El propietario del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, protagonizó ayer un incidente con La Provincia -del mismo grupo editorial que la opinión de tenerife- mientras salía de la Ciudad de La Justicia, tras comparecer como investigado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. "No voy a hacer declaraciones a La Provincia porque es el portavoz de Alba. Pregúntenle a él lo que ha pasado y luego ponen en el periódico lo que quieran", respondió el empresario en los pasillos del edificio judicial cuando fue requerido para que diera su versión de lo ocurrido. Tras ese comentario, Ramírez volvió a repetir, esta vez delante del resto de medios de comunicación, que no respondería a los periodistas si La Provincia estaba presente en esa ronda de preguntas.
Finalmente el presidente del club amarillo salió al exterior del recinto judicial y contestó a las cuestiones de los periodistas, incluidas las de este medio de comunicación, que estaba interesado en saber si el empresario había llegado a un acuerdo con el juez para que éste retirara la denuncia contra él y contra el abogado Sergio Armario.
Ramírez no sólo rechazó que hubiera llegado a un pacto con el magistrado, sino que rechazó que hubiera negociado. "Cómo voy a llegar a un acuerdo con el señor Alba si es quien me ha denunciado", respondió a este periódico. Luego aclaró que la intención de no admitir preguntas del citado periódico era "una broma".
El empresario calificó de "sorpresa" esta última pirueta dada por el juez. "Yo estoy aquí por una denuncia del señor Alba por los presuntos delitos de coacciones, injurias y demás. Soy testigo en otra causa que se lleva contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y, por tanto, le dije a su señoría que no tiene sentido hacer ningún tipo de declaración porque quien me ha denunciado se ha apartado. Me imagino que si la Fiscalía quiere seguir con el caso me tendrás que llamar como testigo y entonces si tendré que declarar. Pero no veo las razones por las que tenga que hacerlo como investigado", explicó Ramírez.
El empresario, que ayer se acogió a su derecho constitucional a no declarar en el juzgado, añadió que desconocía la postura que iba a adoptar la Fiscalía, pero sí destacó que el ministerio público pidió el archivo al inicio de la investigación. Fuentes de la Fiscalía volvieron a aclarar ayer que esa petición fue por cuestiones formales, para interrumpir los plazos de instrucción, y no por el fondo del asunto.
