La jueza que dirige la instrucción decide dividirla en distintas piezas separadas
El número de personas investigadas en relación con las posibles irregularidades cometidas en la empresa Alcor asciende en estos momentos a seis. El juzgado número dos de Monforte trata de determinar si los responsables de la gestión de esta empresa de seguridad privada cometieron fraude fiscal y vulneraron los derechos de sus trabajadores. La investigación judicial empezó hace aproximadamente un año y medio, aunque no trascendió hasta el pasado mes de octubre, cuando la policía entró en las oficinas de la empresa en Monforte y detuvo al gerente, Carlos Somoza. Somoza compareció ayer de nuevo en el juzgado. A las puertas lo esperaba una protesta sindical de trabajadores de seguridad privada, que lo increparon en protesta por la política laboral de su empresa.
Lo habían citado para que estuviese presente en la apertura de una caja fuerte incautada en los registros que practicó la policía en octubre. Se trata de un paso más en una investigación judicial con ramificaciones en Canarias y Asturias, comunidades autónomas en las que la empresa también tiene contratos y personal. Durante aquellos registros habían sido detenidos e imputados, además de Somoza, dos cargos intermedios de la empresa. En estos momentos, la cifra de investigados -la nueva calificación legal para los antiguos imputados- ha crecido, igual que el volumen de folios de una causa ya muy amplia.
Por ahora, no ha variado la calificación provisional de los delitos que están siendo investigados, pero la jueza ha decidido abrir cinco piezas separadas de la principal. Los jueces recurren a esta medida cuando una investigación en marcha genera información -vía escuchas telefónicas, declaraciones de testigos o investigados o cualquier otro método- que hacen sospechar de la existencia de otros delitos que no están necesariamente ligados al tronco central de la causa.
Medio centenar de trabajadores protestaron frente al juzgado
Alrededor de cincuenta trabajadores de empresas de seguridad privada se concentraron ayer frente al juzgado de Monforte. Permanecieron allí toda la mañana y abuchearon a Carlos Somoza cuando salió después de presenciar la operación de apertura de la caja fuerte. Los manifestantes, convocados por el sindicato Unión Sindical Obrera (USO), denunciaban la política laboral de esta empresa y reclamaban a las administraciones públicas que no firmen contratos con esta firma. Llevaban carteles en los que se podía leer «Alcor Seguridad, empresa pirata» y una pancarta que rezaba «Stop a la contratación de empresas piratas de seguridad.
La caja fuerte no tenía nada dentro
Cuando Carlos Somoza fue puesto en libertad tras pasar 72 horas detenido en la comisaría de Monforte, la jueza no le impuso fianza, pero sí la obligación de comparecer regularmente en el juzgado. Pero su paso ayer por la sede judicial monfortina no tenía que ver con esas comparecencias rutinarias. lo habían citado para que asistiese a la apertura de una caja fuerte que fue incautada por la policía durante el registro de sus propiedades. Él alega que la caja no es suya y que por lo tanto no tiene la llave ni sabe la combinación para abrirla, de manera que la jueza tuvo que recurrir ayer a un cerrajero.
La caja permanecía precintada desde el mes de octubre y entre los conocedores de la investigación había mucha expectación por conocer su contenido. Pero resultó que la caja no tenía prácticamente nada. Dentro solo había unos pocos papeles relacionados con un libro de armas que, según las fuentes consultadas, no tienen absolutamente ningún interés para la causa judicial.
El caso ya tiene nombre: operación Muro
Agentes de la Policía Nacional asistieron ayer en el juzgado de Monforte a la apertura de la caja fuerte que ellos mismos se habían llevado de una de las casas registradas el pasado mes de octubre. No se trata de agentes asignados a la comisaría de Monforte, sino de integrantes de la unidad que la Policía Nacional tiene dedicada en exclusiva al control de las empresas que se dedican a la seguridad privada. No es que la investigación haya tenido su origen en Madrid, el lugar en el que tiene su sede esta unidad policial, sino que la jueza decidió apoyarse en estos agentes especializados para llevar a cabo la investigación. Fueron ellos los que le pusieron nombre a este caso. Oficialmente, la investigación en marcha sobre Alcor se llama operación Muro.
