Seleccionaban objetivos, tenían una «metodología» que se repetía, empleaban «un arma de guerra», «vestimenta y medios para maniatar a sus víctimas». Eran, concluye la Audiencia Provincial, «un grupo en el que están perfectamente distribuidos los espacios funcionales de cada integrante». Una organización criminal compuesta por militares y ex militares que asaltaron una decena de casas en Mallorca a punta de fusil. El tribunal les condena a 318 años de cárcel y reconoce el papel que el vigilante de seguridad ejerció como informante de la banda.
Robo con violencia en casa habitada -«con la agravante de disfraz»- detención ilegal y lesiones son los delitos que la Audiencia imputa a los seis acusados que entre 2011 y 2013 asaltaron una decena de viviendas y negocios en la Isla en los que maniataban, amenazaban de muerte, golpeaban y retenían a sus residentes, y hasta disparaban al aire. Para ello empleaban el fusil de asalto HK G36, propiedad del Ministerio de Defensa, que habían sustraído durante unas maniobras en el acuartelamiento Jaime II.
El Tribunal considera que en algún momento de 2011 constituyeron un «entramado» para dedicarse a actividades ilícitas. «Carlos T. era quien coordinaba a las personas y los medios de la manera más adecuada para conseguir la perpetración de los hechos, totalmente planificados», sostiene la juez. De hecho, le considera «dirigente» de la organización, así como el responsable de destacar, planear y marcar los objetivos, y le condena a 143 años de prisión, frente a los 200 que reclamaba la Fiscalía. «Volví de Afganistán completamente rayado y no encontraba trabajo de ningún tipo», se justificó Carlos T. durante el juicio celebrado el pasado mes de febrero. A la espalda tenía 12 años de carrera militar en el Ejército de Tierra en los que reconoció haberse hecho con «mucho material». La Audiencia le obliga ahora a devolver a Defensa el fusil que utilizaron en la ola de robos -calificado de arma de guerra- y que, como declararon otros acusados, estaba «a disposición de todos».
La sentencia incluye penas de 318 años de prisión para la banda, frente a los 540 que solicitaba el Ministerio Público, y una multa global de 133.880 para restituir a las víctimas. Pese a los acusados planificaron casi al milímetro sus asaltos, en la mayoría de ocasiones acabaron frustrados o con un botín exiguo. De hecho, según reconoció el propio Carlos T. durante la vista, apenas recaudaron 20.000 euros.
Para la Audiencia, los otros cinco integrantes de la banda eran «meros partícipes». Todos ello reconocieron los hechos durante el juicio a excepción de Pedro G. B., vigilante de seguridad al que apuntaban como informante indispensable para los golpes. Él negó las acusaciones y aseguró que sus conversaciones con el líder de la organización eran casuales y no tenían la intención de facilitarle datos sobre los futuros objetivos de sus asaltos.
Lo cierto es que el recorrido de la conocida como banda de paramilitares incluyó la casa de su ex pareja, la empresa en la que trabajaba su novia en aquel momento o el domicilio del empresario para el que él mismo había trabajado como escolta. «Aceptar que la ubicuidad del procesado se deba a la casualidad o al puro azar, como sostuvo la defensa, supondría un exceso de credulidad incompatible con las reglas de la sana crítica y de la experiencia», determina el juez, que le impone 20,5 años de cárcel.
Así, sostiene que queda «probada su participación» en los robos y que fue «nexo de unión» al menos en seis de las actuaciones de la banda. En este sentido, califica la versión que ofreció Pedro G. B. en la vista de «absolutamente inverosímil» y asegura que creerla «resultaría de una ingenua candidez».
