La demanda de drones en Galicia ya genera mercado para 25 operadores.
Por ahora, y a pesar de la normativa en vigor tan limitada, el negocio ya ha despegado con fuerza en Galicia. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) tiene registrados y homologados 25 operadores de drones de menos de 25 kilos (peso estándar de los aparatos para uso civil) en la comunidad gallega, 15 en los últimos 7 meses, y eso pese a que solo ha transcurrido un año desde que se aprobó la primera regulación. A Coruña es la provincia que tiene más autorizaciones (12), seguida de Pontevedra (6), Lugo (5) y Ourense (2).
En el conjunto de España, el número de empresas operadoras de drones se eleva a 386.
Nacieron como tecnología de uso militar para misiones espía, pero el verdadero potencial de negocio de los drones se está descubriendo en el ámbito civil. Explicado de un modo sencillo, los drones son vehículos aéreos no tripulados, equipados con cámaras y sensores, que forman parte ya del equipamiento imprescindible de constructoras de grandes infraestructuras, petroleras o empresas de telecomunicaciones; y prestan apoyo a la investigación científica o a misiones de vigilancia y rescate.
Pero eso no es más que una pequeña parte de lo que podrán hacer antes de que termine el año, cuando el Gobierno apruebe un real decreto que levantará el veto para que los drones vuelen en núcleos urbanos e incluso fuera del alcance de la vista del piloto.
Ese será el pistoletazo de salida definitivo de este nuevo sector a un mercado de dimensiones incalculables. Uno de los últimos informes de la UE calcula que en el 2050 se crearán 150.000 puestos de trabajo relacionados con los drones en Europa.
Apuesta de futuro
Pero en el caso de Galicia, además de la nueva normativa, el crecimiento exponencial de este negocio se explica también por la apuesta que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), organismo dependiente del Ministerio de Defensa, ha hecho por la comunidad, al fijar en Lugo la base del Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas (CIAR), presupuestado en 10 millones, a los que la Xunta prevé inyectar 45 más hasta el 2020. En la nómina de futuros socios tecnológicos figuran Airbus, Boeing Indra, Inaer, Thales o Unión temporal de empresas UAV-Galicia. «Funcionará como un polo tecnológico y de creación de riqueza, porque va a potenciar el asentamiento de empresas en su entorno», afirman fuentes del INTA.
Pero, ¿dónde está el verdadero negocio? ¿En la fabricación de los aparatos o en la prestación de servicios? «Es posible que los organismos oficiales adquieran los aparatos, pero el verdadero negocio estará en la prestación de servicios, que abarca muchos ámbitos, más allá de las conocidas funciones de vigilancia y seguridad», explican fuentes del Aerpas, la incipiente patronal del sector. Arquitectura, diseño, transporte…
Fomento avisa de que incumplir las normas de vuelo conlleva sanciones de 225.000 euros
El desarrollo del sector de los drones también se ha visto acompañado de un incremento de las irregularidades en su uso. La normativa actual establece que los aparatos no tripulados no pueden volar en zonas urbanas ni cerca de aeródromos, helipuertos o sobre aglomeraciones de personas (como playas o conciertos). Pero esas reglas no siempre se cumplen. En año y medio, AESA ha tramitado 75 propuestas de expedientes sancionadores: 13 en el 2014, y el resto en los primeros seis meses del 2015.
La mayor parte han sido por el uso irregular de drones en zonas urbanas y pobladas y sobre aglomeraciones de personas, infracciones que pueden suponer multas de hasta 225.000 euros, según explica este departamento dependiente del Ministerio de Fomento.
Mientras la legislación española pone barreras al campo, la carrera por liderar el mercado mundial de drones, que movió el pasado año 15,2 millones de dólares, ya ha comenzado. En el 2020 facturará 1.270 millones, según un informe de Markets&Markets.
