Una representación de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada (FTSP-USO) se desplazó a la isla de Lanzarote, con la intención de celebrar una Asamblea y denunciar las “numerosas irregularidades cometidas por la Administración en materia de contratación”. Al frente de la delegación sindical se encontraba su Secretario General, Juan Díaz Rodríguez, quién en la mañana de ayer lunes se reunió con el Consejero de Empleo del Cabildo, Manuel Cabrera.
Sobre las 17,30 horas de este lunes, los representantes de la FTSP se reunieron en la sede de la Sociedad Torrelavega, con el Concejal de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Tías, Mame Fernández; el Concejal de VECINOS UNIDOS en el Ayuntamiento de Arrecife, Andrés Medina, así como diferentes trabajadores de Seguridad Privada; para solicitar que se hagan eco de “la manipulación que se hace por parte de las diferentes administraciones, de los contratos públicos a empresas de seguridad privada”. Y es que, según denuncia Agustín Díaz, “tanto los Cabildo como los ayuntamientos han puesto la seguridad en manos de empresas piratas, que son las que se están lucrando a costa de los profesionales”.
Tal y como señaló Fernando Macario Falcón, responsable de Fuerteventura, “el Convenio Colectivo Nacional estipula que el sueldo de los trabajadores está entre los 1.200 euros. Sin embargo, en Lanzarote y Fuerteventura apenas se están pagando 800 euros al mes. Te quitan de 300 a 400 euros mensuales”. Denunciando que “para colmo, nos han quitado la paga extra de marzo… Y todo eso lo permite la Administración, ya que no hace ningún seguimiento de los contratos que hacen con las empresas pirata de seguridad”.
Agustín Díaz explica que “somos los únicos que hemos denunciado estos abusos en todos los organismos; hacemos trabajar a la Inspección de Trabajo, tanto que han contratado a un administrativo para que atienda todas nuestras denuncias”. Advirtiendo que “el 75% de los servicios de los organismos públicos se los adjudican, ¡casualmente!, a la misma empresa de seguridad. Circunstancia que hemos llevado a los tribunales de justicia”. Una empresa, que según manifiesta, “ha creado un diario digital en el que se dedica a culpar al resto de empresas y sindicatos, diciendo que están comprados para hacer el trabajo sucio”.
Preguntado por cuál es el grado de “culpabilidad” de las administraciones, Díaz explica que “las empresas piratas ganan los concursos públicos, garantizando una serie de condiciones en los pliegos, que LUEGO NUNCA CUMPLEN”. Y la administración (ayuntamientos y cabildos), que “se supone que tienen una mesa de contratación para hacer un seguimiento del cumplimiento de los pliegos, se limita a mirar a otro lado… Así, los trabajadores hacemos demasiadas horas que nunca cobramos, mientras las empresas piratas siguen lucrándose a nuestra costa ya costa del dinero público de las instituciones”.
Finaliza Agustín Díaz reflejando que “con nuestras denuncias nos hemos ganado muchos enemigos. Tantos que ya nos reclaman 1 millón y medio de euros en querellas”.
