A pesar de que los datos fueron negativos, mejoran significativamente las previsiones de la organización, que en su informe de 2013 preveía un descenso de la facturación de un 2 por ciento.
La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) ha publicado su informe "El sector de la seguridad privada en España en 2014", que recoge los datos del sector en nuestro país correspondientes al ejercicio económico 2014. Las cifras muestran una disminución en la facturación total del sector de un 0,24 por ciento con respecto al ejercicio anterior y una caída acumulada del 24,08 por ciento desde el año 2009.
A pesar de que los datos fueron negativos, mejoran significativamente las previsiones de la organización, que en su informe de 2013 preveía un descenso de la facturación de un 2 por ciento. La caída de los ingresos ese año fue de algo más del 5 por ciento con respecto a 2012, lo que refleja una moderación en la evolución negativa que sufre el sector desde hace seis años. De hecho, las previsiones de APROSER apuntan a un crecimiento del 1,25 por ciento en 2015.
En 2014 el sector facturó 3.384 millones de euros, de los cuales 2.121 millones procedieron del área de vigilancia, que registró una caída del 1,77%. La siguiente área con más facturación fue Sistemas y Alarmas, con un total de 973 millones y un incremento del 3,56 por ciento respecto a 2013, y Transporte de Fondos, que facturó 290 millones, lo que supuso un descenso del 1,11 por ciento. Pese a que se espera que el sector pueda estabilizarse e, incluso, comenzar una leve recuperación, en lo que respecta al área de vigilancia APROSER mantiene las previsiones negativas de cierre.
Los datos de la asociación hacen referencia, a su vez, a la procedencia de negocio, de la cual afirman que “se mantiene en la misma línea de años anteriores”. El 18 por ciento de la facturación proveniente del sector público y el resto del sector privado.
De la facturación procedente de las Administraciones Públicas, el 43 por ciento corresponde a contrataciones realizadas por empresas públicas, el 29 por ciento de la Administración Estatal, el 15 por ciento de la autonómica y el 13 por ciento de la local. Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid es la que más factura (27,16%), por delante de Cataluña (16,66%) y Andalucía (14,70%).
Empresas
Por otro lado, en 2014 existían un total de 1.539 empresas de seguridad privada en España, según los datos recogidos en el informe. La asociación añade que de ese total 1.304 fueron habilitadas por el Ministerio de Interior, 200 por la Generalitat de Cataluña y 35 por el Gobierno Vasco. El 85 por ciento de estas empresas, atendiendo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, cuenta con menos de 50 trabajadores, frente a un corto porcentaje (0,25%) de empresas de 5.000 o más asalariados, datos que, según Aproser, no hacen más que reflejar “la atomización del sector”.
En el ranking de empresas por actividad se sitúa a la cabeza ‘Instalación y Mantenimiento’, con 1.227 empresas, seguido por ‘Vigilancia y Protección’, con 418, y ‘Central de Alarmas’, con 158.
El informe también recoge los datos referidos a los trabajadores del sector. En 2014 había en España 75.650 vigilantes en activo, con una media de edad de 43 años. El 87 por ciento de estos vigilantes son hombres y el 13 por ciento que resta son mujeres. En cuanto al nivel de formación de éstos, predominan la enseñanza obligatoria (46%) y la formación profesional y el bachillerato (45%), frente a unos porcentajes menores de licenciados (6%) y diplomados (3%). Los contratos en el sector son en su mayoría indefinidos (84%).
APROSER ha querido contemplar también algunos datos europeos, en concreto el ratio de fuerzas de seguridad privada en Europa, que es de un vigilante de seguridad por cada 264 habitantes. En España, sin embargo, este ratio es de uno por cada 614 ciudadanos, mientras que el ratio de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en nuestro país es de uno por cada 192 habitantes.
Por último, la patronal señala como principales amenazas para el sector la competencia desleal, el intrusismo, los bajos precios de licitación, la escasa rentabilidad y la inseguridad jurídica.
