Denuncia que funcionarios del Grupo de Seguridad Privada se llevaron de sus oficinas material informático y facturación pendiente por importe de cinco millones de euros.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Arona abre diligencias previas tras la querella criminal que por apropiación indebida presentó un empresario de Santiago del Teide contra funcionarios del Grupo de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Playa de las Américas.
El empresario sitúa los hechos en el 8 de agosto de 2011, asegurando en la denuncia que los policías precintaron la entrada a tres locales no abiertos al público "sin justificación alguna" y "sin la orden judicial". En dicha presunta actuación, los policías nacionales se habrían incautado de "documentación, material informático, efectos, bonos y facturación pendiente por valor de cinco millones de euros", nada de ello entregado en el Juzgado, según certificó la secretaria judicial.
El denunciante asegura en la querella que la intervención se produjo "mientras prestaba declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Arona". Además, la entrada, registro e incautación no fue informada al juez, se realizó "sin presencia del secretario judicial ni del querellante, llevándose todo lo que quisieron sin ningún control, disponiendo, utilizando y manipulando dichos enseres".
La génesis del caso está en los casos Rayo (2011) y Mangosta (2012). El primero se "vendió" como "la desarticulación de una red que se dedicaba al intrusismo en el Sur de Tenerife"; el segundo culminó con la detención de R.G.E.M., de origen venezolano, del que dijeron que había diseñado un cártel de sociedades al objeto de realizar labores de intrusismo en materia de seguridad privada, colocando al frente de las mismas a diversos testaferros que simulaban estar dirigiendo tales empresas.
Las diligencias previas abiertas contra el empresario fueron archivadas en dos ocasiones utilizándose en ambas "fotocopias no contrastadas por la secretaría judicial y teniendo los denunciados los originales". Tampoco entregaron (ni entonces ni aún) esos originales ni el equipamiento requisado, también certificado por la secretaria judicial. Con la misma documentación fotocopiada, el Juzgado Número 1 de Arona abrió procedimiento abreviado contra el querellante el 22 de octubre pasado, según la querella criminal. No se entregaron los originales ni la documentación probatoria que se llevó la policía de las oficinas, algo requerido en varias ocasiones por las partes.
Se da la circunstancia de que entre los efectivos policiales que aparecen en esta causa figuran nombres que también lo están en la que se sigue por las presuntas amenazas a Inocencio Doble, concejal del PSOE en Santiago del Teide, y en la denuncia del magistrado Nelson Díaz Frías, decano de los Juzgados de Arona, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informando de las maniobras de un agente y de un inspector jefe del CNP para desacreditarlo, separarlo de la carrera judicial y cambiarlo de destino.
