29 de junio de 2014

Vigilantes Noticias 29 de Junio de 2014.













































¿Hasta dónde puede llegar la legítima defensa si un ladrón entra en tu casa?

Expertos abogados penalistas opinan sobre los disparos del dueño de una casa de Sevilla a un ladrón el pasado sábado
Vivienda de Santa Clara donde ocurrieron los hechos

A las 9 de la mañana del pasado sábado un ladrón entró en la vivienda de un vecino de la urbanización Santa Clara. Se inició un forcejeo entre el propietario de la vivienda y el atracador, quién terminó dando un navajazo en la pierna al dueño. Éste disparó al caco, hiriéndole en la pierna. Tanto el ladrón como el atracador fueron detenidos. El juez dictó orden de prisión por robo con violencia y lesiones para el ladrón, que fue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, mientras que el propietario quedó en libertad provisional con fianza de 12.000 euros acusado de un delito de lesiones. El suceso ha generado un debate encendido sobre hasta qué punto debe llegar el derecho a la legítima defensa y cuando ese derecho se torna venganza. Expertos abogados penalistas de Sevilla opinan sobre este suceso, aunque siempre con las cautelas propias, ya que no se conocen todos los detalles del incidente.

Manuel Castaño, reputado abogado penalista, declaró a ABC que «si los disparos fueron realizados a veinte metros y por la espalda, ese acto no puede ser considerado legítima defensa». A su juicio, «si se confirma que fue así, la legítima defensa se convirtió en venganza». No obstante, Castaño entiende que puede haber atenuantes, como la ofuscación, el arrebato o la obcecación, recogidos en el artículo 21 del Código Penal, ya que el propietario de la vivienda podría haber actuado de forma inmediata afectado psicológicamente por lo que había pasado. Si el vecino de Santa Clara o su familia llamó a la Policía para alertar de lo que estaba sucediendo podría ser considerado también atenuante.

«Al parecer, el dueño de la casa disparó a las piernas del ladrón y no al pecho, lo que podría haberle provocado la muerte, por lo que difícilmente podría ser considerada su actuación homicidio en grado de tentativa. Sí procede, sin embargo, la imputación al propietario de la vivienda por lesiones a un órgano que no es vital», indicó Castaño, quien destaca que «para que haya legítima defensa tiene que haber proporcionalidad entre la agresión y la respuesta. Es decir, tiene que haber una agresión ilegítima, una necesidad racional de medio empleado y una falta de provocación suficiente por el que se defiende. En otras palabras, que si te dan una bofetada sin provocación tú no puedes responder con una metralleta». Otra cosa hubiera sido que el dueño hubiera golpeado al ladrón con una barra que hubiera tenido a su alcance en el momento de la agresión, señala Castaño

Francisco Baena Bocanegra entiende que «ha podido haber una exceso en la legítima defensa, aunque también es cierto que se puede alegar como atenuante la obcecación, el trastorno mental transitorio y el estado pasional, aún más si había menores en la vivienda cuando el atracador atacó con una navaja o machete al dueño de la misma».

El abogado Juan de Dios Ramírez Sarrión opina que lo mejor en estos casos es llamar a la Policía lo más rápidamente posible y no usar un arma de fuego «porque atendiendo a la jurisprudencia el que la usa siempre acaba en prisión y, si no, recordemos al yerno de los propietarios de Tous, que fue condenado a pagar una indemnización por matar a un ladrón en su domicilio». En su opinión, será importante saber si el propietario usó una escopeta de caza o un arma corta, si tenía licencia reglamentaria, si estaba en un armero bajo llave...

«Si es verdad que el dueño disparó al ladrón cuando huía no habría legítima defensa. Distinto hubiera sido que el propietario hubiera disparado al aire como medida de protección o medida disuasoria. El ladrón –dice Ramírez Sarrión– puede ser condenado hasta cinco años de prisión por robo con violencia con lesiones pero al dueño de la casa puede ser condenado a penas de entre 6 y 12 años de prisión si el ladrón queda con graves deformidades o insuficiencia económica debido al disparo en la pierna. En caso de que quede con deformidades no grave las penas de cárcel podrían varias entre 2 y cinco años (artículos 147 a 153 del Código Penal)».

Por su parte, otra reputada abogada penalista de Sevilla señaló entiende que si los disparos se produjeron cuando el ladrón salió de la vivienda ya no hay legítima defensa. «¿Para qué disparó si ya huía? Por otra parte, hay que ver la proporcionalidad en los medios que se usan para repeler una agresión porque no puede utilizarse una escopeta cuando te han acatado con una navaja», señaló esta letrada, para quien «lo lógico es que este caso no sea juzgado por un jurado porque no ha habido ningún muerto».

¿Qué hacer en caso de que un ladrón entre en tu domicilio y te agreda con una navaja? La mayoría de los letrados consultados entienden que lo más recomendable es llamar a la Policía en cuanto se pueda o responder a la agresión con idénticos medios «porque con la Ley en la mano se supone que eres un ciudadano que respeta las leyes y tiene que haber proporcionalidad en la defensa. Si hubo un disparo al atracador cuando huía, el dueño de la casa corrió muchos riesgos porque el ladrón estaba corriendo y podía haberle dado en la espalda, en lugar de las piernas». De haber muerto el caco, las cosas se hubieran complicado mucho para el propietario, que en lugar de haber sido imputado por lesiones habría sido acusado de homicidio.

Alicia Suárez, también letrada penalista, entiende que no habría legítima defensa si el dueño de la vivienda disparó al ladrón cuando huía, «aunque -admite- también hay que ponerse en la piel del propietario de la vivienda y entender el estado de ofuscación y arrebato en el que estaría». A su juicio, «es lógico que se haya aprobado una libertad provisional para el dueño de la casa porque no existe riesgo de fuga, tiene un domicilio conocido, tiene trabajo y se supone que no tiene antecedentes penales».

Archivado el caso del comisario que actuó en legítima defensa al matar a un atracador
En noviembre de 2008 el inspector jefe Jesús Gómez Palacios -y no José Moral Milla, como se dijo en un principio- resultó herido en un tiroteo en el supermercado Bonsabor de la Gran Plaza, de Sevilla, donde se encontraba de paisano y libre de servicio. Los atracadores encañonaron a su mujer, por lo que el policía intentó reducir a uno de los atracadores, recibiendo dos disparos en el abdomen el comisario un disparo. El policía repelió la agresión con el arma reglamentaria que llevaba en el tobillo. Ese atracador, de 36 años y vecino del Polígono de San Pablo, que había sido detenido poco antes por otro robo, murió en el mismo establecimiento, con el casco puesto que había usado en el atraco y la pistola en la mano.
Aunque estaba herido, el policía aún pudo salir a la calle y tratar de perseguir al otro asaltante, que finalmente se dio a la fuga. En mayo de 2009, seis meses después, el segundo atracador, de 21 años y también con anteriores arrestos por delitos contra la propiedad, fue detenido cuando acudió al juzgado por otra asunto. La causa contra el policía fue archivada al considerarse que actuó en legítima defensa y de forma proporcional a la agresión recibida, según fuentes jurídicas consultadas por ABC.

"La sociedad tiene nuevas necesidades y una de ellas es la seguridad privada"

Franco Madeddu fue uno de los reconocidos en el Día de la Seguridad Privada en Cádiz
El edificio Heracles de la Zona Franca de Cádiz acogió ayer un acto de reconocimiento a miembros de las empresas de seguridad privada que se han distinguido por el buen ejercicio de sus funciones en el último año. Javier de Torre, subdelegado del Gobierno, presidió la ceremonia acompañado de Manuel Bouzas, comisario principal de la Comisaría Provincial de Cádiz; Jorge Ramos, delegado especial de la Zona Franca y Heladio Gutiérrez Oliva, comandante jefe accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. 

Una de las personas que vio reconocida su trayectoria fue el gaditano Franco Madeddu López de Silva, que posee, entre otros títulos académicos, el de director de seguridad y mediador laboral. En la actualidad es apoderado de Serramar Vigilancia y Seguridad SL, donde trabaja desde hace más de 13 años. Franco se mostró orgulloso al recibir la distinción y habló sobre un sector que, bajo su punto de vista, "tiene un enorme potencial de crecimiento" al haber alcanzado "la madurez en nuestro mercado, que se presenta como una inversión necesaria de las empresas para mejorar su productividad y sus resultados. No se trata de asumir funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino de complementar las mismas y ofrecer a empresarios y consumidores una protección y guarda específica". Franco considera que "con adecuación a la Ley, el resultado es siempre positivo, y repercute en una mejora importante de la seguridad pública". 

Y es que la actividad industrial, administrativa, las propias actividades privadas de todos en este siglo XXI, han generado nuevas formas de delincuencia, cuya prevención no es posible dejar solo en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Si asumimos con naturalidad que el coste de mantenimiento de una piscina en una urbanización es de sus vecinos, no debe extrañar que el coste de la seguridad de esa misma urbanización no repercuta en los presupuestos del Estado, o al menos no totalmente". 

Al preguntarle por la nueva Ley de Seguridad Privada, Franco comentó que se trata sobre todo "de recoger lo que la realidad ha impuesto, regulándolo y manteniendo un fuerte control administrativo de la actividad. Para elaborar esta Ley se ha contado con todos, y seguramente se habrá conseguido el mejor equilibrio posible". 

Por último, sobre los nuevos retos que se le plantearon al sector indicó que "las nuevas tecnologías son el futuro de la seguridad privada y de la pública. Hay medios impensables hace diez años para proteger pisos, empresas, personas, de forma eficaz y no agresiva. Como cualquier tecnología, es susceptible de mal uso, pero el marco legal español protege a mi entender de forma eficaz al ciudadano", concluyó.

El fiscal pide tres años para los vigilantes de seguridad acusados de robar en los juzgados

El Ministerio Público también solicita prisión para la mujer de uno de ellos por revender las joyas en tiendas de compraventa de oro

Panorámica del Palacio de Justicia de Benalúa
Panorámica del Palacio de Justicia de Benalúa 
Los procesados cogieron las llaves de la caja fuerte de los cajones de los secretarios
La Fiscalía de Alicante ha solicitado tres años de prisión para tres vigilantes del Palacio de Justicia de Benalúa por robar durante la noche piezas de oro y plata custodiadas en varios juzgados de Alicante. Los robos se cometieron presuntamente a lo largo de dos años en horario nocturno, que es cuando estos guardias de seguridad, pertenecientes a una empresa privada contratada por la Generalitat, prestaban sus servicios.
El fiscal también acusa de un delito de receptación a la mujer de uno de ellos por revender las joyas en tiendas de compraventa de oro conociendo el origen ilícito de las mismas. Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso este diario, los tres vigilantes del Palacio de Justicia de Benalúa ejercían en el turno de noche, fuera de los horarios en que el personal de los juzgados no se suele encontrar en las instalaciones.
De manera concertada entre sí, según el escrito de acusación, y aprovechando esa circunstancia de ausencia de trabajadores, los acusados se apropiaron de efectos judiciales, principalmente joyas y piezas de valor como relojes almacenados en las dependencias de los juzgados. Las joyas supuestamente robadas eran piezas de convicción, es decir, aquellos objetos intervenidos durante registros y depositadas durante la instrucción de los casos en los juzgados.
Las sustracciones se cometieron, al menos, durante dos años, comenzando a principios de 2010 y hasta abril de 2012. Los vigilantes cogieron las llaves de la caja fuerte del juzgado de Instrucción número 2, que se encontraban en el cajón de la secretaria judicial. Así es como presuntamente abrieron la caja y sustrajeron de ella relojes, colgantes, anillos, unos pendientes con circonitas, sortijas, sellos de oro, gargantillas y un alfiler de corbata. Se llevaron hasta moneda extranjera (dólares y francos) así como monedas antiguas de coleccionista.
También sustrajeron un portaminas de la marca Montblanc propiedad del juez de Instrucción número 7 de Alicante, precisamente el juzgado que finalmente ha llevado el caso pero del que tuvo que apartarse el juez titular al verse afectado por la causa.
Entre marzo de 2011 y abril de 2012 los agentes cogieron las llaves del secretario judicial del juzgado de lo Penal número 6 de Alicante aprovechando su ausencia momentánea del despacho. Abrieron, según el fiscal, la caja fuerte sin su permiso y sustrajeron cuatro anillos dorados. Los tres vigilantes y la esposa de uno de ellos vendían posteriormente en tiendas de compraventa de oro las joyas robadas. En un principio, las piezas que se han podido recuperar durante la instrucción han sido valoradas en 13.381 euros.
El fiscal solicita para los vigilantes tres años de prisión por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas. Aunque no consta en el escrito de acusación, fuentes judiciales indican que se cometieron en total unos 60 robos y hurtos en prácticamente todos los juzgados de Benalúa que guardaban piezas de convicción.

El Ministerio Público también pide un año y seis meses de prisión por un delito de receptación para la esposa de uno de los agentes. Además, los acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Ministerio de Justicia con 13.381 euros así como la que se determine por los efectos sustraídos pero no localizados. También tendrán que indemnizar al juez de Instrucción número 7 de Alicante por el valor del portaminas una vez éste sea tasado. El fiscal ha solicitado como prueba testifical que el magistrado sea citado a declarar como testigo en el juicio oral.

Concentración de Vigilantes de Seguridad de Atlantisegur S.L. en Centro Comercial Atlántico de Vecindario

 







    
Un grupo de trabajadores y trabajadoras de la empresa Atlantisegur y miembros de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO, se han manifestado hoy en el Centro Comercial Atlántico en Vecindario, en Gran Canaria.
Protestamos contra esta empresa por el descuelgue salarial que esta aplicando a todos sus trabajadores y trabajadoras y por las condiciones en que los Vigilantes prestan sus servicios. Descuelgue que supone una perdida importante en los salarios de los Vigilantes de Seguridad.
Desde la FTSP-USO, continuaremos con las acciones sindicales y denunciaremos ante las autoridades laborales los desmanes a los que esta empresa somete a sus Vigilantes.

El 'rey' de la vigilancia

El presidente de la UD Las Palmas no sólo se encarga de la seguridad de su estadio
También vigila el Palacio Real, el ministerio de Defensa o el Metro de Madrid
Y eso que comenzó lavando los coches a los jugadores
Miguel Ángel Ramírez, tras la invasión del campo de la UD Las Palmas. 

«En casa de herrero, cuchillo de palo», debió maldecir Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, la mayor empresa de seguridad de las islas, el pasado domingo. Sus vigilantes, perfectamente uniformados (gorra de plato, porra, esposas y silbato) y suficientemente preparados («seguridad eficaz», reza el lema de la empresa en su web), no pudieron impedir la invasión del terreno de juego del estadio, lo que frustró el ascenso de su equipo a Primera División. Tras la confusión por la refriega, su rival, el Córdoba, remontó el partido en el último minuto.

Una mueca cruel que el destino le tenía reservada al «rey de la seguridad», como popularmente se le conoce a este empresario canario de 45 años, casado, con dos hijas y que desde el pasado mes de marzo puede presumir de vigilar la casa de otro monarca: el Palacio Real de Madrid. El contrato se sumó a los que Patrimonio Nacional ya mantenía con Seguridad Integral Canaria: el Monasterio de Yuste (Cáceres), el Palacio de Tordesillas (Valladolid), los palacios de Aranjuez y El Pardo (Madrid), La Almudaina (Mallorca); La Granja y Riofrío (Segovia), el Monasterio de Las Huelgas (Burgos), más El Escorial y el Valle de los Caídos, también en Madrid.

Por lo que se ve, a dónde sí ha ascendido Miguel Ángel Ramírez es a la primera división de las empresas de seguridad españolas. Sus últimas concesiones así lo confirman. Por ejemplo, en el año 2013 su empresa ganó un concurso con Defensa para llevar la seguridad de sus instalaciones por 745.000 euros, y hace cinco meses, en enero, dos nuevos concursos de Defensa fallaron a su favor por importes de 360.248 y 351.926 euros. Antes, también en 2013, ya se hizo con el control de la Delegación del Gobierno en Madrid por 305.000 euros.

Además de palacios, jardines y cementerios, Ramírez también ha conquistado el cielo de la seguridad privada en España. Sus vigilantes canarios son los responsables desde 2012 de la seguridad de los centros de AENA en Paracuellos y Torrejón (por 600.000 euros), y también del subsuelo de la capital ya que Ramírez se quedó hace dos años con la seguridad del Metro de Madrid (23,1 millones), y también las mismísimas entrañas de la Administración al vigilar la Tesorería de la Seguridad Social (2,4 millones).

Y es que el ascenso de este empresario ha sido vertiginoso. Ramírez ha pasado en 25 años de cuidar y lavar los coches de los jugadores del equipo local de baloncesto -«cobraba 10.000 pesetas de entonces»- a presidir el club de fútbol de su ciudad y ser el propietario de un grupo empresarial Ralons Servicios (unión de sus apellidos Ramírez y Alonso), con más de 5.200 trabajadores. Él siempre recuerda sus orígenes: «Secaba el parqué de la pista cuando uno se caía y llevaba un chándal de la cooperativa de seguridad de mi padre y por la publicidad me pagaban 500 pesetas. Comerciaba con todo». No acabó el instituto y se empleó en lo que pudo. Vendió fruta, como su abuelo, y tuvo algún trabajo como ayudante de detective. De un barrio de casas humildes construidas por el patronato Francisco Franco donde vivía con sus padres en Las Palmas ha pasado a tener casa propia en Miami, donde viaja a ver a los Heat desde un palco privado. En Las Palmas todo el mundo le identifica en su BMW 750 con chófer, mientras que en Madrid tampoco pasa desapercibido al conducir un Porsche Panamera valorado en 150.000 euros.

Pero, ¿quién vigila al vigilante? Ahí está la cuestión, porque todos los éxitos anteriores los ha conseguido Ramírez sorteando una cantidad ingente de denuncias, querellas y sentencias contra él y sus empresas. En mayo de 2010, fue condenado a tres años de prisión por un delito urbanístico, pero dos años después el Gobierno de Mariano Rajoy le concedió un indulto parcial que le evitó entrar en la cárcel, al rebajarle la pena a dos años. Eso sí: con los informes contrarios del tribunal sentenciador y de la fiscalía. ¿Una decisión política? Por eso a nadie extrañó que el pasado 30 de noviembre el mismísimo ministro de Industria, José Manuel Soria, grancanario como él, inaugurase un concesionario de BMW, propiedad de Ramírez, en Las Palmas.

Querella por no pagar

Aunque los problemas judiciales no cesan para el empresario. La fiscalía de Canarias tiene presentada contra él una querella por presuntos delitos contra Hacienda y la Seguridad Social, al dejar de ingresar, en 2008 y 2009, las cuotas sociales y las retenciones de muchos de sus vigilantes «camuflando las horas extras como dietas y gastos de viaje». Según la fiscal, Ramírez conseguía reducir el coste de sus cargas sociales, al estar las dietas exentas de cotización, eludiendo también su cálculo como nómina y su correspondiente retención fiscal.

«Es un fraude a la Seguridad Social y a Hacienda, pero también a los trabajadores», detalla Antonio Duarte, secretario general de FTSP-USO (Federación de Trabajadores de Seguridad Privada), sindicato que ejerce la acusación popular. «Al no aparecer esas cantidades como salario, el trabajador pierde derechos de desempleo y de pensión. La empresa se ahorra un 30% de cotización y un 6% de IRPF por cada hora extra que no cotiza como tal. Un 36% en total».

Ramírez prestó declaración el 1de abril ante el juzgado de Las Palmas. Allí negó haber defraudado a Hacienda o a la Seguridad Social y acusó a USO de defender «intereses de la competencia». Durante su declaración aclaró el pago de dietas y kilometrajes al estar «perfectamente justificadas» negando que su empresa obtuviera con esta práctica «ventajas competitivas».

En mayo Ismael Franco, abogado de USO, amplió la querella, añadiendo los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 a los anteriores y solicitando una fianza de responsabilidad civil contra Ramírez por un importe de 53 millones. El juez todavía no se ha pronunciado, pero seguro que Miguel Ángel Ramírez mira de reojo el tiempo de descuento de este partido.

27 de junio de 2014

Tras prestar servicio como Vigilante en un atunero: Reconocimiento de IT por accidente

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 12 de Mayo de 2014,
poderjudicial.es

Demanda contra Securitas por tutela de los derechos de libertad sindical


Nota informativa de interes: Entrevista al Secretario General Antonio Duarte de FTSP USO que aparecerá en el dominical del El Mundo


Riesgo de atraco: Pautas de actuación.


Piden 156 años para los siete acusados por el golpe del siglo en Puerto Banús

Imagen de Puerto Banús, donde tuvo lugar el atraco del siglo a una gran superficie.
Imagen de Puerto Banús, donde tuvo lugar el atraco del siglo a una gran superficie. 

Tres hombres se concertaron con el vigilante de una gran superficie para llevarse 4,7 millones de euros en joyas – Entraron disfrazados de obreros – A punta de pistola maniataron a dos guardias y a tres trabajadores y los encerraron en una sala mientras reunían el botín

Si el asalto al tren de Glasgow en 1963 fue considerado el robo del siglo XX, el atraco a un gran centro comercial de Puerto Banús el domingo, 18 de noviembre de 2012, en el que los asaltantes lograron un botín de 4,7 millones de euros en relojes y joyas, bien podría ser el golpe del siglo XXI. La Opinión de Málaga ha tenido acceso, en exclusiva, al escrito de calificación fiscal de los hechos, en el que se pide un total de 156 años y medio de cárcel para los siete acusados, los tres supuestos atracadores, el vigilante que les facilitó el acceso a la superficie y las tres personas que recibieron el botín para traficar con él en el mercado negro.
La Fiscalía pide 38 años para dos autores del atraco, 41 para un tercero y 34 para el vigilante que les facilitó la entrada al centro. Les acusa de robo con violencia, cinco delitos de detención ilegal y robo de uso de vehículo. Uno de ellos además se enfrenta a un ilícito por tenencia de armas. Para los tres acusados de recibir las joyas se presentan cargos por receptación: para dos de ellos se piden un par de años de prisión y para una mujer acusada, año y medio. Asimismo, el acusador público reclama indemnizaciones que suman 2,4 millones de euros para las distintas firmas de joyería afectadas, de tal forma que la empresa de seguridad y su aseguradora serían responsables civiles subsidiarias.
El relato de hechos podría formar parte de cualquier película del género negro, con la salvedad de que sucedió de verdad. Cuenta la Fiscalía de Málaga que los acusados J. R. D. L., L. I. M., R. A. P. M. y J. A. G. G. se concertaron «para cometer un atraco» en un gran centro comercial de Puerto Banús el día 18 de noviembre de 2012, ya que al ser domingo el establecimiento estaría cerrado, y además coincidiría con el turno de trabajo de J. R. D. L., vigilante de seguridad del negocio. Éste, incluso, cambió su turno.
A las 16.20 horas de la tarde, tres de los acusados se presentaron en la puerta de la superficie «como supuestos trabajadores para realizar unas obras dentro» del edificio. Entraron además gracias al vigilante de seguridad, que les abrió la puerta sin obstáculos.
Una vez dentro, continúa el fiscal, los tres atracadores se pusieron sus respectivos pasamontañas. Ya sabían, porque se lo dijo el guarda, dónde había otros dos vigilantes y tres trabajadores. «Apuntaron con un arma de fuego con silenciador al jefe de seguridad y al auxiliar, atándolos, colocándoles cinta adhesiva en la boca y una capucha de tela negra impermeable». También ataron a tres empleados que hacían reformas en una tienda del conjunto comercial.
Uno de los acusados, siempre según señala la acusación pública en el escrito de acusación, se apoderó de las llaves del coche del auxiliar de seguridad, y el otro le sustrajo a su jefe una pistola cargada con seis cartuchos. Luego llevaron a los vigilantes y a los empleados a la sala de descanso del personal, y allí estuvieron hasta las 19.30, es decir, más de tres horas.
Luego, prosigue el acusador, su compinche les dio «el disco duro en el que se grababan las imágenes de las cámaras de vídeo vigilancia, así como todas las llaves que tenía de la zona de joyería y cajas fuertes».
Tras forzar muebles y en otros casos usando las llaves, los acusados se apoderaron de «joyas y relojes de gran valor», pertenecientes a primeras firmas, y causaron daños en el establecimiento. El valor, según la tasación pericial, de las joyas y relojes recuperados es superior a los 2,3 millones de euros, mientras que el material no recuperado vale 2,41 millones.
Una vez que se habían hecho con el botín, abandonaron el edificio los tres principales acusados y dejaron maniatados a las otra cinco personas, dice el fiscal. Para huir, cogieron el coche del auxiliar de seguridad, y el vigilante que ayudó a la banda se quedó en el establecimiento «aparentando ser víctima de los hechos».
Luego, la banda ofreció los relojes y joyas a tres personas para que traficasen con ellos, explica el fiscal, y parte del botín se halló en distintos registros: uno que se hizo en Jaén en febrero de 2013; otro en Santa Fe (Granada) en las mismas fechas, en concreto en la vivienda de uno de los atracadores donde éste residía con su novia. Y una tercera intervención domiciliaria, en casa de una tercera mujer, tuvo como consecuencia el hallazgo de dos relojes. La idea del primero de los acusados que recepcionó parte del botín era traficar con él. En la casa de Santa Fe, en la que vivía J. G. G., se localizaron cuatro pistolas, una de ellas supuestamente ilegal, así como 54 cartuchos de diverso calibre.

En tres de los atracadores concurre la agravante de disfraz, y en dos de ellos la de reincidencia, pues tienen antecedentes

Ni una denuncia a vigilantes de seguridad por detención ilegal desde 2013

Tras la polémica inicial, las empresas de seguridad privada destacan su labor de «complemento de los policías» bajo la nueva normativa, que «define muy bien los límites»

Con una facturación anual de 3.600 millones de euros, las empresas de seguridad privada de España se sostienen pese a la crisis ahora afianzadas por la reciente reforma de la Ley de Seguridad Privada, en vigor desde el 5 de junio. Ésta confiere respaldo jurídico a una manera de actuar que ya se estaba aplicando de facto pero bajo un limbo normativo, pues los vigilantes de seguridad venían ya trabajando en la vía pública, pero con muchos vacíos legales. La nueva norma regula absolutamente el sector, lo saca de la selva, como se apuntaba ayer en el acto celebrado en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla con motivo del Día de la Seguridad Privada en el que se hizo entrega de distinciones a vigilantes de seguridad por actuaciones destacadas el año pasado por parte de los responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
El evento contó también con un foro en el que los responsables de seguridad pública y de las empresas privadas destacaron las ventajas del nuevo marco legal, que sustituye a una ley de 1992 «que ya era puntera en Europa, la envidia de países como Italia o Alemania, con lo que ahora esta reforma nos coloca con mucha más diferencia con respecto a nuestro entorno, siendo una referencia mundial». Así lo destacó el comisario Esteban Gándara, de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, encargado de la coordinación con los vigilantes privados. Tanto él como los responsables de las asociaciones recalcaron un aspecto: el nuevo texto limita perfectamente la actuación de la seguridad privada a la posibilidad de detención de delincuentes «como protección o bien para su puesta inmediata a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Los límites están muy bien definidos y, de hecho, no se ha producido ni una sola denuncia por detención ilegal en todo 2013 ni en lo que va de 2014, según apuntaron.
La ley no hace sino reproducir la facultad que los vigilantes ya tenían en sus funciones en la vía pública. De hecho, como apuntó a ABC el delegado en Andalucía de Aproser —asociación que aglutina al 70% de compañías—, Miguel Sánchez Pizarro«cualquier ciudadano, con la normativa vigente, dispone de la facultad de detener a un delincuente. De la misma manera que la ley no prevé en modo alguno que un vigilante se vaya a dedicar a solicitar la documentación aleatoriamente a quienes transitan pacíficamente por la calle». Los límites están definidos aunque se ofreciera una imagen de la reforma distorsionada ante una presunta «privatización» de la Policía para ser suplidos por «seguratas». Todos los días se producen detenciones por parte de vigilantes de seguridad en centros comerciales o edificios públicos. Forma parte de la normalidad, es un trabajo complementario con el de la Policía, ante quien se pone inmediatamente a disposición al detenido.
Formación «policial»
Además, también quedó remarcado el hecho de que los profesionales de la seguridad privada en España tienen ya en la actualidad el mayor nivel de formación de todos los países de la Unión Europea, tanto por el contenido de la formación previa que reciben, por la existencia de un examen por la policía (con test físicos y psicológicos) antes de obtener la habilitación profesional y por la exigencia de una formación permanente durante toda su vida profesional, con un curso obligatorio anual de 20 horas. Reciclaje constante.
La reforma incluye una mayor protección jurídica al vigilante, ya que cuando las agresiones que sufran cuando actúan debidamente identificados, durante el ejercicio de sus funciones, y en coordinación o bajo mando de las Fuerzas de Seguridad, tendrán la misma calificación penal que si se hubieran cometido contra agentes de la autoridad. Se les permite la persecución en espacios públicos de delincuentes «que hayan sorprendido en flagrante delito» y se les protege legalmente como a policías, pero sus funciones están del todo subordinadas a éstos. El tono complementario es tal que los vigilantes privados podrán vigilar el perímetro de centros penitenciarios.

Las Palmas aporta más datos a la Policía

Las Palmas ya ha comenzado a participar activamente en la identificación de los hinchas que saltaron al campo el pasado domingo contra el Córdoba gracias a la colaboración de sus aficionados, que han respondido al llamamiento del presidente Miguel Ángel Ramírez.
Desde el lunes el club se puso a disposición de la Policía para ayudar en la identificación de las personas que provocaron los incidentes en la final por el ascenso contra el Córdoba del pasado domingo. Sin embargo, después de que el presidente Miguel Ángel Ramírez llamase el miércoles a la colaboración del resto de los aficionados para obtener información de los asaltantes, se ha producido un efecto llamada y esta recopilación de datos se ha multiplicado según confirmaron ayer desde el club fuentes consultadas.
«Las Palmas no puede negarle a nadie la entrada al estadio sin argumentos objetivos. Por eso desde el club somos los principales interesados en colaborar con la Policía para que se identifique y se castigue a todos aquellos que provocaron los incidentes al final del partido contra el Córdoba para no permitirle más la asistencia a un partido. Después de que el presidente solicitase la colaboración de los aficionados por las diferentes vías de contacto del club hemos trasladado a las fuerzas de seguridad del Estado más datos», afirmó una voz autorizada de Pío XII.      
A la espera de sanción. Por otro lado, a pesar de que el Comité de Competición confirmó el miércoles las amonestaciones de los jugadores del partido del pasado domingo, en Pío XII aún desconoce si se le sancionará deportivamente por los incidentes a la finalización del encuentro.
«Aún no nos han notificado si se nos impondrá una multa o se dictaminará el cierre del Estadio de Gran Canaria por la avalancha de aficionados, pero el verdadero castigo ya lo hemos recibido con la frustración de no haber ascendido a Primera División y los incidentes posteriores», afirman desde el club, quienes reconocen que una posible sanción económica supondría un nuevo varapalo para las arcas de la entidad tras cumplir los pagos de las deudas con el expresidente Manuel García Navarro y el Deportivo de La Coruña.

Ramírez defiende las medidas de seguridad del Las Palmas-Córdoba

Ramírez, dueño de la empresa de seguridad privada que opera en el estadio de Gran Canaria, afirma que tienen "la conciencia tranquila" porque hicieron todo lo que estaba en sus manos
 El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha defendido este miércoles las medidas de seguridad adoptadas en el partido del pasado domingo contra el Córdoba, en el que una invasión de público obligó a detener el juego durante siete minutos, minutos antes de que concluyera el encuentro.
El máximo mandatario del club ha explicado en rueda de prensa lo ocurrido en el tiempo añadido del encuentro y ha afirmado que, tras dos reuniones para los protocolos de seguridad, se decidió desplegar el número de policías y vigilantes que se asigna a los partidos declarados de alto riesgo, aunque éste no lo era.
Ramírez, dueño de la empresa de seguridad privada que opera en el estadio de Gran Canaria, ha dicho que tienen "la conciencia tranquila" porque hicieron todo lo que estaba en sus manos y que la Fiscalía no va a tomar medidas contra la Unión Deportiva.
Ha comentado que en un partido normal suele haber "entre 40 y 45 miembros de la seguridad privada" y que, en el del pasado domingo, la primera cifra de 80 decidieron aumentarla a 100, aunque desconoce el número exacto de efectivos de la Policía que había.
Ha detallado que se desplegaron 25 vigilantes para las gradas Curva, Naciente y Sur, más un refuerzo de 20 específicamente para la Naciente, donde se ubican los hinchas más radicales.
Además, ha informado de que había otros 25 vigilantes cerca de la entrada a vestuarios y al edificio de servicios, más 23 personas en todo el perímetro del campo, como puertas, vías de acceso peatonal y rodadas, y otras siete en el edificio de palcos.
También ha dicho que se abrieron las puertas del estadio "en el minuto 88", para que "salieran las personas, no para que entrasen", pero que desconocía lo que estaba ocurriendo fuera del recinto, "una avalancha preparada" porque las cámaras las controla la Policía desde la Unidad de Control Operativo, y la UD Las Palmas no tiene acceso a esas imágenes.
"Teníamos previsto que iba a haber una invasión, porque era muy difícil de controlar", ha reconocido, y ha subrayado que un mayor número de efectivos tampoco hubiese evitado el problema.
Pero ha matizado que "la gente quería colocarse lo más cerca posible para saltar al césped, porque al campo solo entraron dos personas que fueron reducidas y expulsadas del estadio".
También ha dicho que la situación provocó un "efecto llamada" y que no solo saltaron a las pistas de atletismo los que entraron desde la calle, "sino también muchas personas que estaban dentro viendo el partido". De los que saltaron, "un 40 por ciento eran menores", ha apuntado.
Según Ramírez, la intención de los vigilantes era "apaciguar los ánimos" y no emplear la fuerza, para evitar una batalla campal y garantizar la seguridad de jugadores, técnicos y trío arbitral. Por ello, se situaron cerca de los vestuarios "para formar el cordón policial pactado y que pudieran entrar sin problemas".
El presidente ha recordado que bajó al campo para hablar con el árbitro "y evitar que suspendiera el partido". "Porque, con la nueva ley, podríamos haber perdido el encuentro en ese momento", ha dicho.
Después, una vez reanudado el juego tras siete minutos de parón, ocurrió "lo peor que podía pasar", que el Córdoba marcó en un fallo defensivo de Las Palmas "por falta de oficio, porque la situación sacó del partido a nuestros jugadores", ha reconocido.
Por otra parte, ha hecho hincapié en que "cesen los actos que no conducen a nada", porque desde las redes sociales están "tomándose la justicia por su mano con agresiones y palizas a los chicos que saltaron". También ha pedido a la Policía que identifique a las personas que invadieron el campo para impedirles entrar más al estadio.
Ramírez confirma que hubo lesionados, pero que afortunadamente "no hubo que lamentar nada irreversible", y ha anunciado que a partir de la próxima temporada endurecerán las medidas en los accesos al campo, con la prohibición de entrar comida o botellas porque lo ocurrido fue "una vergüenza que no vamos a tolerar".
Por último, ha asegurado que, si la próxima temporada se viviera una circunstancia igual, "no volvería a pasar", porque nadie saltaría al campo viendo las consecuencias que ha tenido, el no ascenso a Primera del equipo amarillo en la última jugada del partido. "Es el mayor castigo que podíamos recibir", ha subrayado.

25 de junio de 2014

News Adsi Flash Nº 381


Solano :’El problema fue que se abrieron las puertas y entraron cientos de personas’

Este pudo ser el origen de los incidentes registrados el pasado domingo al final del partido entre Las Palmas-Córdoba, según el jefe superior de la Policía Nacional en Canarias.


Continúa coleando la polémica en torno a los incidentes que se produjeron el pasado domingo en el estadio de Gran canaria, en el transcurso del encuentro entre la UD Las Palmas y el Córdoba FC.
El jefe superior de la Policía Nacional en Canarias, Valentín Solano, considera que en los incidentes registrados este domingo al final del partido entre la UD Las Palmas y el Córdoba "el problema fue que se abrieron las puertas y entraron cientos de personas".
En su opinión, en situaciones como la acontecida "da igual que hubiera cien vigilantes de seguridad o cien policías", porque "no se puede actuar contra una avalancha de cientos de personas que saltaron" por diversos lugares.
"Es un problema de civismo" y la situación no se habría podido evitar "aunque hubiéramos tenido doscientos" agentes, ya que "poco podrían hacer", ha asegurado Solano a la cadena Ser.-
A su juicio, una vez que numerosos seguidores saltaron al campo, la situación "era incontrolable", >"se puede mantener fuera del campo, acordonando", pero una vez que la gente ha saltado, ya no es posible.
Los saltos se producen porque se abren las puertas diez minutos antes del final del partido, ya que la gente no tiene dónde ir porque el aforo está lleno, según Solano.
El jefe superior de Policía de Canarias ha recordado que "el control de los accesos depende del organizador del encuentro" y la misión de la Policía Nacional es que no haya incidentes antes del partido en el exterior, que haya seguridad en las gradas sin peleas entre aficionados y evitar incidentes en el exterior a la salida.
Sin embargo, ha insistido en que "no se trata de que fuera responsabilidad de la seguridad privada o de la policía" pues "eran varios cientos"; "si no entran, no habría habido ningún problema".
En el Estadio de Gran Canaria este domingo había 110 agentes de la Policía Nacional, "mas que suficientes para un espectáculo lúdico deportivo como este, que no era de alto riesgo", en opinión de Solano.
Ante lo sucedido al finalizar el partido, "ni cien, ni doscientos ni trescientos policías, es imposible controlar, no es cuestión de número de policías", ha insistido el jefe superior de Policía de Canarias.
Asimismo, ha recordado que saltar al campo no es una infracción penal sino administrativa.
En su opinión, los aficionados se comportaron en general "con total civismo y como unos buenos seguidores" y "el problema lo originaron los que entraron" con "una actitud incívica y de falta total de educación".
Solano ha lamentado que "por un grupo de descerebrados" cuyo objetivo era "entrar y liarla" la UD Las Palmas no haya ascendido a Primera División. 

24 de junio de 2014

IUC responsabiliza a Bento y a Miguel Ángel Ramírez por losacontecimientos en el estadio de Gran Canaria

Hay que recordar que Ramírez es uno de los mayores donantes del PP
Izquierda Unida Canaria (IUC) considera una ironía que la mayor empresa de seguridad contratista del Estado, que controla desde el metro de Madrid hasta las casas consistoriales de la capital de GC, de la cual el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez es dueño, no haya sido capaz de contener a los que han parado el partido. La organización considera muy peligroso para la ciudadanía que se le esté entregando la seguridad pública a alguien que no puede garantizarla. 

La formación de izquierdas considera que la administración no escatima recursos a la hora de reprimir manifestaciones pacíficas ciudadanas, pero que sin embargo descuide gravemente la seguridad de los asistentes a este tipo de eventos deportivos. Por ello concluyen que el gobierno protege a los ricos y a sus intereses en detrimento de los pobres por lo que piden la dimisión de la delegada del gobierno, Hernández Bento. 

Por otro lado hay que recordar que Miguel Ángel Ramírez es uno de los mayores donantes del PP. Habiendo donado 150.000 € entre 2010 y 2011 a través de una empresa que perteneció al Grupo Ralons en esa época, gestiones y Asesoramiento 3000 SL, tal y como indica la contabilidad A del partido conservador. Casualmente le hayan llovido adjudicaciones con administraciones controladas por el PP en materias como sanidad o educación que nada tienen que ver con la actividad de la empresa matriz del grupo, la seguridad privada. 

Las indemnizaciones por despido pasarán a tributar por IRPF

El MInistro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha detallado esta mañana nuevos aspectos de la reforma tributaria aprobada por el Gobierno el pasado viernes y que no se conocían.
Entre las novedades más relevantes en el ámbito socio-laboral, destacamos las siguientes:

1) Las indemnizaciones por despido pasarán a tributar por IRPF
Hasta la fecha, estas indemnizaciones estaban exentas en la cuantía establecida con carácter mínimo obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores (45 días por año trabajado antes de la reforma laboral y 33 días tras la reforma).
Con la nueva reforma fiscal, todas las indemnizaciones por despido tendrán que tributar, aunque se beneficiarán de un mínimo exento de 2.000 euros por año trabajado (lo que permitirá que los contribuyentes con sueldos de 20.000 euros o menos no tengan que pagar a Hacienda cuando sean despedidos).
En concreto, los contribuyentes con sueldos de 20.000 euros al año que vayan a recibir una indemnización por despido de 1.833 euros por año seguirán exentos de tributación. De la misma forma, todos los contribuyentes que hayan tenido sueldos inferiores a 20.000 euros seguirán disfrutando de la exención del 100% de su indemnización si son despedidos.
En cambio, los que hayan percibido un sueldo de 30.000 euros al año y tengan derecho a una indemnización de 2.750 euros por año trabajado disfrutarán de una exención del 72,72% del total tras aplicarles el mínimo exento.
Los que hayan cobrado 40.000 euros al año y tengan derecho a una indemnización de 3.666 euros por año se beneficiarán de una exención del 54,55%, mientras que los que hayan percibido un sueldo de 50.000 euros y vayan a recibir una indemnización de 4.583 euros al año tras ser despedidos, disfrutarán de una exención del 43,64%.
Por su parte, los contribuyentes que hayan cobrado un sueldo de 100.000 euros al año y, tras ser despedidos, tengan derecho a una indemnización de 9.166 euros por año trabajado, tendrán derecho a una exención del 21,82% en la indemnización, una vez aplicada la exención.
Finalmente, los que hayan disfrutado un sueldo de 150.000 euros por año y vayan a percibir una indemnización de 13.750 euros por año tendrán una exención final del 14,54%.
Otras novedades relevantes son:
2) Se revisa la reducción general por rendimientos del trabajo, integrándose en la misma la actual deducción en cuota, al tiempo que se eleva su importe para los trabajadores de menores recursos. De esta forma, los trabajadores podrán minorar su rendimiento del trabajo en una cuantía fija de 2.000 euros en concepto de otros gastos.
3) Se incrementa la reducción aplicable a determinados trabajadores por cuenta propia o autónomos, al tiempo que se crea una reducción general para el resto de autónomos de menores recursos, absorbiéndose con ello la deducción por percepción de rendimientos de actividades económicas.

4) Los contribuyentes que trabajen fuera del hogar y tengan ascendientes o descendientes con discapacidad a su cargo, o formen parte de una familia numerosa, podrán practicar una deducción en la cuota diferencial de hasta 1.200 euros anuales por cada una de dichas situaciones, deducción que además es perfectamente compatible con la actual deducción por maternidad.

5) Se rebajan los tipos de retención a profesionales con bajos ingresos.

6) La imputación fiscal de la parte de las primas satisfechas que corresponda al capital en riesgo por fallecimiento o incapacidad en los contratos de seguro que cubran conjuntamente las contingencias de jubilación y de fallecimiento o incapacidad pasa a ser obligatoria.

7) Diversos conceptos que no tenían la consideración de rendimientos en especie pasan a tenerlo aunque estén exentos (entregas a empleados de productos a precios rebajados que se realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter social, utilización de los bienes destinados a los servicios sociales y culturales del personal empleado, primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad, prestación del servicio de educación a hijos de empleados y cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros) y otros dejan de serlo (acciones o participaciones de la propia empresa o de otras empresas del grupo que se entregan a los trabajadores).

8) Se modifica la valoración de algunas rentas en especie: la utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador y la utilización o entrega de vehículos automóviles, destacando que, en el caso de cesión del uso de vehículos considerados eficientes energéticamente, la valoración resultante se podrá reducir hasta en un 30 por ciento.

9) Se modifican las reducciones.

10) El límite de las primas satisfechas a los seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia reducibles de la base imponible pasa de 10.000 a 8.000 euros anuales, manteniéndose en 5.000 euros anuales si se trata de seguros colectivos de dependencia. Y se reduce el límite máximo conjunto de las reducciones.

11) Se elimina la deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas, añadiéndose una deducción por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo.

12) Se simplifica el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, incluso a los desplazados antes del 1 de enero de 2105, de forma que podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, no sólo quienes se desplacen a territorio español por un contrato de trabajo, sino también quienes adquieran la condición de administrador de una entidad en cuyo capital no participe o cuando la participación en la misma no determine la consideración de entidad vinculada.

13) El límite hasta el que no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de rendimientos íntegros del trabajo, se incrementa de 11.200 a 12.000 euros anuales.

14) Se reducen los tipos de retención, que pasan a ser del 19 al 45% según cinco tramos de ingresos.

15) Se establece un importe anual máximo conjunto de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social de 8.000 euros anuales. Y para los seguros colectivos de dependencia contratados por empresas para cubrir compromisos por pensiones de 5.000 euros anuales.