30 de septiembre de 2014

BOE nueva patronal del sector ACOSEPRI.


Detienen en Madrid a 10 grafiteros que causaron daños en vagones de trenes por más de 600.000 euros

-Se les imputan 99 delitos de daños y 11 de desórdenes públicos por sus métodos
-Utilizaban la técnica del 'palancazo' para frenar las máquinas de forma brusca
-Tenían información privilegiada y planos de las instalaciones en las que actuaban

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a diez grafiteros, de entre 21 y 27 años, como presuntos autores de pintadas en 168 vagones de tren que ocasionaron más de 600.000 euros en daños.
La operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y de la Jefatura Superior de Policía de Madrid y se saldó el pasado miércoles con la decena de detenciones. La desarticulación de este grupo de grafiteros, uno de los más activos de toda España, ha sido posible tras tres años de investigaciones, según ha informado en una nota de prensa la Dirección General de la Policía.
A los arrestados se les imputan un total de 99 delitos de daños por un valor total de 601.625 euros y 11 delitos de desórdenes públicos por los métodos empleados en sus acciones.
Y es que, para pintar los vagones, los arrestados llegaban a parar trenes en marcha y en cuestión de minutos grafiteaban superficies de vagones de hasta 50 metros cuadrados, a la vez que grababan sus "obras" para después compartir las imágenes en las redes sociales.
El método empleado para la detención de los trenes era el conocido como "palancazo", lo que entraña un riesgo para los pasajeros al provocar un frenazo brusco en la marcha del convoy.

Difusión en internet
Las firmas o "tags" de los autores figuraban en el pie de cada una de las pintadas que éstos realizaban en los vagones de los trenes. De esta manera buscaban ganarse el reconocimiento de los demás, también a través de la difusión de los grafitis a través de redes sociales o páginas web.
En un principio, los jóvenes investigados actuaban individualmente, aunque más tarde decidieron constituirse en grupo para cometer pintadas más elaboradas. De esta manera planificaban sus actuaciones, distribuían las tareas y las ejecutaban conjuntamente.
Para realizar el "palancazo", dos o tres miembros del grupo subían al tren y, una vez comprobado que en su interior no había vigilantes de seguridad, accionaban el freno de emergencia del convoy en un punto previamente acordado con resto del grupo.
Esta acción produce una frenada brusca y violenta del tren, con el consiguiente riesgo de caídas y lesiones en los usuarios del transporte, así como la interrupción en el normal desarrollo de la circulación ferroviaria, ocasionando retrasos y paros en toda la línea afectada.

Control y rapidez
Una vez que conseguían detener el convoy, los grafiteros abrían y bloqueaban una de las puertas con un taco, bajando a pie a las vías para unirse al resto del grupo que está esperando.
Las tareas habían sido previamente distribuidas y mientras unos realizaban las pintadas en el tren otros vigilaban y grababan con cámara fotográfica o teléfono móvil las pintadas.
De este modo, conseguían huir del lugar en un tiempo de entre 5 y 8 minutos.
Los arrestados disponían además de información privilegiada y planos sobre las instalaciones en las que pretendían actuar, como las estaciones de tren de Cercanías de Madrid.
Conocían la ubicación de las cámaras de vídeo-vigilancia, por lo que procuraban actuar en lugares fuera de su alcance o tapando su rostro con prendas de ropa. También portaban palos o bates de béisbol para evitar que algún vigilante de seguridad pudiera acercarse a ellos y lograr identificarlos.

Voluntarios de Prosegur acompañan a jóvenes con discapacidad en una jornada de senderismo adaptado en Sevilla

La Fundación Prosegur, en colaboración con la Fundación Deporte y Desafío, ha organizado este pasado sábado una ruta de senderismo adaptado para personas con discapacidad en la Sierra de Aracena, en Sevilla, según informan en un comunicado.
En concreto, más de 45 asistentes, entre voluntarios y personas con discapacidad, disfrutaron de una ruta circular de siete kilómetros en la sierra sevillana, que comenzó y finalizó en el municipio de Galaroza, y atravesó la localidad de Jabugo.
La actividad, que forma parte del Voluntariado de Prosegur, pone de manifiesto el compromiso de sus empleados con las personas con capacidades diferentes. Gracias a este tipo de programas deportivos, y al apoyo de entidades como la Fundación Prosegur, las personas con discapacidad pueden practicar diferentes tipos de deportes llenos de beneficios tanto a nivel físico como mental, en entornos normalizados. Además, estas jornadas, permiten que los voluntarios puedan conocer de primera mano la realidad de este colectivo.

La vigilancia exterior de las cárceles pasa a manos de la seguridad privada

Vigilantes jurados sustituyen a partir del próximo octubre a una treintena de agentes de la Guardia Civil encargados hasta ahora de la vigilancia perimetral de las dos cárceles enclavadas en Ciudad Real: Herrera de La Mancha con marchamo de máxima seguridad y Alcázar. Así lo han asegurado a La Tribuna el sindicato ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciaria) y personal del centro penitenciario tras reconocer que les ha pillado por sorpresa. Se han enterado al observar un vehículo y un grupo de personas en las instalaciones que resultaron ser de una empresa y que estaban organizando el servicio de vigilancia que va a entrar en funcionamiento el próximo 1 de octubre.
Vigilantes jurados sustituirán en octubre a una treintena de agentes de la Guardia Civil encargados hasta ahora de la supervisión perimetral de las prisiones de la provincia
Según las fuentes, dentro de unos días va a desaparecer de las garitas la figura del guardia civil, agentes que van a ser sustituidos por vigilantes jurados en las tareas de vigilancia perimetral exterior.
ACAIP explica que este cambio obedece a la orden del Ministerio del Interior, que decidió imponer a todos los centros penitenciarios de España la contratación de seguridad privada para la vigilancia del perímetro exterior de estas instalaciones. Hasta ahora, el departamento de Jorge Fernández Díaz sólo había implantado este modelo en 21 de los 68 centros penitenciarios en el marco de un programa piloto iniciado en mayo del año pasado.
El sindicato ACAIP se opuso desde el primer momento a esta privatización porque no es rentable y, sobre todo, por seguridad.
Una vez más expresan su «total rechazo» al proyecto de privatización de la seguridad exterior en las prisiones al considerar que «no beneficia» en ningún modo a la seguridad de los centros penitenciarios y porque están «convencidos» de que detrás del argumento de ahorro se esconde la intención del Gobierno de beneficiar a las empresas privadas de seguridad. Al hilo de ello, preguntado sobre la empresa encargada de llevar a cabo la seguridad privada en las cárceles de Herrera y Alcázar, indicaron que sólo saben que se denomina Ombuds.

Guardias de seguridad de centro de refugiados filman abusos en contra de asilados

Guardias de seguridad de centro de refugiados filman abusos en contra de asilados(@zeitonline) Guardias de seguridad abusan de refugiados
La fotografía ha generado polémica en Alemania, debido a que es el país que más solicitudes recibe de parte de  extranjeros que buscan asilo.
Autoridades alemanas se encuentran bajo investigación luego de que se filtrarán unas imágenes donde se aprecia a dos guardias de seguridad privada abusando físicamente de dos hombres que acudieron a un refugio en Burbach del estado de Renania del Norte-Westfalia.
Los implicados habrían filmado un video y fotografiado el abuso en sus teléfonos celulares mientras se rien, lo cual generó conmoción entre los habitantes y el jefe de policía de la localidad, Frank Richter, quien declaró que esa clase de imágenes se encuentran asociadas al trato de los prisioneros en la Bahía de Guantánamo.
Una de las fotografías muestra a un hombre que yace en el piso mientras la bota de uno de los guardias le aplasta la cabeza contra el suelo.
Richter señaló que las autoridades investigaron la posibilidad de motivos xenófobos detrás de los crímenes, pero la evidencia no demostró que los agresores fueran miembros de la derecha radical.
Otra fotografía muestra a un hombre sentado en un colchón cubierto de vómito, mientras le fuerzan a acostarse, imágenes que resultan perturbadoras si se considera que la mayoría de los refugiados provienen de países donde han padecido violencia, buscando protección en Alemania, señaló el fiscal Johannes Daheim.
Por su parte, el ministro del Interior del estado alemán, Ralf Jäger, dijo que el acontecimiento no volvería a repetirse.
La prensa alemana sospecha que los sospechosos trabajan para una compañía de seguridad privada llamada European Homecare, la cual es una de las principales operadoras de los asilos para refugiados en Alemania.
Durante los primeros seis meses del 2014, más de 65 mil personas aplicaron para asilarse en Alemania, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, además el país destaca porque recibe más solicitudes que cualquier otro país.
Richter también informó que la investigación efectuó entrevistas a 700 refugiados, de donde se encontraron indicios para 5 posibles crímenes donde estarían involucrados tres guardias de seguridad.
El gobierno alemán también implementará un plan de siete puntos para habilitar el funcionamiento de los centro de refugiados, con ello las compañías deberán probar que sus guardias están certificados y que se dispone de suficientes psicólogos para laborar en los centros.

Junta Personal de Administración del Estado denuncia la contratación de seguridad privada en la cárcel de 'La Torrecica'

La Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado en Albacete ha mostrado "su más enérgica protesta" y rechazo ante la incorporación el próximo 1 de octubre de vigilantes privados en el Centro Penitenciario de Albacete 'La Torrecica', medida implantada de forma unilateral por el Ministerio de Interior en todos los centros penitenciarios de su competencia.
La Junta de Personal de la Administración Periférica del Estado en Albacete ha mostrado "su más enérgica protesta" y rechazo ante la incorporación el próximo 1 de octubre de vigilantes privados en el Centro Penitenciario de Albacete 'La Torrecica', medida implantada de forma unilateral por el Ministerio de Interior en todos los centros penitenciarios de su competencia. En nota de prensa, la Junta de Personal ha lamentado que esto supone "un paso más en la degradación sistemática en la calidad de los servicios que se está llevando a cabo en el conjunto de la Administración General del Estado amparándose en supuestos criterios de eficiencia y eficacia en las gestión servicios públicos". Esta Junta como órgano de representación colectiva de los funcionarios de la Administración Periférica del Estado denuncia que esta decisión "profundiza en el proceso de externalización y privatización de servicios públicos", y que en este caso concreto, se producirá el "consiguiente menoscabo y deterioro en la prestación del servicio de seguridad que hasta la fecha lo realizaba de forma ejemplar y modélica la Guardia Civil, y que debido a la escasez de efectivos, pasará a manos de empresas de Seguridad Privada". Por todo ello, han pedido al Gobierno central que abandone la implantación de modelos de externalización de servicios públicos y fomente la reposición de personal en cuerpos de funcionarios, donde la congelación de la oferta de empleo público está provocando "situaciones de riesgo en el ejercicio de sus competencias".

Los vigilantes controlarán "en solitario" algunas zonas de la seguridad de las prisiones

  • El miércoles comienza la segunda fase del proceso de privatización de la seguridad de los centros penitenciarios.
  • Ombuds, la empresa más beneficiada en la adjudicación del servicio.
PSOE pide regular con flexibilidad el paso de funcionarios de prisiones a puestos de no vigilancia por motivos de edad
Más de 800 vigilantes privados empezarán a velar por la seguridad en las 67 prisiones de España que dependen del Ministerio del Interior a partir del próximo miércoles 1 de octubre. Será el inicio de la segunda fase del plan de privatización de la seguridad de los centros penitenciarios estatales, después de que varios contratiempos hayan provocado que la fecha prevista (el 1 de julio) se retrasara tres meses. 
La función que desempeñarán los vigilantes será la misma que han desarrollado estos profesiones en los 21 centros que conformaban la primera fase (o fase piloto) del programa, que comenzó en junio de 2013 y que se ha alargado hasta ahora. Según un escrito de la Dirección General de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Seguridad y Tribunales, estos profesionales serán "un complemento adicional a la seguridad exterior de los centros y actuarán siempre bajo la dirección y supervisión de las fuerzas de seguridad".
Sin embargo, el mismo texto añade una novedad hasta ahora no contemplada. Estos profesionales, refleja, podrán "realizar sus funciones en solitario una vez que haya transcurrido un periodo de tiempo prudencial y se encuentren capacitados para ello". Es la primera vez que el Gobierno pone por escrito que los vigilantes desarrollarán determinadas labores sin ser supervisados por un funcionario.
Hasta el momento, el Ministerio se había negado a que esto ocurriera y así lo recalcaban en los informes oficiales previos al comienzo del programa. Aun así, durante los últimos meses de la primera fase del plan, había al menos media docena de centros en los que Interior había permitido ya a los vigilantes controlar algunas zonas en solitario. 
Las tareas que deberán llevar a cabo los vigilantes sí seguirán siendo las mismas que hasta el momento. En el mismo escrito, el Gobierno determina que se harán cargo de controlar los accesos de "personas, vehículos y mercancías", vigilar las salas de cámaras e inspeccionar determinadas zonas desde "puestos fijos o garitas".

Una decena de empresas
Por otro lado, al suponer esta segunda fase un incremento notable de centros penitenciarios que deben ser inspeccionados, el Gobierno ha vuelto a sacar a concurso la totalidad del servicio. Si en la primera fase bastaba con agrupar las 21 prisiones en una única adjudicación, que se otorgó a una Unión Temporal de Empresas (UTE), en este caso la cosa se complica un poco más y pasa a haber cuatro lotes.
En concreto, el Gobierno ha adjudicado la seguridad de las 67 cárceles (58 controladas por la Guardia Civil y nueve por la Policía) a una decena de empresas de seguridad, entre las que destacan Ombuds y Securitas como principales beneficiadas. La primera se encargará de todos los centros de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid por un importe anual de 7,7 millones de euros; la segunda será responsable de las prisiones de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja por 8,5 millones de euros.
Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla estarán vigiladas por los profesionales de siete compañías de seguridad distintas, una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que también participa Ombuds y que recibirá 9,8 millones de euros. Por último, el cuarto lote –correspondiente a Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra– ha sido adjudicado a Coviar y Seguribérica por 7,3 millones de euros. 
En total, el Gobierno desembolsará 33,4 millones de euros durante el próximo año. Esta segunda fase no conllevará todavía la reducción de guardias civiles, policías y funcionarios de prisiones que actualmente trabajan en los centros penitenciarios, aunque sí implicará que algunos de ellos pasen a desempeñar otras funciones, siempre dentro de la misma instalación en la que operaban hasta ahora.
Será en la tercera fase donde previsiblemente comenzará la supresión de efectivos de las fuerzas de seguridad. Pero ésta dará comienzo dentro de poco más de un año y una vez que el Gobierno determine que el plan que ahora se inicia ha tenido resultados satisfactorios y cabe abordar el último peldaño del proceso. 
El Gobierno no ha reconocido en ningún momento que este plan, dividido en tres fases, sea un proceso de privatización de la seguridad de los centros penitenciarios. De hecho, en los documentos oficiales mencionados describe el trabajo de los vigilantes como "servicios de apoyo" de efectivos de seguridad privada a las prisiones. 

Prosegur presentará su oferta de servicios integrales en la feria ASIS de Atlanta

Prosegur participará en el sesenta aniversario del seminario anual de ASIS, que se celebra desde hoy y hasta el próximo jueves en Atlanta (Estados Unidos), con la presentación de su oferta de servicios integrales, informó la compañía
Prosegur participará en el sesenta aniversario del seminario anual de ASIS, que se celebra desde hoy y hasta el próximo jueves en Atlanta (Estados Unidos), con la presentación de su oferta de servicios integrales, informó la compañía.

En concreto, el grupo de seguridad privada explicará durante el encuentro su oferta de servicios integrales de seguridad así como los nuevos productos de las áreas de vigilancia, tecnología de seguridad, logística de valores y gestión de efectivo.

La compañía reafirma su apuesta por la innovación con el fin de adaptarse a las necesidades concretas de cada cliente y sector de actividad. Así, en los últimos años, ha desarrollado soluciones específicas para el ámbito financiero, la distribución o el sector aeroportuario, entre otros, con el fin de aportar a las empresas un mayor valor añadido y contribuir a la mejora de su competitividad.
ASIS es una de las ferias más importantes del sector de la seguridad a nivel mundial y reúne a más de 20.000 profesionales. El evento contará con la presencia del general Collin L. Powell, que fue secretario de Estado americano de 2001 a 2005.

28 de septiembre de 2014

Vigilantes Noticias 28 de Septiembre de 2014.






















































Red Seguridad 66


La Justicia multa a una empresa de seguridad por intrusismo

La Audiencia Nacional ha confirmado una sanción de 30.051 euros a una empresa de seguridad, ubicada en Linares, por intrusismo. En concreto, utilizó vigilantes que no contaban con la homologación adecuada para custodiar recintos en los que se estaban realizando peligrosos trabajos de demolición.
Los hechos se remontan al 2 de diciembre de 2010, cuando la Policía hizo una “visita” a la obras, ubicadas en la Estación Linares-Baeza. Los agentes accedieron de noche el lugar, compuesto por dos recintos perfectamente vallados y delimitados. En el primero, se guardaban materiales y máquinas de gran tonelaje. Los policías se toparon con un vehículo junto a la verja y, pocos metros después, una caseta iluminada y varios focos que alumbraban toda la zona. El vigilante estaba en el interior.
En el segundo recinto, el “guarda” de seguridad estaba haciendo una ronda. Vestido con un chaleco reflectante, se limitaba a dar paseos. “No portaba herramienta alguna ni realizó otra actividad”, señala la sentencia. Tras un periodo de vigilancia, los policías se le acercaron y se identificaron. Le pidieron que les dejara entrar en la obra, a lo que el hombre se negó, alegando que sus superiores se lo tenían prohibido. Lo que sí hizo fue llamar al responsable de su empresa para informarle de que habían recibido la inspección de la Policía.
Poco después, los agentes se desplazaron al otro recinto. Para entonces, todas las luces habían sido ya apagadas. Pese a que hicieron todo tipo de señales acústicas y luminosas, nadie contestó. Diez días más tarde, llamaron a declarar a los dos trabajadores. El que no contestó dijo que no oyó los requerimientos que le hicieron porque estaba escuchando música con los cascos puestos mientras almacenaba chapas.
Para la Justicia está claro que ambos hombres estaban realizando labores de vigilancia privada sin estar habilitados para ello. Por esa razón, su empresa, con sede social en Linares, fue sancionada con 30.051 euros por una infracción considerada muy grave. A pesar de que se trata la cuantía mínima para este tipo de faltas, la firma la recurrió ante la Audiencia Nacional, que ahora acaba de confirmarla íntegramente.
El intrusismo es uno de los grandes problemas del sector de la seguridad privada. Para ser guardia es necesario superar una formación en un centro reglado. Y, después, hacer un examen que hace el Ministerio del Interior, que incluye conocimientos y pruebas físicas. Solo quien cumple estos requisitos puede llevar el uniforme, la porra y los grilletes y lucir la placa blanca con letras en rojo.

26 de septiembre de 2014

Agentes cívicos y figuras similares

Consulta una Unidad Territorial de Seguridad Privada, sobre la viabilidad legal de la implantación en un ayuntamiento de un servicio de agentes cívicos para prestar un servicio nocturno en las zonas céntricas de dicha población con la finalidad de evitar actos incívicos e informar.

CONSIDERACIONES 
La figura del vigilante nocturno fue creada por el Decreto 2727/1977 y desarrollada por la Orden de 9 de enero de 1978, que ya, en su Preámbulo, reconoce el carácter transitorio de esta medida.
Por ello, y aun cuando el Decreto citado no ha sido expresamente derogado, puede decirse que el contenido de sus preceptos está casi en su totalidad desfasado por el desarrollo normativo aprobado con posterioridad, tanto en el ámbito de la seguridad ciudadana como en materia de régimen local.
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), han incidido en la regulación del servicio de vigilantes nocturnos en el siguiente sentido:

a) La seguridad en lugares públicos es competencia municipal (artículo 25.2.a) LRBRL), en los términos del artículo 51 y siguientes de la LOFCS.

b) Las funciones señaladas en el Art.53 de la LOFCS, serán efectuadas por los Cuerpos de Policía Local o, en su defecto, por el personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicio o instalaciones, con la denominación de Guardas, Vigilantes, Agentes, Alguaciles o análogos (artículos 51.2 LOFCS), vienen a coincidir sustancialmente - no solamente en horario nocturnocon las que el artículo 4.2 del Decreto 2727/1977, asignaba a los vigilantes nocturnos.

c) Entre los servicios que deberán prestar los municipios (artículo 26 LRBRL) no se encuentra el de la "vigilancia nocturna", si bien, como es obvio, tal vigilancia ha de prestarse cuando exista Policía Local, por ésta, y, en otros casos, por el personal auxiliar contemplado en el artículo 51.2 LOFCS.

d) Tratándose -la seguridad en lugares públicos- de un servicio público de ámbito municipal recogido en el artículo 85.1 LRBRL que implica ejercicio de autoridad, no puede prestarse, sino por gestión directa (artículo 85.2 LRBRL), sin que pueda ser objeto de concesión, concierto o arrendamiento alguno.

La prestación del servicio de vigilancia nocturna corresponde a la Policía Local, pero no puede descartarse, a priori, la posibilidad de prestación de tal servicio por otra clase de funcionarios, en cuyo caso deberían serlo de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales (artículo 172.1 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril), en la cual se incluyen, en el apartado a), la Policía Local y sus auxiliares.
Otra consideración distinta, a la luz de la nueva Ley de Seguridad Privada es la posibilidad de ejecución de dichas labores, en las que se incluiría las de vigilancia y protección, por parte de vigilantes de seguridad integrados en empresas de seguridad, que prestarán sus servicios vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo, y portando los medios de defensa reglamentarios.
Efectivamente, aun cuando del tenor de la LOFCS (artículo 51.2) pudiera deducirse que este servicio únicamente puede efectuarse por la Policía Local, o caso de que no exista, por otro tipo de personal que realice funciones de vigilancia y custodia, no existe razón alguna para que, así, donde exista Policía Local, pueda crearse también, dentro de la Subescala de Servicios Especiales, la clase de Auxiliares de la Policía Local, cuyos miembros tendrían la consideración de auxiliares de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Es decir, puede estimarse vigente, y resultaría obligado para dicho personal, el artículo 4, apartados 4 y 5, del Decreto 2727/1977.
Como refiere la Unidad Policial consultante la Ordenanza Tipo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, aprobada en el año 2009, por la Federación Española de Municipios y Provincias, reconoce oficialmente la figura de los Agentes cívicos-sociales, si bien, las funciones de estos se limitan a la observancia del las disposiciones de la ordenanza, demandando la actuación de Policía Local, en su caso.
No obstante lo anterior, en el pliegue definitivo de Prescripciones Técnicas del ayuntamiento donde se prestaría el servicio, el apartado referido a “Recursos humanos y materiales a aportar por el contratista“, señala la formación mínima exigida al Coordinador y a los Agentes Cívicos, contando en el punto 3, la necesidad de “acreditar estar en posesión de un curso específico de un mínimo de diez horas en seguridad en eventos públicos otorgado por escuela oficial o academia homologada”. También se refiere en el punto 4, la necesidad de acreditar “estar en posesión de un curso especifico en controles en urbanizaciones, polígonos, transportes y espacios públicos otorgado por escuela oficial o academia homologada”. Lo cual no coincide con el Pliego de Condiciones, considerado y analizado para la elaboración de la consulta por la Unidad Territorial, en el que no se aludía a estas acreditaciones.
Dicha formación, especificada en las prescripciones técnicas, no parece tener un ajuste a la funciones que los Agentes Cívicos presuntamente deben realizar, lo cual, sin querer prejuzgar el servicio que van a desarrollar estos agentes, tiene un valor indiciario, que permite advertir ya, desde su concepción, que las funciones que verdaderamente se espera que realicen, podrían invadir aquellas que están normativamente reservadas exclusivamente al personal de seguridad privada o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incurriendo, por ello, en infracciones del Régimen Sancionador del ámbito de la Seguridad Privada, en caso de que así se consiguiese acreditarse.
Por otra parte, el nuevo escenario legal, en virtud del artículo 41 de la Ley de Seguridad Privada 5/2014, la prestación de servicios por los vigilantes de seguridad en espacios o vías públicas, abarcando recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma o participando en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial, lo que podría tenerse en cuenta a los efectos de la realización del servicio pretendido.

CONCLUSIONES
Del análisis de los preceptos citados y como respuesta a la consulta formulada, cabe concluir lo siguiente:

1º. Si bien la forma de prestación del servicio público de vigilancia nocturna, tal y como aparece configurado en el Decreto 2727/1977, y desarrollado por la Orden de 9 de enero de 1978, resulta inaplicable en la actualidad por obsolescencia normativa, no cabe estimarlo tampoco totalmente derogado, por lo que los municipios pueden crear facultativamente el servicio de serenos o vigilantes nocturnos.

2º. La Ordenanza Tipo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de la Federación Española de Municipios y Provincias, posibilita la creación de Agentes cívicos-sociales, con funciones de observancia de vigilancia de la ordenanza.

3º. Las funciones de vigilancia y protección pública, de no ser prestados por la Policía Local, debe prestarse por auxiliares de la misma, con el carácter de Agentes de la autoridad, y cuyas funciones consistirían básicamente en la asistencia al vecindario y en la colaboración y auxilio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la prevención de la comisión de delitos y en el mantenimiento del orden público.

4º. Asimismo, el personal auxiliar de la Policía Local o municipal deberá ostentar la condición de funcionario municipal, perteneciente a la escala de servicios especiales de los funcionarios de carrera.

5º. Del escrito objeto de consulta no parece desprenderse que el objeto de la creación de un servicio de “agentes cívicos”, cuya labor es descrita en la ordenanza municipal, en la que se especifican las funciones que van a desarrollar, sea el ejercicio de labores de seguridad, si bien, no parecen congruentes dichas funciones con la exigencia de formación oficial especifica en materia de seguridad en urbanizaciones, polígonos transportes y espacios o eventos públicos, del personal que lo acometerá, teniendo dicha formación un valor indiciario, que permite advertir ya, que desde su concepción, las funciones a desarrollar por estos agentes cívicos podrían invadir aquellas que están normativamente reservadas exclusivamente al personal de seguridad privada o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

6º. No es descartable que, en su labor diaria, pudieran encontrarse de forma ocasional o incidental, con actos contrarios al ordenamiento jurídico o que alteren o perturben la seguridad ciudadana del municipio y, en ese momento, y exclusivamente en el ejercicio del deber cívico que la ley encomienda a cualquier ciudadano, máxime si se está al servicio de la comunidad, como sería el caso, actúen en consecuencia, bien poniendo el hecho en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad, bien alertando a los responsables de las consecuencias de sus actos, lo que en sí mismo, no supondría el ejercicio directo de labores de seguridad, sino que estaría enmarcado en el deber encomendado a cualquier empleado municipal que en su quehacer diario observara la comisión de alguna falta, delito o reproche administrativo.

7º. Por razones de legalidad no procede anticipar hechos sobre un servicio, como el sometido a consulta, todavía en fase de creación, que respeta en principio todos los requerimientos legales, y que se encuentra en el ámbito de una competencia municipal. No obstante, como consta en el apartado primero de las conclusiones de la Unidad Policial consultante, si en el transcurso de este servicio se tuviera conocimiento, de la desviación de sus verdaderos cometidos, por parte del personal adscrito al mismo, realizando actuaciones que invadieran competencias encomendadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o al personal de seguridad privada, se deberá aplicar el régimen sancionador previsto en la ley y en el Reglamento de Seguridad privada.

8º. Finalmente, y en atención al nuevo marco legal introducido por el artículo 41 de la Ley 5/2004, de seguridad privada, cabe señalar la posibilidad, sobre la ejecución de dichas labores, en las que se incluiría las de vigilancia y protección, por parte de vigilantes de seguridad integrados en empresas de seguridad, prestando servicios en espacios o vías públicas, abarcando recintos y espacios abiertos que se encuentren o puedan ser delimitados de cualquier forma, o participando en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial.

ALCOR condenada por vulneración a la Libertad Sindical

LA EMPRESA ALCOR SEGURIDAD CONDENADA POR VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
Los Jueces le dan la razón a La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la UNIÓN SINDICAL OBRERA, (FTSP-USO) en la demanda presentada contra la empresa ALCOR SEGURIDAD S.L  sobre tutela de  libertad sindical, al no reconocer el nombramiento del Delegado Sindical elegido por los afiliados de la USO en esta empresa.
Así mismo en la sentencia de la Audiencia Nacional, estima que la empresa ha vulnerado el derecho del sindicato demandante (USO) a la libertad sindical y a la acción sindical en la empresa, declarando radicalmente nula dicha conducta y ordena su cese inmediato, condenando a la empresa demandada a abonar al sindicato demandante USO una indemnización de 1.300 €.
Celebramos que la justicia como no podía ser de otra manera nos dé la razón, ante un nuevo intento de atropello de esta empresa en contra de nuestro sindicato USO y de nuestra Federación de Trabajadores de Seguridad Privada. (FTSP-USO).

Comunicado Estatal FTSP USO sobre el preacuerdo del Convenio Colectivo


Asamblea Informativa 30/09/2014 : Sobre la Negociación del Convenio Colectivo Nacional.


Comunicado conjunto de preacuerdo de Convenio Colectivo de Seguridad Privada


Acta de la 4ª reunión de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad Privada.


Lotes y Empresas Centros Penitenciarios

ftspuso.org






Defensa otorga la vigilancia de sus cuarteles a una empresa que defrauda a Hacienda

Tras varios intentos fallidos, el Gobierno ha adjudicado los servicios de vigilancia, alarmas y seguridad de todas las instalaciones del Ministerio de Defensa a una empresa que está acusada por la Agencia Tributaria de un fraude fiscal por pagar en B conceptos retributivos fuera de la nómina oficial. El beneficiario es Seguridad Integral Canaria, empresa propiedad del empresarioMiguel Ángel Ramírez, que fue indultado el pasado año por el Gobierno de Mariano Rajoy después de cometer un delito urbanístico.
Según el acuerdo de la Junta de Contratación, la compañía de Ramírez ganó el contrato para dar servicios de seguridad y control a todos los edificios del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos después de realizar un concurso público que se ha alargado durante nueve meses. Tras solicitar varias ofertas, finalmente la Junta resolvió la adjudicación mediante una subasta electrónica en la que factor principal para ganar la puja era el precio ofertado por las empresas. Es decir, el coste por empleado por hora trabajada.
Seguridad Integral Canaria se impuso en la subasta al obtener la mayor puntuación -95,37-, como informó 'Elboenuestrodecadadía', batiendo a competidores como Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis, Secoex y Clece, la filial de ACS. La compañía con origen en las islas afortunadas ofreció 13,70 euros por hora para los vigilantes de seguridad y 5,49 euros para los auxiliares de servicios, por lo que el salario que cobrarían los empleados sería sensiblemente inferior. Se estima que en el segundo caso apenas superará los 3 euros por hora trabajada. La mayoría de los interesados se quedó muy lejos de estos ratios.

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Ramírez se hizo con el Lote 1 del concurso que asciende a 31,87 millones de euros por dos años, mientras que Proman Servicios Generales ganó el Lote 2, valorado en 11,12 millones por 24 meses. En total, ambas compañías pagaron 43 millones, por un contrato que estaba valorado inicialmente en 72,57 millones, según el pliego de contratación del Ministerio de Defensa.
Fuentes próximas al Gobierno han indicado que el método de adjudicación fue totalmente transparente y que el criterio principal era el económico para ahorrar dinero a los contribuyentes. Pero lo cierto es que, según la Agencia Tributaria, Seguridad Integral Canaria le hace un flaco favor a las arcas del Estado porqueHacienda la ha acusado de defraudar 2,3 millones entre 2008 y 2009 "al pagar fuera de nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de retenciones como dietas".
Horas extras no declaradas
Así consta en el informe que la Agencia Tributaria remitió este año a la Fiscalía de Delitos Económicos, tras una denuncia de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO. El documento subraya que el delito habría consistido en "evitar practicar retención sobre retribuciones satisfechas a trabajadores de Seguridad Integral, mediante el subterfugio de calificarlas como exentas de gravamen". Ramírez, presidente también de la Unión Deportiva Las Palmas, club histórico ahora en Segunda División, siempre ha negado estos cargos. No obstante, el auditor del grupo le puso una salvedad en sus cuentas al no tener provisionada esta posible sanción.
Según consta en el texto, Seguridad Integral Canaria, que desde el pasado mes de agosto asume también la vigilancia de tres zonas de la red de Metro de Madrid, así como varios contratos de seguridad para Patrimonio del Estado,"no sólo eludió su obligación de practicar retención sobre gran parte de los salarios satisfechos a sus trabajadores, sino que dichas rentas quedaron libres de tributación ya que tampoco se incluyeron por los trabajadores en sus declaraciones de IRPF".
Sede del Ministerio en Madrid. (EFE)Sede del Ministerio en Madrid. (EFE)












La inspección de la Agencia Tributaria ha corroborado que las dietas declaradas por Seguridad Integral Canaria suponían "un 30,16 % de los rendimientos de trabajo declarados en 2008 y un 27,9 % en 2009". El informe subraya que para alcanzar la facturación declarada, "Seguridad Integral Canaria tuvo que prestar, como mínimo, 3.134.948 horas de servicio de vigilancia en 2008 y 3.433.629 horas en 2009 y los vigilantes contratados sólo pudieron realizar 2.659.423 horas en el primer año y 2.900.652 en el segundo, por lo que es materialmente imposible que se haya facturado por valor de las horas declaradas con el personal del que disponía y con las horas extra admitidas".
El texto prosigue que "dicha facturación requiere como mínimo 475.524 horas adicionales en 2008 y 532.976 en 2009. Por lógica, estas horas suplementarias sólo pudieron realizarse fuera de la jornada ordinaria de los trabajadores, esto es, mediante horas extra no declaradas".
Un ministro en un concesionario de coches
Miguel Ángel Ramírez, un empresario de origen humilde que se declara hecho a si mismo, fue condenado en 2011 en sentencia firme a tres años de cárcel por delito medioambiental al ampliar su chalet utilizando metros de paisaje natural protegido en el norte de Gran Canaria. El 22 de noviembre del pasado año, el Gobierno lo indultó.
El 4 de diciembre, Ramírez hizo la fiesta de inauguración de un concesionario de coches en Las Palmas al que acudió como anfitrión el ministro de Industria, José Manuel Soria. Para el titular de la cartera de Energía, su paisano canario es "el ejemplo más puro de emprendedor" por su capacidad para convertir "sueños en ideas, estas en proyectos y finalmente en una empresa". 

24 de septiembre de 2014

News ADSI Flash nº 384


Golpea con el coche a una vigilante de seguridad al huir de un robo en un centro comercial

La mujer ha sido detenida como presunta autora de un robo con violencia.
La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 41 años acusada de un robo con violencia en una centro comercial de Badajoz. Durante la huida, la mujer golpeó con su coche a una vigilante de seguridad que trató de cortarle el paso.
Los hechos ocurrieron el pasado día 18 de septiembre cuando la vigilante fue alertada de que estaban sustrayendo varias prendas de un establecimiento del centro comercial. Varias empleadas del local perseguían a la carrera a una mujer que se introdujo en su coche particular aparcado en el parking particular.
La vigilante se colocó ante el coche para obstaculizar la salida y la mujer la insultó y aceleró y frenó bruscamente para que se apartara. En una de las ocasiones la golpeó con el parachoques en la rodilla, por lo que tuvo que ser atendida en un centro de salud.

Detenido por agredir a dos vigilantes de seguridad en el Hospital Médico Quirúrgico

El individuo estaba deambulando por una de las plantas del centro sanitario "sin que aparentemente estuviese vinculado con ninguna habitación o paciente ingresado"
La Policía Local de Jaén ha detenido este miércoles a un vecino de la capital después de que presuntamente agrediera a dos vigilantes de seguridad en el Hospital Médico Quirúrgico.
Según ha informado este miércoles el Ayuntamiento, la intervención policial se produjo sobre las 0,20 horas, cuando los citados profesionales localizaron a un individuo deambulando por una de las plantas del centro sanitario "sin que aparentemente estuviese vinculado con ninguna habitación o paciente ingresado".
Cuando los vigilantes, que entre sus funciones tienen este tipo de control para evitar hurtos, robos o cualquier otra acción ilícita en las dependencias hospitalarias, se dirigieron al hombre, éste ejerció contra ellos "una actitud desconsiderada y de agresión física" sin mediar otra causa. Por ello, tuvieron de reducirlo y requerir la intervención de la Policía Local.
El hombre, que se encontraba indocumentado, lejos de colaborar tuvo que ser detenido y trasladado por la Policía Local hasta la comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía de Jaén. Allí fue identificado como J.F.F.C., de 44 años y vecino de la capital, donde se le instruyeron diligencias por la presunta falta consideración y agresión a los vigilantes de seguridad privada que denunciaron los hechos.
Igualmente, la Policía Local le intervino dos armas blancas y se ha tramitado a su vez denuncia administrativa por infracción a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, según ha precisado el Ayuntamiento, desde el que se ha apuntado que otras actuaciones destacadas de este Cuerpo fue la "frustración este martes de dos intentos de suicidio".
También en conocimiento de la Policía Local, así como de la Policía Nacional, ha puesto el Consistorio el robo ocurrido en la sede Sabetay de la Universidad Popular Municipal de Jaén, ubicada en la calle Rostro, del que los trabajadores del centro se percataron sobre las 7,45 horas de este miércoles.
Los ladrones accedieron por la puerta lateral de emergencia, sita en la calle Santa Cruz, y realizaron "destrozos en todas y cada una de las plantas". Además, sustrajeron material técnico y pedagógico tanto en la oficina, despachos y aulas como en almacenes.
Hasta el lugar, se han desplazado agentes de ambos cuerpos policiales y la unidad de especialidad científica de la Policía Nacional ha realizado la inspección ocular y recogida de huellas para tratar de identificar al autor o autores de este hecho delictivo.

El director de la prisión niega sustitución de Guardia Civil por seguridad privada

Luis Carlos Antón asegura que los nuevos vigilantes serán un complemento a los agentes de las Fuerzas de Seguridad
Burgos contará con entre 15 y 20 profesionales, pero no se producirá una reducción de la presencia de la Guardia Civil
AUGC ha denunciado la privatización de la seguridad en las cárceles, avisando de futuros traslados forzosos de agentes

La llegada de vigilantes de seguridad privada al Centro Penitenciario de Burgos no va a suponer en ningún caso una reducción de la presencia de la Guardia Civil ni la sustitución de los agentes por los nuevos profesionales. El director de la cárcel, Luis Carlos Antón, niega las críticas vertidas por diferentes organizaciones profesionalesentre ellas la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), sobre el proyecto gubernamental de contratar empresas de seguridad privada para la realización de tareas de vigilancia, control de accesos y de circuito cerrado de televisión.
Antón ha asegurado, durante la celebración de la Festividad de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias, que “no hay sustitución”, sino que la llegada de seguridad privada “es un complemento a la Guardia Civil”. Ni se va a sustituir a agentes del cuerpo por vigilantes privados ni existe ningún tipo de orden ministerial dirigida a reducir su presencia en las cárceles españolas, tal y como han denunciado desde la AUGC. A principios de octubre llegarán entre 15 y 20 nuevos profesionales, aunque la cifra concreta aún está por determinar por Securitas, la empresa encargada del contrato.
“No hay sustitución, es un complemento a la Guardia Civil. No se va a sustituir a nadie”
El director del centro penitenciario no valora la decisión tomada por el Gobierno Central de incorporar seguridad privada a las cárceles, en lugar de apostar por abrir una Oferta Pública de Empleo para guardias civiles. Desde la AUGC han insistido, en reiteradas ocasiones, que los nuevos vigilantes se harán cargo de responsabilidades que hasta ahora eran de la Guardia Civil y la Policía Nacional, lo que en la práctica supondrá una reducción de los efectivos de ambos cuerpos, con traslados “forzosos y encubiertos”.
Y es que los agentes no sólo trabajan en la cárcel, sino que realizan labores similares en Subdelegación del Gobierno, Comandancia de la Guardia Civil y cuarteles, además de en el Aeropuerto y la Fábrica de la Moneda, de manera esporádica. Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles se está ante los primeros pasos para privatizar la seguridad en los centros penitenciarios, una vez el Consejo de Ministros aprobase el pasado 30 de mayo la contratación de empresas de seguridad privada, consolidando un proyecto piloto iniciado el pasado año en 21 centros. Ahora se incorporarán 800 vigilantes, con un coste de 33 millones de euros.

Sin superpoblación

“Estamos muy bien. No es verdad que haya superpoblación”
Por otra parte, el director del Centro Penitenciario de Burgos asegura que “estamos bien”, negando también las críticas de algunos sindicatos, que aseguran que hay más internos de los que puede acoger. Luis Carlos Antón ha explicado que se cuenta con 450 reclusos, y que en los nueve meses que él lleva como máximo responsable del centro, se ha producido una reducción de unos 25. La cárcel de Burgos no está superpoblada, habiéndose mejorado sustancialmente en los últimos años la situación, puesto que no hace mucho se contaba con 600 internos.
Antón no ha considerado necesario aprovechar el día de la patrona para hacer alguna reivindicación, puesto que “el estado del centro es bueno, tanto en habitabilidad como en conservación”. Siempre se podría contar con más funcionarios y trabajadores, pero también está satisfecho con su número y, sobre todo, con su profesionalidad. Se cuenta con una plantilla “entradita en años pero muy profesional”, algo que no siempre ha visto en sus 20 años de “peregrinaje” por las cárceles españolas, hasta de llegar al centro burgalés hace escasos meses.