seguridad Social 20 millones de euros pagando a los empleados de Seguridad Integral Canaria horas extras como si fueran dietas, que no tributan.
En esa declaración, el presidente de la UD Las Palmas confirmó al juez que entre 2002 y 2011 financió, como "otros empresarios", negocios de periodísticos dirigidos o participados por la actual pareja de la juez Rosell, mediante préstamos que, una vez vencidos y no devueltos, se transformaban en acciones.
Salvador Alba elevó ese detalle al CGPJ por considerar que podía poner de manifiesto que Victoria Rosell debería haberse abstenido de tramitar esa causa penal, por tener interés personal indirecto (a través de su pareja).
Sin embargo, los dos aludidos han contestado que esos préstamos de Ramírez se hicieron antes de que fueran pareja, a empresas de las que Sosa era empleado (no partícipe ni propietario) y años antes de que se abriera esta causa por presunta defraudación fiscal.
Según publica hoy "El Mundo", y han confirmado a Efe fuentes judiciales, Salvador Alba ha enviado al CGPJ otro informe ampliatorio, en el que comunica otra posible irregularidad.
En concreto, Alba pone de manifiesto que no le encaja la fecha de una providencia difundida a la prensa por Rosell el pasado 14 de diciembre. Rosell se defendía con ella de otro informe de Salvador Alba, en el que este relataba que, al llegar al Juzgado, se encontró con una memoria USB con información relevante sobre el caso que la ahora diputada habría ocultado a las partes durante 22 meses.
Rosell contestó que no solo había estudiado esa información, sino que la había trasladado a acusaciones y defensas. En apoyo de su afirmación, aportó una providencia firmada por ella el 30 de julio de 2014, de la que Efe tiene una copia, en la que así lo ordena.
Alba comunica ahora al CGPJ que esa providencia de 30 de julio de 2014 figura en un tomo cerrado oficialmente por el secretario del Juzgado mes y medio antes, el 16 de junio, asegura "El Mundo".
Las fuentes del Juzgado de Instrucción número 8 consultadas por Efe han corroborado que Alba ha puesto de manifiesto esa posible irregularidad al CGPJ. Sin embargo, insisten en que se trata de indicios que cuestionan el comportamiento como juez de Rosell, pero que no afectarían a la causa en sí misma.
De hecho, no han formulado por ahora quejas en ese sentido ninguna de las partes personadas en ella: ni los querellados, Ramírez y Seguridad Integral Canaria, ni Fiscalía, ni las otras cinco acusaciones particulares y populares (ejercidas por USO, Intersindical Canaria, la Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha contra la Corrupción y dos personas a título particular).
