El personal asegura que abren expedientes de forma arbitraria y que se les vigila por el circuito interno de televisión // Avispa califica las medidas disciplinarias como una "caza de brujas"
La dirección del centro de menores de Sograndio y Alcor, la empresa responsable de los vigilantes de seguridad, han iniciado una “caza de brujas” contra el personal operativo del centro tras la huelga convocada por los trabajadores durante la semana del 10 al 17 de abril como medida de protesta ante las deudas que la empresa tiene contraídas con ellos. Al menos esto es lo que denuncia la Asociación de Vigilantes Privados de Asturias (Avispa). Una de las medidas llevadas a cabo es la apertura de expedientes sancionadores contra los vigilantes por motivos como “tomarse un café” o “mover una silla”, algo que Avispa considera “ridículo y disparatado”. El colectivo también señala que algunos compañeros han sido denunciados ante la Fiscalía de Menores del Principado por interrumpir el normal funcionamiento de las instalaciones durante la protesta.
La asociación ve en todas estas acciones de la dirección del centro de Sograndio mala fe y cree que lo que persigue, en realidad, es “hacer una limpieza de los trabajadores que llevan más de 10 años”. Por esa razón, Avispa ha puesto el tema en manos de los servicios jurídicos, a través de un gabinete jurídico-social, para que represente a los vigilantes afectados. Avispa considera que “estas actuaciones no sólo son ilegales desde el punto de vista laboral y penal, sino también maliciosas, rencorosas y fraudulentas, además de vergonzosas; y lo más grave es que están respaldadas por la propia Consejería de Presidencia.
Avispa denuncia que “los trabajadores son vigilados diariamente mediante un circuito cerrado de cámaras durante sus turnos en busca de pruebas que los incriminen para ser castigados laboralmente”. Recuerda que los vigilantes no tienen acceso a este sistema, que únicamente es custodiado por Belén González Carballo (coordinadora de seguridad del centro). La asociación también denuncia que la plantilla realiza funciones de servicios generales y limpieza, lo que constituye desde el punto de vista laboral “una grave irregularidad”.
