31 de marzo de 2016

Verificación personal de alarmas por servicio de vigilancia discontinua

Consulta de una organización sindical en la que expone la forma en que se está llevando a cabo la prestación de un servicio de verificación personal en el interior de inmuebles, que al parecer, está siendo realizada por el vigilante de seguridad encargado de efectuar la vigilancia discontinua de estos inmuebles, una vez que es comisionado desde la central receptora de alarmas.
CONSIDERACIONES
Teniendo en cuenta lo expresado en la consulta, parece observarse al menos tres aspectos que deben tenerse en consideración:
1º El relativo a la contratación y prestación de un servicio de gestión de alarmas, con verificación personal, por una empresa autorizada para desarrollar la actividad descrita en el apartado g) del artículo 5.1 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.
2º La contratación de un servicio de vigilancia y protección y la utilización del personal que realiza el servicio de vigilancia discontinua de inmuebles o de los distintos lugares objeto de protección, para llevar a cabo la verificación personal interior de éstos, en el caso de activarse una señal de alarma desde los mismos.
3º La posible responsabilidad que puede dimanar para las empresas y el personal de seguridad, que lleven a cabo estas actuaciones.
En lo relativo a la prestación de un servicio de respuesta ante alarmas, que conlleva el desplazamiento de vigilantes de seguridad y la verificación personal del interior del inmueble, como sucede en el caso expuesto, necesariamente aquella habrá de ajustarse a lo dispuesto por los artículos 47.2 de la referida Ley 5/2014 de Seguridad Privada, 49 del R.D. 2364/1994, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada y 10 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, atendiendo en este caso a lo dispuesto en sus apartados 2º y 6º, que respectivamente establecen lo siguiente:
"2. Aquellos servicios de verificación personal de las alarmas que lleven implícita su inspección interior, deberán ser realizados, como mínimo, por dos vigilantes de seguridad uniformados y en vehículo rotulado con anagrama de la empresa. El resto se prestará como mínimo, por un vigilante de seguridad en las mismas condiciones de uniformidad y medios".
"6. Todos los servicios estarán obligatoriamente reflejados en los contratos de seguridad y aquellos que lleven aparejada la custodia de llaves, bien sea para facilitar el acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o para la verificación exterior o interior del inmueble, deberán estar expresamente autorizados por los titulares de las instalaciones, consignándose por escrito en el correspondiente contrato de prestación de servicios".
Así mismo, respecto a la prestación de servicios de seguridad, habrá de tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 38.1 de la citada Ley 5/2014, en cuanto a que los mismos han de desarrollarse de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y sus normas de desarrollo, y con arreglo a las estipulaciones del contrato.
En relación a la prestación de servicios de vigilancia discontinua o de rondas, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 41.2.e) de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, cabe señalar que los mismos habrán de consistir en la visita intermitente y programada a los diferentes puestos de vigilancia establecidos o a los distintos lugares objeto de protección. En este sentido, supone que aquellos han de ser prestados de acuerdo al programa u horarios previamente señalados por las partes en el correspondiente contrato, o anexos del mismo.
En lo relativo a las posibles responsabilidades en las que pueden incurrir los sujetos que intervienen en la prestación de estos servicios, cabe señalar las siguientes:
Para las empresas de seguridad, en el caso de constatarse que a tenor de lo dispuesto por los apartados f) e y), respectivamente, del artículo 57.2 de la Ley 5/20154 de Seguridad Privada, se llevase a cabo la prestación de un servicio de seguridad privada sin cumplir lo estipulado en el correspondiente contrato, o se realizase la prestación de servicios de seguridad privada en condiciones distintas a las previstas en las comunicaciones de los correspondientes contratos.
Para el personal de seguridad, en el supuesto de incumplir los trámites, condiciones o formalidades establecidos en la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, como señala el artículo 58.3.d) de la referida Ley.

CONCLUSIONES
Atendiendo a lo expuesto anteriormente, cabe señalar lo siguiente como contestación a cada cuestión planteada.
En primer lugar, cabe entender que como los servicios analizados en este informe derivan de las actividades señaladas en los puntos a) y g) del artículo 5.1 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, la empresa de seguridad contratada para la prestación de los mismos, obligatoriamente habrá de encontrase debidamente autorizada para desarrollar dichas actividades.
En lo que respecta al servicio de verificación personal, a que se hace referencia en la consulta, habrá de ajustarse en su desarrollo a los preceptos ya referidos, debiendo cumplirse lo siguiente:
El servicio, puesto que al parecer lleva aparejada la custodia de llaves, en este caso, para realizar la verificación interior del inmueble desde el que se origina la señal de alarma, obligatoriamente habrá de estar consignado en el correspondiente contrato y contar con la autorización expresa de los titulares de los inmuebles o instalaciones.
La inspección interior del inmueble asociada a este tipo de servicio, supone que obligatoriamente esta verificación personal, por así disponerlo una norma, habrá de llevarse a cabo, como mínimo por dos vigilantes de seguridad uniformados y en vehículo rotulado con anagrama de la empresa.
En relación con la posible utilización del personal que se encuentra asignado por la empresa de seguridad para la prestación del servicio de vigilancia discontinua o de rondas de inmuebles o instalaciones, para que acuda a una instalación donde se ha originado una señal de alarma, cabe decir lo siguiente:
Para la organización de su personal, así como la asignación de éste a los diferentes servicios, las empresas de seguridad deben atenerse, en su caso, a lo dispuesto por la vigente normativa de seguridad privada, teniendo en cuenta, que como señala el artículo 35.1.a) de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, corresponde al Jefe de Seguridad la organización del personal y servicios de seguridad privada.
Atendiendo a lo anterior, cabe entender que cuando sea preciso realizar un servicio de respuesta ante alarmas, que lleva aparejada la custodia de llaves, para, cómo se expone en la consulta, realizar la verificación interior del inmueble, éste podrá llevarse a cabo por los vigilantes de seguridad que designe la empresa, si bien, en el caso de utilizar a personal asignado al servicio de vigilancia discontinua, solo podrá ser cuando dicho personal no se encuentre prestando el referido servicio, de forma que no pueda afectar a los horarios de las visitas previamente programadas de los inmuebles cuya vigilancia y protección se hubieran contratado.
Finalmente, respecto a la posible responsabilidad en la que pueden incurrir las empresas y el personal de seguridad privada, a la hora de llevar a cabo las actuaciones anteriores, cabe reseñar las siguientes:
Las empresas de seguridad, en cuanto realizar los tipos infractores descritos en los apartados f) e y) del artículo 57.2 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, relativos al no cumplimiento de lo estipulado en el contrato de arrendamiento de servicios de seguridad privada o de la prestación de servicios en condiciones distintas a las previstas en las comunicaciones de dichos contratos.
El personal de seguridad, en cuanto a realizar el tipo infractor descrito en el artículo 58.3.d) de la referida Ley 5/2014 de Seguridad Privada, respecto del posible incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por dicha Ley.

Revista News ADSI Flash nº 413


Medio centenar de trabajadores de Alcor se concentran en Monforte

Este jueves se procede a la apertura de la caja fuerte de la compañía, que fue precintada el pasado mes de octubre durante los registros realizados en la sede de la compañía
Medio centenar de trabajadores y extrabajadores de la empresa monfortina Alcor, del sector de la seguridad privada, y afiliados al sindicato FTSP-Uso se concentraron delante del juzgado de la ciudad del Cabe mientras se procede a la apertura de la caja fuerte de la compañía, que fue precintada el pasado mes de octubre durante los registros realizados en su sede, en Monforte. 
Esos registros formaban parte de una investigación en la que fue detenido y puesto en libertad Carlos Somoza, propietario de la empresa que está acusado de un delito contra la hacienda pública, Seguridad Social y derechos de los trabajadores. La concentración comenzó pasadas las nueve y media de la mañana y Carlos Somoza llegó media hora después para estar presente en la apertura de la caja.

Israel presenta su modelo de seguridad de aeropuertos como solución a las amenazas

El de Ben Gurion, en Tel Aviv, está considerado uno de los más seguros del mundo
El debate sobre la seguridad en los aeropuertos abierto por el atentado en Bruselas vuelve a avivarse tras el secuestro del avión de Egyptair que tomó tierra en Larnaca. Pini Schiff, exdirector de la seguridad del aeropuerto internacional de Ben Gurion, en Tel Aviv, no tardó en denunciar tras las explosiones en plena capital de la Unión Europea el «fallo colosal» de la seguridad belga y afirmó con rotundidad que existen «pocas opciones» de que algo parecido ocurra en Israel, cuyo aeropuerto internacional está considerado por los expertos como uno de los más seguros del mundo. «La amenaza a la que se enfrenta Europa es casi la mismo a la que se enfrenta Israel», señaló a la agencia AP Olivier Guitta, director general de la consultoría de seguridad GlobalStrat, para quien después de estos ataques «hemos entrado en una era en la que vamos a tener que cambiar nuestra forma de vida y tomarnos la seguridad muy en serio», algo con lo que conviven los israelíes desde hace décadas.
El primer puesto de control está en la carretera de acceso, en la que todos los vehículos pasan por una inspección visual
Viajar a Israel o desde Israel supone pasar por unos filtros de seguridad particulares y una serie de interrogatorios que sirven a los agentes de seguridad para valorar el grado de amenaza que supone cada viajero. La seguridad en Ben Gurion, un aeropuerto que superó los 15 millones de pasajeros en 2014, protege la terminal como una especie de enorme cebolla. Capa a capa hombres y mujeres de uniforme o paisano y cámaras de seguridad vigilan a cada viajero y sus acompañantes hasta que suben al avión.
El primer puesto de control está en la carretera de acceso, en la que todos los vehículos pasan por una inspección visual y en la mayoría de casos los vigilantes intercambian unas breves palabras sobre la nacionalidad de los viajeros y sus destinos. Una vez fuera del vehículo hay un segundo filtro aleatorio en la misma puerta de la terminal, conviene llevar siempre el pasaporte en la mano y estar listo para responder de nuevo a las preguntas de los agentes.
«Hay que ser paciente, esperar a las preguntas y responder con franqueza, sin buscar la confrontación, ni hacerse el gracioso. Ellos tienen tiempo, mientras que tú debes coger un avión. Cuanto más fácil se lo hagas a ellos, más fácil será para ti», aconsejaba el diario «Haaretz» en una serie de tres artículos destinados a informar sobre las medidas de control en un país donde «la seguridad reina de forma suprema porque no tiene otro remedio».

Del 1 al 6, el grado de peligrosidad
Aunque en 2014 se eliminaron los escáneres de equipaje previos a la facturación, las pasajeros deben pasar un tercer filtro antes de facturar. Es el momento para preguntas más personales sobre los lugares visitados durante la estancia en Tierra Santa o sobre quién ha preparado el equipaje porque «ha podido depositar una bomba», apuntan los agentes, en su mayoría jóvenes. De esta entrevista dependen los siguientes pasos ya que los agentes colocan en la parte trasera del pasaporte una pegatina amarilla con diez dígitos, «el primero de ellos marca del uno al seis el grado de peligrosidad», recoge Chris Weller en su artículo dedicado a la seguridad del aeropuerto israelí en «Business Insider», en el que apunta que el nivel máximo «parece reservado para palestinos, musulmanes y extranjeros considerados hostiles», un etiquetado «extremo, pero efectivo». Organizaciones de derechos humanos como ACRI, encargada de la defensa de los derechos civiles en Israel, califican de «discriminatorio» el trato que sufre la minoría árabe del país en Ben Gurion y ha denunciado la situación en repetidas ocasiones ante la justicia, la última a comienzos de este mes.
Si la puntuación es benévola el resto del proceso es similar ya al de cualquier otro aeropuerto. Se factura el equipaje, retira la tarjeta de embarque y se procede a un último control para las bolsas de mano y lo que uno lleve encima. Después llega control de pasaportes –en el aeropuerto ya no estampan el sello israelí en los documentos, se entrega en su lugar un papel que hace las veces de visado de entrada y salida- y de allí a la sala de espera antes de embarcar.
El proceso para los viajeros sospechosos va por un camino distinto e implica nuevos interrogatorios, cacheos integrales, revisión pormenorizada del equipaje, ordenadores personales y teléfonos… normalmente hasta apurar el tiempo de espera máximo antes de la salida. Entonces uno de los agentes acompaña directamente al viajero hasta el mismo asiento del avión.

La FTSP-USO Galicia, recibe a Carlos Somoza (Alcor Seguridad) a su entrada al juzgado en Monforte- Lugo

En la mañana de hoy, 31 de marzo, la Federación de Trabajadores/as de Seguridad Privada (FTSP-USO) Galicia, en un numero aproximado de 40 personas, recibe de esta manera a  Carlos Somoza, director de Alcor Seguridad, a su entrada en el Juzgado de Monforte, para declarar y proceder a la apertura de la caja fuerte incautada en la sede de la empresa el día de la detención de Somoza.
Onda Cero, entrevista a los concentrados y el medio de papel El Progreso, se hacen eco de la noticia.

Imágenes de Somoza, saliendo del juzgado y pasando por delante de los/as trabajadores/as a los que desprecia. Pero la cosa nao acaba ahí. Seguiremos informando.

Concentración PLATAFORMA SINDICAL contra Grupo Ralons

En la mañana de hoy, 31 de marzo, la PLATAFORMA SINDICAL compuesta por la Unión Sindical Obrera, Frente Sindical Obrero Canario, Comités para la Unidad Obrera, Alternativa Sindical Canaria, Convergencia Sindical Canaria e Intersindical Canaria, en un numero aproximado de 50 personas, se han concentrado en la nueva sede de la empresa RALONS, en la Calle Albert Einstein 30, por la precariedad laboral dentro del Grupo Ralons y donde esta englobada la empresa Seguridad
Integral Canaria, perteneciente a Miguel Ángel Ramírez Alonso
Este grupo de empresas aplica, a sus trabajadores, un recorte salarial, mediante un convenio propio de empresa, que llega a ser de más de trescientos euros al mes de diferencia con respecto al convenio colectivo estatal. A esto hay que sumar los retrasos continuos en el abono de las nóminas.
La PLATAFORMA SINDICAL y POPULAR en APOYO a la PLANTILLA del GRUPO RALONS

Elecciones sindicales celebradas el día 30 de marzo de 2016, en la empresa Ombuds, prisión Salto el Negro

En las elecciones sindicales celebradas el día 30 de marzo de 2016, en la empresa Ombuds, prisión Salto el Negro, en Las Palmas, la FTSP-USO ha obtenido un delegado.

USO-CANARIAS: 7 votos.

CCOO: 5 votos.

SUPS: 1 votos.

Felicitamos a todos los que han trabajado en la obtención de este buen resultado.

30 de marzo de 2016

El médico del Madrid Arena “no sabía usar el desfibrilador”

Un técnico sanitario contratado por Simón Viñals ha asegurado en el juicio que él mismo tuvo que explicarles las nociones básicas
Un técnico sanitario del Madrid Arena contratado por Simón Viñals, Rodrigo Morales, ha asegurado en el juicio por la tragedia en la que murieron cinco jóvenes, que “los médicos no sabían utilizar el desfibrilador” y que él mismo les explicó cómo aumentar la potencia del mismo.
Durante su declaración en la Audiencia Provincial de Madrid, que acoge la vista desde enero, Morales ha afirmado que los médicos de la fiesta Simón Viñals, de 76 años, y su hijo Carlos Viñals, no sabían cargar el desfibrilador y que no aplicaron gel a las palas para que condujera la descarga eléctrica.
El testigo también ha manifestado que los médicos no cogieron ninguna vía a las víctimas para introducir la adrenalina y hacer así eficiente la reanimación cardiopulmonar.
Morales fue quien acudió a la UVI móvil “por instinto” a por el desfibrilador cuando llevaron a Cristina Arce y a Rocío Oña en parada cardiorrespiratoria a la enfermería del recinto de Madrid Espacios y Congresos (Madridec), empresa municipal que gestionó el espacio del Madrid Arena.
Testimonio que se contradice con el del testigo Cecilio Page, auxiliar de enfermería del Madrid Arena, de 85 años, quien ha afirmado hoy que fue Viñals padre quien ordenó a Morales ir a por el desfibrilador, como así también declaró el médico en las primeras semanas del juicio.
En su declaración, Page ha apoyado en todo momento la versión de Simón y Carlos Viñals y ha asegurado que el padre “se puso a hacer masajes cardíacos a Cristina Arce y su hijo a Rocío Oña”, ambas fallecidas en la tragedia.
Según su versión, Viñals y su hijo se pasaban el desfibrilador para auxiliar a las jóvenes, pero que fue el único evento en el que dispusieron de él y que nunca antes había visto uno.
Page ha ratificado hoy la versión de Simón Viñals al decir que él mismo oyó su orden al Samur de dar “masaje cardíaco ininterrumpido” y que el doctor les dijo que las chicas estaban en parada, por lo que no las dio por muertas, como así señala el escrito provisional de la Fiscalía.
El auxiliar de enfermería, jubilado en el momento de los hechos, ha explicado al tribunal que él solo “atendía órdenes” y estaba allí para ayudar a los doctores en lo que le dijesen.
Por su parte, otro de los técnicos sanitarios contratados por Viñals, Rubén Pereira, ha declarado que hizo un masaje cardíaco a una de las víctimas -no recuerda quién pero cree que fue Katia Esteban- durante veinte minutos: “Vi que una de las chicas no tenía pulso y comencé a practicarle una RCP (reanimación cardiopulmonar) con un técnico de Seguriber”.
Katia fue la tercera chica que llegó en parada a la enfermería y la tumbaron en el suelo porque “no había camillas”. En base a lo que declaró Simón Viñals como acusado, no pudieron practicarle descarga porque “no tenía el ritmo necesario”.
El equipo médico que finalmente participó en la macrofiesta estuvo compuesto por el doctor Simón Viñals, su hijo y un auxiliar, Cecilio Page, de 81 años, que se había jubilado en 1997, y cuatro técnicos sanitarios contratados.
La Fiscalía recogió en su relato provisional que Simón y Carlos Viñals demostraron una “evidente falta de destreza” al atender a las víctimas, “no fueron capaces de reconocer que” al menos dos de ellas estaban en parada cardiorrespiratoria y “enseguida diagnosticaron erróneamente que estaban fallecidas”.

Acta subsanación Convenio Seguridad Privada.



La otra corrupción

NORMALMENTE cuando pensamos en corrupción todos miramos de forma automática a la secta política o incluso a la de los cargos públicos. En nuestra memoria cercana hay almacenados más de un nombre sobre el que tenemos datos concretos. Nadie piensa que en el vasto terreno de la ilegalidad e incluso en el gran espacio de la economía sumergida hay otras sectas jugando el mismo partido. Lo peor es que cuentan con una ventaja: nadie conoce la existencia de sus extrañas operaciones financieras y los pocos que las presumen creen que no es para tanto. En eso adelantan a la corrupción convencional, más conocida. La otra corrupción apenas tiene seguimiento por los poderes fácticos por lo que ejecutan sus actividades casi con total impunidad. Esa otra corrupción es la que atañe a la seguridad privada o, como dicen algunos, el negocio del miedo: ese mercado basado en el temor a lo probable y a lo posible según las vulnerabilidades de quien contrata. Pero el negocio del miedo es más oscuro de lo que parece. Hay empresas piratas, ilegales, que ofrecen un deficitario servicio de seguridad ante la ignorancia de los clientes; y hasta existen administraciones públicas que contratan solo según la oferta económica dando a los usuarios un servicio de poca calidad. Detrás de todo esto está el dinero y detrás de eso están los contratos ilegales, los amiguismos, los delitos fiscales y penales de los empresarios piratas, y hasta la muertes de personas víctimas de estas malas gestiones. Esas muertes no han sido difundidas, al contrario han sido silenciadas. De la misma manera apenas se han dado a conocer los desfalcos económicos de aquellos que ni si quieran están siendo perseguidos todavía. En Almería también pasa mucho de esto, de todo lo dicho para ser exactos. En esta provincia está bastante arraigada esta otra corrupción, e incluso más de lo que nos gustaría. No obstante desde hace un tiempo ha aparecido una resistencia. La FTSP-USO de Almería está haciendo una campaña para evitar tales abusos. Está pidiendo la colaboración de las autoridades públicas para acabar con estas atrocidades; por eso está solicitando su actuación de oficio y su compromiso. Se ha puesto como objetivo dignificar el sector y expulsar del mercado a estos depredadores financieros que además de lucrarse ponen en grave riesgo la seguridad ciudadana con sus pésimas e impunes gestiones.

29 de marzo de 2016

Los ladrones se llevaron más de 70.000 euros en el robo de Jameos del Agua

LA GUARDIA CIVIL HA CONFIRMADO QUE NO HABÍA NADA "FORZADO" NI "DESTROZADO"
Más de 70.000 euros. Esa es la cantidad que los ladrones habrían logrado llevarse de la taquilla de Jameos del Agua en el robo que tuvo lugar la madrugada del domingo y que la dirección de los Centros Turísticos ha denunciado este mismo lunes a la Guardia Civil. La Benemérita ha iniciado ya las pesquisas y ha confirmado a La Voz que el dinero sustraído podría superar esa cantidad.
Después de que la dirección de los Centros Turísticos presentase la denuncia este lunes por la mañana, el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Costa Teguise se ha hecho cargo de la investigación. Los agentes han realizado una primera "inspección ocular", en la que según ha indicado el cuerpo policial a La Voz han podido constatar que los autores del robo no habían "forzado" ni "destrozado" nada en las instalaciones para perpetrarlo.
El dinero robado en este centro turístico se correspondía a la recaudación de la taquilla de los últimos días, los pasados miércoles, Jueves y Viernes Santo y sábado. Presumiblemente, al haberse sucedido varios días festivos, el dinero no había podido ser trasladado en un furgón blindado y por ese motivo permanecía todavía en las instalaciones.  Los guardias civiles se han entrevistado ya con varias personas y continúan con sus pesquisas para dar con el responsable o responsables del robo.

Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral


Recortes salariales en otra polémica firma de seguridad contratada por Cifuentes

Trabajadores que prestan servicio a Ariete Seguridad SA denuncian que esta adjudicataria opera fuera del convenio estatal del sector creando un "perjuicio de las condiciones laborales de los vigilantes". Cobran 1.200 euros menos al año. Esta entidad tuvo como apoderada hasta 2011 a la hoy primera teniente de alcalde de Alcorcón, Silvia Cruz (PP).
Otra empresa de vigilancia contratada por el Gobierno de Cristina Cifuentes (PP) vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez se trata de Ariete Seguridad SA y el asunto referido guarda relación con la Consejería de Asuntos Sociales, en concreto con el servicio que prestan en varias dependencias de este organismo. Trabajadores que operan para dicha entidad acaban de elevar una nota interna, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, donde subrayan que esta firma "se encuentra fuera del convenio estatal de seguridad desde hace varios años", creando con ello "un perjuicio de las condicionales laborales y salariales de los vigilantes".
Los afectados señalan que Ariete Seguridad SA es una de las empresas descolgadas del convenio estatal, lo que le ha permitido pagar 1.200 euros al año a cada vigilante. En una situación similar se encuentran, tal y como informó este diario el pasado enero, los trabajadores de Marsegur SA (filial de Seguridad Integral Canaria SA) que vigilan los centros de menores de la Comunidad de Madrid. Ellos han dejado de cobrar más de un 30% de su sueldo (de 1.150 euros al mes han pasado a 750 euros) después de que Marsegur SA ganara el concurso en octubre de 2015.
Los afectados denuncian que Ariete Seguridad SA ganara el concurso para el año 2015 pese a existir "problemas con la documentación presentada"
En el caso de Ariete Seguridad SA, el Gobierno de Cifuentes aprobó el pasado noviembre un gasto de 514.806,60 euros para la prórroga del contrato que tenía con esta empresa (otorgado en noviembre de 2014) para la vigilancia de varias sedes de la Consejería de Asuntos Sociales. El nuevo periodo de ejecución va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016.
Detrás de la permisividad del Ejecutivo popular está la aceptación en febrero de 2015 (el presidente regional era entonces Ignacio González) de un convenio colectivo particular registrado por Ariete Seguridad SA, muy alejado del sectorial o estatal. Por ejemplo, la exposición de motivos de ese texto dice: "Ante la situación actual del mercado, nos vemos obligados a mantener, e incluso, rebajar los precios de los servicios para optar a nuevas contrataciones, o renovaciones de las adquiridas con anterioridad, todo ello en aras de mantener el máximo nivel de competitividad de la compañía que permita nuestra viabilidad en próximo ejercicios. Y dicho competitividad -prosigue la empresa- tan sólo puede conseguirse mediante la optimización de nuestros recursos, principalmente los costes salariales".
Los afectados de tales dependencias de la Consejería madrileña de Asuntos Sociales denuncian que Ariete Seguridad SA ganara el concurso para el año 2015 pese a existir "problemas con la documentación presentada" y ofertar un "precio algo sospechoso". Estos denunciantes señalan que "es casualidad que a los pocos días de la adjudicación, aprueben por parte del comité de empresa una medida que recude el sueldo anual en unos 1.200 euros por vigilante, que es la diferencia aproximada con las ofertas de las demás empresas presentadas a concurso". Aquí estaría la clave de la concesión que estaba por llegar.


Comunicado de la Unidad Central de Seguridad Privada.


Hércules de Armamento fía su seguridad a una empresa procesada por fraude

El gerente de Alcor Seguridad y otros mandos intermedios fueron detenidos por delitos fiscales, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental
El pasado 18 de marzo, las instalaciones de la Fábrica de Armas recuperaron el servicio de seguridad, lo que posibilita a la empresa concesionaria de las mismas, Hércules de Armamento, recuperar la autorización del Ministerio de Defensa para fabricar armas de fuego.
La empresa atraviesa por una situación económica delicada, con númerosos impagos, incluído el canon por la cesión de las instalaciones al ministerio que puede poner en riesgo la concesión. Ante este panorama, es comprensible las dificultades que la empresa ha podido tener a la hora de contratar una nueva empresa de seguridad. La elegida, Alcor Seguridad, una firma con sede en Monforte que tampoco puede presumir de no tener manchas en su expediente. 

Detenciones 
Su gerente, Carlos Somoza, estuvo detenido tres días el pasado mes de octubre acusado de un delito contra la hacienda pública, otro contra los derechos de los trabajadores y un tercero de falsedad documental, aunque finalmente fue puesto en libertad provisional. En el marco de la operación, otros mandos intermedios de la empresa fueron detenidos en Canarias y Asturias, comunidades en las que la empresa presta servicios. 
Al parecer, la manera de trabajar de Somoza no agrada a sus empleados. Antes de crear Alcor, ejercía ese mismo cargo en Serramar, otra firma del sector. Su madre, Obdulia Fouces, se vio obligada a denunciar a la empresa – que su hijo había dejado dos años antes – después de que le destrozasen el local que les había alquilado y que está en la misma calle que la de Alcor. Entre los destrozos, una pintada con un mensaje: "Por lo que nos hizo su hijo". 

Subrogación 
Alcor Seguridad tiene también otro frente abierto, heredado de la mala gestión de Ramón Mejuto. A pesar de que la anterior empresa encargada de las labores de seguridad abandonó las instalaciones como consecuencia de un impago cercano al medio millón de euros, sus trabajadores tienen derecho a ser subrogados por la nueva sociedad. 
De momento, aseguran, nadie se ha puesto en contacto con ellos para ofrecerles un puesto de trabajo en Alcor Seguridad, aunque aclaran que la empresa dispone de un plazo de 30 días a partir del inicio de la prestación del servicio para poder hacerlo. En este sentido, confían en tener noticias en los próximos días.

La Guardia Civil interviene más de 100 kg de 'hachís'

La Guardia Civil ha intervenido más de 100 kilogramos de 'hachís' en cuatro actuaciones llevadas a cabo en el puerto de Melilla, según informan desde la Comandancia. La colaboración de los servicios de seguridad privada del puerto, resultó esencial para la localización de la droga que transportaba un pasajero. El resto del estupefaciente estaba oculto en "dobles fondos" practicados en tres vehículos, según informan.

19 kilogramos de hachís
El can detector de estupefacientes señaló leves indicios de droga en un vehículo en el preembarque del buque destino Almería el pasado jueves 24 sobre las 14:20 horas. Tenía 19 kilogramos de hachís en siete paquetes escondidos en el salpicadero. Su conductor, que ha sido detenido, es un varón español, de 30 años de edad y con residencia en la provincia de Toledo.

159 paquetes de estupefaciente
Diez minutos después se localizaron dobles fondos en las faldillas, vigas del chasis y salpicadero de un vehículo que contenían “ciento cincuenta y nueve paquetes”, con un peso superior a 54 kilogramos, tras haber marcado el can detector de estupefacientes indicios de droga oculta. El conductor, que fue detenido, es un varón español, de 68 años de edad y con residencia en Madrid.

Droga adosada a los muslos y a las axilas
La tercera actuación tuvo lugar sobre las 23:30 horas del mismo día 24, cuando se inspeccionaba el equipaje de un varón que pretendía acceder al barco con destino Málaga. Durante la inspección del equipaje el vigilante de seguridad se percató de que portaba objetos extraños bajo su vestimenta, motivo por el que tras preguntarle nuevamente si tenía algo que declarar, indicando que no, se le practicó un registro superficial, comprobándose que bajo la ropa, “adosados a los muslos y debajo de las axilas”, portaba “diez paquetes”, conteniendo estupefaciente, que arrojaron un peso de 1 Kilogramo. El viajero que resultó detenido, es un varón español, de 20 años de edad y con residencia en Melilla.

Preembarque a Motril
La última tuvo lugar al mediodía, del pasado viernes día 25, durante la inspección de vehículos previa al preembarque del buque que partía con destino a Motril, al inspeccionar una furgoneta marca Mercedes, modelo 312 D, de matrícula española, que era ocupado por una persona.
El can detector de estupefacientes marcó indicios de droga oculta, llevándose a cabo un minucioso reconocimiento; siendo localizadas en el interior del depósito de combustible, “veintiocho cajas metálicas soldadas y herméticas”, para evitar que pudiesen ser detectadas por el can, conteniendo el estupefaciente que arrojó un peso superior a 29 Kilogramos.
El conductor y único ocupante del vehículo fue detenido era un varón de 43 años, con residencia en la provincia de Barcelona.
La droga intervenida en su totalidad corresponde al tipo “polen de hachís”, que contiene la más alta concentración del principio activo de este tipo de estupefaciente.

Los vigilantes del Centro de Sograndio convocan huelga de una semana

La plantilla de vigilantes del Centro de Menores de Sograndio ha acordado en asamblea la convocatoria de una huelga para la semana del 10 al 17 de abril como medida de protesta ante el comportamiento de la empresa adjudicataria del servicio.
Según han informado USO, UGT  y CCOO, sindicatos mayoritarios de el ámbito de la seguridad privada, la actuación de la empresa Alcor, que tiene a su cargo la seguridad del Centro de Menores, al no abonar la paga extra de marzo a los trabajadores, ha sido "el detonante" para que hayan tomado esta decisión.
En un comunicado, las centrales afirma que desde que esta empresa se hizo cargo de este servicio han sido continuos los problemas laborales de toda índole, sobre todo el económico, "engañando a sus trabajadores y al Principado y causando una reducción del 20 por ciento en los salarios".
Como preámbulo de la huelga los sindicatos han convocado una concentración para el próximo 7 de abril a las 14:00 horas en los exteriores del Centro de Menores, coincidiendo con el cambio de turno, en solidaridad con los trabajadores afectados.

El Bernabéu no baja la guardia en la seguridad por la amenaza yihadista

El Real Madrid mantiene en los accesos al estadio los controles reforzados y los cacheos que estableció en el partido contra el Barça tras los atentados de París
El Santiago Bernabéu continúa con los controles que se establecieron el fin de semana en el que tuvieron lugar los atentados de París. El aumento del número de vigilantes privados  así como de los cacheos a todos los aficionados son algunas de las medidas de seguridad que se llevan a cabo desde entonces.
Los atentados del pasado 13 de noviembre en París desataron la incertidumbre y la inquietud en buena parte de las capitales europeas. En muchas de ellas se aumentó la seguridad en los grandes eventos así como en aeropuertos y estaciones de tren para evitar otra tragedia como la ocurrida.
Un ejemplo de ello fue el del encuentro del Real Madrid contra el Barcelona en el Madrid. Este encuentro provocó que la Delegación del Gobierno decidiese establecer junto con el club que preside Florentino Pérez un despliegue policial sin precedentes. Tal y como explicó El Confidencial Digital, la presencia de agentes fue mayor que nunca.
Se creó un perímetro de seguridad alrededor del estadio y se impuso que se cacheara uno a uno a los aficionados. En definitiva, el Santiago Bernabéu estaba blindado.

Más vigilantes y más controles
Pues bien, cuatro meses más tarde el club blanco no ha bajado la guardia en cuanto a la seguridad para acceder al campo. El número de vigilantes privados que se aumentaron debido al riesgo del clásico continúan en las puertas del estadio.
Antes de los atentados de París, en las torres de acceso laterales solían realizar los cacheos a los aficionados, aproximadamente cuatro vigilantes. Actualmente se pueden contar más de siete, los cuales registran a cada uno de los asistentes al partido.
Además, otro de los cambios que continúan es el lugar donde se lleva a cabo el control. Anteriormente,  se realizaba en el tercer piso, justo antes de validar la entrada al partido. Ahora los vigilantes están situados inmediatamente después de la entrada a la torre.
El Real Madrid, por lo tanto, continúa con las medidas de seguridad desde el clásico que jugó contra el Barcelona FC tras los atentados de París. Aún así, la presencia de la Policía ha descendido comparado a ese fin de semana y lo que prima es la seguridad privada en los accesos al campo.
El Confidencial Autonómico se ha puesto en contacto con el club blanco pero por motivos de seguridad han preferido no hacer ninguna declaración al respecto sobre el protocolo que llevan siguiendo los últimos meses.
Hay que recordar que uno de los atentados planeados por el ISIS en París durante el fin de semana de noviembre fracasó. Uno de los islamistas fue interceptado en uno de los controles de acceso al campo del Stade de France Saint Denis, al saltar el detector de metales. Debido a ello fue expulsado por los vigilantes. A los pocos minutos, él y otros dos terroristas detonaron los explosivos.
Este ruido provocó un nerviosismo entre los asistentes al partido los cuales pudieron escuchar la detonación. Entre ellos se encontraba el presidente de Francia, François Hollande en el palco, el cual fue evacuado en helicóptero.

Seguridad Integral Canaria condenada a abonar a una trabajadora el Plus de Metro y condenada, además, por temeridad y al abono del salario del abogado de la demandante

La demandante, integrante de la plantilla  de Seguridad Integral Canaria en Metro de Madrid, reclamo el Plus de Metro, apoyando su petición en el acuerdo suscrito en su día entre Falcon Construcciones y Contratas y la Representación de los Trabajadores.
Seguridad Integral Canaria ya abono en una reclamación anterior, en el acto de conciliación, a la misma trabajadora y por las mismos conceptos la cantidad reclamada por la demandante en aquel momento.
En el acto del juicio, la empresa alego, para oponerse a la demanda que:
– Que el acuerdo entre la representación legal y Falcon lo fue con trabajadores nominativos, listado en el que no figura la demandante.
–  Que cuando SIC subroga a la demandante no aparece el percibo del plus.
La juez rechazo de pleno las alegaciones de la  empresa, “Manifestaciones de la demandada que decaen en tanto que en el cliente Metro de Madrid se encuentra vigente y aplicable el acuerdo de abono de Plus Metro a los trabajadores vigilantes de seguridad que reúnen los requisitos establecidos en el Pacto del que deriva el concepto reclamado, tras las sentencias dictadas en los procedimientos de conflictos colectivos habidos entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores, sin perjuicio de que en el momento e pasar la trabajadora por subrogación a la demandada la decisión de Modificación sustancial de condiciones se encontraba “sub iudice” pendiente de firmeza de tales sentencias. Debiendo añadir que el proceso de conflicto colectivo por su propia naturaleza es de aplicación genérica e indeterminada.”
Así mismo, la juez multo a Seguridad Integral Canaria por temeridad, y por no presentarse al acto de conciliación (SMAC) con 100 euros y a abonar los salarios del abogado de la demandante.

La sentencia es firme y contra la misma no cabe recurso.
Posteriormente, la empresa condenada, presento Procedimiento ·Recurso de Queja en materia de reclamación de cantidad ante el tribunal Superior de Justicia de Madrid, recurso de queja que fue desestimada, por unanimidad, por los dos jueces y una jueza que componían dicho tribunal.

Un directivo de Magasegur falsificó la firma de la Policía para lograr un concurso público

La Universidad de Valencia le adjudicó el servicio de seguridad. El Juzgado de lo Penal 8 de Valencia le condena ahora a seis meses de prisión por conseguirlo de manera irregular
La empresa de seguridad Magasegur, que acaba de presentar concurso de acreedores, no solo se ha visto salpicada por problemas económicos, sino también por falsedad de documentos oficiales. En concreto, el Juzgado de lo Penal número 8 de Valencia ha condenado a uno de sus directivos, M. G. G., por imitar la firma del comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, Esteban Gándara, para conseguir una adjudicación pública.
Según considera acreditado la resolución judicial, el acusado presentó a la mercantil a la que representaba al concurso promovido por la Universidad de Valencia, que iba a adjudicar el servicio de seguridad privada de todo el complejo educativo. Entre las condiciones que la institución requería a los solicitantes, estaba que estos dispusieran de una delegación autorizada en la capital de la Comunidad Valenciana, cosa que Magasegur no tenía.
Aun así, el condenado presentó el resto de documentación al concurso como si no supiera que faltaban cosas. En paralelo, inició también los trámites para solicitar a la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía -organismo competente- una autorización para establecerse en la ciudad del Turia.
Magasegur se encuentra actualmente en concurso de acreedores y deja en situación de inestabilidad a sus 800 trabajadores
Al advertir que no tenía delegación en Valencia, la universidad hizo un requerimiento a la empresa para que esta aportara la documentación que faltaba. Le dio de plazo hasta el 25 de junio de 2014 para presentar la autorización de la Policía que le mostraba que tenía luz verde para establecer la sede provincial. Sin embargo, como el permiso aún no había llegado, el acusado decidió actuar por su cuenta. 
"Sin que conste el modo, consiguió un documento falso que parecía auténtico, supuestamente librado por el comisario jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional", fechado el 24 de junio, justo un día antes de que se cumpliera el plazo concedido por el adjudicatario, que autorizaba a Magasegur a abrir una delegación en Valencia, en una calle indicada expresamente por la mercantil. El mismo día que vencía la prórroga, M. G. G. presentó la documentación en el Servicio de Contratación de la universidad.
La pena de cárcel, sin embargo, puede ser conmutable por 1.080 euros que el hombre previsiblemente abonará para eludir la privación de libertad
El centro educativo le adjudicó poco después la contratación de los servicios de seguridad del recinto a pesar de que había presentado un escrito falsificado, extremo que la institución desconocía. Cuatro meses más tarde, Magasegur recibió el documento auténtico de la Policía Nacional que autorizaba a la mercantil a establecerse en Valencia, pero ya no hacía falta.
El acusado, que reconoció los hechos, ha sido condenado a seis meses prisión y 540 euros de multa. La pena de cárcel, sin embargo, puede ser conmutable por 1.080 euros que el hombre previsiblemente abonará para eludir la privación de libertad.
Magasegur se encuentra actualmente en concurso de acreedores y deja en situación de inestabilidad a sus 800 trabajadores, que ya desde hace meses vienen protestando por los impagos de la mercantil que les tenía contratados hasta el momento. 

28 de marzo de 2016

Convenio Colectivo Estatal para las Empresas de Seguridad: Artículo 60. Seguro colectivo de accidentes

CONVENIO COLECTIVO ESTATAL 2015/2016Las Empresas afectadas por este Convenio Colectivo suscribirán pólizas de seguro colectivo a favor de todos y cada uno de sus trabajadores para los años 2015 y 2016 por un capital de 29.683,66 € por muerte y de 37.805,95 € por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez, derivadas de accidentes sea o no laboral, excepto los producidos en competiciones deportivas oficiales de vehículo de motor. Su efecto cubrirá las veinticuatro horas del día y durante todo el año. 
Los capitales entrarán en vigor a partir del día de la firma del presente Convenio Colectivo. 
Los representantes de los trabajadores podrán solicitar de sus empresas una copia de la póliza antes citada, a los efectos de conocer los riesgos cubiertos y la cuantía de la misma.

Apag exige que Puebla de Alcocer devuelva lo cobrado por guardería rural

Segundo fallo judicial en el mismo sentido contra el Ayuntamiento de Puebla de Alcocer (1.240 vecinos, comarca de La Siberia) a causa de la tasa de guardería rural que tiene fijada el Consistorio
Segundo fallo judicial en el mismo sentido contra el Ayuntamiento de Puebla de Alcocer (1.240 vecinos, comarca de La Siberia) a causa de la tasa de guardería rural que tiene fijada el Consistorio. A través de esa tasa, en teoría, el municipio pone personal para vigilar las propiedades agrícolas pero, «en realidad, no presta servicio alguno. Es decir, está cobrando por un servicio que no presta», afirma Juan Metidieri, presidente de la organización Apag Asaja.
Metidieri dio a conocer ayer que un juzgado de lo contencioso de Mérida, por segunda vez (la primera, en septiembre de 2014), falla que aunque el procedimiento para fijar las tasas es correcto no lo es que se cobre por las mismas sin dar el servicio. El dirigente de la patronal agraria informó que el Ayuntamiento de Puebla de Alcocer cobró 72.480 euros por cada ejercicio de 2014 y 2015 «y eso, aunque la sentencia no lo diga, es algo que debe devolver. Se lo vamos a exigir». La tasa por guarda rural se cobra a 2.260 titulares de 29.460 hectáreas.

Adelante a la integración de vigilantes municipales como policías locales

La Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes de Castilla y León a iniciativa del Ciudadanos y con voto favorable y unánime de todos los partidos políticos, ha dado luz verde a la proposición no de Ley por la que se integran los Vigilantes Municipales de Castilla y León en Agentes de la Policía Local
Dicha medida, que ya se encontraba en proceso de estudio, ha sido manifestada por todos los grupos parlamentarios como “lógica, justa y merecida” según Asociación de Vigilantes Municipales de Castilla y León (Avimucyl). Estas mismas fuentes han mostrado su satisfacción ya que esta medida reconoce que los miembros de este colectivo “ejercen las mismas funciones, aprueban el mismo proceso selectivo de oposición y poseen la misma formación que un agente de la policía local”.
De hecho, han resaltado que el Procurador del Común de Castilla y León también se había pronunciado favorablemente a esta integración, argumentando “fundamentos razonables y motivados, entre ellos desigualdad, discriminación y desprotección que sufre este colectivo respecto de los agentes de la policía local”.
David Rodríguez, presidente de Avimucyl, ha señalado que esperan que, con la mayor brevedad posible, sea publicada la modificación de la Ley 9/2003, de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, para realizar esta integración, “ya que se trata de un asunto de seguridad pública”.
En Soria son dos las localidades, Ágreda y Ólvega, que disponen de vigilantes municipales, al igual que en Barco de Ávila (Ávila); Melgar de Fernamental y Salas de los Infantes (Burgos); Mansilla de las Mulas, Sahagún, Santa María del Páramo y Toral de los Vados (León); Barruelo de Santullán, Carrión de los Condes, Herrera de Pisuerga, Paredes de Nava y Saldaña (Palencia); Villamayor de la Armuña y Vitigudino (Salamanca); Cantalejo (Segovia); Cogeces del Monte, Íscar y La Cistérniga (Valladolid), y Puebla de Sanabria (Zamora).

Tras los pasos de los ladrones y furtivos del campo

El año pasado hubo casi tantos robos en explotaciones agrarias y ganaderas (16.571), como en domicilios (17.815)
Cinco de la mañana. El sol tardará aún tres horas en salir. En la oscuridad de la noche cerrada resaltan los faros de tres coches. Un pequeño grupo de diez personas varea los olivos para desprender sus aceitunas. Mientras, dos o tres vigilan. Las recogerán con los mantos y, una vez cargadas en la furgoneta, huirán, deseando que por el camino no les pare la Guardia Civil, porque, al no tener documentación, decomisarían lo recogido. Entretanto, el agricultor o propietario de los terrenos duerme ajeno al robo de lo que ha cultivado durante todo el año. Pero no solo de aceitunas viven los ladrones o furtivos.
Con la llegada de la primavera, los ciervos y gamos pierden las cuernas para cambiarlas, y los guardas rurales esperan también la visita a las fincas de personas que las recogen pensando hacer negocio ilegal con ellas. Jesús Molina, que trabaja en la sierra de Andújar, comenta a ABC la agresividad de estos grupos que aprovechan, por lo general, los relevos de la Guardia Civil para actuar: «He tenido que utilizar espray de defensa, protegerme con perros, me han reventado el coche y he ganado en juicio». Denuncia la desprotección de alguien que, aislado, debe hacer frente a estos grupos tan agresivos.
Para combatir los robos en el campo se puso en marcha en 2013 el equipo Roca
En mayo de 2015, dentro de la «Operación Jamaica», la Guardia Civil de Jaén detuvo a diez personas por robar trofeos de caza y cornamentas para luego enviarlos a China. «Pueden robar 300 o 400 kilos, que se pagan a alrededor de 50 euros el kilo y luego se envía al mercado asiático, donde está muy bien valorado», asegura Molina. La temporada pasada él y otros compañeros pusieron quince denuncias, «pero la multa que les cae es irrisoria», y el miedo, demasiado grande. El pasado mes de febrero, la Guardia Civil de La Carolina (Jaén) intervino 1.285 kilos de cuernas valoradas en unos 40.000 euros, además de detener a tres personas.
Para combatir los robos en el campo se puso en marcha en 2013 el equipo Roca, que pertenece a la Guardia Civil. Desde entonces, las infracciones de este tipo han descendido un 27% según datos del Ministerio del Interior, hasta situarse en 17.602 el pasado año, alcanzando cifras como las previas a 2010. En este periodo se han presentado en Andalucía 4.979 denuncias, detenido a 2.140 personas e imputado a 2.068.
Los Equipos Roca investigan los robos en el campo, pero también en explotaciones productoras, cooperativas o plantas de producción. En un principio, se crearon 54 para cubrir las 15 provincias más afectadas, pero ya han crecido hasta los 96, presentes en todo el territorio nacional excepto en Cataluña y País Vasco. El año pasado hubo casi tantos robos en explotaciones agrícolas y ganaderas (16.571), como en domicilios (17.815).

Las 15 conclusiones provisionales del juicio del Madrid Arena

Alarmantes fallos de seguridad
Han transcurrido más de dos meses desde el inicio del juicio del Madrid Arena en el que murieron cinco jóvenes y las primeras conclusiones, tras escuchar a acusados y testigos, evidencian los alarmantes fallos de seguridad en el pabellón, en la organización del evento y en la gestión de la tragedia.

Entradas
El promotor Miguel Ángel Flores dio dos cifras distintas de entradas vendidas: 9.650 y 11.228, a las que habría que sumar 300 invitaciones. Afirmó que encargó 17.500 entradas cuando el aforo era de 10.620 personas.
Muchos jóvenes entraron sin entrada y a otros no les cogieron los tickets. También contaron cómo los relaciones publicas les comentaron que iban a ir entre 20.000 y 23.000 personas. Madridec reveló que facturó el Madrid Arena para un aforo menor de 5.000 personas. Hasta hoy, el lío de cifras no se ha aclarado.

Menores
Varios testigos, que eran menores el día de los hechos, confirmaron su presencia en el recinto. Entraron menores en masa sin mostrar ningún documento y otros portando DNI de otras personas. "Se podía pasar perfectamente con un DNI que no fuera el tuyo, porque no lo miraban mucho", dijo una joven. Otra señaló que entraron todos los compañeros de su colegio, 180 menores.

Requisa
Seguriber defiende que siempre hubo controles y cacheos, al contrario de lo que manifiestan todos los jóvenes, quienes aseguran que no se hacían registros, ni se revisaban bolsos ni se pedían el DNI y que se metían botellas y hasta garrafas de cinco litros en mano. Los jefes de Seguriber acusaron a Francisco del Amo, coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec de ordenar que las requisas se hicieran más livianas, si bien precisaron que esa orden se ejecutó a petición de Flores.

Portón
Todos apuntan a Del Amo como el responsable de ordenar la apertura del portón por donde se colaron 3.000 personas en el Madrid Arena procedentes del "botellón", pese a que sólo podían acceder "mercancías y personal de la organización". Él lo negó. Aunque el jefe de Seguriber Juan José Paris Nalda fue más lejos al afirmar que esa orden fue una petición de Flores a Madridec.

Policía
El ex jefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo responsabilizó a la jefa del dispositivo policial del Arena de no denunciar el macrobotellón que se celebró en el Lago de la Casa de Campo. Dijo que el despliegue para la fiesta era "correcto" y "suficiente", como así lo afirmó también la exdelegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Fátima Núñez.
Tres policías de paisano alertaron al 091 del caos y del descontrol en que degeneró la fiesta: "Se les ha ido de las manos".

Abandono
Los heridos denunciaron el abandono que sufrieron de la organización, de los vigilantes de seguridad y de los policías municipales cuando trataban de buscar ayuda y auxilio después de la avalancha mortal. Una joven lo resumió así: "Los policías se rieron de nosotras y dijeron 'estas son dos borrachas'".

Vomitorios
Hasta cinco de los ocho vomitorios de la pista central, que sirven de salidas de emergencia, estaban cerrados a los asistentes, como así lo corroboraron todos los testigos. El técnico de producción de Madridec vio "algunas puertas cerradas con un precinto disuasorio para que la gente no entrase ni saliese por ahí".
Y los jóvenes denunciaron que los trabajadores de Kontrol 34 no facilitaron la apertura de los vomitorios, cuando muchos buscaban salir de allí tras haber estado atrapados en el túnel mortal.

La barca de Aoki
Las acusaciones aseguran que Flores quiso acelerar la entrada de asistentes para que el Dj Steve Aoki hiciera "el numerito de la barca" sobre el público. Su idea era dirigirlos a la pista para llenarla, cerrar las puertas y conseguir que el Dj pudiera pasearse sobre la barca por el pabellón gracias a las manos de la gente que la sujetaban. Varios jóvenes confirmaron que así lo hizo y Madridec acusa a Diviertt de abrir el portón para que pudiera "dar su paseo".

Sin reunión previa de seguridad:
Tanto los acusados de Diviertt como los de Madridec reconocieron que no hubo una reunión con Seguriber ni con la Policía Municipal para tratar sobre la seguridad del evento, algo que era habitual antes de cada evento. Kontrol 34 planificó la seguridad interior en "un croquis" con Flores.

Kontrol 34:
Sus jefes echan balones fuera sobre su responsabilidad como encargados de la vigilancia interna pero lo cierto es que dentro sólo estaban sus trabajadores, se comunicaban con pinganillos y llevaban chalecos. Defienden que eran "auxiliares" y no vigilantes de seguridad, algo reconocido por Madridec.

La pasividad de los porteros de Kontrol 34:
Los heridos en la avalancha denunciaron que los porteros les cerraron puertas, les insultaron y no les permitieron salir por los vomitorios cercanos al túnel mortal. Algunos criticaron que cuando se produjo la montonera no había ni un solo vigilante. Un trabajador de Kontrol 34 declaró que la avalancha "no le pareció nada serio". "La impresión que tuve es que no quería ayudar", dijo un joven.

Responsables de Emergencias que no sabían que lo eran:
El ex director general de Emergencias del Ayuntamiento no sabía que se iba a celebrar la fiesta, se enteró la misma noche. Los supuestos jefes de emergencias no eran conocedores de que lo eran, como así lo aseguró el técnico de operaciones de Madridec Jose Ruiz Ayuso.

La gestión de la enfermería:
El Madrid Arena no tenía instrucciones ni espacio propio para una enfermería. Varios heridos no pudieron entrar en la enfermería porque estaba cerrada y no había indicaciones. El doctor Simon Viñals preparó un equipo médico escaso.
Su hijo reconoció que nunca había hecho una maniobra de reanimación cardiopulmonar en su vida y un ATS reaccionó así al ver a una chica en parada: "¿Qué hacemos?". Esta chica, que luego falleció, fue atendida en una barra de bar y no recibió auxilio médico en 30 minutos estando en parada.

Fallos de seguridad:
No hubo reunión sobre el operativo de seguridad, las barras de bar bloqueaban vías de evacuación e , incluso, un técnico municipal dijo que "no existían suficientes salidas de emergencia en el Arena". Faltaban cámaras de seguridad como la del vomitorio mortal, que sólo tenía la carcasa. Los vigilantes no recibieron ninguna formación sobre evacuación ni realizaron jamás simulacro alguno.

Responsabilidades
Ni los acusados de Diviertt, ni de Madridec, ni de Seguriber ni de Kontrol 34 asumieron responsabilidad alguna en la tragedia. Todos se culpan sobre quién era la cabeza visible de la seguridad aquella noche. Policías de paisano, heridos y asistentes destacaron la total ausencia de control en la gestión de la tragedia por parte de la organización, seguridad y servicios médicos.

Seguritecnia Nº 429


La FTSP-USO puntualiza, nota informativa. Seguridad Integral Canaria

Ante las noticias publicadas por varios medios de comunicación de Gran Canaria sobre el Archivo por el Juez, del delito contra el derecho de los trabajadores por el que se investigaba a Miguel Ángel Ramírez y su empresa Seguridad Integral Canaria por parte del Juzgado Nº 8 de Gran Canaria, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO, queremos hacer las siguientes puntualizaciones: 

1.- Que el archivo de este delito contra el derecho de los trabajadores, no afecta a la causa que se sigue en el mismo Juzgado, por un presunto delito fiscal, al abonar supuestamente la empresa las horas extras como dietas exentas de cotización. 

2.- Que este delito, que entendemos menor, no ha sido el objeto de la denuncia por parte de nuestro Sindicato, la USO. Ha sido una investigación que abrió el Juez al considerar que podría existir este tipo de delito. 

3.- Que hasta el momento, según lo publicado en varios medios de comunicación, los informes periciales de la Inspección de Trabajo y de Hacienda dejan claro las prácticas de esta empresa. 

4.- Que fruto de las investigaciones judiciales y según han publicado varios medios de comunicación, el juez ha impuesto una fianza de 17 millones de Euros al Sr. Miguel Ángel Ramírez. Según comentan los abogados de la empresa a la salida de los Juzgados el día 23 de Marzo, a la agencia EFE, la empresa está negociando con la Seguridad Social un acuerdo y solicita que la fianza se rebaje a 3 Millones de Euros, según ha publicado el periódico digital Canarias Ahora.

Desde este sindicato, pedimos que se haga justicia y que se juzgue al Sr. Miguel Ángel Ramírez y demás investigados, con la imparcialidad propia de un estado de derecho, pero con las mismas premisas que a cualquier otra persona, sin ningún tipo de privilegios.

Francamente nos sorprende esta noticia porque hasta ahora el Sr. Miguel Ángel Ramírez ha proclamado su inocencia, negando los hechos que se le atribuían y ahora nos enteramos por este medio de comunicación, que está negociando un acuerdo con la Seguridad Social.

¿Negociarían Uds. un pago millonario si son inocentes?, o es ¿que se ve "pillado" y no ve otra salida?. 

Confiamos en la Justicia, y por mucho que digan sus voceros mediáticos, la causa penal sigue abierta y el Sr. Miguel Ángel Ramírez, el Sr. Héctor de Armas y la empresa Seguridad Integral Canaria, deben responder ante el Juez, por estos presuntos delitos.

26 de marzo de 2016

La pistola que parece un 'smartphone' desata la polémica en Estados Unidos

-Sus creadores esperan tener la patente en pocos meses.
-"Su nueva pistola se camufla fácilmente en el entorno actual", dicen en su publicidad, y añaden que es "virtualmente indetectable".
-Asociaciones a favor del control de armas creen que es "peligroso e irresponsable".
Una pistola que parece un 'smartphone'. Ideal Conceal es el nombre comercial de un invento estadounidense que ha levantado la polémica.
Se trata de un dispositivo que, plegado, tiene el aspecto de un móvil. Pero, al abrirse, se convierte en una mortífera pistola del calibre 38 con puntero láser.
El invento está pendiente de aprobación por la oficina de patentes, pero ya hay una web que lo publicita. "Su nueva pistola se camufla fácilmente en el entorno actual", dicen en su publicidad, y añaden que es "virtualmente indetectable". Según esta página, a mediados de este año, es decir, en unos dos meses, estará en el mercado. Tendrá un precio de 395 dólares, unos 350 euros.
Asociaciones a favor del control de armas han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran un invento "peligroso e irresponsable". Andrew Patrick, la Coalition to Stop Gun Violence, asegura que "hay innumerables historias de niños jugando que pistolas de juguete que resultan heridos, porque en realidad eran reales", por lo que cree que este invento puede ser más peligroso aún.

Hallan asesinado y sin su tarjeta de acceso a un guardia de seguridad de la central nuclear de Charleroi


 Un guardia de seguridad de la central nuclear de Charleroi (Bélgica) fue asesinado el pasado jueves y desprovisto de su tarjeta de acceso a las instalaciones, según han informado fuentes policiales al diario belga 'Derniere Heure'.

La Policía está intentando determinar si existe una relación entre este suceso y los atentados terroristas cometidos en Bruselas el pasado martes.