Dos tenientes coroneles de Intendencia del Ejército Tierra han sido detenidos por su presunta implicación en un caso de corrupción en la adjudicación de contratos del Ministerio de Defensa. Las detenciones fueron ordenadas el pasado día 28 por el Juzgado Togado Militar Central número 2, que investiga un presunto delito contra la hacienda militar, que el Código Penal Militar castiga con penas de hasta seis años de cárcel.
Según fuentes conocedoras de la investigación, los dos mandos militares habrían solicitado el pago de comisiones a contratistas del Ministerio de Defensa a cambio de su “asesoramiento” en la licitación de contratos.
El juez ha decretado el ingreso en prisión preventiva de ambos oficiales en la cárcel militar de Alcalá de Henares (Madrid).
Además de su ordenar su detención, el juez autorizó el registro de sus despachos profesionales, en el Cuartel General del Ejército y en la Escuela Politécnica Superior del Ejército, en las calles Prim y Joaquín Costa de Madrid, respectivamente.
Aunque el primero s estaba destinado en la actualidad en el Estado Mayor de Tierra, los hechos de los que se le acusa estarían relacionados con su anterior estapa en la Subdirección de Contratación de Defensa, dependiente de la Dirección General de Asuntos Económicos, encuadrada de la Secretaría de Estado de Defensa.
El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argulles, es el máximo responsable de los llamados Programas Especiales de Armamemnto (PEAS), los grandes sistemas de armas que han servido en los últimos años para modernizar las Fuerzas Armadas y cuyo coste total alcanza los 30.000 millones de euros. Fuentes de Defensa aseguran, no obstante, que los contraros que se investigan no afectan a la contratación de armamento sino de servicios y suministros, que también gestiona la Secretaría de Estado.
En los últimos años se ha producido un proceso de centralización de los priocesos de contratación de Defensa, que han pasado de estar gestionados por los cuarteles generales de los ejércitos a ser dirigidos desde la Secretaría de Estado. Precismante, en la calle Joaquín Costa, donde se practicó un registro, están las oficinas de los programas de armas del Ejército —como el helicóptero de combate Tigre—, que han pasado del Estado Mayor a Secretaría de Estado de Defensa.
Según fuentes del departamento que dirige Pedro Morenés, las irrgegularidades fueron descubiertas en una investigación interna del Ministerio y denunciadas, en enero pasado, a la Fiscalía Militar por la subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud. La detención de los dos mandos militares y el registro de sus despechos los realizó la unidad de la Guardia Civil adscrita al Juzgado Militar.
Un portavoz del Ministerio de Defensa evitó comentar cuaquier aspecto de la investigación alegando que el juez ha decretado el secreto de sumario.Son numerosos los procesos por delitos contra la hacienda militar que se instruyen en los juzgados militares, pero es un hecho excepcional que se ordene la detención de los acuados, lo que las fuentes consultadas atribuyen a la gravedad de los hechos que se les imputan o al temor de que se puedan destruir pruebas. Las mismas fuentes insistieron en que la investigación no está concluida, por lo que no puede descartarse que se produzcan nuevas detenciones.
Las claves del caso
- El Juzgado Togado Militar Central nº 2 ha ordenado la detención de dos tenientes coroneles de Intendencia y el registro de sus despachos.
- Se les imputa un delito contra la hacienda militar (castigado con hasta seis años de cárcel) por pedir comisiones a contratistas a cambio de asesorarles en la licitación de contratos del Ministerio de Defensa.
