El Juzgado 8 de Las Palmas, que antes ocupaba Rosell, niega a la diputada el acceso a la causa que investiga al empresario que cerró un acuerdo comercial con la pareja de la jueza
La diputada de Podemos y jueza en excedencia Victoria Rosell ha tratado de acceder al sumario que instruye el Juzgado número 8 de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente a las diligencias previas 644/2014, donde se investiga al presidente de Seguridad Integral Canaria y de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por delitos fiscales cometidos entre 2008 y 2013. La que estaba llamada a ser ministra de Justicia de Podemos ha mostrado al nuevo titular del mencionado juzgado, Salvador Alba Mesa, que precisamente sustituyó a Rosell cuando esta decidió pasar a la política, su intención de interferir en el mencionado sumario.
Rosell ha presentado un escrito de solicitud. Sin embargo, su sucesor al frente del juzgado se lo ha denegado de plano, al entender que la magistrada ya no está vinculada con la causa. "Dada cuenta, y visto el escrito presentado por la Excma. Sra. Dª Victoria Rosell Aguilar en el presente procedimiento, devuélvase por conducto de su recibo toda vez que la misma no es parte, careciendo de legitimación para dirigirse a este juzgado".
El pasado 15 de octubre, Rosell solicitó la excedencia en su puesto al frente del Juzgado número 8 para poder formar parte de la candidatura de Podemos al Congreso de los Diputados, lo que implicaba necesariamente dejar todas las causas que instruía en manos de la persona que la sustituyera, que fue el magistrado Alba Mesa. Una semana después, la jueza abandonaba definitivamente su plaza como titular del juzgado, apenas un día antes de anunciar públicamente que pasaba a las listas del partido de Pablo Iglesias.
El 28 de octubre, solo cinco días después de aquel anuncio, la pareja de la magistrada -el periodista y director del diario 'Canarias Ahora' Carlos Sosa- llegó a un acuerdo con Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas que estaba siendo investigado por Rosell, para transferir al club la gestión de una emisora de radio. El contrato estaba valorado en 300.000 euros en el caso de que, además de alquilar la emisora durante 12 años, al final la entidad deportiva ejecutara la opción de compra que conllevaba el acuerdo.
Semanas más tarde, la Fiscalía abrió diligencias contra Rosell al entender que la magistrada debía haberse inhibido de una causa en la que supuestamente tenía intereses su pareja. La representante del Ministerio Público que dirige esta investigación, Evangelina Ríos, había sido también la fiscal encargada de la instrucción contra Ramírez y ya había presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial contra la magistrada, al entender que esta había retrasado injustificadamente la investigación, protesta que posteriormente fue archivada dado que, según el órgano de gobierno de los jueces, no existía prueba material alguna que confirmara que el retraso había sido intencionado.
Ramírez está acusado en la causa que se sigue en el Juzgado número 8 de Las Palmas de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, al obligar supuestamente a sus trabajadores a declarar las horas extra como dietas u otros conceptos que eludían el control de la Agencia Tributaria. Así lo han declarado empleados de Seguridad Integral Canaria durante el proceso judicial, acusaciones a las que el presidente y propietario de la mercantil de seguridad respondía argumentando que él había llegado a un pacto "tácito" con los trabajadores por el que ellos trabajaban las horas que fuera necesario cada día.
La llegada de Alba Mesa al frente del Juzgado número 8 de Las Palmas ha acelerado indudablemente la instrucción que seguía su predecesora. El juez imputó los mismos delitos durante cuatro años más al acusado, le volvió a tomar declaración y poco después le obligó a abonar 35 millones de euros en concepto de fianza que, en caso de no ser pagados, conllevarían el embargo de los bienes del investigado.
Sin embargo, el magistrado no se ha sentido cómodo. Según informa Europa Press, ha presentado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que solicita amparo al ver afectada su independencia por determinadas informaciones publicadas precisamente en el diario 'Canarias Ahora'. El asunto será estudiado en una próxima reunión de la comisión permanente de este órgano. La concesión de amparo a un juez está regulada en el artículo 14.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que "los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial".
La causa contra el propietario de Seguridad Integral Canaria se inició en 2014 a raíz de una denuncia interpuesta por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (USO), bajo la dirección letrada del despacho ADR Abogados. La acción ante los tribunales de esta organización sindical también ha provocado la apertura de una causa por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte de Lemos contra otra empresa de seguridad. En este último caso, se trata de Alcor, la mercantil responsable de vigilar las obras del AVE de Madrid a Galicia y de la Y vasca, a la que el mencionado juzgado le imputa hasta ocho delitos.
En concreto, esta última sociedad está siendo investigada por blanqueo, fraude a la Seguridad Social, falsedad documental, revelación de secretos, simulación de contratos, alzamiento de bienes, estafa, tráfico de influencias o delitos contra los derechos de los trabajadores. En relación con este último, los empleados de Alcor denunciaron ante el juzgado que la compañía les obligaba a estar trabajando durante 15 días seguidos en jornadas de 24 horas pasando las noches en una caseta de obra que no cumplía las mínimas condiciones de higiene.
