Los funcionarios califican de "absurda" la medida, que se aplica desde noviembre
L. Á. VEGA Guardas de seguridad de la UTE formada por Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinsa Alentis vigilan desde noviembre los accesos a la prisión de Villabona, dentro del programa que se viene desarrollando desde 2013 y que se ha extendido a la cárcel asturiana. Los vigilantes tienen también como misión el control de las cámaras. La vigilancia de los accesos se realiza además junto a guardias civiles, una duplicidad del servicio que tanto funcionarios como agentes consideran "un absurdo".
"No lo vemos necesario, es un gasto adicional sin sentido, sólo supone un beneficio para las empresas", indicó Joaquín Alonso, de ACAIP. Los funcionarios temen que haya realmente otras intenciones con esta medida y que sea el primer paso para una privatización de la seguridad.
Los guardias civiles tampoco comulgan con esta medida. "No tiene justificación y supone un gasto anual de 33 millones", señaló Ramón Rodríguez, secretario general de la Unión de Guardias Civiles (Unión-GC). "Con ese dinero se podría dotar a todos los guardias de un chaleco en condiciones", añadió. "No nos explicamos la medida, a menos que se quiera pagar favores inconfesables", sostiene esta organización. La medida pretendía dar una ocupación a los escoltas que habían quedado sin empleo con la distensión en el País Vasco. "No llega al 20 por ciento el número de escoltas en este servicio. Pelearemos por mantener cada puesto de los guardias en las prisiones", finalizó Rodríguez.
