La diputada de Podemos Victoria Rosell ha renunciado a su puesto en la Diputación Permanente del Congreso después de que ayer el Tribunal Supremo aceptara investigarla por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso en la administración de justicia durante su etapa como juez en Las Palmas.
Eso provocará que una vez se disuelvan las Cortes Generales y se convoquen elecciones el próximo 3 de mayo, Rosell dejará de ser aforada ante el Supremo, una condición que todavía mantiene por su puesto de diputada por Las Palmas. El caso pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Rosell, que fue uno de los fichajes estrella de Pablo Iglesias en las pasadas elecciones y a quien catapultó como su futura "ministra de Justicia", era vocal suplente de la formación morada desde que la pasada semana se constituyera el órgano de guardia del Congreso, y donde los políticos mantienen intactas sus condiciones, como la del aforamiento.
La renuncia de Rosell provocará muy probablemente un enorme retraso en las investigaciones si, como tiene intención Podemos, repite de nuevo en las listas para las elecciones del 26 de junio. Ahora el Tribunal Supremo tendrá que remitir el caso al TSJ de Canarias y, si vuelve a ser elegida, que como cabeza de lista por Las Palmas resulta muy factible, la investigación tendría que regresar de nuevo al Tribunal Supremo dado que como diputada recuperaría el aforamiento.
Todos estos pasos no harán más que retrasar la causa y provocará que el instructor no pueda acelerar ni las solicitudes de documentación ni la toma de declaraciones. De esta manera, Rosell dificulta que durante la campaña electoral pudieran ir produciéndose avances sustanciales en el caso que pudieran perjudicar su carrera y la de Podemos.
¿De qué se le acusa?
El Supremo admitió a trámite la querella contra la juez en excedencia por su instrucción de la causa de un empresario que, según las investigaciones, hacía a la vez negocios con su pareja sentimental. El Alto Tribunal ha valorado el informe de su sustituto en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas en el que se denuncian retrasos "injustificables" e "irregularidades" en la causa.
En especial, los magistrados han valorado la reciente declaración en la que el empresario imputado, Miguel Ángel Ramírez, revelaba que los negocios con la pareja de Rosell no fueron sólo posteriores a la salida de ésta del juzgado, sino que venían de tiempo atrás y abarcaban el periodo en el que era la instructora del caso, informa Manuel Marraco.
Rosell se enfrenta a tres presuntos delitos: prevaricación, cohecho y retardo malicioso. El primero de ellos supone una multa y una inhabilitación de 10 a 20 años, mientras que el segundo, el de cohecho, conlleva además entre tres y seis años de prisión.
