El Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado por la Administración General del Estado y ratifica la sentencia dictada por la sección 5ª de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional.
El Ministerio del Interior tendrá que sustituir más de 300.000 tarjetas de identificación de los vigilantes de seguridad privados. Una Orden Ministerial del 2011 obligaba a vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, jefes de seguridad y escoltas privados a portar su DNI en la Tarjeta de Identidad Profesional, conocida como TIP.
Antes de que entrara en vigor la Orden Ministerial, la Agrupación Sindical Profesional del personal habilitado de seguridad privada, ASP, solicitó un informe a la Agencia de Protección de Datos. Ésta confirmó la ilegalidad de
la normativa al estar expuestos los datos personales de los vigilantes. Sin embargo, la Orden Ministerial salió adelante y la ASP junto a otro sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, denunció estos hechos en los tribunales. La Audiencia Nacional dio la razón a estos dos sindicatos en Noviembre de 2013. No obstante, los abogados del Estado presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que finalmente hoy ha sido rechazado, ratificando el fallo anterior de la Audiencia.
la normativa al estar expuestos los datos personales de los vigilantes. Sin embargo, la Orden Ministerial salió adelante y la ASP junto a otro sindicato, la Unión Nacional de Trabajadores, UNT, denunció estos hechos en los tribunales. La Audiencia Nacional dio la razón a estos dos sindicatos en Noviembre de 2013. No obstante, los abogados del Estado presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que finalmente hoy ha sido rechazado, ratificando el fallo anterior de la Audiencia.
Según el presidente del sindicato ASP, Enrique Barrabia, durante la tramitación de la nueva Ley de Seguridad Privada se reunieron con representantes de todas las formaciones políticas para resolver “el conflicto”. Barrafia afirma que recibieron “el apoyo de todas ellas sin excepción, salvo la representación del PP que desoyó nuestra súplica, y mantuvo la irregularidad hasta el día de hoy”.
Barrabia recuerda además que una de las características de la tarjeta de identidad es la de la “obligatoriedad de mostrarla a todo ciudadano que lo requiera, incluso a presuntos delincuentes, exponiendo así datos privados del agente protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, y de ese modo exponiendo su integridad”.
Con este fallo del Supremo, ahora se tendrán que sustituir mas de 300.000 habilitaciones del personal de seguridad privada, que deberán sufragar las arcas del Estado.
