Dos mandos están acusados de cobrar comisiones por la adjudicación de concursos
El titular del Juzgado Togado Militar Central número 2 ha imputado “provisionalmente” por cohecho a una docena de empresas, con sus correspondientes responsables, contratistas del Ministerio de Defensa, al que prestan servicios en áreas como seguridad privada, pólizas de seguro, alimentación o limpieza. Todas las empresas tuvieron relación con los tenientes coroneles C. P. R. y E.R.R., destinados en la Dirección de Asuntos Económicos de Defensa y el Cuartel General del Ejército, respectivamente, que fueron detenidos el pasado 28 de abril.
La Guardia Civil bautizó con el nombre de KPanda la investigación a los dos mandos militares, que incluyó intervenciones telefónicas, control de cuentas bancarias y seguimiento de sus comidas en lujosos restaurantes de Madrid con directivos de empresas contratistas de Defensa. La detención de los dos mandos causó un considerable revuelo, ya que el juez ordenó el registro de sus despachos oficiales en la sede central del ministerio y en el Cuartel General del Ejército.
Firmas imputadas:
Ucalsa
Seguridad Integral Canaria
Galilea Soluciones S.L.
Ariete
Proman
Willis Ibérica
Beyond Soluciones y Servicios S.L.
TRC Informática S.L.
Grupo Olmata
Cleanet
RMC JIT S.L.
Tecnove S.L.
Clece
Ante el juez, el teniente coronel E. R. R. admitió que asesoraba a empresas contratistas de Defensa, preparándoles documentación administrativa y avisándoles de cuándo se iba a convocar algún concurso. A cambio, recibía contraprestaciones en metálico o en forma de invitaciones a partidos de fútbol y tenis o corridas de toros. También reconoció haber recibido una transferencia de 20.000 euros de Ucalasa (Unión Castellana de Alimentación), que utilizó para pagar en parte un vehículo Audi A5. Aunque aseguró que se trataba de un préstamo, no se formalizó en ningún documento ni se declaró a Hacienda. Igualmente admitió haber recibido 5.000 euros de Seguridad Integral Canaria, 6.500 de la empresa de limpieza Cleanet y otros 2.000 de la compañía de seguridad Ariete. Además, un hijo suyo trabaja desde hace pocos meses para Proman, adjudicataria de unos 70 contratos de Defensa.
El teniente coronel insistió en que, aunque es secretario de la Junta de Contratación del Ejército, no tiene poder decisorio. Y aseguró que su asesoramiento a las empresas era conocido y consentido por sus jefes. El dinero que recibía por ello, según dijo, lo guardaba en una caja fuerte y 11.800 euros los gastó en reformar una casa de su propiedad.
Por su parte, el también teniente coronel C. P. R., destinado en la Subdirección de Contratación de Defensa, se negó a declarar ante el juez, escudándose en el carácter secreto del sumario. Su compañero, sin embargo, confesó que ambos “iban al 50%” y agregó que, aunque C. P, R. tampoco tenía poder para adjudicar contratos, era el encargado de gestionarlos y vigilar su cumplimiento una vez firmados. También un hijo de C. P. R. trabaja para una empresa que suministra a Defensa: Ucalsa.
En un control policial rutinario, a la salida de una comida con directivos de Proman, se encontraron a E. R. R. dos sobres con 2.000 euros cada uno; mientras que en el registro de la casa de C. P. R. se incautó un reloj de 2.870 euros comprado por Tecnove. Los dos mandos militares no han sido los únicos arrestados. El pasado 3 de mayo fueron detenidos tres directivos de empresas contratistas con Defensa —M. R. A., de UCALSA; y A. C. A. y L. B.M., de Proman—, aunque quedaron en libertad tras prestar declaración.
Finalmente, el juez ha citado como imputadas a una docena de empresas, aunque reconoce que los indicios contra algunas de ellas son escasos. No es el caso de Ucalsa o de los dos mandos militares, que siguen en prisión por un delito contra la Hacienda Militar, penado con hasta seis años. El defensor de uno de ellos, Antonio Suárez-Valdés, sostiene que no tenían posibilidad de dar contratos, ya que se adjudicaban por subasta electrónica, y solo han podido incurrir en incompatibilidad administrativa por asesorar a las empresas.
Un chivatazo confidencial
M. G.
La investigación se inició en noviembre pasado, después de que en la Dirección General de Asuntos Económicos de Defensa se recibiese una “información confidencial de una fuente fiable”, según la cual dos tenientes coroneles “estaban pidiendo comisiones a empresas relacionadas con expedientes de contratación” del ministerio.
La subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud, trasladó la denuncia a la fiscalía castrense, que ordenó investigar a la Guardia Civil. Las sospechas se vieron corroboradas por la declaración de un responsable de Seguridad Integral Canaria, quien aseguró que los dos tenientes coroneles le habían pedido un pago mensual “por la contratación de su empresa en el Ministerio de Defensa” y aportó la grabación de una comida con ellos.
Finalmente, en marzo pasado, la Fiscalía presentó una denuncia ante la Justicia militar. La causa fue declarada secreta y los dos tenientes coroneles fueron detenidos el 28 de abril. El juez ordenó prisión incomunicada.
