Varias empresas aseguran que la Junta cambió las condiciones del concurso, de 20 millones de euros, después de que se hubieran presentado las ofertas
La Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dirime desde el pasado mes de julio otro caso de posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato millonario por parte de la Junta de Andalucía. Concretamente, el pleito afecta a la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad de los hospitales de la provincia de Sevilla, que fue formalizada el pasado 15 de mayo con la UTE compuesta por Vigilancia Integrada y V2 Complementos Auxiliares, ambas pertenecientes a la Once. La cantidad de licitación es de 19 millones de euros y el plazo de prestación de servicios se fija en 24 meses. Pero varias empresas que participaron en el concurso denunciaron en julio de 2014 que varias de las claúsulas del pliego se modificaron después del cierre de presentación de las ofertas, cuestión que habría beneficiado a la ganadora, y que la valoración de los técnicos que conformaban la mesa de contratación les restó puntos.
La primera empresa en alertar de estas presuntas irregularidades fueEulen, que presentó alegaciones ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta en julio de 2014, sólo unos días después de la resolución del concurso. Eso provocó que el 6 de agosto del año pasado el citado Tribunal acordara la suspensión cautelar de esta adjudicación y abriera un plazo de cinco días a los demás licitadores para que se sumaran a las alegaciones. Y lo hizoSecuritas, una de las compañías más fuertes del sector a nivel nacional. Esta empresa sostiene que la UTE ganadora sólo propone en el apartado del concurso en el que se indican las medidas de seguridad adicionales aportadas por cada licitante la puesta en marcha de cien videocámaras «sin especificar en qué centros serán instaladas, tal y como se exige en los pliegos, por lo que ni tan siquiera deben ser valoradas». Sin embargo, a pesar de que otras empresas participantes sí cumplieron este requisito y ofertaron más unidades, recibieron peor puntuación.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de la propia Junta resolvió que lo que pretendían las empresas denunciantes «no puede prevalecer sobre el criterio de un órgano técnico especializado, integrado por un equipo multidisciplinar de nueve miembros con experiencia en el sector de la vigilancia y seguridad al que se presume imparcial». Por ello, en una resolución dictada el pasado 28 de abril este organismo acordó desestimar el recurso y dar por finalizada la vía administrativa. La Junta firmó el contrato sólo dos semanas después. Pero las empresas recurrentes no se conformaron y Securitas llevó el caso a los tribunales el pasado 1 de junio.
La Consejería de Salud aseguró ayer a este periódico que «la adjudicación de este servicio de vigilancia a la empresa Ilunion ha seguido de manera escrupulosa el procedimiento administrativo y se ha garantizado, en todo momento, los criterios de transparencia y publicidad, garantizando la competencia entre las distintas empresas». A esto añade que «este procedimiento ha contado además con la garantía del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que ha desestimado los recursos impuestos por las empresas no adjudicatarias. El Tribunal no ha observado ninguna incidencia en la tramitación del expediente». Y defiende que «el hecho de que una de las empresas no adjudicatarias anuncie ahora la interposición de un recurso contencioso administrativo es algo que establece como posibilidad la normativa de contratación y que, por tanto, respetamos». Los tribunales decidirán.
