La Fiscalía Provincial de Huelva ha pedido la revocación de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva que condenó al vigilante de seguridad del edificio de la Aduana de Huelva por el robo de una tonelada de hachís en las citadas instalaciones durante la Nochevieja de 2012 coincidiendo con las campanadas de Año Nuevo, y absolvió a los once restantes.
Durante la vista celebrada este martes en la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva para abordar este recurso de apelación de esta parte, la fiscal del caso ha asegurado entender la dificultad de revocar una sentencia pero cree que "se dan las circunstancias" para ello.
En este sentido, ha recordado que el tribunal dictó esta sentencia al entender que "las confesiones iniciales no eran suficientes para condenar si no van acompañadas de datos que lo corroboren", motivo por el que absolvió a once de los doce acusados. Sin embargo, en el caso del vigilante sí considera que sus declaraciones "se sustentan en datos externos que fundamentan su inicial confesión".
No obstante, a juicio de la fiscal, en el resto de los casos, es decir de los once absueltos, "sí se dan esos datos tal y como consta en la extensa prueba documental, principalmente en el estudio de las llamadas entrantes y salientes de la Udyco de la Policía Nacional de Huelva y Sevilla", prueba que "ha sido validada" por el juzgado de instancia.
Por ello, considera que "se debe ejecutar como válida esa prueba y enervar la presunción de inocencia de los absueltos" entendiendo que el tribunal "puede revocar la sentencia sin infringir los principios de oralidad y defensa".
Sobre las pruebas de ADN halladas en dos de los vehículos participantes en el robo, que fueron anuladas por el juez al entender que "no se habían tomado con las suficientes garantías", el fiscal cree que han de ser tenidas en cuenta.
Por todo ello, la Fiscalía pide que se revoque la sentencia con el fin de obtener una nueva que condene a los once acusados absueltos en las penas que esta parte solicitó en su escrito, unas penas que iban de los tres a los once años de cárcel.
Por su parte, Manuel Domínguez, el abogado del vigilante de seguridad, ha pedido una sentencia acorde a la real participación y punidad de su cliente en los hechos.
Domínguez cree que la sentencia tiene que ser revocada y que el juzgado dicte otra acorde con lo que realmente ha quedado probado, al basar su recurso en que ha habido "error en la apreciación de la prueba". De hecho, ha manifestado que su cliente ha sido condenado porque "había que condenar a alguien por estos hechos", así como que le tocó a su cliente porque "había que cubrir expediente" y ello a pesar de ser una persona que "desde el minuto cero de su posible participación en los hechos ha estado bajo coacciones y amenazas y que ha tenido una participación tan concreto como la que se ha podido comprobar".
Además, según ha remarcado, se le condena por un delito de robo con fuerza en las cosas, cuando en la sentencia "queda claramente demostrado que no se puede decir que él intervino físicamente en los hechos y él no estaba allí durante el robo".
Por todo ello, ha pedido una sentencia de conformidad que tenga en cuenta la correcta participación de su cliente en los hechos, que se le rebaje la condena, y que el tribunal considere las coacciones a las que ha estado sometido como atenuante.
Las defensas por su parte han pedido la confirmación de la sentencia al entender que ésta se ajusta a lo que se ha podido probar y por tanto la absolución de estas once personas.
Cabe recordar que el pasado mes de marzo el Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva absolvió a once de los doce acusados por este robo, condenando únicamente a este vigilante a cuatro años de cárcel. No obstante, lo absolvió, a su vez, de los delitos de hurto continuado y de otro contra la salud pública, que también pedía el Ministerio Fiscal en su acusación, al considerar que "no hay pruebas", y además contempla la atenuante de cooperación con la justicia.
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El tribunal aseguró en la sentencia que "no se ha acreditado" la participación de los acusados en los hechos descritos y señaló que aquella noche "un número no determinado de individuos cuyas identidades no se han precisado" entraron en las instalaciones de Aduana apoderándose de 950 kilos de hachís, una sustancia que no fue recuperada.
Durante el juicio siete de los 12 acusados --los demás se acogieron a su derecho a no declarar--, negaron los hechos y dos de ellos aseguraron que "se sintieron amenazados por la Policía para que firmaran la declaración". Finalmente, el vigilante de seguridad también se acogió a su derecho a no declarar.
