27 de agosto de 2017

Sueldos precarios, jornadas maratonianas... así trabajan los vigilantes de seguridad en España

La irrupción de empresas 'piratas', que compiten con precios a la baja, ha precarizado las condiciones laborales de los trabajadores
Se ven obligados a aceptar rebajas salariales de entre el 20% y el 30%
El próximo jueves termina el plazo para que el árbitro designado por Fomento dicte el laudo vinculante con el que el Gobierno pretende poner fin al conflicto en El Prat entre Eulen y sus vigilantes de seguridadad.
Pero lo ocurrido en el aeropuerto barcelonés es sólo la punta del iceberg de los problemas que afronta desde hace tiempo el sector de la seguridad privada en España: salarios precarios, jornadas maratonianas, competencia desleal, intrusismo, bajos precios de licitación...
La crisis de El Prat y el temor a que el conflicto se extienda a otros aeropuertos o infraestructuras estratégicas llevó al ministro de Fomento a anunciar hace unos días «la creación de un grupo de trabajo para abordar de forma global y para todo el ámbito nacional la situación de la seguridad privada».
Una declaración de intenciones que los sindicatos acogen, de momento, con prudencia. «La idea de crear un grupo de trabajo nos parece bien, siempre y cuando se haga para buscar soluciones reales y se trabaje de forma ágil, y no sólo para dar buena imagen y dilatar los tiempos», señala Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical de CCOO de Construcción y Servicios. «Por ahora», añade, «somos escépticos. Todavía no se han puesto en contacto con nosotros».
Desde UGT esperan también la llamada de Empleo para ponerse a trabajar. «Todavía no se ha señalado la fecha de la primera reunión en una situación que a nuestro entender merece cierta celeridad. Habrá que ver si finalmente se vislumbra por parte del Gobierno una verdadera voluntad política de adecuar realmente la contratación pública y no se trata de dilatar la solución». 
La seguridad privada en España facturó en 2015 3.481 millones de euros, según los últimos datos publicados por Aproser (la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), que representa a las empresas que emplean a más de 5.000 trabajadores y a las de mayor antigüedad.
Sin embargo, pese a que las cifras han mejorado respecto a los años precedentes, desde la patronal denuncian que el sector ha sufrido una disminución de la facturación de más de un 20% desde el año 2009 mientras los costes laborales se incrementaban algo más de un 4% por una cuestión normativa. «Esto ha provocado que una buena parte de las empresas que aplican el convenio colectivo sectorial sigan en situación de pérdidas», señalan.
Además, la irrupción de compañías «piratas» que se presentan a los concursos públicos con ofertas a la baja ha terminado por rematar a un sector que actualmente está negociando el convenio colectivo. Patronal y sindicatos coinciden en la necesidad de establecer un nuevo marco de contratación de servicios de seguridad privada, que no sólo tenga en cuenta el factor precio sino también responda a criterios de calidad. «El Gobierno tiene que ser consciente de que los vigilantes de seguridad tenemos un papel clave en en las infraestructuras e instalaciones críticas. Y si no arregla algunos de los problemas a los que se enfrenta el sector, va a haber más huelgas en infraestructuras estratégicas», asegura Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada USO, que advierte de la situación límite a la que han llegado los vigilantes de seguridad.Por eso, espera que el Gobierno pase de las palabras a los hechos y «establezca un nuevo modelo de contratación pública que no sólo se base en el precio sino que tenga en cuenta otras condiciones como la calidad del servicio».
Algo que no está pasando en la actualidad donde, en el ámbito de las administraciones públicas, quien se lleva el gato al agua es aquella compañía que presenta el precio más bajo, siempre y cuando cumpla unos requisitos mínimos.«En los último tiempos», denuncia Diego Giráldez, secretario Federal del Sindicato Sectorial de Seguridad y Servicios de FESMC-UGT, «venimos asistiendo a una proliferación de empresas que, basadas en la búsqueda de la inmediatez y la falta de visión de largo recorrido, irrumpen en el sector con ofertas que ni tan siquiera cubren los costes salariales recogidos en el convenio sectorial, acaparando mercado de forma desleal».
Al no poder hacer frente a los salarios pactados en convenio, muchas de estas compañías se declaran en pérdidas o en previsión de pérdidas y se descuelgan del convenio sectorial. Mientras que otras sencillamente se rigen por el convenio de su empresa, con condiciones laborales y salariales inferiores a las recogidas en el convenio sectorial.
Unas decisiones que tienen como víctimas colaterales a los trabajadores que ven cómo sus sueldos menguan con rebajas que van desde un 20% a un 30%. «Si el sueldo neto suele ser alrededor de 1.000 euros, al bajar los salarios 200 o 300 euros, muchos vigilantes terminan cobrando apenas 700 u 800 euros al mes», denuncia Febles. «Y como no les llega, se ven obligados a hacer horas extra y trabajar 12 o incluso más horas con los niveles de estrés y coste personal que eso conlleva», añade.Para las organizaciones sindicales, el origen de muchos de los problemas que afronta el sector se encuentra en la reforma laboral que aprobó el Gobierno del PP en 2012, que otorga prevalencia al convenio de empresa sobre el sectorial y que permite los descuelges salariales. Por eso, exigirán al Ejecutivo en el grupo de trabajo que se constituya para abordar la situación de la seguridad privada que se derogue esta reforma o, al menos, algunos de sus puntos más controvertidos. 
Asimismo, desde UGT plantean que los contratos con las administraciones públicas «incorporen cláusulas sociales de obligado cumplimiento para las empresas que se presenten a concurso, y que se vigile su aplicación durante la vigencia del contrato», subraya Giráldez.Un planteamiento en el que coincide con CCOO. 
«Los sistemas de licitación deben cambiar e incluir cláusulas sociales que aseguren unos mínimos como el respeto al convenio sectorial. Las administraciones públicas no pueden seguir actuando como cooperantes necesarios en estas contraciones low cost, permitiendo que se adjudiquen contratos a empresas que no garantizan cuestiones tan básicas como las condiciones mínimas del convenio», denuncia Barragán.Propuestas que también comparte Aproser: «El precio no debe convertirse en el único condicionante de contratación y, en todo caso, no debe superar el 60% de la adjudicación. Es preciso garantizar asimismo a los trabajadores la aplicación y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que establezca el convenio colectivo sectorial».

Los sindicatos exigen concursos públicos de vigilancia con presupuestos más altos

Los sindicalistas culpan a la Administración de permitir que se implante la pobreza. Seguridad Integral insiste en que no tiene vinculación con Marsegur y Sinergias
Los sindicatos exigen a las administraciones públicas que no permitan la implantación de la pobreza, la exclusión social y la precariedad laboral en el Archipiélago a través de licitaciones deficitarias que, además, se adjudican a empresas como Seguridad Integral Canaria (SIC), Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad. Los sindicalistas denuncian que estas entidades no aplican el convenio sectorial que por ley están obligadas a emplear. Una situación que se traduce, según apuntan, a que los vigilantes perciban unos 6.000 euros menos al año en comparación con otras compañías del sector de la seguridad privada que sí cumplen con la normativa.
"En los últimos años, a raíz de la crisis, estos contratos han ido cada vez más a la baja", destacó Luis Padrón, representante de Intersindical Canaria, durante la rueda de prensa convocada junto con USO CCOO, UGT,  y Alternativa Sindical para exponer los motivos de la huelga que han fijado para el próximo 7 de septiembre, víspera de la festividad del Pino, contra las empresas antes citadas.
"Si las administraciones no ponen palos en la rueda a este tipo de empresas, nos vamos a ver en Canarias con vigilantes de seguridad pidiendo ayudas en Cáritas para comer", apuntó José Juan Socorro, portavoz de UGT. En este sentido, criticaron que los concursos públicos permitan, por sus bajos presupuestos, que las "empresas low cost" acepten el servicio con "las graves consecuencias" que se derivan de ella: la subrogación de los servicios o el despido de los trabajadores.
El pasado martes, SIC anunció su intención de abandonar el mercado de la vigilancia presencial. Fuentes de la compañía, propiedad del presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez, expusieron entonces que esa línea de negocio ha dejado de ser rentable por la baja cuantía de las licitaciones públicas y el retraso de las instituciones en los pagos. A ello se suma, además, la anulación del descuelgue del convenio sectorial que recortó los salarios del personal por sentencia judicial.
Los sindicalistas mostraron su temor ante la posibilidad de que los servicios que aún mantiene SIC se traspasen, cedan o se subroguen a Marsegur o Sinergias, empresas que pagan menos a sus empleados. Socorro afirmó que existe una "vinculación directa" entre estas tres entidades por su pertenencia a la Asociación de Compañías de Seguridad Privada (Acosepri), de la que también forma parte Power Sic, y porque la Oficina Española de Patentes y Marcas relaciona Sinergias con Miguel Ángel Ramírez. Por otro lado, tildó de "absurdo" que Ramírez señale el retraso en el pago de las instituciones para salir del mercado de la vigilancia presencial cuando la Administración Pública es su principal cliente, por lo que, remarcó, conoce bien su funcionamiento.

Pactos con empleados
Desde SIC se insiste, en cambio, en que no existe ninguna conexión entre esas tres entidades salvo la de pertenecer a la misma asociación. Algo que sucede, según apuntan esas mismas fuentes, con otras empresas del sector como Eulen o Securitas, que también pertenecen a otra patronal sin que haya vinculación entre ellas. Insisten, por ello, en que Ramírez "no tiene ningún tipo de lazo desde el punto de vista accionarial y de gestión con Marsegur y Sinergias".
En cuanto a los bajos ingresos de los empleados, la empresa sostiene que después de que la Justicia anulara el descuelgue del convenio, se han pactado con los trabajadores el pago de lo que se les dejó de abonar por adoptar esa medida. A su vez, fuentes de la compañía recalcan que el convenio colectivo siempre se ha aplicado en Santa Cruz de Tenerife y la península, por lo que solo los vigilantes de Las Palmas se verían afectados por la reducción de la retribución.
Los sindicatos señalaron que en torno a 500 trabajadores han reclamado en los juzgados el ingreso del salario que se les recortó a partir de 2012. El total de esa cantidad asciende a los 2,5 millones de personas, pero podría ser mayor –unos 7 millones– si todos los empleados decidieran demandar.
"Entendemos que a nivel político hay muchas presiones", indican los sindicalistas, pero piden que la Administración Pública vele por el cumplimiento de la normativa laboral y fiscal y fije una línea para que se realice la cesión de servicios y se garanticen todas las condiciones.

Huelga y manifestación
Los sindicatos no solo convocan una huelga para el 7 de septiembre, sino también una manifestación. Ésta, partirá de la Ciudad de la Justicia, continuará por la Audiencia, el Cabildo de Gran Canaria, las sedes de la Delegación del Gobierno en Canarias y Presidencia del Ejecutivo regional, la Dirección General del Trabajo y finalizará en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Los sindicalistas reivindican el abono puntual de los salarios de los vigilantes de seguridad y la aplicación del convenios estatal en SIC, Marsegur y Sinergias. Según especificaron ayer, el salario mensual de un trabajador en cada una de ellas es de 744; 789 y 690 euros, respectivamente, frente a los 1.122,68 euros que percibe un vigilante en una empresa que sí emplea el convenio. Estos sueldos han conducido a algunos empleados a solicitar comida en los sindicatos, según expusieron. Además, los sindicatos creen que el anuncio del abandono de la vigilancia presencial por parte de SIC supone un ataque para mermar la participación en la huelga. La empresa, sin embargo, responde que una reestructuración de ese calibre no se diseña en 48 horas.

La Policía asegura que detectó cuatro falsos escoltas de familia real saudí

La Policía Nacional ha emitido hoy un comunicado en el que asegura que una inspección en materia de seguridad privada ha permitido detectar a cuatro hombres al servicio de la familia real saudí que "no cuentan con la habilitación profesional exigida para desarrollar tales servicios".
Se trata de un supuesto caso de falsos escoltas "o simplemente intrusismo", señala el comunicado, que recuerda que la noche del pasado martes, agentes de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial de Málaga realizaron una inspección en materia de seguridad privada al servicio que presta escolta a familiares de la Casa Real de Arabia Saudí en un restaurante y en una finca de Marbella (Málaga).
"Estas inspecciones se llevan a cabo con absoluto respeto, sin que en ningún momento mediara ningún tipo de violencia ni intimidación", subraya la nota, que agrega que las identificaciones son realizadas por agentes de paisano y también por policías uniformados para evitar cualquier tipo de confusión en la inspección.
Tras las inspecciones, agentes de la Unidad Territorial de Seguridad Privada confeccionaron las correspondientes actas -propuestas de sanción por infracción a la normativa de seguridad privada-, además de intervenir dos pistolas detonadoras, según la fuente.
Subraya además que hoy un representante de la Casa Real saudí se ha puesto en contacto en dos ocasiones con la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial de Málaga "agradeciendo tanto el trato recibido en la inspección, como las informaciones recibidas sobre las irregularidades detectadas en la escolta".
Este representante de la Casa Real saudí ha comunicado a los agentes que sus representados no conocían la situación irregular de los escoltas e incluso pensaban que portaban armas de fuego reales y que, además, van a proceder de manera inmediata al despido de estos falsos escoltas, ha indicado. 


De la Serna confía en que se logre un acuerdo que evite la huelga en los aeropuertos

El ministro ha reiterado que comparecerá la próxima semana en el Congreso de los Diputados, a petición propia, para explicar «con luz y taquígrafos todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo» en El Prat
El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha valorado «positivamente» la «voluntad» expresada por los sindicatos de Aena y ENAIRE de «conseguir alcanzar algunos acuerdos», y ha garantizado que por parte del Gobierno se va a hacer «todo el esfuerzo que sea necesario para intentar alcanzar esos acuerdos».
De la Serna ha insistido en que, a diferencia de otros casos, se trata de empleados públicos, por lo que en la negociación «tendrán que sujetarse a cuestiones que afectan a otros empleados públicos» como la salarial. Así, ha señalado que algunas de las cuestiones planteadas deberán dirimirse en la Mesa de Función Pública.
«Es muy importante que en esa negociación trabajemos, como venimos haciendo, con distintos departamentos», especialmente el de Hacienda, ha dicho De la Serna a preguntas de la prensa sobre la convocatoria de 25 días de huelga anunciada por los sindicatos USO, CC.OO y UGT a partir del 15 de septiembre en todos los centros de trabajo del Grupo Aena -integrado por ENAIRE y Aena-.

Denuncian el alto número de porteros ilegales que trabajan como agentes de seguridad

a seguridad de discotecas y locales de ocio no debe dejarse en manos de matones de barrio o de inconscientes ya que las consecuencias de sus actos suelen ser extremadamente graves. No es extraño que cada dos por tres porteros o vigilantes de locales de ocio se extralimiten en sus funciones con los clientes llegando a los extremos de denuncias por palizas o violencia, algunas de ellas culminando en daños físicos irreparables. Desde el Sindicato de Seguridad Privada se advierte contra el altísimo intrusismo existente en este sector que observa que la falta de inspecciones ante la escasez de funcionarios genera una masiva presencia de personas no preparadas para ejercer la función de agentes de seguridad.
Alberto García, Coordinador de Comunicación del Sindicato de Seguridad Privada explica que “los servicios de seguridad, sean éstos destinados a un cliente particular o a locales públicos, siempre han de ser subcontratados a través de empresas de seguridad privadas y estos contratos deben darse de alta a través de la Dirección General de la Policía. Por ejemplo, si el dueño de una discoteca de Magaluf quiere contratar los servicios de seguridad privada de una empresa, el contrato ha de darse de alta en la Dirección General de la Policía. En el caso concreto de Mallorca, es la Brigada Provincial de Seguridad Privada quien se encarga de supervisar y controlar todos los servicios”.
Estos son los pasos que, en teoría deben cumplirse, pero que en la práctica se obvian ya que el intrusismo dentro de este sector es notable y muy complejo de cuantificar. En este punto, Alberto García subraya que “intrusismo en las salas de ocio, por desgracia, hay a espuertas ya que suele pasar que un determinado empresario contrate a cuatro gorilas de gimnasio y los coloque en las puertas de entrada sin el menor problema y sin que estas personas tengan los mínimos conocimientos sobre seguridad privada. Esta actuación es taxativamente ilegal ya que las funciones de seguridad privada deben efectuarse siempre con personal especializado”.
La única forma de atajar el intrusismo en este sector y en otros es mediante la imposición de multas “ya que éstas son muy altas e incluso pueden llevar al cierre del local”. No obstante, hecha la ley, hecha la trampa pues, según relata Alberto García “cuando llega la época estival muchas personas realizan funciones de agentes de seguridad privada sin tener que hacerlo y este problema existe porque, por desgracia, la administración no dispone de suficientes funcionarios policiales para poder realizar las funciones de inspección en locales de ocio. Por ello, la única solución está en reforzar la plantilla de funcionarios policiales adscritos a la Brigada de Seguridad Privada”.
Alberto García concluye señalando que “hoy en día cada uno hace lo que le da la gana. Si yo soy empresario y tengo varios locales de ocio, contrato a varios “mazas” de gimnasio para la temporada y aquí no pasa nada. Los sindicatos llevamos años denunciando el intrusismo en el sector de la seguridad privada, intrusismo que se da sobre todo en las zonas turísticas y en especial en los dos archipiélagos”.

Intervienen un arma de fogueo en el acceso al AVE en Santa Justa

Un pasajero intentaba subir al tren con el arma y 53 cartuchos dentro de la maleta
La Policía Nacional ha intervenido un arma simulada en la estación de Santa Justa. La llevaba un pasajero cuando estaba intentando acceder a un tren de alta velocidad con destino Madrid. Según informó ayer la Jefatura Superior de Policía en una nota de prensa, el arma era un revólver y la persona que la portaba llevaba también 53 cartuchos de fogueo. La intervención se produjo después de que los vigilantes de seguridad privada que controlan el acceso al AVE llamaran a la Policía.
Los vigilantes habían visto por el escáner de equipajes una maleta que parecía contener un arma de fuego. Los agentes se llevaron al pasajero y el equipaje a otro lugar de la estación, donde hicieron una inspección más exhaustiva de la maleta. En ella estaban el arma de fogueo y los cartuchos.La Policía levantó un acta de incautación del arma y de la munición e informó al pasajero de la imposibilidad de viajar con el revólver.
La intervención la llevaron a cabo los agentes de la Brigada Móvil de Seguridad Ciudadana de Sevilla, unidad que vela por la seguridad en los transportes públicos, en colaboración con los vigilantes de seguridad de Adif y Renfe. Este tipo de requisas son frecuentes en la zona de control de acceso al AVE. En otras inspecciones anteriores llevadas a cabo este verano, la Policía se ha incautado de otros objetos prohibidos, como armas simuladas, armas blancas, espadas toledanas, navajas, cuchillos o munición, entre otros efectos. La tenencia de estos artículos no está prohibida, pero sí lo está el acceso con ellos al interior de los trenes.




Multa millonaria a las empresas de seguridad privada de la Comunidad de Madrid

En los últimos siete años, el gobierno madrileño ha sancionado con dos millones de euros a las compañías que se encargan de vigilar las sedes de los organismo oficiales y el metro
En los últimas semanas se ha hablado mucho de la seguridad privada que hay en los aeropuertos españoles. Ese servicio no solo está privatizado en Barajas, por ejemplo. De hecho, prácticamente todas las Consejerías de la Comunidad de Madrid están protegidas por empresas privadas. Y el servicio, no es precisamente, el mejor, que digamos. Lo acreditan los datos a los que ha tenido acceso la Cadena Ser. En lo últimos siete años, el Gobierno madrileño ha multado a estas compañías con cerca de dos millones de euros por incumplimientos del contrato.
La mayoría de las sanciones, según hemos sabido, se han impuesto a las empresas de la seguridad privada de Metro. Desde 2011, la Comunidad de Madrid ha multado a las empresas de seguridad privada que vigilan el suburbano con más de un millón y medio, entre ellas, por ejemplo, Prosegur, Eulen o Securitas, aunque por encima de todas, la compañía que más multas ha recibido ha sido Seguridad Integral Canaria, más de un millón de euros de sanción por no haber cumplido las horas de contrato, por no haber respetado los servicios minimos durante las huelgas y también por no haber evitado incidentes en zonas del metro que tendrían que haber reforzado. Esta compañía canaria, precisamente, acaba de anunciar que cierra parte de su negocio. Según han reconocido desde esta compañía a la SER, se van a deshacer de "todo el servicio de vigilancia presencial", salvo en el caso de "Metro y Adif", que serán las únicas excepciones. Desde Seguridad Integral Canaria (SIC) señalan que en su base solo les consta que la Comunidad de Madrid les impuso una sanción de 112.000 euros. Esa cantidad difiere de los datos oficiales que maneja el Gobierno madrileño a los que ha tenido acceso la SER.
La Comunidad de Madrid también ha multado a las compañías de la seguridad privada, por ejemplo, de la Consejería de Presidencia, o de la Agencia del Menor Infractor. En este último caso porque entre su plantilla no se incluyó a un 2% de personas con discapacidad. Hay sanciones similares también en la Consejería de Educación y en la de Transportes.
Sin embargo, misteriosamente, en ese listado de multas al que hemos tenido acceso, no hay ni una sola sanción para la empresa que se encarga de la seguridad privada de los juzgados madrileños. Como ya les adelantamos en el mes de junio, los vigilantes han estado trabajando desarmados en contra de los que fijaba el contrato, de hecho, durante 10 meses, el Gobierno madrileño pagó indebidamente más de 120.000 euros a esta empresa. El diputado del PSOE Diego Cruz, cree que es un escándalo que la Comunidad haya pasado por alto esta situación y no haya sancionado a esta empresa.

El Consistorio garantiza que sus dependencias seguirán contando con servicio de seguridad

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife garantiza que las dependencias municipales seguirán contando con servicio de seguridad pese a que la empresa que realiza esas labores en la actualidad, Seguridad Integral Canaria, haya anunciado públicamente que cesará en su actividad.
El octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan José Martínez, indica que la compañía “todavía no se ha dirigido formalmente al Ayuntamiento para informarle, de manera oficial, de lo que hoy miércoles aparece reflejado en los medios de comunicación”.
“En cualquier caso –prosigue el edil– la liquidación de los servicios que presta en la actualidad al Ayuntamiento no se produciría hasta el próximo 1 de octubre, al tratarse de una institución pública, y las previsiones de los técnicos municipales son que el nuevo contrato marco de seguridad para sus dependencias, que se encuentra actualmente en licitación, pueda ser adjudicado antes de esa fecha”.
Martínez advierte que de producirse esta circunstancia, “se formalizaría el nuevo contrato con la compañía que gane el concurso durante el mes de septiembre y, de esta forma, el 1 de octubre ya estaría operando con la corporación”. El nuevo contrato marco de seguridad para las dependencias municipales tendrá una vigencia de 4 años.

 

Podemos rechaza posible despido multitudinario en Seguridad Integral Canaria

.- La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, ha reclamado hoy a Seguridad Integral Canaria "garantizar que no se va a producir un despido multitudinario" en esa empresa por su decisión de dejar prestar servicios de vigilancia presencial de edificios públicos y otros.
Ya que "Podemos teme un despido multitudinario de trabajadores" en esa compañía, que tiene cerca de 4.000 empleados, como consecuencia de esa medida, que anticipó ayer el sindicato USO y confirmó luego su accionista mayoritario, Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, en una entrevista concedida a la radio oficial del club.
Ante esa previsión, Noemí Santana afirma en un comunicado que su partido está "muy preocupado por el futuro de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria".
Trabajadores que afirma que "deberían ser subrogados respetando las mismas condiciones labores que tienen, aunque estas no respeten el convenio colectivo estatal del sector".
La dirigente política cuestiona también "las formas en las que los trabajadores están conociendo las intenciones de la dirección", en alusión al hecho de que "Ramírez lo anunció ayer en una radio deportiva, sin hablar primero con el comité de empresa".
Por todo lo expuesto, concluye expresando un "absoluto apoyo a los trabajadores en todo este proceso" por parte de Podemos.
"Estaremos apoyándolos en las acciones que ya tenían previstas con anterioridad, como la huelga del 7 de septiembre, y en las que decidan realizar a partir de ahora con motivo de esta nueva situación", finaliza su escrito. 

Ombuds Seguridad ingresa 140 millones en el primer semestre, un 20% más

Ombuds Seguridad registró unos ingresos de 140 millones de euros en el primer semestre de 2017, lo que supone un aumento del 20% con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado en un comunicado.
Los hitos más importantes en los primeros seis meses del año han sido la adjudicación de los contratos de la seguridad física de Metro de Madrid y de Renfe en Cataluña, así como de 15 centros comerciales.
Estos nuevos contratos aglutinan a más de 500 vigilantes de seguridad y representan una facturación anual adicional de 25 millones de euros.
La compañía prevé cerrar el año con una facturación de 300 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 17 millones de euros, lo que supondría un 20% más que en 2016.
JZI y Carlyle, inversores de referencia de la compañía, y la familia Cortina respaldan el crecimiento orgánico de Ombuds Seguridad y prevén su inmediata internacionalización con la implantación en el mercado portugués. En esta línea, la empresa ha formalizado la fusión por absorción de Castellana de Seguridad (Casesa) y esta preparando nuevas operaciones corporativas.
El consejero delegado de Ombuds Seguridad, Rodrigo Cortina, ha destacado su modelo de empresa de seguridad privada “con ausencia de deuda, desde el aumento de márgenes, solo con contratos rentables y aplicando un total y absoluto respeto al convenio sectorial para preservar y potenciar el rol social y económico del sector”.
Desde el pasado mes de julio, la compañía cuenta también con un ‘factoring’ sindicado de 60 millones de Bankia, CaixaBank, Santander y Popular que “asegura la liquidez para sustentar el plan estratégico de expansión de Ombuds, con recursos propios y sin necesidad de recurrir al endeudamiento externo”.

26 de agosto de 2017

SOSPECHAN QUE EL PLAN DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ES TRASPASAR SU EMPRESA DE SEGURIDAD A SUS “MARCAS BLANCAS”

Recientemente saltaba a los medios la información que el empresario Miguel Ángel Ramírez cesa su actividad en el sector de la vigilancia porque “quiere reorganizar su política empresarial y dedicarse al transporte de fondos y tecnología pues “tener vigilantes ya no es rentable”, según él mismo afirmaba.
“Ya le decimos, expresó en rueda de prensa el Secretario General de USO, Basilio Febles, que los vigilantes tampoco queremos trabajar con él, ya que a día 25 de agosto aún no hemos cobrado  no el salario de julio”.
El Secretario general de USO recordó en una rueda de prensa celebrada este viernes, que llevan muchos años advirtiendo de que la política empresarial de Ramírez es equivocada. El empresario ha conseguido la mayor parte de concursos públicos no sólo de Canarias sino a nivel de todo el Estado presentando las ofertas más económicas por debajo de los costes empresariales.
“Era normal que finalmente ocurriera lo que ahora ha pasado -explica Febles- pues en esas condiciones la empresa no podía seguir funcionando, y con tantas deudas era cuestión de tiempo que se viera abocado a tomar decisiones drásticas como la que finalmente ha tomado, en la que se pueden ver perjudicados miles de trabajadores”.
Ramírez ha reconocido estos días en los medios que debe siete millones doscientos mil euros, de los cuales tres millones setecientos mil  corresponden a pagos por demandas judiciales, por lo que los representantes sindicales consideran que “lo que se ha ahorrado todo este tiempo en trabajadores lo tiene que pagar ahora”. Pero es que además Ramírez también añadió que las administraciones le deben unos veinticinco millones “Si es así, la empresa no debería estar en situación grave pues seria rentable, aunque no dispusiera liquidez.
Los sindicalistas insisten en que en el Plan que Ramírez ha mostrado al Comité de empresa “no nos cuadra”.
Febles afirma que creen que el empresario tiene otro plan que solo conoce él y el  Director General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, Arturo Cabrera,  pues ha hecho unas declaraciones que el sindicato califica de desafortunadas, afirmando que por parte del Gobierno no hay ningún problema para que Ramírez ceda todos los servicios públicos de seguridad a otras empresas.

El supuesto “Plan” de Miguel Ángel Ramírez
Los representantes sindicales no consideran razonable que Miguel Ángel Ramírez quiera vender o ceder un negocio que le da pérdidas “¿quien va a comprar un negocio deficitario?” se preguntan.
Recuerda Basilio Febles que Ramírez  ha ganado la mayor parte de concursos públicos con ofertas inferiores a lo razonable lo que implica unos costes laborales muy bajos “por tanto -concluyen- solo se lo podrá vender a empresas con menor coste laboral que el de Seguridad Integral Canaria”.  
Y en este sentido, señalan a dos empresas cuyos trabajadores ganan un 30 % menos  que los de Seguridad Integral Canaria. Se trata de Marsegur y Sinergias Seguridad, precisamente dos empresas que estarían vinculadas al empresario y que muchos consideran las marcas blancas de Ramírez “el plan es perfecto”, sentencian, aunque reconocen que no lo pueden demostrar.
De ser cierta esta sospecha, el empresario no solo no perdería en esta operación sino que saldría ganando un 30 % más, “subrogando los servicios a otra empresa que tenga el 30 % menos de coste que la mía y si encima están vinculadas a mí, yo estoy ganando un ese porcentaje de más” explica Febles. 
La consecuencia final que tendría esta operación sería -tal como sospechan los sindicalistas- es que los trabajadores van a ganar 300 € de menos al mes.

El Gobierno Canario tiene responsabilidad 
“¿Qué tiene que decir el Gobierno canario a esto?” . Recuerdan que es el principal contratista de los servicios de Seguridad Integral Canaria  y que en este caso de cesión deben cumplirse las cláusulas del concurso.
El Secretario General de USO considera que los trabajadores y sindicatos tienen que empezar a cambiar la estrategia de pedir sólo explicaciones a Ramírez y empezar a dirigir las preguntas al Gobierno de Canarias. 
Y advierte de que los servicios jurídicos del sindicato está estudiando que podría estar incurriendo en delitos de prevaricación, cohecho y enriquecimiento ilícito “A la hora de dar unos concursos hay que tener en cuenta muchos aspectos no solo el mas barato”, indica.
Finalmente piden al Gobierno de Canarias que no permita esto y que saque al concurso la licitación y que el servicio lo asuman las empresas que verdaderamente cumplan con los pliegos de condiciones.

Un empresario “low cost” imputado por fraude fiscal
Desde el sindicato entienden que en esta decisión también ha tenido que ver su imputación por presunto fraude fiscal por 21 millones de € a raíz de la demanda penal que planteó el propio sindicato y reclaman que el Juzgado se pronuncie ya pues recuerdan hay dos jueces imputados en este caso.

USO: Seguridad Integral Canaria crea un problema grave para ahorrar en sueldos

La Unión Sindical Obrera (USO) ha acusado hoy al accionista mayoritario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, de crear “un problema grave al sector” para “ahorrarse un 30 % en los salarios” al traspasar sus vigilantes de edificios públicos y otros lugares a otras empresas.
Empresas estas que maneja también, aunque de forma indirecta y velada, el propio Ramírez, que, al llevarse a ellas a empleados de Seguridad Integral Canaria a los que tiene que pagar en las condiciones estipuladas en el convenio nacional del sector, podría rebajarles el salario, ya que aquellas son sociedades cuyos sueldos son bastante más bajos, según han asegurado hoy dirigentes de USO.
Un sindicato que, desde ese planteamiento, “estará muy vigilante a cómo se desarrolla el proceso” anunciado por el empresario y también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que, en una entrevista concedida a la emisora de radio oficial de ese club de fútbol, dijo días atrás que traspasaría los citados servicios de vigilancia a otras compañías.
Puesto que “se trata de un asunto muy relevante para el sector”, en la medida en que puede perjudicar a 3.700 trabajadores pertenecientes a un colectivo que en toda España da empleo, en conjunto, a unas 20.000 personas, ha sostenido el secretario general estatal de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles.
En una rueda de prensa convocada con carácter urgente en Las Palmas de Gran Canaria para salir al paso de “la alarma social que ha creado el anuncio de Seguridad Integral Canaria”, según ha querido subrayar, Febles ha insistido en que “lo preocupante de todo esto son los perjuicios que puede causar a un colectivo laboral ya, de por sí, bastante castigado”.
Porque, según ha dicho el sindicalista, los vigilantes privados, en general, en España “son mileuristas” que cobran, de media, unos 1.030 euros en las empresas que cumplen las condiciones mínimas fijadas en el convenio nacional del sector, pero su situación es bastante peor en algunas compañías pequeñas.
Compañías como Marsegur, una de las que se baraja que podrían asumir servicios que deje Seguridad Integral Canaria, que -ha proseguido- “pagan, de media, unos 700 euros y hasta menos, superando apenas el salario mínimo interprofesional”.
Con lo cual, “la decisión de Ramírez supondrá que cada uno de los trabajadores afectados acabará perdiendo unos 300 euros de sueldo al mes, quedándose con unas remuneraciones ridículas”, ha sentenciado Febles.
Quien, además, ha querido recalcar las sospechas de USO de que “el plan de Ramírez lo que busca es, simplemente, ahorrarse dinero”.
Sospechas que se basan en la tesis de que es el propio empresario de Seguridad Integral Canaria quien controla Marsegur y otras compañías similares y que esa circunstancia haría posible que siguiera gestionando los servicios de vigilancia que ha anunciado que va a abandonar pero cobrando lo mismo que hasta ahora y pagando un 30 % menos a sus empleados, ha precisado el dirigente sindical.
El cual ha recordado que Seguridad Integral Canaria presta vigilancia en muchos edificios y servicios públicos del archipiélago pero también en otros lugares de España como Madrid, donde tiene en torno a un millar de empleados en distintos ámbitos, entre ellos el transporte metropolitano.

Los sindicatos anuncian huelga en las empresas de Ramírez.

Los sindicatos USO, CCOO, UGT, Intersindical Canaria y Alternativa Sindical han convocado una huelga para el 7 de septiembre en la provincia de Las Palmas contra las empresas Seguridad Integral Canaria, Marsegur Seguridad y Sinergia Vigilancia y Seguridad (SVS), vinculadas todas ellas con el empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
Así lo manifestó ayer el secretario general del Sector Limpieza y Seguridad de UGT en Las Palmas, Juan José Socorro, durante una rueda de prensa en la que explicó que el motivo de esta convocatoria es exigir el abono puntual de sus salarios, informa Europa Press.
Por su parte, la Unión Sindical Obrera (USO) acusó a Ramírez de crear “un problema grave al sector” para “ahorrarse un 30% en los salarios” al traspasar sus vigilantes de edificios públicos y otros lugares a otras empresas, recoge Efe. El sindicato afirmó que “estará muy vigilante a cómo se desarrolla el proceso” anunciado por el empresario que, en una entrevista concedida a la emisora de radio oficial de ese club de fútbol, dijo días atrás que traspasaría los citados servicios de vigilancia a otras compañías.


La penúltima gambeta de Miguel Ángel Ramírez: el fin de su reinado en la seguridad

Este simpático, polifacético 'self-made man' a la canaria ha sacudido el sector de la seguridad anunciando que lo deja y aventurando problemas para los que se quedan.
El libro 'Morir despacio', de Alexis Ravelo, cuenta la historia de un buscavidas de origen humilde que busca el ascenso económico y social en la isla de Gran Canaria y fundamenta su imperio en el apoyo de políticos mientras se hace con el poder. Una novela que algunos dijeron podría estar inspirada en  Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canaria, de la Unión Deportiva Las Palmas, buen amigo durante años del exministro José Manuel Soria y uno de los personajes más conocidos en el mundo empresarial grancanario, tal y como sugería la prensa hace un tiempo.
El apodado 'rey de la seguridad' ha dado un nuevo volantazo esta semana. Tal y como avanzó este periódico, su empresa se marcha del sector de la seguridad privada, aquel en el que "los impagos de las administraciones" le hacían difícil continuar.
Este empresario, todo un 'self-made man' proviene de Tamaraceite, barrio separado de Las Palmas por la autovía, hoy no tan marginal como el que él conoció de pequeño. Ramírez empezó su vida profesional como aparcacoches en los partidos de baloncesto del Claret de Las Palmas, fue vendedor de fruta siguiendo su herencia familiar y ascendió peldaños durante dos décadas hasta situarse como uno de los hombres más ricos de las islas. Dueño de un imperio erigido sobre la seguridad privada que anuncia que abandona su actividad principal. 
Asegura estar harto de encontrarse siempre en el centro de atención: "Yo no tengo necesidad de seguir en un sector donde se me vapulea de esta manera. Cuando Prosegur, Ilunion, otras empresas tienen problemas nadie habla de sus propietarios. Conmigo siempre. Por suerte tengo muchos otros negocios: servicios, limpieza, tengo una empresa de inversiones bursátiles, tengo negocios en el extranjero... no tengo por qué aferrarme a esto", ha dicho Ramírez a este diario.
Según los sindicatos su marcha del mundo de la seguridad es un cuarteo, una gambeta, un nuevo quiebro de delantero pillo para dejar tirado a los defensas y marcar su gol. Creen que Ramírez en realidad no abandona el negocio de la seguridad privada como asegura sino que todo obedece a un plan para que su empresa 'titular', Seguridad Integral Canaria, pueda abandonar las prácticas con las que consiguió tantos contratos en la península en los últimos años: los concursos a la baja realizando bajadas de sueldos a los trabajadores a través de un convenio propio. Así que dejaría el trabajo a sus empresas 'suplentes', que saldrían al campo en la segunda parte para quedarse con los contratos.
Su llegada molestó a muchos en Madrid: "¡Qué hace una empresa canaria aquí!"
Pero Miguel Ángel Ramírez dice no saber nada de eso. Ha negado en muchas ocasiones que empresas como Marsegur (cuyas iniciales podrían corresponder a Miguel Ángel Ramírez y también con sede en Las Palmas) tengan nada que ver con él. Los sindicatos aseguran que las controla a través de terceros, pero nadie por el momento ha podido demostrar nada con papeles. Sinergias de Control es otra presunta empresa relacionada con MAR cuya conexión nadie ha podido comprobar. Ambas son consideradas dentro del grupo de compañías de seguridad 'low cost'.
Pero Ramírez no se considera patriarca del low cost y rechaza las acusaciones de 'pirata' que vierten algunos. Simplemente aprovechó la coyuntura estos últimos años: administraciones que sólo querían gastar cuanto menos mejor, y un contexto general de sueldos a la baja. Con esta filosofía se hizo con contratos gordos en Madrid que molestaron y mucho a las empresas clásicas de la seguridad. De todos estos contratos, ahora mismo le quedan el de Metro (donde emplea a 500 personas en una contrata que pende de un hilo) y el Ministerio de Defensa.

Incómodo
Su entrada molestó a muchos. Venido de fuera y ajeno a los cenáculos de poder clásicos en la capital, muchos veían con desconfianza a un personaje que empezó su carrera empresarial vendiendo fruta y de origen humilde, ajeno a los Revoredo (Prosegur), los Álvarez (Eulen, también dueños de Vega Sicilia) y otras familias clásicas que optaron por el sector de la seguridad (siempre próximo al poder político) para hacer negocios.

La UD Las Palmas es su vida, aunque reconoce que le pone en el ojo del huracán
No se sabe si a causa de la entrada de empresas como la suya en el mercado, pero muchas de las grandes (lideradas por Prosegur y Securitas) reaccionaron reforzando su patronal y ante todo luchando contra los 'descuelgues' en los convenios. Lo que ellos llaman "promoción de competencia leal y legal para conseguir que los procesos de contratación sean ventajosos para ambas partes".
Frente a estas familias, Álvarez aportaba un perfil mucho más campechano y personalista. Presidente de la UD desde 2005, tampoco al canario le faltaban buenas conexiones con los partidos del poder, especialmente con el PP. El primer Gobierno de Mariano Rajoylo indultó en 2014 para evitar su ingreso en prisión por un delito urbanístico. Su paisano José Manuel Soria lo defendió en público siendo ministro y lo puso como ejemplo: "Es el concepto más puro de emprendedor que yo conozco".

"Ganamos los casos contra él en primera instancia y los perdemos todos en el recurso", dicen los sindicatos

En Gran Canaria todo el mundo conoce al personaje y tiene su opinión. Las facciones más izquierdistas critican su gestión con tintes de cacique y lamentan sus problemas con los trabajadores y el impago de nóminas. Grupo Ralons es una empresa con fama de pagar "tarde y mal", aseguran. Los sindicatos aseguran que cuando ganan un caso contra sus empresas en primera instancia, todos los pierden en el recurso ante la Audiencia Provincial.
El empresario Ángel Luis Tadeo, fallecido con 59 años en 2011, fue quien instruyó, según aseguran, a Ramírez en el arte de hablar en público y comportarse como un hombre de negocios. Presidente del Grupo Dunas y de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Tadeo le presentó a muchas de aquellas personas con las que Ramírez acabó generando su rica madeja social, imprescindible para todo empresario.

Futbolero
Sin embargo, para ganarse el cariño de muchos en la isla, Ramírez escogió un camino más rápido. El fútbol. Las Palmas, conjunto que cogió en 2005 cuando estaba en Segunda División, ha subido a primera y vive en estos momentos uno de los mejores momentos de su historia. Ramírez no se corta en acudir al programa de Josep Pedrerol para hacer anuncios en directo. Habla de Las Palmas como de "su" equipo de fútbol.

Personaje de extremada simpatía, adulador, paternalista, no pocos jugadores de Las Palmas han manifestado que Ramírez llegó a ser un padre para ellos. La familia también es importante para él, y la tiene imbricada dentro de la estructura de Ralons.

Problemas de liquidez
Pero en el negocio de la seguridad, los contratos a la baja atenazan al sector y la falta de liquidez es común a todas las empresas del sector. El desplome de Segur Ibérica está próximo y en Integral Canaria ya llevan varios avisos a navegantes. Por eso Ramírez cree que ha llegado el momento de virar estratégicamente e irse al "transporte de fondos y sistemas", mejor pagados que las contratas de seguridad. "Hay 1.800 empresas de seguridad y sólo 4 dedicado a transporte de fondos. Como nos da igual tener una empresa de 4.000 vigilantes que no gane dinero, reajustamos nuestro tamaño a la realidad el mundo de la seguridad privada", asegura.
Al fin y al cabo, los problemas de liquidez son comunes a todas las empresas de seguridad. Esto es lo que ocurre cuando tienes gastos fijos que debes cubrir mes a mes pero cobras con otra periodicidad y muchas veces, con retraso.
Y Ramírez, enfant terrible de su sector, avisa a las grandes: "Prosegur tiene una alta deuda que veremos si puede pagar, Eulen también afronta problemas y en general todas van a tener problemas, porque la administración paga menos de lo que cuestan los vigilantes y estos reivindican su salario". Ramírez dice que no hay futuro en el negocio de la seguridad privada tal y como está planteado. Por eso el hombre que vigilaba todo el Patrimonio Nacional español en 2011 ha dado un paso atrás.

24 de agosto de 2017

Convocatoria de Manifestación día 7 de septiembre de 10:00 horas a 14:00 horas en Santa Cruz de Tenerife.


Convocatoria de Prensa viernes 25 de agosto a las 11:00 horas.


Entrevista a Basilio Febles en Radio San Borondón. Acusan al GOBIERNO de permitir que SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA utilizara triquiñuelas para llevarse siempre los concursos.


“Conociendo al personaje, sospechamos que algo se esconde detrás de esta decisión”, afirma Basilio Febles, en referencia al empresario Miguel Ángel Ramírez, conocido como “el rey de la seguridad”.
SB-Noticias.- Basilio Febles, Secretario General de FTSP-USO, explicó en Radio San Borondón que se toman  con tranquilidad y responsabilidad la decisión de Seguridad Integral Canaria de cesar su actividad, porque entienden que a partir de ahora tienen una labor importante para vigilar un proceso que no acaban de comprender.
Febles denuncia asimismo las prácticas antisindicales de esta empresa, al no permitir el acceso de los representantes sindicales de USO e Intersindical Canaria este miércoles, a la reunión que mantuvieron la empresa y el comité, alegando que no tenían representatividad suficiente. Considera el representante sindical que impedir la entrada a sindicatos que tienen representatividad  y a los delegados sindicales es coartar la libertad de éstos para estar informados y defender los derechos de los trabajadores.
“Entiendo que somos incómodos y que para las empresas a raíz de la reforma laboral, les es mucho mas cómodo tener comités de empresa afines, prescindir de los sindicatos, crear listas independientes y negociar con una o dos personas que contar con todos los sindicatos , pero nosotros no podemos permitirlo y continuaremos denunciándolo”.
Una empresa abocada al cierre
Insiste Basilio Febles en que, desde hace años, vienen advirtiendo que este modelo de política empresarial practicada por Ramírez le iba a abocar al cierre.
Una práctica habitual que consiste en abaratar las ofertas económicas por debajo incluso de lo razonable y lo permitido, para ganar los concursos públicos, y este coste repercutirlo en los salarios de los trabajadores haciendo la empresa inviable.
Y es lo que ha venido ocurriendo en seguridad Integral Canaria, que no está pagando a sus trabajadores: “este señor -añade-  ha estado esquilmando a los trabajadores durante años tres millones setecientos mil euros, tal como él mismo ha reconocido, que ahora tiene que abonarles, de nada le ha servido no pagarles pues ahora tienen esta deuda contraída que no tiene dinero para pagar”.
Mensaje a las instituciones públicas
El representante de USO responsabiliza, también, a las autoridades públicas que -asegura- son conscientes de esta situación y sin embargo han mirado para otro lado a la hora de adjudicar concurso tras concurso a Seguridad Integral Canaria, en base a esta artimaña.
Asimismo plantea que Seguridad Integral Canaria ha venido prestando sus servicios a la mayor parte de instituciones del archipiélago, especialmente al Gobierno de Canarias, y por ello pregunta al Gobierno qué va a hacer ahora, a quién y cómo va a traspasar la seguridad de sus instalaciones.
“Aquí hay algo raro”
Desde el sindicato USO no entienden las explicaciones públicas dadas por el empresario, que incluso en un primer momento llegó a desmentir la noticia.
Febles es contundente cuando afirma que “aquí tiene que haber algo mas, que no conocemos y estamos investigando pues no nos fiamos”.
Recuerda la denuncia que le plantearon al empresario por fraude a la Seguridad Social y sospecha que la decisión de cesar en su actividad puede tener que ver con los contundentes informes de Hacienda y la Seguridad Social “Creo que hay algo aquí que no es tal como nos lo cuentan y conociendo al personaje, tenemos que dudar”.
Recordemos que el también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, empresario que llegó a ser indultado por el Gobierno del PP,  acumula un fraude al Estado de casi 21 millones. Según Hacienda, Ramírez camufló las horas extras de sus empleados como dietas eludiendo su retención fiscal. Ofrecía el mejor precio, pero había trampa: ahorraba en salarios pagándolos como dietas, que están exentas de tributar y cotizar.
Un informe de la Inspección de Trabajo llegado al Juzgado de Las Palmas donde se investigaba a Ramírez por fraude fiscal y a la Seguridad Social -después de una denuncia de la acusación que ejerce el sindicato USO- certifica las cotizaciones evadidas en 2009 (3,5 millones), 2010 (3,1 millones), 2011 (2,8 millones) y 2012 (2,1 millones), que se añaden a las de 2008 (480.000 euros).  Los inspectores denuncian las contradicciones «muy numerosas y evidentes» en los datos aportados por Ramírez, «lo que confirma el ánimo defraudatorio y el dolo».
Mensaje tranquilizador
Finalmente, Basilio Febles insiste en que la labor de los sindicatos a partir de ahora es defender los derechos de los  3.700 trabajadores, y garantizar el traspaso de sus puestos de trabajo en unas condiciones dignas así como el pago de la deuda contraída.

Interesantes declaraciones en RTVE1 y RTVC del secretario general de la FTSP-USO Canarias sobre el cese de actividad anunciado por el Director General de Seguridad Integral Canaria.

No se pierdan las interesantes declaraciones del secretario general de la FTSP-USO Canarias Juan Díaz en la primera de televisión Española y en la Televisión Canaria, respecto al cese de actividad en todo el territorio nacional de la empresa pirata Seguridad Integral Canaria anunciado por el Director General de esta empresa Héctor de Armas al comité de empresa en Tenerife.

Radio Televisión Canaria

Radio Televisión Española Canaria


Además el próximo viernes 25 de agosto los medios de comunicación nacionales, están convocados a una rueda de prensa en la sede de la USO en la Palmas de Gran Canaria, en la que el secretario general de la FTSP-USO Basilio A. Febles así como el secretario general de la FTSP-USO Canarias Juan Díaz, intervendrán y darán el siempre documentado y cualificado punto de vista de nuestro sindicato USO sobre los más que probables motivos de este anunciado cese de actividad y de la repercusión y consecuencias que el mismo va  a traer a los trabajadores y clientes de esta empresa, por cierto a los que ahora sin rubor hace culpables de sus desgracias.

Secretaria de Información FTSP – USO Canarias

23 de agosto de 2017

NOTA INFORMATIVA La empresa Seguridad Integral Canaria S.A. (SIC) comunica al comité de empresa de Santa Cruz de Tenerife: Que cesa su actividad comercial en todo el territorio español.


Ombuds remueve la seguridad privada con sus planes para comprar empresas

Negocia para comprar una empresa portuguesa mientras ha solicitado entrar en la patronal de las grandes empresas de seguridad Aproser.
Ombuds es la compañía de la que todos hablan en el sector de la seguridad privada. Caída en desgracia Segur Ibérica y con el liderazgo de Prosegur muy asentado, esta compañía presidida por Rodrigo Cortina y con participación del fondo de inversión JZI ha comunicado este mes de agosto en el registro mercantil una ampliación de capital de 3 millones de euros hasta los 15.
Este aumento de capital se produce en un momento en el que la compañía está tanteando diversas opciones para seguir ampliando cuota de mercado e importancia dentro del sector, una estrategia para la que tienen liquidez tras firmar un crédito factoring sindicado de 60 millones de euros. Fuentes del mercado aseguran que la compañía se encuentra en conversaciones avanzadas para comprar la vasca Prosetecnisa, una compañía con 37 millones de euros de facturación y contratos de importancia.
Según aseguran fuentes del sector, el presidente de Ombuds, Rodrigo Cortina, tiene en estos momentos la idea de crecer vía adquisiciones. Con la adquisición de Casesa, que adelantó 'Vozpópuli' hace ahora casi dos años y que está todavía pendiente de cerrarse al completo, la compañía dio un salto de gigante para hacerse más relevante en el sector. En el sector se asegura que las propias condiciones de Cortina, que tendría un contrato en el que cobraría más cuanto más facturara Ombuds, influyen en esta intención de crecer. Este periódico ha tratado de contactar con la Ombuds por vía telefónica y por e-mail para contrastar este punto sin obtener respuesta.
Por su parte, fuentes sindicales del sector seguridad aseguran que "si se siguen cogiendo contratas a bajo coste llegará un momento en que podríamos encontrarnos con una situación como Segur Ibérica".

Entrando en la patronal
Por otra parte, la compañía se encuentra en negociaciones para entrar en Aproser, la patronal de grandes empresas de seguridad privada que en la actualidad. Esta asociación, donde están las grandes como Prosegur, Eulen,Ilunion, Securitas o Loomis, exige a sus asociados un punto ante todo: el cumplimiento del convenio colectivo sectorial en lugar de redactar convenios de empresa que estén por debajo, tal y como han hecho otras compañías llamadas 'low cost', como Marsegur o Sinergias de Seguridad, a las que los sindicatos vinculan con Miguel Ángel Ramírez, dueño de Seguridad Integral Canaria.
El motivo de esta exigencia es sobre todo evitar que la bajada suicida de precios en los contratos acabara lastrando a la rentabilidad de los grupos de seguridad, como efectivamente ha estado ocurriendo. Ombuds se encuentra en disposición de cumplir esta exigencia desde su nuevo posicionamiento como empresa 'grande'.
Por su parte, desde Aproser se ha rechazado confirmar a este diario si Ombuds ha hecho su petición para entrar en la patronal, pero sí han aclarado que esta petición puede tardar un tiempo en tener luz verde: "Tenemos unas exigencias alidad y para entrar en la asociación hay que cumplir una serie de requisitos que pueden tardar un tiempo en comprobarse y hay que pasar las auditorías que necesitan las empresas para cumplir con los parámetros", ha asegurado un portavoz oficial de la patronal liderada por Prosegur.

Noticias: Seguridad Integral Canaria dejará el servicio de vigilancia

La empresa Seguridad Integral Canaria S.A. (SIC) comunica al comité de empresa de Santa Cruz de Tenerife: Que cesa su actividad comercial en todo el territorio español.

Seguridad Integral Canaria, del presidente de la UD Las Palmas, cesa su actividad comercial

Seguridad Integral Canaria sale del mercado de la vigilancia presencial

Seguridad Integral Canaria estudia si traspasar algunos de sus contratos

El gigante canario de la seguridad 'pirata' se retira y deja a 3.700 trabajadores en vilo

Integral Canaria abandona la mayoría de sus contratos de seguridad por impagos públicos

Seguridad Integral Canaria dejará el servicio de vigilancia

Seguridad Integral Canaria cierra la vigilancia presencial por falta de liquidez

La empresa “pirata” canaria echa el cierre y dejará sin servicio a varias Administraciones Públicas

15 de agosto de 2017

Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 15 de Agosto de 2017

Comunicado FTSP-USO sobre los acontecimientos de los últimos días en nuestro sector. 

USO anuncia movilizaciones para defender a trabajadores de seguridad privada

USO, CCOO y UGT en Aena registran el miércoles la convocatoria de 25 días de huelga a partir del 15 de septiembre

ASAMBLEA INFORMATIVA TRABAJADORES ESTACIONES DE GUAGUAS E INTERCAMBIADORES DE GRAN CANARIA 

Seguridad Integral Canaria continua sin pagar a sus trabajadores

Los trabajadores de Seguridad Integral se movilizan por sus condiciones laborales.

Queremos COBRAR la nomina en Seguridad Integral Canaria.

USO denuncia que los vigilantes de Son Sant Joan soportan altas temperaturas

Noticias del Conflicto de Eulen en el aeropuerto de El Prat.

Los vigilantes de los aeropuertos de Valencia y Alicante amenazan con unirse a la huelga

La ‘vigilancia’ de la OCDE pone bajo presión a Prosegur

Vigilantes de Segur Ibérica piden solución a sus despidos

Ariete Seguridad intenta de manera torticera negociar un convenio de empresa.

¿Que está pasando con Marsegur en Defensa?. Interior y la propia Defensa deberían dar explicaciones.

Detenido un falso vigilante de seguridad en Crevillent por abusos sexuales

Tres vigilantes de seguridad detenidos y tres investigados, a raíz de 6 denuncias por agresión en el Arenal Sound

Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 29 de Julio de 2017

Cuadernos de Seguridad nº324 

Revista Seguritecnia Nº 444 

Periódico Armas.es Edición Impresa. Número 73. Junio - Julio 2017

Gaceta Securitas nº 83


Revista FSL Nº 153 

Promoción consultas Jurídicas Gratuitas 2017, en materia civil y penal.

Actas de Negociación Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad Privada

Seguridad Privada: Ley, reglamento, ordenes ministeriales, informes y convenio.

Unidad Central de Seguridad Privada: Boletín SEGURPRI. 

Unidad Central de Seguridad Privada: SEGURPRI MONOGRAFICO

Informes de la Unidad Central de Seguridad Privada 2009/2016

Noticias de Seguridad Privada: "Vigilantes Noticias Anuario 2016"