5 de marzo de 2015

Cuatro años de prisión para una madre y su hija por agredir al vigilante de un súper donde robaron

El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería ha condenado a dos años de prisión a una mujer y a otros dos a su hija acusadas de un delito de robo con violencia después de que ambas atacaran a la vigilante de seguridad de un supermercado quien trató de retenerlas al percatarse de que ambas trataban de abandonar el establecimiento sin abonar varios productos. 
El fallo, consultado por Europa Press, condena también a cada una de las acusadas a 12 días de vigilancia permanente y a la prohibición de acercarse a menos de 200 metros durante seis meses a la guarda jurado, a la que deberán indemnizar con 150 euros por las lesiones causadas. 
Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de enero cuando, sobre las 18,00 horas, ambas mujeres se dirigieron hasta la superficie comercial LIDL ubicada en el barrio de El Puche, donde cogieron varios productos que "ocultaron bajo sus ropas con la intención de no abonar su importe". 
No obstante, la vigilante de seguridad del supermercado se percató de la acción de ambas mujeres, a las que recriminó su actitud al tiempo que les indicaba que dejaran los objetos que trataban de llevarse. Pese a todo, las mujeres hicieron "caso omiso" de las advertencias y comenzaron a increpar a la vigilante, quien trató de retenerlas hasta la llegada de la policía. 
Al verse finalmente retenidas, las acusadas comenzaron a revolverse contra la vigilante, a la que empujaron y propinaron "diversos puñetazos y golpes" hasta que consiguieron huir con la mercancía, que finalmente no ha sido recuperada ni reclamada por el supermercado. 
Como consecuencia del ataque, la vigilante sufrió contusiones en la región cervical, interescapular y en hombro izquierdo que precisaron una sola asistencia facultativa. El juez acuerda la suspensión provisional de la pena bajo la condición de que las acusadas no vuelvan a delinquir en los próximos dos años.

Revista FSL Nº 139


Red Seguridad 68


Depósito de efectos en taquillas de centros comerciales

Consulta realizada por un particular sobre cuestiones relativas al acceso a Centros Comerciales y la obligatoriedad de depositar los efectos que portan los clientes, en taquillas con cerraduras.

CONSIDERACIONES
La consulta planteada, contiene cuestiones relativas al depósito obligatorio de efectos por disposición de los responsables del Centro Comercial, en taquillas que suelen estar ubicadas en la zona de acceso al Centro, al mismo tiempo señala que los vigilantes de seguridad llevan a cabo dicha función de manera selectiva, y que las referidas taquillas adolecen de seguridad para dejar efectos en su interior. También viene a considerar que existen otras alternativas más adecuadas y proporcionales, para evitar los hurtos, como puedan ser, conexión de alarmas, circuitos cerrados de televisión.
Ante las cuestiones planteadas, resulta procedente realizar un análisis de la normativa en materia de Seguridad Privada, por tanto, a tenor de lo recogido en el artículo 2.1 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, que define a la Seguridad Privada como:
“El conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, de forma voluntaria u obligatoria, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, realizadas o prestados por empresas de seguridad, despachos de detectives privados y personal de seguridad privada para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre personas y bienes, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades.”

Recogiendo en su artículo 32, las funciones de los vigilantes de seguridad, y entre las que se encuentran:
a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión.
b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La negativa a exhibir la identificación o a permitir el control de los objetos personales, de paquetería, mercancía o del vehículo facultará para impedir a los particulares el acceso o para ordenarles el abandono del inmueble o propiedad objeto de su protección.
c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto de su protección, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por razones humanitarias o de urgencia.
d) En relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a quienes cometan infracciones a administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a cualquier persona practicar la detención."
Una vez situadas las funciones de los vigilantes de seguridad, a tenor de lo recogido en la Ley 5/2014, y para una mayor ubicación de las cuestiones planteadas, se hace necesario indicar las funciones que la misma Ley de Seguridad Privada, en su artículo 35, establece entre otras, como función del Jefe de Seguridad:
“El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de la actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad privada; la organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada; la propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, y el control de su funcionamiento y mantenimiento, pudiendo validarlos provisionalmente hasta tanto se produzca la inspección y autorización, en su caso por la Administración; la supervisión de la observancia de la normativa en seguridad privada aplicable.”
Los principios rectores, recogidos en el artículo 8, del mismo texto legal, establecen en su apartado 1:
“Los servicios y funciones de seguridad privada se prestarán con respeto a la Constitución, a lo dispuesto en esta ley, especialmente en lo referente a los principios de actuación establecidos en el artículo 30, y al resto del ordenamiento jurídico.”

Continuando con los Principios de Actuación, el artículo 30 de la misma Ley 5/2014, recoge, entre otros, que:
“Además de lo establecido en el artículo 8, el personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los siguientes principios básicos:

a) Legalidad.
b) Integridad.
c) Dignidad en el ejercicio de sus funciones.
d) Corrección en el trato con los ciudadanos.
e) Congruencia, aplicando medidas de seguridad y de investigación proporcionadas y adecuadas a los riesgos.
f) Proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa y de investigación.
g) Reserva profesional sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones.

Para mayor abundamiento, la misma Ley 5/14, en su artículo 51, respecto a la adopción de medidas de seguridad, señala lo siguiente:
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán dotarse de medidas de seguridad privada dirigidas a la protección de personas y bienes y al aseguramiento del normal desarrollo de sus actividades personales o empresariales.
2. Reglamentariamente, con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos contra ellos o por generar riesgos directos para terceros o ser especialmente vulnerables, se determinarán los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios y los eventos que resulten obligados a adoptar medidas de seguridad, así como el tipo y características de las que deban implantar en cada caso.

En relación con los términos planteados en la consulta, y en atención a la legislación de Seguridad Privada, especialmente a lo dispuesto en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, se hace necesario precisar lo siguiente:
1º Las taquillas ubicadas en los accesos a los establecimientos comerciales, no son una medida de seguridad regulada en la normativa de Seguridad Privada, resultando, más bien un medio o actuación preventiva, de frecuente y ordinaria utilización por parte de los titulares de los establecimientos comerciales, normalmente adaptada a iniciativa de los responsables de seguridad, a fin de evitar posibles infracciones o posteriores molestias a los clientes.
2º Consecuentemente con la naturaleza de este tipo de prevenciones, su forma de utilización únicamente se encuentra sujeta al respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos, equilibradas con las lógicas garantías de seguridad, sin que en ningún caso puedan ser excusa o justificación de presunta vulneración de los mismos.
3º Para aquellas personas que no aceptan someterse a estas medidas no invasivas de derechos, en el uso de su libertad puedan optar por no acceder al establecimiento en cuestión, decisión esta que siempre quedara en el ámbito de la libertad de los potenciales clientes.
4º Por último, en cuanto a las subjetivas apreciaciones contenidas en el escrito de consulta, y con independencia del buen criterio profesional que, en principio, es predicable de las actuaciones generales de vigilantes, jefes y directores de seguridad, y sin entrar a valorar las calificaciones que se realizan sobre la dinámica de uso de dichas taquillas, únicamente recordar que, como profesionales de la seguridad privada, dichos vigilantes, jefes y directores resultan directamente responsables de sus concretas actuaciones cuando estas pueden alcanzar la calificación de arbitraria, desproporcionada o abusiva.

CONCLUSIONES
Del análisis de los preceptos citados, cabe concluir que:
Dentro de la función preventiva exigida al vigilante de seguridad por las leyes y conforme a los Principios de Actuación, ya indicados, éste debe llevar a cabo las comprobaciones que sean necesarias, atendiendo a las instrucciones que le sean impartidas por el Jefe de Seguridad o el Director de Seguridad del establecimiento, con el fin de evitar que a las instalaciones se acceda con útiles u objetos que puedan causar daños o desperfectos, o bien, que puedan servir para facilitar la sustracción de los bienes objeto de protección. Las personas que pretendan acceder al interior del establecimiento, quedarán informadas de los requisitos de acceso, y por tanto es optativo de la persona acceder al local, cumpliendo los requisitos, o por el contrario optar por no acceder, al no estar de acuerdo con someterse a los mismos.
Las taquillas a las que se aluden, y que normalmente se ubican en los accesos a las superficies comerciales, no se consideran medidas de seguridad, sino que son actuaciones preventivas que adopta el responsable de la seguridad del Centro Comercial, y que lo único que requieren es una utilización no contraria al marco legal aplicable.

News ADSI Flash nº 394


4 de marzo de 2015

Sentencia por modificación sustancial de las condiciones de trabajo contra Seguridad Integral Canaria en Metro-Madrid.


“Mujer es tu momento, decide ¡Participa!”


La USO demanda a Seguridad Integral Canaria.


Montes Neiro, exculpado del robo de joyas en El Corte Inglés de Puerto Banús

Los atracadores que se hicieron con el botín aceptan su implicación y se conforman con penas de entre cuatro y 8,5 años de cárcel
«Soy inocente», gritaba hace ya dos años cuando bajaba esposado del furgón policial que le trasladó a los juzgados de Marbella después de haber sido detenido en relación al robo millonario de joyas que se había producido unos meses antes en El Corte Inglés de Puerto Banús. Miguel Montes Neiro, conocido como el preso más antiguo de España por haber pasado 36 años de su vida tras las rejas, defendía entonces que no había participado de ninguna manera en los hechos, algo que fue finalmente corroborado ayer con la retirada de las acusaciones que le señalaban como presunto autor de un delito de receptación.
Fue durante el juicio que se celebró por el robo en el centro comercial, que pasará a la historia por ser uno de los que cuentan con uno de los botines más altos: 4,7 millones de euros en joyas y relojes. Montes Neiro llegaba «tranquilo» a la Ciudad de la Justicia, acompañado por su abogados y sus hermanas, que siempre han estado a su lado desde que fue arrestado.
Tras el robo en el centro comercial, los asaltantes debían colocar las más de 500 piezas sustraídas, y ahí es dónde se acusó a Montes Neiro de haber entrado en escena. La investigación policial apuntó que habrían contado con él para establecer una red de contactos de receptadores.
Pero esta acusación no duró mucho. Al menos por parte de la Fiscalía, que archivó la causa contra Montes Neiro. En cambio, los abogados de una de las joyerías afectadas por el robo y dos aseguradoras decidieron llevarle a juicio por un supuesto delito de receptación, ya que mantenían que había participado tras el golpe para darle salida al millonario botín.
Esta acusación se retiró ayer. Tanto los letrados de la joyería como los de las aseguradoras, que pedían para él penas de entre 12 y 16 meses de prisión, admitieron que Montes Neiro no participó en el robo y le exculparon de los cargos que le imputaban.
Tras pedirle que se pusiera en pie, el presidente de la sala le dijo que se marchase, ya que no estaba acusado. Tras él salieron sus familiares, con los que bromeaba diciendo que se iba a ir a El Corte Inglés de Puerto Banús.
A las puertas de la Ciudad de la Justicia, en la que aseguró no creer; Montes Neiro anunció que pedirá una indemnización por los perjuicios que ha sufrido estos dos últimos años al verse inmerso en este procedimiento. «Mi hija ha tenido que abandonar los estudios y nos hemos tenido que mudar a Granada», apuntó.
Montes Neiro no fue el único en acudir a juicio ayer por el robo de joyas de El Corte Inglés. Junto a él se encontraban los otros ocho procesados en este caso, entre los que estaban los cuatro principales acusados por el asalto al centro comercial.
Son los tres atracadores que entraron en el establecimiento haciéndose pasar por obreros y el vigilante de seguridad que estaba compinchado con ellos. Todos aceptaron su participación en los hechos, después de que sus abogados llegasen a un acuerdo con las otras partes.
Se les retiraron los cargos de detención ilegal, por lo que finalmente se acordaron para ellos penas de entre cuatro y ocho años y medio de prisión. Son unas condenas mucho más bajas de las que pedía en un primer momento la Fiscalía, que oscilaban entre 41 y 34 años de cárcel.
El resto de procesados estaban acusados de supuestos delitos de receptación. En el acuerdo alcanzado, se ha exculpado, al igual que a Montes Neiro, a uno de ellos, y se han establecido penas de entre seis y doce meses de prisión para los otros.
Es el final de un robo de película, en el que los atracadores se hicieron pasar por trabajadores para entrar. Ya en el interior del establecimiento, encañonaron al responsable y a otros dos miembros de seguridad, a los que exigieron las llaves de los mostradores de joyas y los discos duros donde se graban las imágenes de las cámaras de vigilancia.
Cubiertos con pasamontañas, maniataron y taparon la cabeza a los vigilantes y a otros tres trabajadores que estaban realizando obras en El Corte Inglés. Tras ello, forzaron los mostradores y se apoderaron de más de 4,7 millones de euros en joyas y relojes.

Interior apela a la confidencialidad para ocultar los contratos de vigilancia privada de las cárceles

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha apelado a la confidencialidad de los contratos para negar al Congreso de los Diputados la información sobre las condiciones que han de cumplir las empresas privadas de seguridad a las que ha adjudicado la vigilancia de las cárceles. La misma “confidencialidad” que la derecha política reprocha al profesor y dirigente de PodemosJuan Carlos Monedero en sus contratos privados para realizar estudios e informes técnicos para clientes extranjeros le sirve ahora al Ejecutivo del PP para esquivar el control parlamentario sobre la privatización de la seguridad de las prisiones. La cuestión de fondo es que al menos una de las empresas se beneficia de las contratas carcelarias mientras despide a los trabajadores.
Los portavoces socialistas de Interior, Antonio Trevín, y de Justicia, Rosa Aguilar, se han visto burlados en su pretensión de obtener las cláusulas de los contratos de Interior con las empresas privadas de seguridad a las que se ha adjudicado la vigilancia del perímetro y las entradas de los centros penitenciarios, que hasta ahora realizaba la Guardia Civil. Interior ha extendido la confidencialidad a las llamadas “cláusulas administrativas particulares” en las que se recogen “los derechos y obligaciones de las partes”. No argumenta motivos de seguridad, sino “razones técnicas”, para fundamentar esa decisión en la que ahora se apoya para negar la información al Parlamento. También considera confidencial el pliego de condiciones técnicas que deben regir la realización de los servicios y los medios empleados en su ejecución.
De este modo, el ministro Fernández Díaz escamotea la petición de responsabilidades políticas ante los incumplimientos de las empresas. ¿Tenía la empresa Ombuds el compromiso de mantener el empleo con el nuevo cometido en las prisiones? El ministro no lo aclara. La entidad que preside Rodrigo Cortina López, hijo del exdirector de la Agrupación Operativa de los servicios secretos, juzgado y absuelto de su participación en el golpe de Estado del 23-F, es una de las más favorecidas por las adjudicaciones de Interior desde la primera fase del plan de privatización de la vigilancia de las cárceles. En concreto, Ombuds ha obtenido un tercio de los 33 millones de euros en juego, dedicados en 2014, a las contratas carcelarias.
De los cuatro lotes en los que se dividió el plan, la empresa de los Cortina obtuvo uno presupuestado en 7.671.805 euros y parte de otro, al que concurrió en unión temporal con Eulén y otras, por valor de 9.853.429,59 euros. Interior no aclara qué centros penitenciarios le adjudicó ni si la empresa ha cumplido sus compromisos. Los diputados sólo han podido saber a través de los representantes sindicales que en 2014 los jefes de Ombuds plantearon un Ere y echaron a 151 trabajadores a la calle.
Se da la circunstancia de que entre los argumentos que utilizó en su día el ministro Fernández Díaz para justificar su plan de privatización de la “seguridad exterior” de las prisiones figuraba la necesidad de mantener el empleo en las empresas de seguridad que daban servicio de escolta a los cargos públicos y dirigentes del PP amenazados por ETA. Ombuds figuraba entre las más solicitadas y beneficiadas, acaso por los antiguos vínculos de José Luis Cortina Prieto con el presidente fundador del PP, Manuel Fraga. En 2007 recibió de Interior, con el Gobierno del PSOE, más de 30 millones de los 90 destinados a aquel servicio específico de protección.
En el caso de esa empresa, que también presta el servicio de protección y vigilancia en el Metro de Madrid, el argumento del titular de Interior ha quedado en entredicho por el ERE y los despidos. Otras empresas beneficiadas para “salvar” el empleo, también han ajustado sus plantillas, aunque de forma menos traumática. No era sensibilidad social precisamente, sino afán de beneficio a costa de lo público lo que, como va quedando de relieve, latía tras el plan privatizador del ministro. Pero para evitar que le exijan responsabilidades políticas, he ahí su portazo a la transparencia.

La USO tumba el convenio de empresa de Magasegur.


Largas colas por los nuevos controles de los aeropuertos

Desde este uno de marzo, los controles de equipaje de mano en los aeropuertos se han complicado tras la aplicación de la normativa europea y eso está provocando importantes atascos. Si no era suficiente con el chequeo de líquidos, portátiles y otros artículos, ahora en los aeropuertos españoles revisarán también elementos como secadores de pelo, cámaras fotográficas o juguetes a pilas. Muchos de los que acudían al aeropuerto tras la puesta en marcha de las nueva normativa no estaban informados o se enfrentaban por primera vez a ello «no las conozco pero me voy a enterar ahora» aseguraba un hombre a punto de pasar el control. «Creo que va a ser un poco complicado» aseguraba una mujer ya que «revisan uno por uno». Esto está provocando importantes atascos dada la exhaustividad con la que se están aplicando las medidas «la seguridad me parece bien pero dentro de un límite, fíjate la cola que hay» se lamentaba una mujer que no estaba segura de si alcanzaría su vuelo.
Hay quien acepta, no obstante, la medida en favor de la seguridad «me parece muy bien» se mostraba rotunda una joven «porque así tenemos más seguridad». «Si es seguridad y está demostrado que hay que controlar esos objetos me parece bien» afirmaba un hombre a la cámara de ABC «independientemente de las colas». En otros aeropuertos del mundo, además, las medidas de seguridad pueden ser mucho mayores «yo he tenido que viajar mucho a Tel Aviv» contaba un hombre «allí tienen hasta tres controles de seguridad». Nuestro consejo, visto lo visto, es que vayan al aeropuerto con mucho tiempo, con mucho más tiempo todavía.

2 de marzo de 2015

DOSSIER DE NOTICIAS DE SEGURIDAD PRIVADA ”FEBRERO 2015”


Noticias Semanales de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 02 de Marzo de 2015.





















































Normalidad en los aeropuertos pese al mayor control de los equipajes de mano

Madrid, 1 mar (EFE).- La normalidad es total en los aeropuertos españoles en la primera jornada de refuerzo de la revisión de los equipajes de mano, en la que no se han producido incidentes ni retrasos, según han confirmado a EFE fuentes de Aena.
El gestor aeroportuario ha reforzado los equipos de seguridad que se ocupan de la revisión de equipajes, que son de obligado cumplimiento pues han sido fijados en Bruselas y que le supondrán a Aena un coste anual de 17 millones de euros.
Desde hoy, los pasajeros aéreos se han encontrado con una nueva inspección en su equipaje de mano que conlleva la extracción de todos los dispositivos electrónicos y eléctricos, para ser revisados por separado.
En principio, cualquier pasajero puede ser susceptible de ser sometido a esta inspección, que incluye aparatos electrónicos como cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, ordenadores o móviles, así como dispositivos eléctricos de gran tamaño como planchas, secadores, juguetes a pilas o maquinas de coser portátiles.
El gestor aeroportuario ha previsto un refuerzo de vigilantes de seguridad en los puntos de inspección del equipaje de mano.
El nuevo reglamento europeo señala que "datos recientes han demostrado que nuevos modelos de ocultación de artefactos explosivos improvisados están siendo desarrollados por terroristas, con el fin de contrarrestar las medidas de seguridad aérea existentes en relación con la inspección del equipaje de mano".

Solo el 19% de los escoltas ha sido recolocado tras perder su puesto

El Gobierno central dice que "no se estableció un compromiso específico" para recolocarles, "sino una declaración de intenciones"
Sólo un 19 por ciento de los escoltas privados que perdieron su puesto de trabajo en el País Vasco y Navarra a raíz del Plan del Ministerio del Interior para la reducción de protección han sido recolocados en la vigilancia de los perímetros exteriores de los centros penitenciarios una función que el Gobierno ha otorgado a las empresas privadas de seguridad en sustitución de la Guardia Civil.
"En la actualidad, 81 vigilantes que prestan servicios en apoyo a la seguridad en centros penitenciarios habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra", dice el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press. Esa cifra supone el 19 por ciento de los 424 escoltas privados que dejaron de prestar su servicio tras las puesta en marcha del plan de reducción iniciado en 2012.
Este plan tuvo varias fases y la primera de ellas fue precisamente la que afectó a las empresas de seguridad privada. En ese momento había 789 escoltas privados prestando seguridad en el País Vasco y Navarra a un total de 558. De esas cifras se pasó a 365 escoltas privados para proteger a 306 personas, es decir una reducción del 53,74 por ciento de efectivos.

EXPLICACIÓN DEL EJECUTIVO
El Gobierno explica que desde sus competencias "se promovieron iniciativas encaminadas a la recolocación de los escoltas que habían prestado servicio en el País Vasco y Navarra, como por ejemplo el plan de apoyo al servicio de vigilancia que prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los Centros Penitenciarios".
Pero admite que "no se estableció un compromiso específico" para recolocarles, "sino una declaración de intenciones de promover actuaciones encaminadas a facilitar su recolocación". Añaden como "prueba de ello" que en la fase inicial "de los 234 vigilantes contratados durante el plan piloto, más de un tercio habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra".
Además añaden que "en este sentido, conviene destacar la necesidad por parte de los escoltas de querer incorporarse a las empresas de seguridad como vigilantes, al ser éste un trabajo diferente al que venían desempeñando y, en muchos casos, en ámbitos geográficos distintos a donde residían".

Suso: "Miembros de la seguridad nos gritaron que somos de Segunda B"


El capitán del CD Tenerife Suso Santana atendió a El Larguero de la Cadena Ser este domingo para aclarar lo sucedido en el túnel de vestuarios del Estadio de Gran Canaria una vez concluido el derbi.

El jugador tinerfeño dejó claro desde el primer momento que "el partido terminó bien. Cuando fuimos al vestuario miembros de la seguridad privada nos gritaron que somos de Segunda B varias veces. Ya estaba la tángana formada, entro de los últimos y al entrar sufrí los empujones típicos y demás. No creo que tengamos que darle más vueltas”, dijo.
Preguntado por si fue el causante de las dos roturas dentales del fisio de la UD Las Palmas (algo no reflejado en el acta arbitral) en el túnel de vestuarios, comentó que "entré a separar, pasó algo que no tiene que empañar el derbi". Además, aseguró que fue mordido en un dedo por el mencionado empleado de Las Palmas en el momento de intentar separar a los implicados en la trifulca, incluidos empleados del CD Tenerife, de la UD Las Palmas y miembros de Seguridad Integral Canaria.Rehusando a dar detalles sobre lo sucedido incidió en quedarse "con lo deportivo del derbi, fue fenomenal”, negando además que fuera el causante de dichas lesiones.




1 de marzo de 2015

La otra amenaza de los escoltas

La gran mayoría de los escoltas que protegieron a los amenazados por ETA se ha convertido en parados de larga duración que rondan los servicios de beneficencia.
Ante las escasas posibilidades de reciclarse, reclaman al Ejecutivo que cumpla su promesa y les emplee como vigilantes de seguridad privada del perímetro exterior de los centros penitenciarios.
El Gobierno de Rajoy dice ahora que ese "compromiso específico" del que hablan los escoltas no fue tal, sino que era "una declaración de intenciones".

Las empresas de seguridad engendraron en tiempos de máxima amenaza de ETA un ejército de escoltas que desembarcó, principalmente,  en Euskadi y Navarra. Su misión, proteger día y noche a los amenazados, era prioritaria e imprescindible. Ahora, tras más de tres años del cese definitivo de la violencia de la organización terrorista, los servicios de estos guardaespaldas ya no son necesarios. Y, como consecuencia del fin de la violencia, el sector está sobredimensionado con 37.215 personas en España con licencia para desempeñar tareas de vigilancia. La recolocación de estos trabajadores en paro en los perímetros de vigilancia de las prisiones anunciada por el Gobierno de Mariano Rajoy es lenta y según los afectados, y en esto coinciden diversos movimientos y asociaciones consultadas, prácticamente inexistente.
La gran mayoría de los escoltas que protegieron la vida de cargos públicos, periodistas, jueces, empresarios, etc., engrosa la lista de parados de larga duración. Muchos están a punto de perder sus prestaciones y son usuarios habituales de los servicios de Cáritas. Ahora son ellos los que se sienten desprotegidos. Lo peor, no saben con qué armas combatir esta situación. Sus credenciales habituales, un intenso adiestramiento en desactivación de explosivos, en defensa personal o conducción evasiva, ahora ya no sirven.
En los años más duros de la violencia llegaron a ser 3.800 los que operaban en Euskadi y Navarra. Desde que ETA anunció el fin de la violencia, se ha ido retirando la protección de forma progresiva a los amenazados. Todos han emprendido una nueva vida. Los protegidos continúan sus carreras políticas y profesionales, esas que no se vieron forzadas a dejar gracias al apoyo, entre otros, de escoltas y estos por su parte, deben emprender una nueva etapa profesional ahora que ya no custodian Euskadi y Navarra. En ese camino son ellos los que ahora se encuentran desamparados y desorientados.

"He tirado muchos años por la borda"

Rondan una edad difícil, entre los 40 y 50 años, y sus trayectorias suscitan rechazo, según sus relatos,  una reacción que se torna incluso, en ocasiones, en desprecio. “No voy a esconder que he trabajado de escolta, he dedicado mi vida a ello, aunque ocultarlo sería lo conveniente para darme alguna oportunidad en puestos ajenos a esta profesión. De carretillero, de camionero de materias peligrosas, de chófer… Me he ofrecido para cualquier actividad, pero ha sido inútil. Todos torcían el morro cuando conocían mi historial. Por eso volví a mi tierra. Y ahora, aquí, lo que doy, es pena”.
Escolta en servicio en una acto público en la calle.
Escolta en servicio en una acto público en la calle.
Este escolta de 49 años y que prefiere no desvelar su identidad, rehace su vida en Cádiz después de proteger a parlamentarios socialistas y populares durante casi una década y sin contar con las bendiciones de su familia. “No compartían mi decisión, pero yo en aquel momento sentí que era la adecuada. Sentí que aquí se me necesitaba. Ahora me arrepiento. Me siento utilizado y engañado. He tirado por la borda muchos años. Otros compañeros que rechazaron venir a Euskadi de escolta y apostaron por hacer carrera como instructores, ahora conservan su puesto y tienen el futuro garantizado. Yo no sé qué voy a hacer cuando se me acabe la prestación”, confiesa este hombre que cobra 420 euros para hacer frente a una hipoteca de 500 y con cuatro hijos. Él, como el resto del colectivo, reclama que el Gobierno, como prometió, les recoloque en las cárceles, pero esta promesa no acaba de cumplirse.

"Nosotros sí hemos cumplido. Los políticos, no"

Bajo esa reivindicación común se constituyó un colectivo que se hace llamar Las sombras olvidadas de Euskadi. Son 160 afiliados a este asociación. Su vicepresidente, Mario Zas, asegura que no pararán hasta que el Gobierno cumpla lo pactado. No descartan iniciar movilizaciones para dejarse oír. “Los que sí hemos cumplido somos los escoltas. Nuestro pacto de confidencialidad sigue intacto. Todos conocemos mucho sobre la vida de nuestros protegidos pero nuestros labios están y estarán sellados para siempre porque somos hombres de palabra. No se puede decir lo mismo de los políticos. No han hecho nada por nosotros. Sí han movido ficha por las empresas de seguridad en compensación por los contratos perdidos con la protección de los amenazados. Pero no por nosotros. Nos han abandonado a nuestra suerte”, lamenta Zas. El Gobierno ha adjudicado a varias empresas contratos para extender la vigilancia privada al perímetro exterior de las cárceles, pero las empresas no han reclutado a los escoltas para cubrir esos puestos. “No les han obligado a hacerlo y tiene fórmulas a su alcance. Podían haber incluido cláusulas en los pliegos de condiciones”, sugiere el vicepresidente del colectivo.

Demasiada formación

Otro escolta que responde al nombre de Juan Luis manifiesta abiertamente que malviven. “En mi entorno conozco casos de compañeros que están a meses de que le expropien por no poder hacer frente a los gastos de la vivienda y de la manutención de los hijos”. Juan Luis alterna un trabajo de 12 horas al mes en un estadio de fútbol, junto a otro de otras tantas como vigilante en una discoteca. “De vez en cuando, como tengo el título de instructor, me sale alguna clase. Pero poco más”, reconoce resignado. Este profesional no entiende como estando España en un nivel de alerta por amenazas yihadistas se reduce la plantilla destinada a la seguridad en ciertos servicios públicos o en los transportes. “El Gobierno debería reactivar esta actividad. Los escoltas estamos sobradamente preparados para abordar este cometido porque la gran mayoría tenemos una formación específica”.
Es precisamente esa cualificación la que a veces les perjudica. “Los mandos intermedios de las empresas de seguridad están menos preparados que nosotros y son reacios a contratar personal que les supera en formación. Por otra parte nos rechazan porque estamos demasiado preparados para estar 24 horas quietos en una garita de seguridad de las cárceles”, dicen desde Sombras Olvidadas de Euskadi. Denuncian que las condiciones de esos servicios son en muchos casos “lamentables e incluso infrahumanas”. Hablan de turnos de guardia sin relevo para poder ir al baño y otras irregularidades. No obstante, nadie les ha dado opción a negociarlas porque insisten que nadie les ha ofrecido esos puestos.
Según los datos ofrecidos por el propio Ministerio de Interior el pasado mes de enero en respuesta a una pregunta del PSOE, 81 escoltas han sido compensados con esta salida, una cifra insignificante cuando han llegado a ser 3.800. El Gobierno utiliza ese escrito para matizar que ese “compromiso específico” del que hablan los escoltas no fue tal, sino que era “una declaración de intenciones”.

Aena destina 17 millones a reforzar medidas de seguridad en los equipajes de mano, en vigor desde el domingo

Los pasajeros aéreos se tendrán que someter a una nueva inspección en su equipaje de mano a partir del domingo, en adopción de la norma europea 2015/187, que obliga a Aena a imponer controles de trazas de explosivos en toda su red a partir del 1 de marzo, lo que le supondrá unos costes extras de 17 millones de euros.
   Planchas, secadores, cámaras fotográficas y hasta juguetes a pilas serán objeto de una inspección específica a partir del próximo domingo cuando entre en vigor la nueva normativa europea para todos los aeropuertos españoles que supone una reforzamiento de medidas de seguridad en relación con el equipaje de mano.
   El reglamento europeo asegura que datos recientes han demostrado terroristas internacionales están desarrollando nuevos modos de ocultación de artefactos explosivos en los equipajes de mano y por ello la Comisión Europea ha decidido reforzar los controles.
   El director de la red de aeropuertos de Aena, Fernando Echegaray, presentó este viernes en Madrid las nuevas medidas que deben ser aplicadas "a fin de mejorar la mitigación de la amenaza de artefactos improvisados ocultos en el equipaje de mano".
   El reglamento señala que se debe inspeccionar el equipaje de mano que contenga ordenadores portátiles y otros artículos eléctricos de gran tamaño en determinadas condicionales.
Aena refuerza la seguridad en los equipajes de mano

JUGUETES, PLANCHAS Y SECADORES DE PELO.

   Así entre los nuevos aparatos que se incluirán en la inspección y que deben de ser analizados por separado en el control se encuentran cámaras fotográficas, cámaras de video, ordenadores, móviles, walkman, CD, calculadoras de bolsillo, así como dispositivos eléctricos de gran tamaño tales como planchas de mano, planchas de pelo, secadores, juguetes a pilas o maquinas de coser portátiles, entre otros.
   Desde Aena se insiste en que el procedimiento se realizará con "garantías y comodidad" para el pasajero y para ello se reforzarán los puestos de control con personal adicional, que no ha sido cuantificado, para que los servicios de seguridad logren dar respuesta a las nuevas necesidades.
   Con ello se prevé que el tiempo de espera en esos controles no aumente sino que la calidad al pasajero sea la máxima posible. Para preservar la privacidad del pasajero se dispondrán de mesas con laterales elevados que eviten que sus pertenencias quedan a la vista del resto de los pasajeros.
   "En la ejecución del procedimiento se aportará la máxima información que permita la norma a través de unos carteles informativos que informarán de que el pasajero podrá ser seleccionado para la inspección de su equipaje de mano", explicó el director de la red.
   De momento sigue vigente la normativa sobre transporte de líquidos en el equipaje de mano en los aeropuertos de la Unión Europea. Esta prohíbe transportar aerosoles o envases con líquidos, cremas, geles o sustancias similares que superen los 100 mililitros de capacidad. Los envases con líquidos o similares deberán ir en una bolsa de plástico transparente que se pueda abrir y cerrar y de capacidad no superior a un litro.

El negocio de la seguridad privada: descuelgues radicales de convenio y pagos en negro

DEMOLEDOR INFORME DE USO SOBRE CONDICIONES LABORALES
Un informe de USO al que 'Vozpópuli' ha tenido acceso demuestra las precarias condiciones que pequeñas y medianas empresas de seguridad imponen para 'tirar los precios' y conseguir contratos.
De los 223.936 vigilantes habilitados en España en diciembre de 2013 –últimas cifras oficiales disponibles-, sólo 82.150 (el 36,68%) permanecían en activo. Pero de ese total, 15.645 vigilantes (el 19,04%) sufrían los efectos del ‘descuelgue’ del convenio estatal y trabajaban en unas condiciones laborales y salariales muy precarias. Así se establece en un amplio dossier elaborado por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) al que Vozpópuli ha tenido acceso. Muchas de esas empresas, sin embargo, reciben múltiples contratos por la Administración General del Estado, o bien por las autonómicas o por las locales.
La FTSP-USO es el tercer sindicato más representativo en el sector de la seguridad privada, con cerca de 800 delegados y más de 9.000 afiliados en toda España. Gracias a los datos facilitados por sus delegados se elaboró este dossier, en el que se pone de manifiesto cómo las políticas de rebaja de precios auspiciadas desde las administraciones públicas han propiciado que las empresas de seguridad rebajen aún más las condiciones laborales y oferten a la baja, lo que afecta a los servicios prestados, pero sobre todo a las condiciones laborales internas.
En concreto, el dossier al que ha tenido acceso Vozpópuli divide a este tipo de empresas que contratan con las administraciones públicas tirando los precios en dos grandes grupos: las que se han descolgado sin más del Convenio Colectivo Estatal de las empresas de Seguridad, y las que, habiéndose descolgado del mismo han firmado, sin embargo, un nuevo convenio con sus trabajadores. En ambos casos las condiciones resultantes son muy inferiores a la estatal, pero en todo caso esas condiciones están permitidas por la reforma laboral que realizó el Gobierno del PP en 2012. Algo de lo que, por cierto, se quejan todos los sindicatos consultados por este periódico.

Descuelgue del convenio: muchas horas y precios muy bajos
Las empresas en las citadas condiciones que se han descolgado del convenio estatal y han sido analizadas en este dossier son 20 en total y afectan a 5.245 trabajadores (el 6,38% del personal en activo). En la mayor parte de las mismas se observa un mínimo común denominador: muchas horas anuales de servicio y precios por debajo del convenio.
Algunas de esas empresas sólo tienen contratos parciales, pero hacen trabajar a sus vigilantes a jornada completa. Además, “pagan las horas extraordinarias en negro”, según se afirma taxativamente en el citado documento. En algunos casos se ha acordado recientemente una reducción de jornada y salario del 2,69% para todos sus trabajadores, excepto los mayores de 61 años y el personal con jornada reducida.
El número de horas anuales oscila entre las 1.782 que imponen algunas empresas hasta las 1.826 que mantienen la mayoría de las 20 sociedades descolgadas del convenio y analizadas por USO. Otra cosa distinta son los salarios: cada una es un mundo aparte, pero el común denominador es que se paga mucho menos que en convenio, con variaciones de hasta más del -15,34%.

Algunas empresas llegaron a aplicar en 2012 una disminución del 8% del salario bruto anual con respecto a las tablas de 2011

Los salarios anuales van desde 13.360,60 euros (-2.420,90, es decir, un 15,34% menos que en convenio) en una empresa con 300 empleados, hasta los 15.018,90 euros (762,60 menos, un 4,83%), pasando por valores como 14.641,20 (una diferencia de -1.140,30, un 7,22% menos). Algunas empresas llegaron a aplicar en 2012 una disminución del 8% del salario bruto anual con respecto a las tablas de 2011, reducción que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2012. Y todas ellas, sin embargo, han conseguido grandes contratos públicos porque, según el dossier, sus precios eran los más baratos. A eso es a lo que los sindicatos llaman ‘tirar los precios’.
En este capítulo, algunas empresas cuentan con acuerdos individuales con sus trabajadores en cuanto al pago de las horas extras, pero se denuncia que “les descuentan las retenciones y les pagan la diferencia en negro”.

Convenio propio: precios a la baja para ‘tirar el mercado’
El segundo gran grupo es el de las empresas de seguridad que se han descolgado del convenio estatal pero que han firmado un convenio propio con los representantes de sus trabajadores. Son 14 las empresas analizadas por FTSP-USO, en la mayoría de los casos de pequeño o mediano tamaño.
Como en el grupo anterior, el mínimo común denominador de estas empresas es que pagan también muy por debajo del convenio estatal y afectan a 10.400 trabajadores (el 12,65% de los vigilantes en activo). El mínimo sueldo anual registrado es de 12.632,48 euros, con una diferencia en negativo de -3.149,02 euros anuales (un 19,95%), aunque la media suele oscilar alrededor de los 930 euros menos de salario al año, con plantillas que rebasan en algún caso los 5.000 trabajadores.

Lucha abierta con las instituciones
Desde los sindicatos, pero especialmente desde USO, muy activa en este sector, se ha iniciado una serie de acciones con reuniones institucionales para dar a conocer a los poderes públicos que contratan seguridad privada la problemática laboral creada por estas empresas. Representantes sindicales han trasladado el malestar del sector por ejemplo a los diputados de las Comisiones de Interior, de Justicia y de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso; ídem con el Grupo de UPyD; con autoridades institucionales de distintas Comunidades Autónomas, y con el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Hacienda, con el Inspector Jefe de la Unidad Central de Inspección de Trabajo y con el director general y presidente del Consejo de Administración de AENA.
Además, el pasado 27 de octubre, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO inició una campaña contra las empresas defraudadoras denominadas "¡Empresas Pirata!", consistente en pegada de carteles y pegatinas adhesivas en las inmediaciones de la sede de las empresas así consideradas y de los clientes donde estas empresas prestan servicio.
Por estos estudios y estas campañas, el secretario general de FTSP-USO, Antonio Duarte, se ha visto obligado a interponer cinco denuncias por acoso, seguimiento con vehículos y amenazas a él y a sus familiares; ha soportado dos incidentes graves en Canarias, y le han tenido que conceder una autorización de autoprotección personal.