El magistrado comunica al Supremo que la investigación estuvo parada un año sin motivos - El tribunal le pidió un informe tras la querella del exministro Soria
El magistrado que sustituye a Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, ha remitido al Tribunal Supremo (TS) un duro informe sobre la actuación de la juez en la causa por fraude fiscal contra el dueño del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. Alba considera que el procedimiento, entre abril de 2014 y mayo de 2015, ha sufrido un retraso "evidente e inexplicable", con una actividad procesal "nula" que ha "paralizado" durante más de un año la tramitación de la investigación a Seguridad Integral Canaria, según las conclusiones del sucesor de la diputada de Podemos en el órgano judicial.
Alba sostiene que entre julio de 2014 y julio de 2015 soló se dictó una providencia y se resolvió un recurso de reforma interpuesto un año antes por la Fiscalía, esto es, a finales de abril de 2014, ello "pese" a existir escritos de ampliación de la querella, solicitud de fianza, varias diligencias pedidas por las acusaciones, reclamaciones de impulso procesal e informes de la policía que se unieron al procedimiento "sin sello ni registro alguno", cuando "deberían haber sido objeto de análisis y de estudio", subraya el instructor.
El informe fue solicitado por el Tribunal Supremo (TS) mediante un auto fechado el pasado 13 de abril, con el presidente de la Sala de lo Penal como ponente, Manuel Marchena Gómez. La finalidad de esa diligencia de investigación es decidir si el tribunal admite o no una querella del exministro José Manuel Soria contra Rosell, que dejó el juzgado de instrucción el pasado mes de octubre para presentarse como diputada a las elecciones generales con Podemos.
Soria atribuye graves delitos a Rosell, entre ellos prevaricación, retardo malicioso y cohecho, todo relacionado con la investigación a Ramírez, que ha admitido relaciones empresariales y comerciales desde 2003 con la pareja de la magistrada, Carlos Sosa. Se trata de préstamos para financiar hasta 2011 los proyectos periodísticos del compañero de la juez, la inclusión de publicidad del Grupo Ralons en Canarias Ahora y la cesión reciente a la UD Las Palmas de una frecuencia de radio por 300.000 euros.
Este último contrato fue firmado a finales de octubre, días después de abandonar Rosell el juzgado que tramitaba la causa contra el empresario por varios delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. El negocio de la radio, que fue investigado sin éxito por la Fiscalía de Las Palmas, causó un agrio enfrentamiento entre Soria y Rosell, que entonces se presentaban a las generales, y derivó en la querella del exministro (incluye los delitos de injurias y calumnias por insinuar que Soria manipuló al ministerio público para investigar a su rival político en la campaña electoral).
Por eso el Supremo, antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite, ha solicitado al sustituto de Rosell un informe de "todos aquellos extremos que hayan resultado determinantes del actual estado de las actuaciones, con indicación de las vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duración del proceso", ordena Marchena en su resolución. También reclama al letrado del juzgado (secretario) las declaraciones íntegras hechas por Ramírez en concepto de investigado (imputado). La Sala entiende que las imputaciones de Soria se basan en hipótesis y conjeturas, pero son tan graves que es necesario requerir esa documentación antes de decidirse. Se da la circunstancia de que el ministro, diputado y presidente del PP en Canarias dimitió la semana pasada de todos esos cargos por mentir sobre los negocios de su familia en paraísos fiscales.
Antecedentes
Alba ya envió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las revelaciones de Ramírez, pues considera que Rosell ha podido vulnerar su deber de abstención al investigar al empresario pese a los vínculos con su pareja. En el informe remitido ahora al TS, que lleva fecha del pasado miércoles, el sustituto de la juez vuelve a insistir en esa cuestión, incluso vincula la "paralización" del procedimiento con "el periodo previo" a las diligencias preprocesales incoadas en noviembre por la Fiscalía contra la magistrada, es decir, a las pesquisas abiertas para investigar el contrato suscrito a finales de octubre por el negocio de la radio entre la UD Las Palmas y la empresa de Sosa, Clan de Medios de Comunicación y Marketing.
Alba explica al TS que el proceso a Ramírez empezó a instruirse con normalidad, tras admitirse el 28 de enero de 2014 la querella interpuesta por la Fiscalía de Delitos Económicos de Las Palmas. Los problemas surgieron a partir del 29 de abril, cuando las acusaciones, entre ellas el sindicato USO, reclamaron la ampliación de la investigación a los años que van desde 2010 a 2013, así como la imposición de una fianza para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de esos delitos. La instrucción, hasta entonces, se centraba en los ejercicios 2008 y 2009 por el pago de horas extraordinarias como dietas, un engaño para ahorrarse los impuestos y las cotizaciones de sus trabajadores que el empresario ha negado en sus tres declaraciones judiciales. Rosell no resolvió la fianza en los casi dos años que estuvo al frente de la instrucción, fue Alba quien la acordó el 9 de diciembre de 2015, nada más llegar al juzgado.
En concreto ordenó la apertura de una pieza separada de responsabilidad patrimonial y fijó una fianza solidaria de 35 millones de euros, la cual fue rebajada a 17 millones tras varios recursos de las defensas. El juez añade que las acusaciones insistieron siete veces en reclamar la fianza y el impulso procesal oportuno, pero la causa estuvo parada entre abril de 2014 y mayo de 2015.
Es el propio Alba quien, tras llegar al juzgado de manera voluntaria en octubre de 2015, resuelve "numerosas solicitudes pendientes desde hacía más de un año" y acuerda varias diligencias que "deberían haberse practicado durante ese año de inactividad procesal", recoge el informe.
Entre las diligencias practicadas estos últimos cinco meses, además de la fianza, el instructor destaca la declaración de numerosos testigos, una prueba pericial, una investigación patrimonial y la incorporación de la contabilidad de la empresa que viene recogida en su Libro Mayor. Esta última documentación motivó que el juez volviera a citar a Ramírez como imputado y éste, de forma "espontánea", admitiera los préstamos a entidades vinculadas a los proyectos periodísticos de Sosa, lo cual ha propiciado la investigación del Supremo al solicitar Soria una ampliación de la querella tras esas declaraciones.
El empresario, a preguntas de Alba por los asientos contables de Ralons, reveló que varios empresarios "importantes" de Las Palmas ponían dinero en las sociedades relacionadas con Canarias Ahora, entre ellos el propio Ramírez. Los préstamos, que rondan los 100.000 euros entre 2003 y 2011, se materializaban en acciones si no eran devueltos, aunque se llegaron a acuerdos publicitarios para saldar la deuda, según el interrogatorio.
El fiscal del TS no ve indicios de delito, pero si recomienda que se remita el expediente al CPGJ por si Rosell ha podido vulnerar su deber de abstención al tener interés indirecto en la causa que tramitaba su juzgado contra el empresario. La Fiscalía de las Palmas denunció dos veces a la juez por hechos similares: una por retrasar la investigación y la otra, más reciente, por el negocio de la radio y el deber de abstención. Las dos quejas, sin embargo, han sido archivadas por el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ. Las diligencias preprocesales que dieron pie a la última denuncia, además, fueron anuladas el mes pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La Sala de lo Contencioso Administrativo considera que la Fiscalía carece de competencias para investigar a una magistrada por una posible infracción disciplinaria y, al hacerlo, se vulneraron los derechos fundamentales de Rosell (el ministerio público ha anunciado que recurrirá esa sentencia al Supremo).
La historia, por tanto, se repite, aunque con un nuevo protagonista, Salvador Alba, que ha aportado más información al TS y al CGPJ. El magistrado certificaba que existen "irregularidades procesales y materiales" en el procedimiento a Ramírez, y destaca que esas anomalías no se han detectado en el resto de causas, las cuales se han despachado con "celeridad", cumpliéndose con las notificaciones y los traslados de documentación a las partes.
"No ha habido ninguna incidencia que explique la falta de impulso procesal y de prácticas de diligencias durante más de un año", agrega el juez, sobre todo porque Rosell ha tenido durante "gran parte" del procedimiento un juez de refuerzo, lo cual hace "difícilmente explicable la duración" del mismo. Alba es magistrado de la Audiencia de Las Palmas y, durante estos cinco meses, ha compaginado esa labor con la del Juzgado de Rosell, sin la continuidad del refuerzo al no constatar atascos en el órgano judicial.
De ahí la extrañeza de que se tardase un año en resolver un recurso interpuesto por la Fiscalía. Se trata de una providencia que dejaba en suspenso un requerimiento a los imputados para que aportasen documentación contable, lo cual era necesario para evaluar un posible archivo o acordar la ampliación de la querella, que es lo que solicitaban las acusaciones. La providencia se dictó el 29 de abril de 2014, pero Rosell tardó un año en resolver el recurso de reforma, lo que condicionó la tramitación de las demás diligencias, pues "dependían en gran parte" de esa documental. Se trata de la información que Héctor de Armas, actual administrador de Seguridad Integral Canarias, aportó al juzgado en su declaración judicial y en la que Alba ha encontrado las relaciones comerciales del Grupo Ralons con Clan de Medios, la empresa de la pareja de la parlamentaria.
