Los escoltas se rebelan. Han estado décadas protegiendo a políticos y empresarios amenazados por ETA y ahora se sienten abandonados por ese Estado de derecho por el que se han jugado el tipo. El Gobierno prometió recolocarlos tras entender que no eran necesarios, porque la banda terrorista ya no suponía un riesgo, pero no ha cumplido su palabra. Los puestos que el Ejecutivo aseguró que les daría han sido ocupados por vigilantes privados, ubicados ahí por el dedo de las empresas de seguridad que ganaron el concurso secreto.
