Hasta el nombre con el que solemos conocerlos suena despectivo. “Segurata”, en lugar de guardia o vigilante de seguridad, ha expresado hoy la representante del Cuerpo Nacional de Policía Nacional, Rocío Moreno en el Especial Seguridad Privada que ha realizado El Magacín de Onda Fuerteventura. Se trata, sin ninguna duda, de uno de los sectores profesionales que peores condiciones laborales está sufriendo en Fuerteventura, en la que trabajan más de 400 profesionales en multitud de empresas, “muchas de ellas ‘piratas’, inclumpiendo el convenio y descontando a cada trabajador más de 500 euros mensuales”, aseveró Juan Díaz, representante de Unión Sindical Canaria, ” lo sorprendente es que empresas como Seguridad Integral Canaria contratan con la Administración pese a sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
Fuerteventura cuenta con 400 vigilantes de seguridad de los cuales se estima que 200 trabajan de forma regular para “empresas piratas” que pese a estar dadas de alta y abonar sus impuestos, incumplen derechos laborales hasta el punto de que “hay sentencias judiciales firmes que conllevarán el pronto ingreso en prisión de algunos de los dirigentes de las empresas aludidas y porque se han detectado extorsiones y amenazas contra responsables sindicales enfrentados a las empresas piratas y propulsores de actuaciones judiciales, al cometer delitos referentes a la Seguridad Social y la Hacienda Pública”, señalaron los trabajadores. Desde los sindicatos se preguntan cuántas inspecciones ha llevado a cabo el Ministerio del Interior para verificar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas de seguridad privada desde que firmaron sus contratos con las administraciones públicas.
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El Especial Seguridad Privada en Fuerteventura ha contado con la participación de Raquel Barroso, vigilante de Seguridad en Aeropuerto de Fuerteventura, Rocío Moreno, responsable de Seguridad Privada en el Cuerpo de la Policía Nacional, Gerardo Yañez, vigilante de Seguridad en Palacio de Formación y Congresos y Juan Díaz, representante de Unión Sindical Canaria.
Los protagonistas, acompañados de otros trabajadores que han preferido mantener su identidad de forma anónima por miedo a futuras presiones de las empresas, han enfocado la situación de la seguridad privada en España, y la diferencia entre las empresas de indudable profesionalidad y las que han proliferado en los últimos años, poco respetuosas con los derechos de sus trabajadores e incumplidoras de sus obligaciones fiscales y tributarias. Es un hecho general que sin estar al corriente de esos pagos contratar con las administraciones públicas resulta imposible, “pero esa imposibilidad se ha demostrado que en absoluto es cortapisa de existir la conexión adecuada cuando la gestión corresponde a gobiernos que no auditan a las empresas concesionarias del servicio como viene ocurriendo con los vigilantes de seguridad que desempeñan su función en varias instituciones de Fuerteventura”, señaló Juan Díaz.
