Guardia Civil, Policía, funcionarios y escoltas critican el plan del Gobierno
Denuncian trato de favor hacia las empresas licitadoras
El Ejecutivo alega que las incorporaciones son 'refuerzo', no sustitución
GRÁFICO: La seguridad en los centros penitenciarios
El 'servicio de apoyo' se implantó primero en 21 cárceles y luego en las 67 dependientes de Interior. J. OLIVARES
En la prisión de Cáceres hay dos personas en un puesto exterior y ningún jurista. En Pamplona sólo disponían de un médico hasta hace unas semanas. En Albacete prácticamente no tenían ni para sillas nuevas. Son algunas situaciones precarias que contrastan con los más de 33 millones de euros presupuestados por el Gobierno para la segunda fase de la privatización de la seguridad exterior penitenciaria, que comenzó el pasado 1 de octubre. Guardia Civil, Policía, funcionarios y escoltas critican la contratación de vigilantes en las cárceles y denuncian trato de favor hacia las empresas licitadoras.
Silla de la garita en la prisión de La Torrecica.
"La privatización de la vigilancia exterior de los centros penitenciarios representa un dispendio económico enorme y sin ningún sentido, ya que supone duplicar un número de servicios que hasta ahora eran realizados por un agente público (policía o guardia civil) y ahora se realizarán por el mismo más el vigilante de la empresa privada", rechaza Juan Ángel Figueroa, vicepresidente nacional de ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias).
El sindicato se opone desde el inicio al proceso de privatización de la vigilancia perimetral promovido por el Ejecutivo a través de la Ley de Seguridad Privada, ya que "no responde al interés general a favor de la seguridad, sino que se hace para mejorar los beneficios de las empresas privadas. De todos es conocida la vinculación de personas importantes dentro del partido del Gobierno (PP) con empresas de ese ramo. Para ello no se ha dudado en modificar la Ley de Seguridad Ciudadana".
A 48 millones de euros asciende ya el presupuesto del 'servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios' contemplado en el nuevo marco legal (Ley 5/2014, de 4 de abril). 7.391.547,57 euros fueron desembolsados en un 'proyecto piloto' en 21 cárceles. Comenzó en mayo de 2013, empleó a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, acabó prolongándose ocho más. A ello se añaden los 33.387.743,03 euros invertidos en una segunda fase en las 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior el pasado 1 de octubre. Dicha fase, que se traducirá en 550 nuevas contrataciones, durará un año y podría ser prorrogada otros 12 meses.
En Europa
- Reino Unido
- Francia
- Precedentes
Se convirtió en 1992 en el primer país de Europa con prisiones administradas por empresas consignadas por el Estado. En la actualidad 14 cárceles de Inglaterra y Gales -de un total de 132- son explotadas mediante contrato, según datos del sindicato ACAIP.
También ha delegado en 40 centros (36% de la población reclusa) el mantenimiento de las instalaciones, la provisión de comida y las actividades de reinserción. No obstante, la limpieza, la seguridad interna y externa, los controles administrativos y la asistencia judicial y médica siguen en manos del Gobierno.
En España ya están subcontratados la limpieza de dependencias de funcionarios (interiores y exteriores), el catering de las comidas de los reclusos en algunos centros, el mantenimiento integral de las instalaciones y la asistencia sanitaria especializada.
Contra estas incorporaciones, quedesde el Gobierno se defienden como "refuerzo" y no como "sustitución", se posicionan no solamente los funcionarios de prisiones. También la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, profesionales que ven cómo las tareas derivadas de la vigilancia desde puestos fijos o garitas, el control de personas, vehículos y mercancías, y la observación y manejo de circuitos cerrados de televisión son asumidas por vigilantes.
Ello a pesar de que el artículo 63 del Reglamento Penitenciario especifica que "la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas". Además, temen que en una tercera fase se produzca la reducción de efectivos en algunos centros y el cambio forzoso de destino para los afectados.
"En principio el Gobierno esgrimió tres pretextos para llevar a cabo esta privatización: recolocación del personal de seguridad privada que prestaba servicio de escolta en el País Vasco y Navarra, reubicación de los guardias civiles y policías destinados en las prisiones en labores de seguridad ciudadana y ahorro económico", desgrana en nombre de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) Rafael Sánchez, quien califica ese primer argumento de "rotunda mentira".
"El número de ex escoltas que ha prestado servicio en el País Vasco y ha sido contratado por las empresas de seguridad en los 21 centros penitenciarios alcanzó la cifra de 95 personas, que sobre un total de 254 vigilantes representa un 37,40% del total. Porcentaje que se reduce al 10% en la segunda fase", saca la calculadora Figueroa.
Sindicatos como CSI-F y SUP critican la poca transparencia del Gobierno
Vicente de la Cruz, presidente de laAsociación Española de Escoltas(ASES), confirma que la presencia de guardaespaldas al otro lado de los tornos es "meramente testimonial" y matiza que tampoco existe entre la profesión "una demanda significativa" de los servicios ahora ofertados en la cárcel. "Los escoltas que protegían directamente a objetivos terroristas (unos 3.500) están en un 97% en situación de desempleo o han buscado opciones de autoempleo, a veces en otros sectores o en el extranjero, normalmente en zonas de riesgo. Un número significativo (unos 2.000) continúa prestando servicio activo en la clásica protección de ejecutivos, personalidades, etc.", hace balance.
No obstante, De la Cruz detecta entre sus colegas "cierta frustración", ya que "todos los partidos políticos a los que se prestó servicios de protección frente al terrorismo afirmaron públicamente la obligación moral de reconocer y premiar nuestra labor". "La realidad", prosigue en sintonía con Sánchez, "es que a quienes ha beneficiado este proceso ha sido a las empresas de seguridad que tenían asignados servicios de escolta en el País Vasco y Navarra, que como 'compensación' han obtenido estos contratos".
Interior defiende la 'optimización en la gestión'
La Secretaría de Estado de Seguridad aduce que "al inicio de este modelo el 40,6% de los vigilantes que prestaba servicio habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra, si bien la selección del personal para garantizar el servicio en los puestos contratados es competencia exclusiva de las empresas adjudicatarias, bajo criterios sometidos a la legislación propia sobre la materia, tanto en las nuevas incorporaciones como en la subrogación de los servicios que se venían prestando".
"Se ha hecho todo con un oscurantismo y falta de transparencia poco usual", enjuicia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) por boca de Adolfo Pérez la decisión del departamento de Francisco Martínez Vázquez de resolver la adjudicación de la vigilancia perimetral en el 'proyecto piloto' medianteprocedimiento negociado sin publicidad. Esto es, mediante invitación directa a empresas que ya trabajaban para la Administración, y no como concurso público abierto a otras compañías del sector. Se alegaron "circunstancias excepcionales" para la seguridad para justificar la elección de este formato.
"En los últimos años ha habido una disminución de la oferta pública de empleo en todo el ámbito de la Administración Pública. Esto ha obligado a hacer una mayor optimización en la gestión de los servicios de seguridad, entre los que se encuentra la vigilancia de los Centros Penitenciarios", expone la Secretaría de Estado de Seguridad. "El criterio de adjudicación previsto es el de la oferta económicamente más ventajosa para la Administración, por lo tanto han sido los licitadores que presentaron una mejor oferta los adjudicatarios del contrato".
En la segunda fase, la UTE (Unión Temporal de Empresas) constituida por Ombuds, Eulen, Prosetecnisa, Sabico, Garda, Vinsa y Casesa se adjudicó el Lote 1 (prisiones de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, con un coste de 9.853.429,59 euros) ofertado por Interior en la mesa de contratación celebrada el 30 de julio de 2014.
Securitas obtuvo el Lote 2 (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, con un coste 8.551.283,55 euros), mientras queOmbuds en solitario presentó la propuesta más ventajosa en relación al Lote 3 (Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, con un coste de7.671.805,51 euros) y la UTE formada por Coviar y Segur Ibérica se hizo con el Lote 4 (Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, con un coste de 7.311.224,38 euros).
Grado de formación y principio de autoridad
Pérez, presidente nacional del sector de prisiones de CSI-F, califica el proceso de privatización de "pelotazo" y lo compara con el "'ladrillazo' penitenciario de la época socialista". Figueroa se pronuncia con la contundencia de los datos y habla abiertamente de "lucrativo negocio" para las licitadoras. "El costo por vigilante rondará los 30.000 euros al año", advierte. ACAIP cifra en 3.200 euros al mes el costo por vigilante en la fase piloto y en 2.200 ya en la segunda.
Una cantidad que "sigue estando muy alejada" de los 1.100 euros del salario medio de un funcionario de prisiones (subgrupo A1) o de los 1.600 de una agente de Policía Nacional. "La experiencia piloto deja claro que el margen de las compañías estaría en torno a los 1.850 euros al mes por trabajador, una forma de compensar la pérdida del sector de escoltas, cuyo coste para el Estado era superior a los 5.000 euros al mes por efectivo", zanja el representante sindical. Y remacha: "Vemos con indignación cómo el Ministerio del Interior paga cuatro veces más las noches a los vigilantes que a los funcionarios".
Desde la AUGC también se hace hincapié en que la "excusa" económica es "la más burda de las tres". "Teniendo en cuenta que las FFCCSE siguen en los centros penitenciarios, resulta obvio que no ha habido un ahorro para las arcas públicas, sino todo lo contrario: un derroche escandaloso e innecesario del dinero público con el único fin de beneficiar a las empresas de seguridad privada", subraya Sánchez.
Preocupación con matices transmite el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que reclama al proceso "transparencia y legalidad". "No estamos de acuerdo en la privatización de la seguridad pública, pero dicho esto es preciso aclarar que dentro del servicio prestado por el CNP en los centros penitenciarios existen labores en las que la seguridad privada sí tiene cabida", tercia el portavoz Javier Estévez. Para ello, habría que "marcar unas pautas de trabajo y una definición de funciones que a día de hoy no han sido fijadas como deberían" y "establecer un número mínimo de funcionarios en esas labores, que habría de marcarse centro por centro".
ACAIP lamenta que las prisiones españolas carezcan de "un adecuado mantenimiento y conservación" y se queja de la "cada vez más agravante falta de personal" en los centros. "El Gobierno sí tiene dinero para una Oferta de Empleo Privada de 800 vigilantes mientras la Oferta de Empleo Público para Instituciones Penitenciarias en los tres años de legislatura del PP ha sido de 85 empleados. Con los 33 millones se podría haber contratado o dotado de más funcionarios de prisiones en el mismo periodo temporal. Es decir, a la Administración le hubiera resultado más barato un funcionario de prisiones que un vigilante privado, con las más que evidentes diferencias formativas y de preparación a nuestro favor", insiste Figueroa.
Antonio Duarte, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), defiende el grado de formación de sus representados y apunta que los candidatos deben superar "20 horas anuales" de formación obligatoria y un curso de especialización en Seguridad en Instituciones Penitenciarias. "Venimos haciendo estas mismas funciones en centros similares, como los de menores con medidas judiciales o los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes), pone en valor Duarte el desempeño del colectivo.
CSI-F alerta no tanto sobre la capacitación como sobre la confianza hacia los nuevos contratados. "Puede haber gente que ha estado guardando discotecas, que a lo peor ha tenido contacto con bandas organizadas. Y además hay otra cosa que es muy importante de cara a la población reclusa: el principio de autoridad. No es lo mismo un guardia o un funcionario que un civil".
'Duplicidad de funciones manifiestamente inútil'
- Tomás Torrego (Secretario General SUP Segovia)
- Desde el pasado 1 de octubre la empresa Securitas Seguridad España trabaja en la vigilancia perimetral en el centro penitenciario de Segovia-Torredondo, relevando a miembros del Cuerpo Nacional de Policía en el desarrollo de algunas funciones.
"Tras estos meses de experiencia no ha supuesto ninguna mejorael servicio prestado en dicho centro, sino que además supone en algunos casos una duplicidad de funciones manifiestamente inútil", señala Torrego, quien subraya que en el puesto antes ocupado por un policía ahora hay un vigilante supervisado por un agente "debido a la sensibilidad" de dicho cometido.
Segovia-Torredondo es el único centro de Castilla y León bajo control del Cuerpo Nacional de Policía. En torno al 15% de la plantilla de la Comisaría local desarrolla funciones relacionadas con la seguridad del centro penitenciario, como recorridos, conducciones y custodios de los internos. Pese a la incorporación de los vigilantes "no ha habido una recuperación proporcional de efectivos", enfatiza Torrego.
El secretario general del SUP Segovia teme que en los próximos años la plantilla "pueda verse mermada drásticamente al no convocar la Dirección General de la Policía plazas vacantes si se utilizara la falsa regla de que un vigilante se hace cargo de la tarea de un policía en el centro penitenciario".
'Falta de transparencia y de respeto'
- Agustín Clemente (Secretario General AUGC Albacete)
- La vigilancia exterior de la prisión albaceteña de La Torrecica, como la del resto de centros penitenciarios de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, fue asignada a la empresa Ombuds. La llegada de personal externo ha provocado que el número de guardias civiles que prestan servicio haya pasado de cinco a tres.
Clemente se hace eco de un "malestar importante" en el Cuerpo y detecta "menosprecio" por parte del Ministerio del Interior. "Durante años hemos realizado este servicio, muchas veces en condiciones lamentables y sin ningún incentivo económico y ahora vemos cómo una empresa privada gana dinero. Por supuesto, a costa de sus trabajadores (21 vigilantes), que cobran una miseria por hacer aproximadamente 220 horas al mes, alrededor de 60 extra, para percibir un sueldo de 1.300 euros, quedando para la empresa una ganancia en torno a los 600-800".
"Y todo esto para reforzar y complementar un servicio que era el adecuado y eficaz; ésta era la respuesta cuando solicitábamos mejoras", denuncia la paradoja. El secretario general de AUGC Albacete muestra su preocupación por qué en la tercera fase del proceso de privatización el Cuerpo deje de prestar servicio en la prisión. "Vemos cómo se impone la falta de transparencia y de respeto. Mientras a nosotros se nos niega el pan y la sal, para otros sí que hay recursos", concluye.
