31 de enero de 2014
30 de enero de 2014
Un millón de euros para financiar los contratos de los vigilantes del Complejo Asistencial de Palencia
El Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 1.007.825 euros para financiar los contratos de los vigilantes que, mediante un sistema de turnos, cubrirán las necesidades de seguridad de centros mencionados del Complejo Asistencial de Palencia y del edificio de consultas externas integrado dentro del Hospital Río
El Consejo de Gobierno ha aprobado destinar 1.007.825 euros para financiar los contratos de los vigilantes que, mediante un sistema de turnos, cubrirán las necesidades de seguridad de centros mencionados del Complejo Asistencial de Palencia y del edificio de consultas externas integrado dentro del Hospital Río Carrión.
El contrato estará en vigor por un periodo de 24 meses, en los que el personal empleado cubrirá un total de 53.984 horas de vigilancia.
En el Hospital Río Carrión habrá dos vigilantes en cada uno de los tres turnos establecidos todos los días de la semana.
Esto se completará con una persona más que se encargará de la seguridad del edificio de consultas externas durante su horario de apertura, es decir, de 9.30 horas a 13.30 horas. Por último, el Hospital San Telmo dispondrá de un vigilante en los turnos anteriormente señalados, también de lunes a domingo.
Detenida una menor por intentar salir de un centro comercial con prendas robadas y agredir al vigilante
Agentes de la Policía Nacional han detenido a una menor de edad tras tratar de salir de un centro comercial de la capital con prendas robadas. Así, se le imputa un delito de robo con violencia, al, supuestamente, agredir al guardia de seguridad que la redujo.
Así, tal y como ha informado la Policía Nacional en un comunicado, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 21.50 horas del pasado 25 de enero, cuando la menor traspasó la línea de la caja sin abonar la cuantía de prendas, cuyo valor alcanzaba los 234,90 euros.
La detenida solía coger las prendas, les arrancaba las alarmas y las escondía dentro de su bolso, saliendo del comercio sin pagar. Sin embargo, en esta ocasión, se olvidó de eliminar una de las alarmas, por lo que ésta empezó a sonar cuando intentó salir del establecimiento, han precisado.
Tras esto, un vigilante de seguridad se acercó a la menor para llamarle la atención y la joven forcejeó con él, arañándole en la mano derecha. Después, una patrulla de la Policía Nacional se personó en el lugar de los hechos y detuvo a la menor.
Los vigilantes de seguridad, entre la espada y la pared
La obligación de cotizar por el plus de transporte ha hecho que las empresas de seguridad privada quieran la congelación salarial de sus empleados hasta 2017. Al negarse los sindicatos, amenazan con descuelgues y despidos.
Las empresas de vigilantes de seguridad amenazan con incumplir los convenios. .Efe
Reacciones
Las empresas de seguridad privada se están lanzando a la piscina una tras otra. En los últimos días se ha puesto de manifiesto una estrategia para presionar a los trabajadores del sector. En Aragón son 2.100 los vigilantes de seguridad, en toda España más de 100.000.
Las intenciones manifestadas por las asociaciones empresariales del sector (APROSER, FES y UAS) de incumplir las condicionales salariales y laborales pactadas con sus trabajadores han liberado una reacción en cadena a la que se están sumando todas las empresas. Empezaron Prosegur y Securitas, las dos grandes del sector, y ya les han seguido otras ocho. Esta ofensiva solo se puede comprender si se interpreta como una demostración de fuerza: O bien aceptan los trabajadores una congelación salarial hasta 2017, o bien se atienen a las consecuencias.
Origen del conflicto
El convenio colectivo actual -válido hasta finales de este año- contemplaba una subida salarial del 4% a principios de 2014. Las empresas ya venían anunciando que no podrían asumir esta subida y elReal Decreto publicado el 21 de diciembre en el BOE les otorgó la excusa definitiva para negarse a cumplir lo pactado.
Bajo el nombre 'Medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores', este decreto asienta laobligación de cotizar por conceptos retributivos que antes estaban exentos, como los pluses de transporte. En un momento normal, la medida podría considerarse positiva e interpretarse como una inversión de cara a la futura jubilación del trabajador y las incapacidades temporales por enfermedad. En época de crisis, habrá que ver cuántas empresas no obligan a sus empleados a asumir el coste.
Reacciones
Pocos días después de la publicación del decreto, llegó la reacción de las empresas de seguridad. Calculan que al convertir en cotizable el plus de transporte aumenta un 2,07% el coste salarial y ya han avisado de que, para asumirlo, no solo no están dispuestas a llevar a cabo la subida de salarios pactada, sino que quieren congelar los sueldos hasta 2017 y renegociar otros artículos del convenio. El anuncio llega después de haber reducido en 288 euros los ingresos de sus empleadosen 2013.
Al negarse los sindicatos más representativos del sector (FES-UGT, CC.OO. y FTSP-USO) a aceptar la congelación, las empresas han contraatacado y anunciado su intención de descolgarse del convenio colectivo, modificar las condiciones de trabajo y algunas, incluso, de despedir trabajadores. Sin un convenio colectivo, se abriría la veda para las bajadas salariales, los aumentos de jornada y entraría al terreno de juego el monstruo de la competencia desleal.
"Dicen que el plus de transporte les aumenta los costes un 2,07% y les supone unos 280 euros por empleado y usan esto como excusa para activar los mecanismos que otorga la reforma laboral, descolgarse del convenio y reducir salarios. Pretenden que los trabajadores carguen con todo el coste para que las empresas sean más competitivas", resume Alejandro Gastón, el coordinador de USO Aragón.
La subrogación, en juego
Para Mar Pelayo, responsable de la Federación de Seguridad Privada del mismo sindicato, el mayor peligro de perder el convenio colectivo es que la subrogación de los trabajadores en caso de cambio de empresa -algo muy frecuente en el sector-, no sería automática. "Cualquier vigilante que lleva más de cinco años en una empresa ha sufrido una subrogación porque los clientes cambian de empresa de seguridad según lo que éstas les ofrecen, pero los trabajadores se mantienen en sus puestos".
Emilio Martínez, presidente del comité de empresa de Vinsa augura que sin un convenio colectivo "se desatará una guerra de precios y de sueldos y el empleado perderá la estabilidad".
El secretario general de la Federación de Servicios Privados de CC.OO., Guillermo García, prevé que todas las empresas del sector se unirán a la ofensiva y se suma a la preocupación de USO en el tema de la subrogación y los salarios: "Si se deja caer el convenio colectivo y se firman convenios de empresa desaparecerá directamente la subrogación y hemos visto en otros sectores que cada empresa contratará a sus empleados".
Por eso CC.OO. y USO aseguran que sus sindicatos no firmarán ningún descuelgue del convenio colectivo y tampoco ningún convenio de empresa, en el caso de que estos se propongan.
Antonio López, de FES-UGT Aragón, expone que UGT comprende que una subida salarial del 4% es inasumible pero rechaza la congelación eintentará conseguir una subida del 1,8% en 2014 y del 0,4% a partir de 2015. Su sindicato critica también los métodos de presión 'del todo o nada' utilizados por las empresas de seguridad para ser más competitivas. "Nosotros no producimos tornillos así que para reducir costes atacarán directamente a los salarios".
BOE de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y corrección de errores.
· Orden ESS/78/2014, de 20 de enero, por la que se crea la Unidad Especial de Colaboración y Apoyo a los Juzgados y Tribunales y a la Fiscalía General del Estado para la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
· Corrección de errores de la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.
Dos detenidos por agredir a vigilantes de seguridad de estación El Vendrell
Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres por agredir a los vigilantes de seguridad de la estación de tren de El Vendrell (Tarragona), informa hoy la policía catalana.
Los Mossos detuvieron el pasado 27 de enero a dos hombres, de 33 y 38 años, de nacionalidad española y argentina, vecinos de Barcelona y El Vendrell, respectivamente, como presuntos autores de un delito de atentado a los agentes de la autoridad.
Los hechos sucedieron hacia las 17.30 horas, cuando los Mossos recibieron el aviso de que dos personas estaban agrediendo a los vigilantes de seguridad de la estación de tren de El Vendrell.
Inmediatamente, una patrulla se desplazó a la estación y observó, en uno de los andenes del interior, a dos personas muy alteradas con los vigilantes de seguridad.
Todo apunta a que estas dos personas cruzaron las vías del tren para llegar al andén y evitar pagar los billetes.
Cuando los vigilantes les llamaron la atención, los dos hombres los empezaron a agredir -a uno lo empujaron hacia las vías, chocando con un tren que acababa de llegar a la estación, causándole un golpe en la espalda y en la nariz, y el otro recibió varios empujones-.
Por todo esto, los Mossos los detuvieron por un delito de atentado a los agentes de la autoridad.
Uno de los detenidos, al que le constaba una orden de detención e ingreso en prisión del juzgado de Instrucción de Valencia, ha ingresado en prisión, y el segundo detenido pasó ayer a disposición judicial en El Vendrell y el juez decretó su libertad con cargos.
Renfe premia a un vigilante de vinsa seguridad alentis por mantener con vida a un viajero en parada cardiorespiratoria
Renfe entregó hoy una distinción al vigilante de Vinsa Seguridad Alentis, Salvador Guerrero, que el pasado día 2 de diciembre mantuvo con vida, mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar, a un viajero que se desplomó en la estación de cercanías Málaga Centro Alameda y que se encontraba en parada cardiorespiratoria.
Durante el acto, que se celebró en la sede de la compañía en Málaga, Fernando Fraile, delegado territorial de la zona A de Seguridad y Protección Civil de Renfe, entregó a Salvador Guerrero la Distinción de Protección Civil, Seguridad y Prevención de Riesgos de Renfe Operadora, en su modalidad Oro.
De esta forma, Renfe reconoce el buen trabajo realizado por el vigilante de Vinsa Seguridad Alentis, que logró recuperar las constantes vitales del viajero y mantenerle con vida hasta que llegaron las asistencias sanitarias.
El director nacional de Vinsa Seguridad de Alentis, que también estuvo presente en la entrega de la distinción, Faustino Diez, felicitó al miembro del equipo que presta sus servicios en las Cercanías de Málaga y mostró su satisfacción por contar con personal con tan buena formación y capacitación profesional, como para afrontar una situación de emergencia de forma tan satisfactoria.
29 de enero de 2014
Los guardias denunciados por pegar a una pareja dicen que fueron ellos los agredidos
Los vigilantes, que comparecieron como denunciantes, acusan al matrimonio de «intento» de hurto de un salchichón de 3 euros y lesiones - Aseguran que trasladaron a los clientes a un cuarto para realizar una «revisión exhaustiva»
D. PAMIES 29.01.2014 | 09:55
Uno de los vigilantes de la gran superficie de Torrevieja ayer, tras declarar como denunciantes ante el juez. Después lo harán como denunciados. LOINO
Son ellos los agredidos, aseguran. Los dos vigilantes de seguridad denunciados por golpear supuestamente a un matrimonio francés en una gran superficie de Torrevieja, unos hechos que el hijo mayor de la pareja pudo grabar, declararon ayer en el juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja, pero en calidad de denunciantes. Los guardias aseguraron que esta familia de turistas «intentó» hurtar un salchichón de tres euros y que fueron ellos los agredidos, según explicó la abogada de los ciudadanos franceses. En la denuncia presentada por Jeanine Alice Naud y Jean Louis Naud especifican que después de hacer una compra en Carrefour el pasado 30 de diciembre y pagar, sonó la alarma siendo la mujer registrada por los guardias sin hallarle nada. A continuación fueron conducidos a una habitación en la que estuvieron retenidos durante tres cuartos de hora y donde sufrieron «vejaciones y golpes» por parte de los vigilantes delante de sus dos hijos, de 13 y 5 años. Fue el mayor de ellos quien grabó con su móvil la violenta escena mientras el pequeño la presenciaba llorando y entre gritos. Las imágenes fueron aportadas como prueba además de tener una gran repercusión mediática tras su difusión.
Los vigilantes, que para fundamentar su denuncia por supuesto hurto y lesiones se remiten a un atestado de la Guardia Civil de 80 páginas, según la letrada, aseguraron que el padre, la madre y los dos menores fueron trasladados a un cuarto para realizar nuevas
comprobaciones, ya que tras el registro no habían encontrado ningún objeto sustraído y una vez allí (en una de las escasas dependencias del centro sin videovigilancia y que uno de ellos denominó ayer como «sala de atención al cliente») comprobaron que no llevaban nada y «les pidieron disculpas». Pero es ese momento, según asegura la letrada que declararon, «la señora empieza a escupirles», lo que les obligó a intervenir esposándoles durante media hora. La letrada agregó que en ningún momento llamaron a un traductor, dado que la familia no hablaba español, ni a una guardia de seguridad femenina para el cacheo a la mujer. «Ellos, los vigilantes, reconocen que no les encuentran nada (al matrimonio francés) pero que la intención del señor (por el padre de familia) era sustraer un salchichón que en un momento dado devuelve a la estantería porque se arrepiente, y paga el resto de la compra». La abogada de la pareja mantiene que es algo que su cliente «ha explicado hasta la saciedad» y que ese cambio de opinión respecto a una compra ocurre a diario.
Aseguran, según la abogada, que revisan «a la señora porque cuando pasa por el arco de seguridad pita". La mujer llevaba una placa de alarma en uno de sus zapatos», sin que los vigilantes, que serán llamados como denunciados más adelante, explicaran ayer su origen ni por qué no sonó al acceder la mujer al centro. Ayer acudieron a declarar también como testigos la cajera que atendió a la familia, quien afirmó que su comportamiento fue normal y que pagaron toda la compra, la responsable de la sala de videovigilancia del centro y otro vigilante que custodiaba el aparcamiento. El letrado de Casesa, la empresa de seguridad, personado y presente en el interrogatorio de ayer, no quiso realizar ningún tipo de declaración, al igual que los vigilantes.
Las prisiones de León, Valladolid y Topas cuentan con seguridad privada para sustituir a la Guardia Civil
DENUNCIA DE LOS SINDICATOS
"Los siete millones de euros de seguridad privada deberían haberse dedicado a la convocatoria de oposiciones de funcionarios", critican los sindicatos.
Los sindicatos de prisiones han alertado de la entrada de seguridad privada en los centros después de que ya se encuentre en el exterior de los centros penitenciarios de León, Topas (Salamanca) y Valladolid, donde ha sustituido a la Guardia Civil.
"Después de implantar la seguridad exterior nos tememos que quieren ampliarla al interior", ha advertido el coordinador de CCOO de Castilla y León de prisiones, Teo Movilla, quien ha culpado a "los intereses privados" de empresas que "tienen beneficios con el Gobierno".
"Los siete millones de euros de seguridad privada deberían haberse dedicado a la convocatoria de oposiciones de funcionarios", ha asegurado a la puerta del Centro Penitenciario de Brieva (Ávila), donde se ha concentrado medio centenar de funcionarios convocados por CCOO, UGT y CSIF.
Bajo la pancarta 'Prisiones ya no soporta más recortes ni privatizaciones', han resaltado que la seguridad de las cárceles es competencia del estado.
Por otro lado, estiman que las cárceles de España necesitan entre 2.000 y 2.500 funcionarios por las jubilaciones y el pase a segunda actividad. En Castilla y León, Topas, León y Burgos "empiezan a tener problemas porque no se ha convocado ninguna plaza", según han resaltado.
La segunda fase del plan en seguridad privada se centrará en la colaboración
Madrid, 28 ene (EFE).- La segunda fase del Plan Estratégico en Seguridad Privada de la Policía Nacional se centrará en la completa implantación de la administración electrónica y en el aumento de la colaboración nacional e internacional.
El director de la Policía, Ignacio Cosidó, ha presentado hoy la segunda fase del denominado SEGURPRI y ha resaltado "la importancia de impulsar la colaboración y cooperación en materia de seguridad, promoviendo iniciativas conjuntas que incidan en una mejora y eficiencia de la seguridad pública", ha informado la Dirección General de la Policía.
Los principales objetivos de esta segunda fase (2014-2015) se centran en la completa implantación de la administración electrónica, el aumento de la colaboración nacional e internacional y el Programa Reforma sobre el marco normativo.
La Policía Nacional tiene previsto poner en marcha diversos planes, programas y proyectos de trabajo divididos en tres grandes ejes de actuación.
El primero es la mejora de la gestión administrativa y operativa y prevé consolidar la implantación de la Administración Electrónica, con la puesta en marcha de plataformas de comunicaciones electrónicas para el contacto entre las empresas de seguridad y la Unidad Central de Seguridad Privada y para las comunicaciones entre las CRA (Centrales Receptoras de Alarmas), salas del 091 y las patrullas policiales que se encuentran en la calle.
El segundo eje es el aumento de la colaboración y de la operatividad para profundizar en el desarrollo y aplicación del Plan Red Azul, al que ya están adheridas más de 500 empresas del sector.
El tercer eje es la adecuación del marco normativo, con la definitiva aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada, según la misma fuente.
Exteriores adjudica a Prosegur la seguridad del ministerio por 2 millones de euros
Dos días antes de conseguir el contrato, la compañía de vigilancia privada comunicó a la plantilla el despido de trabajadores en todos sus centros de España
El Ministerio de Asuntos Exteriores sale al rescate de Prosegur. Dos días después de comunicar un ERE a la plantilla, el departamento que dirige José Manuel García-Margallo le ha contratado para que se haga cargo del servicio de vigilancia y seguridad del ministerio.
Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes oficiales, la Junta de Contratación del ministerio ha adjudicado el contrato a la empresa líder de la seguridad privada en España.
Prosegur se encargará de prestar el servicio de vigilancia en las dependencias de Exteriores por casi 2 millones de euros. El contrato entre ambas partes se formalizó el pasado 19 de diciembre.
La adjudicación de este contrato se produce al mismo tiempo que la compañía ha anunciado “la intención de iniciar el procedimiento de Despido Colectivo”, aunque sin especificar cuántos de sus empleados en España abandonarán la empresa.
Otra gigante del sector, Securitas, también acaba de anunciar recientemente la apertura del proceso para descolgarse del convenio, lo que se traducirá en una reducción de las condiciones laborales y salariales de sus empleados.
28 de enero de 2014
Una ley para impulsar un sector concentrado en 12 empresas
inforelacionada
El próximo 5 de febrero termina el plazo para presentar enmiendas en el Senado al proyecto de Ley de Seguridad Privada, un texto que se aprobó el pasado 10 de diciembre en el Congreso y que amplía las competencias de los vigilantes privados. No ha sido el único cambio en la legislación enfocado a este sector. La reforma del Código Penalpresentada por la cartera de Gallardón ya atribuía al personal de seguridad privada elcarácter de autoridad, una “demanda conjunta de todos los agentes del sector”, según señala a DIAGONAL Eduardo Cobas, secretario general de Aproser, asociación que agrupa a las 12 mayores empresas de seguridad privada en el Estado español. Son nuevos cambios en la legislación con los que se “quiere ayudar a consolidar el sector de la seguridad privada”, en palabras del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. El sector de la seguridad privada agrupa a cerca de 1.500 empresas, de las que las 12 primeras acumulan el 70% de facturación del sector, que, según datos de Aproser, ha bajado un 6,87% en el último año.
"Aquí hay un gran pastel latente que se está cocinando y hay mucha gente dispuesta a ganar dinero"
“Hay una tendencia a la privatización de toda la función pública de la seguridad, que en algunos países ya lleva muchos años de andadura, y aquí hay aún un gran pastel latente que se está cocinando y hay mucha gente dispuesta a ganar dinero”, afirma Pedro Oliver, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco especializado en instituciones punitivas y autor del libro Burorrepresión. Sanción administrativa y control social. “Aquí hay que seguir la pista del dinero, y ver qué lobby de facto está ahí actuando para impulsar esta legislación, que se va a unir a otras políticas de privatización, como el negocio penitenciario”, continúa Oliver.
Entre las empresas más importantes del sector, algunas destacan por su relación con nombres de la política, como Prosegur, que tuvo en 2012 una facturación de 3.670 millones de euros. Con 150.000 empleados repartidos en 400 sedes de cuatro continentes, se ha posicionado como el gigante de la seguridad privada. Sólo en 2013, en el BOE aparecen contratos a Prosegur por más de 8 millones de euros, entre los que destacan el de la vigilancia de los edificios de la AEAT en Andalucía por 2,6 millones de euros, o la de los aparcamientos de camiones y de la zona de cruceros del Puerto de Barcelona. A su cabeza está Helena Revoredo, a través de la sociedad Gubel, en la que también figura como apoderado Pedro Juan de Borbón. Banca March o Bankinter son otras de las entidades relacionadas, al igual que José Mayor Oreja, como da por probado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Vitoria.
La misma sentencia señalaba también la relación laboral de Jaime Mayor Oreja con otra de las grandes del sector, Eulen, en la que aparece como apoderada Micaela Núñez Feijoo, hermana del presidente gallego, y que contó entre sus directivos con Rodolfo Martín Villa. Entre las contratas conseguidas por Eulen en 2013 está la de la seguridad y vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Melilla, por 2,9 millones de euros. El 10 de enero la empresa era adjudicataria de un nuevo contrato público para elservicio de seguridad y vigilancia de los centros del Instituto Nacional de la Seguridad Socialde Valencia, Alicante, Castellón y Murcia por 1,12 millones de euros.
Y también aquí, la Gürtel
En 2009, el El Mundo detalló cómo el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas hizo llamadas en 2007 al entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, para que adjudicara a Serygur la vigilancia de la Ciudad de la Justicia. Al frente de Serygur estaban el exconcejal de Madrid Ignacio del Río y Álvaro de la Cruz, expresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), relacionado con la Gürtel por contratar a Special Events para las asambleas especiales del organismo. Serygur consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros, y también en 2007 recibió otros contratos públicos por al menos 2,1 millones. En 2008, tuvo contratos públicos por al menos 5,6 millones, según aparece en el BOE, entre los que está la vigilancia de las sedes de la Agencia para el Empleo en Madrid por 2,5 millones. En 2009, antes de pasar a llamarse Alium, recibió el contrato para la vigilancia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por 667.000 euros.
La adjudicación de contratos de seguridad en edificios públicos madrileños también ha puesto sobre la mesa la vinculación de otros nombres de la política con el sector a raíz de la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Segurisa, una de las empresas que optaban al contrato de la seguridad del edificio de la Puerta del Sol, ya había recibido en 2005 y 2006 contratos para el servicio de vigilancia del Canal de Isabel II y de Metro de Madrid que sumaban 59 millones de euros. Su presidente, Enrique Sánchez, fue diputado y portavoz en la Diputación de Madrid entre los años 1978 y 1982. Pero la empresa que se llevó el contrato de la Puerta del Sol y la Plaza de Toros, por 2,6 millones de euros, fue Segur Ibérica, en cuyo consejo figuraba hasta 2009, como secretaria no consejera, Marta Gil de Biedma, familiar de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Segur Ibérica, que ha sido acusada de fraude por prestar los servicios de seguridad en la Universidad Complutense con personal sin licencia, tuvo en 2011 como presidente al actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, y ha comenzado 2014 con un contrato por 452.000 euros para el servicio de vigilancia de las sedes de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia.
Cuatro contratos en 2014
Pero la empresa de seguridad que mejor ha comenzado el año en cuanto a contratas ha sidoSeguridad Integral Canaria. La empresa de Miguel Ángel Ramírez recibió en los diez primeros días de 2014 cuatro contratos públicos que suman 3,3 millones de euros. Un mes antes, Ramírez, que donó 50.000 euros al Partido Popular a través de su empresa Gestiones y Asesoramientos 3000, según aparece en la contabilidad oficial del partido, recibía también un indulto que lo libraba de los tres años de prisión a los que estaba condenado por realizar obras ilegales en terreno protegido.
Otra de las empresas importantes del sector es Castellana de Seguridad (Casesa), cuyo nombre ha saltado recientemente a los medios de comunicación por el trato que dos de sus vigilantes dieron la semana pasada a una pareja francesa en un supermercado Carrefour en Torrevieja. Con sede en Las Rozas y participada por la sociedad de capital riesgo Baring, que a su vez está participada por CatalunyaCaixa, es una de las empresas de seguridad a las que parece que no ha afectado la crisis. En 2012, su facturación creció un 10%, llegando a los 155 millones de euros, a pesar de que el anuncio del fin de ETA le hizo perder el negocio de los escoltas, que llegó a suponer para la empresa una facturación de 30 millones.
La entrada de vigilancia privada en 21 cárceles costó 7,39 millones de euros que fueron a parar a ocho empresas
El final del negocio de los escoltas ha propiciado quelas cárceles se conviertan en nuevo centro de trabajo de los vigilantes privados. El programa piloto, que empezó en verano en 21 cárceles y en el que participan ocho empresas durante nueve meses, ha costado 7,39 millones de euros, un monto que en gran parte va a ser beneficio directo para las empresas, según un informe de la Unión Federal de Policía, que afirma que la Administración está desembolsando por cada vigilante 3.200 euros al mes, aunque el convenio del sector fija como salario 1.088 euros. Un panorama que, según lamenta Pedro Oliver, dejará “cárceles llenas de pobres custodiadas por otros pobres”.
Apellidos en la seguridad privada
S. I. Canaria
LA EMPRESA DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ ha empezado el año con cuatro nuevos contratos públicos por 3,3 millones.
Segur Ibérica
pedro morenés presidió la empresa en 2011, antes de ocupar la cartera de Defensa de la mano de Mariano Rajoy.
Prosegur
el apellido mayor oreja está relacionado con la compañía, según la sentencia judicial.
12.388 nuevos vigilantes sólo en 2012
En 2012, el número total de vigilantes de seguridad privada habilitados por el Ministerio del Interior ascendía a 223.299, un 15,6% más de los que se contaban en 2011. Sin embargo, el número de vigilantes que estaban en activo descendió de los 89.000 a los 82.150 por la bajada del volumen de negocio del sector, según explica un informe de la patronal de empresas de seguridad privada Aproser. En comparación con las cifras sobre seguridad privada en la Unión Europea, las del Estado español están levemente por debajo de la media, con un vigilante por cada 513 habitantes.
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