30 de junio de 2017

Los últimos días de Segur Ibérica: sus rivales se dividen el pastel ante la inminente quiebra

Tras quedarse sin comprador, la mercantil pierde a sus mayores clientes (Telefónica, Navantia, Endesa y Repsol), que se suman a Adif, Aena o Acciona, y queda abocada a la desaparición
La que llegara a ser tercera empresa de seguridad del país por facturación, Segur Ibérica, parece afrontar sus últimos días en el mercado. Tras entrar en proceso de liquidación en el marco del concurso declarado ante el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid el pasado 22 de diciembre, los clientes de la compañía mostraron su preocupación por la situación de insolvencia y su temor por la posibilidad de quedarse sin servicios de seguridad de un día para otro. Los directivos y administradores concursales, conformados por personal de PricewaterhouseCoopers, para apaciguar los ánimos, trasladaron a estos clientes la idea de que el problema estaba en vías de ser solucionado.
En concreto, les transmitieron que había una sociedad holandesa —I Sec International Security— interesada en adquirir las unidades productivas del grupo y que esto iba a suponer una inyección de liquidez y la previsible reflotación de la compañía. La promesa tranquilizó temporalmente a los clientes. Sin embargo, hace apenas dos semanas, todo dio un nuevo vuelco. La multinacional descartó que fuera a adquirir finalmente participaciones de Segur Ibérica y el nerviosismo volvió a reinar entre las mercantiles que tenían contratados sus servicios.
Por este motivo, los dos principales clientes de Segur Ibérica movieron ficha y ya han dicho adiós a la compañía. Telefónica, que tenía dos centenares de vigilantes contratados más varias decenas de personal auxiliar, ha puesto fin a su relación comercial con la mercantil y ha contratado los servicios de Prosegur, principal grupo del sector con una facturación de 896 millones de euros en 2015. En la misma línea, Navantia —con 140 vigilantes— también ha abandonado a Segur Ibérica en beneficio de Prosegur. En proceso de adjudicación a otras empresas de seguridad —entre ellas, Eulen o Securitas— se encuentran también en estos momentos Endesa y Repsol, que hasta ahora —como Telefónica y Navantina— también confiaban la vigilancia de sus sedes a Segur Ibérica. Los cuatro clientes representaban el clavo ardiendo al que aún se agarraba la compañía en liquidación para mantener vivas sus esperanzas de resurgir de las cenizas.
Otros antiguos clientes de la mercantil que presidió Pedro Morenés antes de ser ministro también dijeron adiós a la compañía antes de Telefónica y Navantia. En concreto, desde finales de 2016 —cuando se puso en marcha el proceso concursal—, Adif (con un contrato de 12 millones de euros), Aena (de 11,3 millones), Acciona (cinco millones), el Museo del Prado (cuatro), la Mutua Madrileña (2,1), la Universidad de A Coruña (1,2), EDP España (1,2), Viesgo (1,2), ENCE (822.000 euros), Lidl (593.000), Cellnex (500.000) o Media Markt (360.000), entre otros, terminaron su relación comercial con la empresa de seguridad.
La Federación de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (USO) critica hoy con dureza "la falta de transparencia por parte del administrador concursal hacia los trabajadores" y achaca la "ausencia de liquidez actual para hacer frente a liquidaciones, indemnizaciones y previsibles dificultades a la falta de diligencia" de PwC. "Siendo consciente de la situación crítica, PwC dificultaba la rescisión de contratos a los clientes que querían cambiar de empresa y con ello estabilizar la situación laboral de los vigilantes", censuran desde USO, donde añaden que la consultora "ponía trabas" a los clientes "con el fin de presentar a Segur Ibérica como una empresa rentable y con la mayor cartera de clientes posible".
La firma presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) el pasado noviembre que en principio —según alegó el propio grupo— no iba a afectar a toda la plantilla (4.000 empleados) sino a un reducido número de trabajadores, extremo que quedó en evidencia al decretarse el proceso de liquidación, y lo está aún más ahora con la deriva que está tomando la marca. El 22 de diciembre, se declaró el concurso.
La mayoría de los vigilantes, según entienden desde USO, pasará a subrogarse a las compañías que se hagan con el servicio, con lo que mantendrían sus puestos. "Correrán peor suerte los trabajadores de estructura, sin servicio asignado o que no cumplan los requisitos de subrogación, para los cuales el despido se llevará a cabo en un corto periodo de tiempo", vaticinan desde USO, agrupación que explica que actualmente Segur Ibérica cuenta con 200 vigilantes sin destino, además de decenas de trabajadores de oficina y directivos que previsiblemente tendrían que entrar en el ERE.
La que llegara a ser tercera empresa de seguridad del país por facturación, Segur Ibérica, parece afrontar sus últimos días en el mercado. Tras entrar en proceso de liquidación en el marco del concurso declarado ante el Juzgado Mercantil número 3 de Madrid el pasado 22 de diciembre, los clientes de la compañía mostraron su preocupación por la situación de insolvencia y su temor por la posibilidad de quedarse sin servicios de seguridad de un día para otro. Los directivos y administradores concursales, conformados por personal de PricewaterhouseCoopers, para apaciguar los ánimos, trasladaron a estos clientes la idea de que el problema estaba en vías de ser solucionado.
En concreto, les transmitieron que había una sociedad holandesa —I Sec International Security— interesada en adquirir las unidades productivas del grupo y que esto iba a suponer una inyección de liquidez y la previsible reflotación de la compañía. La promesa tranquilizó temporalmente a los clientes. Sin embargo, hace apenas dos semanas, todo dio un nuevo vuelco. La multinacional descartó que fuera a adquirir finalmente participaciones de Segur Ibérica y el nerviosismo volvió a reinar entre las mercantiles que tenían contratados sus servicios.
La compañía que fue presidida por el exministro Pedro Morenés se deja una docena de contratos desde que anunció el expediente de regulación de empleo el pasado noviembre
Por este motivo, los dos principales clientes de Segur Ibérica movieron ficha y ya han dicho adiós a la compañía. Telefónica, que tenía dos centenares de vigilantes contratados más varias decenas de personal auxiliar, ha puesto fin a su relación comercial con la mercantil y ha contratado los servicios de Prosegur, principal grupo del sector con una facturación de 896 millones de euros en 2015. En la misma línea, Navantia —con 140 vigilantes— también ha abandonado a Segur Ibérica en beneficio de Prosegur. En proceso de adjudicación a otras empresas de seguridad —entre ellas, Eulen o Securitas— se encuentran también en estos momentos Endesa y Repsol, que hasta ahora —como Telefónica y Navantina— también confiaban la vigilancia de sus sedes a Segur Ibérica. Los cuatro clientes representaban el clavo ardiendo al que aún se agarraba la compañía en liquidación para mantener vivas sus esperanzas de resurgir de las cenizas.
Otros antiguos clientes de la mercantil que presidió Pedro Morenés antes de ser ministro también dijeron adiós a la compañía antes de Telefónica y Navantia. En concreto, desde finales de 2016 —cuando se puso en marcha el proceso concursal—, Adif (con un contrato de 12 millones de euros), Aena (de 11,3 millones), Acciona (cinco millones), el Museo del Prado (cuatro), la Mutua Madrileña (2,1), la Universidad de A Coruña (1,2), EDP España (1,2), Viesgo (1,2), ENCE (822.000 euros), Lidl (593.000), Cellnex (500.000) o Media Markt (360.000), entre otros, terminaron su relación comercial con la empresa de seguridad.
La Policía asegura que se limitaron a colaborar con la Justicia, que mantiene imputado al dueño de la mercantil por delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública
La crisis de Segur Ibérica ha tenido lugar en un contexto complejo para el sector. El incremento de las denominadas 'empresas pirata' —que consiguen contratos presentando ofertas muy baratas a costa de reducir los salarios de los trabajadores por debajo de convenio, práctica fomentada por la reforma laboral— ha afectado al resto de compañías, algunas de las cuales han sucumbido y acabado funcionando igual. Entre estas últimas está Segur Ibérica, que durante los últimos años ha optado por tirar los precios para conseguir algunos contratos.
La principal patronal del sector, Aproser, paradójicamente en línea con los sindicatos, ha criticado duramente la reforma laboral que permitía este tipo de prácticas a base de bajar el sueldo hasta cantidades ridículas. De hecho, ha exigido que todos sus asociados paguen por encima de convenio si quieren seguir vinculados a la asociación, requisito que no quiso abrazar Segur Ibérica, que decidió abandonar la patronal.
Tanto la presión ejercida por Aproser como la de algunas organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO) contra las empresas pirata parecen estar empezando a ser escuchadas por las administraciones públicas, que son las principales adjudicatarias de servicios de seguridad privada. Al menos por algunas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha revisado los baremos de adjudicación de contratos de seguridad de sus edificios después de que decenas de vigilantes se pusieran en huelga por la concesión de los servicios de la Consejería de Presidencia y Justicia a la mercantil pirata Sinergias, que nada más hacerse con la adjudicación bajó el sueldo a los empleados que subrogó un 40%.
La reforma de los criterios emprendida por esta pequeña parte del sector público implica reducir el peso del factor precio en la adjudicación para que las empresas que se descuelgan del convenio tengan menos posibilidades de ganar el concurso e incrementar el de la oferta técnica, más centrada en la prestación de un servicio profesional. En esta línea, de hecho, Prosegur, por ejemplo, ganó recientemente el concurso del Museo del Prado. La mercantil contaba precisamente con el mejor informe técnico, episodio que hace pensar en la existencia de un cambio real de sensibilidad por parte de algunos contratistas públicos.
En este cambio de tendencia en la contratación también ha influido la lucha en los tribunales que la Federación de Seguridad Privada de USO ha emprendido contra empresas pirata como Seguridad Integral Canaria, Falcon, Magasegur, Protección y Seguridad Galaica, LPM Seguridad o la ya extinta Esabe, que, además de tirar los precios, según el sindicato, han defraudado a la Seguridad Social más de 80 millones de euros, como ha reconocido la propia Agencia Tributaria en los diferentes procesos judiciales que se siguen contra estas mercantiles.
Segur Ibérica es parte del Grupo Segur, que en 2015 facturó 237,95 millones de euros, un 5,7% más que en el año anterior. Sin embargo, desde que anunció el ERE, la mercantil ha reducido considerablemente sus ingresos. En concreto, desde noviembre, ha perdido contratos que le suponían rentas superiores a los 40 millones de euros, sin contar los últimos de Telefónica y Navantia, que engrosan la cifra considerablemente.
Para más inri, Segur Ibérica aparece en la lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria el pasado viernes, donde consta que adeuda 11,9 millones de euros a Hacienda al cierre de 2016. Es la primera vez que el Grupo Segur entra en este registro, en el que también se encuentran Seguridad Integral Canaria —propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez—, que debe 2,96 millones de euros, y Seguriber —controlada por la empresaria Mónica Oriol—, que adeuda 2,14 millones.

28 de junio de 2017

Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 28 de Junio de 2017

Concentración " Por Un Convenio Digno" 28/06/2017 

El Secretario General de la FTSP-USO, Basilio Alberto Febles, se reúne en Bruselas con Oliver Roethig, Secretario General de UNI EUROPA. 

Comunicado Conjunto 3 Sindicatos ¡¡POR UN CONVENIO DIGNO!!.

Los vigilantes de seguridad, apaleados por la crisis 

Olvidados y marginados 

Cae la mujer del 'capo' de Esabe tras 4 años huida y la jueza la libera: no ve riesgo de fuga 

La empresa de seguridad que presidió el exministro Morenés debe 12 millones de euros a Hacienda 

Alberto Rodríguez pide explicaciones al secretario de Estado de Empleo sobre las empresas denominadas piratas. 

Podemos apoya una manifestación de los vigilantes de seguridad frente a una "mafia que gobierna y gestiona el sector" 

Un grupo de empresas de seguridad privada debe más de 130 millones a Hacienda 

Seguridad Integral Canaria, novedad en la lista de morosos de Hacienda 

El comprador israelí abandona a Segur Ibérica y deja en el aire 1.000 empleos 

Huelga de los trabajadores de la seguridad del aeropuerto de Ibiza 

Controversia por la contratación de una empresa para la seguridad de las fiestas 

María José Álvarez controlará el 59% de Eulen tras cumplirse la voluntad de su padre 

Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura, muestra su verdadera ‘cara’. 

TSJM anula la cláusula social que fijó el Ayuntamiento de Madrid en un concurso para la vigilancia de unos edificios 

Sentencia ganada por la FTSP-USOCV, contra ISS, Hospital la Fe de Valencia

Condecorado el vigilante de seguridad que sufrió una paliza al intentar evitar una agresión machista 

El Departamento de Seguridad concede dieciocho menciones honoríficas en el ámbito de la seguridad privada en Euskadi 

Andalucía: Sanz dice que la seguridad privada es "la gran aliada" de las fuerzas de seguridad para garantizar derechos y libertades 

Aragon: La seguridad privada y las fuerzas públicas intervinieron conjuntamente en 1.550 acciones en 2016 

Huelva. Veinticinco distinciones para los mejores de la seguridad privada 

Un joven de 16 años roba a punta de cuchillo en un centro comercial de Jinámar 

Se cuela en casa de unos vecinos con la porra de su marido, vigilante de seguridad, y pega a una mujer 

Cuadernos de Seguridad nº323 

Revista Seguritecnia Nº 443 

Periódico Armas.es Edición Impresa. Número 73. Junio - Julio 2017

Gaceta Securitas nº 83



BOLETIN MHB JUNIO CALZADO 

Promoción consultas Jurídicas Gratuitas 2017, en materia civil y penal.

Noticias de Seguridad Privada: Vigilantes Noticias 21 de Junio de 2017

Actas de Negociación Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad Privada

Seguridad Privada: Ley, reglamento, ordenes ministeriales, informes y convenio.

Unidad Central de Seguridad Privada: Boletín SEGURPRI. 

Unidad Central de Seguridad Privada: SEGURPRI MONOGRAFICO

Informes de la Unidad Central de Seguridad Privada 2009/2016

Noticias de Seguridad Privada: "Vigilantes Noticias Anuario 2016"

Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura, muestra su verdadera ‘cara’.

Esto lo decía el 5 de noviembre del pasado año 2016.

Marcial Morales, Presidente del Cabildo de Fuerteventura.
“Desde que el Cabildo tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato por parte de la empresa de seguridad adjudicataria del servicio, se inició un procedimiento de investigación de ese contrato, se obtuvo un informe favorable a las tesis del  Cabildo por parte del consejo consultivo de Canarias, el que comprueba que efectivamente, esta empresa está incumpliendo con los trabajadores, por lo que a esta empresa se le ha requerido, que o cumple con los trabajadores o se procederá a la rescisión, ya que en el convenio firmado entre el Cabildo y la empresa concesionaria, se observa el cumplimiento por parte de la misma, del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad Privada, y la empresa no lo está cumpliendo, los compromisos cuando incorporan a personas con mas motivo se han de cumplir”
Puedes escuchar las declaraciones del presidente del Cabildo, Marcial Morales, en el siguiente video:

Y ahora esto:
El Cabildo de Fuerteventura, con su presidente sr. Marcial Morales al frente del mismo, adjudican el servicio de seguridad y vigilancia, una vez más, a una empresa PIRATA, Sistemas de Seguridad SH Lanzarote SL.
Después de tanto decir y no solo en los medios de comunicación, si no a la cara de los trabajadores, que llevamos años sufriendo un saqueo de nominas, que pondría a funcionar inmediatamente todas las herramientas a su disposición, para que estas empresas no fueran adjudicatarias nunca mas de servicios dependientes del Cabildo Majorero.

Adjudican el servicio de la escombrera insular de Fuerteventura a esta empresa.
Bravo sr. Marcial Morales y gracias por abrirnos los ojos a la realidad que como sospechábamos no es otra que usted es igual que el resto de la clase política con alguna honrosa excepción, que demuestran que los trabajadores no les importan nada, que solo representamos una molestia para sus carreras políticas.
Desde la FTSP en Fuerteventura no nos queda mas seguir luchando contra los empresarios ROBA NOMINAS, ampliando esta lucha contra los políticos que como usted, engañan a los trabajadores y a los ciudadanos.
Dia triste el de hoy para los trabajadores de seguridad privada en esta isla de Fuerteventura que ingenuamente y con buena fe creyeron en su palabrería, una muestra mas de como se puede ganar el respeto de los trabajadores y ciudadanos y perderlo de un plumazo. Ahora todo lo solucionan con el y tu mas o eso fue la anterior corporación y aquí no pasa nada.

Cuadernos de Seguridad nº323


TSJM anula la cláusula social que fijó el Ayuntamiento de Madrid en un concurso para la vigilancia de unos edificios

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado uno de los criterios sociales establecidos en el pliego de cláusulas que el Ayuntamiento de Madrid fijó para valorar las ofertas de las empresas interesadas en la protección y seguridad de los edificios dependientes del distrito de Chamartín desde el 1 de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017, por no estar directamente vinculado al objeto del contrato y no suponer una mayor calidad en la ejecución del servicio.
En el fallo, la Sala considera que el primero de los criterios sociales exigido por el Consistorio -y valorado en 15 puntos-, sobre el compromiso por parte de la empresa de retribuir a los vigilantes con el salario que marca el Convenio Estatal de las empresas de seguridad, supone "una manifiesta e indebida injerencia en el ámbito de la regulación salarial de los trabajadores".
A su juicio, "ha de quedar excluida de los criterios de valoración de ofertas a efectos de la adjudicación de un contrato", ya que el Estatuto de los Trabajadores avala la posibilidad de sustituir los convenios colectivos nacionales por convenios de empresas.
Además de por esta razón, los magistrados aclaran que en ningún caso ha quedado establecido por la parte demandada el argumento que permita atender a la vinculación entre la prestación objeto del contrato y la mayor calidad que el establecimiento de la cláusula implica en relación con el mismo.
La Sección Tercera ha estimado solo en parte el recurso presentado por la Asociación de Compañías de Seguridad Privada contra el apartado 20.2 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares convocado por el Ayuntamiento de Madrid el 3 de febrero de 2016.
Sobre las otros dos criterios que el Consistorio incluía en el apartado social --uno acerca de la formación continua y otro sobre un plan de conciliación de la vida laboral y profesional aplicable a los vigilantes--, nada se decía de ellos en las alegaciones, por lo que la Sala estima que no procede pronunciamiento en relación a los mismos.

Olvidados y marginados

Velan por nuestra seguridad en aeropuertos, líneas férreas y en espacios de importancia estratégica. Hombres y mujeres a quienes se les puede ver en instalaciones del Ministerio de Defensa. También en grandes superficies comerciales, fábricas y en cualquier otro lugar que imaginemos. Buena parte de las labores que antes realizaban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hoy recaen sobre ellos y ellas.
Popularmente les hemos conocido como "seguratas". Es un sector profesional que no tiene gran consideración en la sociedad y mucho menos entre la policía, que les ve como unos intrusos. Hoy los trabajadores de las empresas de seguridad privada son unos parias de la tierra, a quienes los poderes políticos (y los empresariales) no les tienen la mínima consideración. Con salarios de 500 y 700 euros, lo tienen muy difícil.
Existe una mafia de empresas, sobre todo en las islas Canarias, y vinculadas a cargos del PP, que cada día les pone en peor situación. El Gobierno es consciente de ello, como también lo son quienes, en esta época del pelotazo, prefieren aprovechar al máximo la falta de compromiso de los poderes políticos.
Efectivamente, los trabajadores de las empresas de seguridad privada en las últimas dos décadas han perdido aproximadamente un 30% de su poder adquisitivo en comparación con otros sectores. La situación en el sector es insostenible: la no aplicación del IPC de referencia, tanto por las diferentes patronales como por los sindicatos firmantes del convenio sectorial estatal, ha dado lugar a congelaciones y rebajas salariales, generándose una situación insostenible para los trabajadores y trabajadoras del sector.

Conocedores de la situación, hace unos meses desde el Senado formulamos al Gobierno unas preguntas:
¿Tiene el Gobierno conocimiento de este tipo de actuaciones de empresas que prestan sus servicios en la administración púbica, especialmente en Defensa?
¿Tiene previsto el Gobierno la inclusión de cláusulas en todos los concursos públicos, cuyo objetivo sea el de garantizar y controlar, que estas empresas cumplan con sus obligaciones en materia de seguridad social y tributaria?
¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar, para garantizar los derechos de los trabajadores, así como el cumplimiento íntegro del convenio estatal?
¿Qué opinión le merece al Gobierno que las ofertas de licitación temerarias suelan acabar en la mayoría de los casos, en despidos masivos, consecuencia de no poder hacer frente a las deudas generadas por las empresas adjudicatarias y que la administración no controla?
La respuesta del Gobierno se hizo esperar, y en la misma línea de siempre, no supuso aclaración alguna, y menos aún respuestas concretas a las preguntas formuladas. Medias verdades y medias mentiras.
Hace poco, Defensa adjudicó a dedo 100 contratos al líder de la seguridad 'low cost' para vigilar sus instalaciones durante tres meses. Se trataba de la empresa Seguridad Integral Canaria. Hay otras empresas como Sinergias de Vigilancia y Seguridad o Marsegur que, en opinión de los sindicatos, son marcas blancas del empresario canario Miguel Angel Ramírez, condenado por el Tribunal Supremo por un delito urbanístico, y más tarde amnistiado, pendiente de un nuevo juicio por un fraude fiscal y a la Seguridad Social cifrado en 13,78 millones de euros.
Para que ustedes se hagan a la idea, empresas como Sinergias fijan salarios bases de 660€ mensuales brutos, un 27% inferior al establecido en el Convenio del sector, y además solo paga un plus de nocturnidad a seis céntimos la hora. En total, el salario bruto de un vigilante de seguridad de esta empresa se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año como máximo.
Está claro que no todas las empresas de seguridad son iguales. Pero miren, aprovechando que "el Pisuerga pasa por Valladolid, el más tonto hace relojes". Así, los más afortunados tienen un sueldo base de 908,24 y reclaman que una subida a 1.000 € seria lo mínimo. ¡Vaya barbaridad!
No es de extrañar que, ante una coyuntura tan difícil y complicada, los trabajadores del sector vayan a concentrarse el 27 de junio en la Plaza de España de Madrid. Desde ahí caminarán hasta Sol, por un convenio más justo.
Se movilizarán, por dignidad.

Un grupo de empresas de seguridad privada debe más de 130 millones a Hacienda

La liquidación de Segur Ibérica es sólo el último capítulo de una cadena de derrumbes en un sector afectado por la crisis y por un modelo de negocio arriesgado
La seguridad privada destaca como uno de los sectores más morosos con Hacienda según la última lista de grandes deudores publicada el viernes por el Ministerio. Aproximadamente unas 30 empresas deben más de 130 millones de euros a las arcas públicas, según los cálculos realizados por este diario, y teniendo en cuenta además que en la lista sólo aparecen las deudas por encima de un millón de euros.
Hay varias compañías con deudas de mucha relevancia. Segur Ibérica, abandonada a su suerte la semana pasada y en proceso de liquidación, debe 12 millones a la cartera de Cristóbal Montoro. Pero no es la principal morosa: LPM Seguridad, que en 2013 anunciaba a la prensa que invertiría 15 millones de euros en comprar empresas para crecer, entraba sin embargo en concurso apenas dos años más tarde dejando a deber 20 millones. Es la más deudora del sector. Un año antes había hecho lo propio Halcón Seguridad, que dejó 10,6 millones de deuda a Hacienda.
En la primera lista de morosos publicada por la Agencia Tributaria había 30 compañías y 108 millones de deuda. Dos más tarde la lista ha crecido hasta 32 empresas y más de 130 millones de euros. La mayoría de las empresas entraron en concurso y están en procesos de liquidación, lo cual dificulta el cobro de estas deudas ya que además el 'efecto disuasorio' que pretende Hacienda con la publicación de su nombren la lista se diluye. Halcón Seguridad debe 10,6 millones, Falcón Controles 6,89 millones y Magasegur aproximadamente 6.

El caso de Integral Canaria
Destaca por encima de todas, porque está en activo y porque ha entrado en la lista este mismo año, Seguridad Integral Canaria, compañía propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las PalmasMiguel Ángel Ramírez. Debe unos 3 millones de euros. Este periódico ha hablado con Ramírez, quien ha asegurado que la deuda con Hacienda es a 31 de diciembre y que se pagó en enero. "No podríamos contratar si no con la administración pública y lo seguimos haciendo", ha asegurado el empresario grancanario. Sin embargo, a pesar de ello la administración tributaria ha decidido mantenerlo en la lista de morosos, asegura.
"La situación que no está normalizada es la de las obligaciones de pago a Seguridad Integral por parte de la Administración pública, hasta el punto de que la deuda con la empresa se cifraba en más de 30 millones de euros a 31 de diciembre pasado", asegura la empresa en un comunicado. 
"A día de hoy Seguridad Integral está totalmente al corriente de sus obligaciones con Hacienda y, si no lo estaba el cerrar el ejercicio del año pasado, fue por un problema puntual de tesorería en relación a dos pagos aplazados del IVA y provocado por la misma Administración pública que elabora las listas de morosos. Tal es así que actualmente tan sólo Patrimonio del Estado y el Ministerio de Defensa siguen adeudando a la empresa más de 6 millones de euros vencidos y devengados por servicios prestados en su mayoría en 2016, es decir, con una antigüedad de saldo del mes de octubre del año pasado.
Ramírez: "La misma administración que no cumple sus obligaciones legales exige el cumplimiento de obligaciones por las cantidades que no han abonado"
Además, las deudas vencidas de otras administraciones públicas con la empresa elevarían esa cifra hasta unos 16 millones de euros, montante que Seguridad Integral debería haber recibido hace ya meses y, sin embargo, sigue pendiente. Resulta llamativo que la misma Administración que no cumple sus obligaciones legales de pago por los servicios contratados con Seguridad Integral exija a la empresa el cumplimiento de obligaciones fiscales precisamente por las cantidades que no le ha abonado e, incluso, la inserte en una lista de morosos, circunstancia que no sólo es injusta, sino hasta incongruente.

¿Por qué estas deudas?
¿Qué ha pasado para que nos encontremos con estas deudas brutales como vector común de un mismo sector? En la patronal Aproser, que representa a compañías como Prosegur,Securitas, Eulen o Ilunion, se ha preferido no responder a este diario en sus peticiones de información. La patronal no tiene actualmente empresas asociadas con deudas a Hacienda, pero sí que tiene algún exsocio moroso, como Falcon Controles, que debe a la Hacienda pública 6,89 millones de euros.
Iván Blanco, de USO, cree que las prácticas poco claras son responsables de estas deudas. "Se actúa como lo hizo Falcon en su momento: debía 8 millones de euros a Hacienda, tenía la deuda negociada, se presentaba a un megaconcurso como Adif, seguía acumulando deuda, que llegó hasta los 12 millones, luego la empresa se declaró insolvente".
Además, asegura, "la contratación pública se tira por los suelos rozando la bajada temeraria cuando otras empresas que sí que presentan en el convenio no pueden llegar a esos precios. Lo hacen para intentar vender después las empresas, jugando con distintas reglas".

"Aún se busca al dueño de Esabe, que entró en concurso en 2010"
Hoy en día, la situación ha cambiado. Las grandes compañías han aguantado mejor y han cogido muchos contratos de las medianas. "Un Prosegur sí que puede aguantar un pago a 180 días porque tiene músculo financiero".
Por otra parte, otra fuente sindical del sector considera que "casi todas las empresas que salen en esa lista han pasado por concurso de acreedores, lo cual dificulta mucho que vayan a pagar y ya puedan devolver el dinero". Esta fuente recuerda grandes concursos ocurridos durante estos años como Esabe, que afectó a 5.000 trabajadores en 2010. "Todavía se persigue al dueño, que creo que está escondido por Portugal".

LISTA COMPLETA DE GRANDES DEUDORES

SEGURIDAD LPM SL           20.020.732,46

SEGUR IBERICA SA               11.937.818,01

HALCON EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL                 10.591.467,84

FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA    6.897.076,9

ESABE EXPRESS SA                        6.344.602,47

PROVINEN SEGURIDAD, SA            6.108.984,72

GEBISA SEGURIDAD SA                      5.453.412,75

FOMENTO DE PROTECCION Y SEGURIDAD SAL    5.319.048,94

J S DE SEGURIDAD SA       4.315.398,88

C7 SEGURIDAD SL     3.954.244,95

VIGILANCIA Y CONTROL PUNTO CINCO SA   2.979.101,62

SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA SA 2.965.051,67

WERSER SEGURIDAD Y CUSTODIA SL 2.687.911,32

SEGURIDAD INTEGRAL MADRILEÑA SA   2.540.790,62

DEFENDER SEGURIDAD SAN   2.499.742,26

PREVENCION Y CONTROL PUNTO CINCO SL  2.461.023,97

ARAMIS SEGURIDAD SL  2.181.966,36

SEQUOR SEGURIDAD SAU    2.162.684,28

SEGURIDAD PERSONAL Y VIGILANCIA, S.C.L.     2.017.405,73

SEGURIDAD CERES SA    1.943.379,12

SEGURIDAD ALHAMBRA Y PROTECCION     1.885.483,57

ESABE VIGILANCIA SA 1.867.426,49

JARC SEGURIDAD S.L.U.    1.712.504,19

VIGILANCIA I SEGURETAT 94, SL   1.487.652,87

SEGURIDAD Y COMUNICACIONES PEDRO RICO SL 1.469.795,08

SERRAMAR VIGILANCIA Y SEGURIDAD SL   1.436.538,41

INTEGRAL DE TRATAMIENTOS DE SEGURIDAD SA    1.435.441,5

IBER SEGURIDAD SL      1.376.960,99

PERSONAL DE SEGURIDAD Y CONTROL SL   1.306.209,67

SEGURIDAD THRON SL     1.163.136,11

PLUS-QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA     1.122.276,58

Controversia por la contratación de una empresa para la seguridad de las fiestas

USO denuncia que es investigada por el juzgado por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social - La edil de Cultura dice que el informe del jefe de servicio avala el contrato
Un año más la controversia con la seguridad se cuela en las fiestas mayores de la ciudad. Así, desde el sindicato USO se denuncia que por parte del concello se adjudicó la vigilancia a una empresa investigada por fraude a la Hacienda Pública, a la Seguridad Social, así como falsedad documental, tráfico de influencias y diversos delitos contra los trabajadores. Unas actuaciones contra Alcor Seguridad que se investigan en el juzgado número 2 de Monforte de Lemos, y que se convierte en el principal argumento para cuestionar la contratación.
En este sentido, responsables del sindicato aseguran que el gobierno municipal es conocedor de "las malas prácticas" de esta compañía de seguridad, toda vez que habían mantenido en su momento reuniones con el alcalde, Jesús Vázquez, así como con la edil de Cultura, Belén Iglesias, a los que les facilitaron abundante documentación sobre los hechos que denuncian.

Informe técnico
Sobre la denuncia planteada por USO, la propia responsable de Cultura señala que la contratación se realizó con el aval del informe del Jefe de Servicio, en el que se pone de manifiesto que "no existe ningún motivo legal para la no contratación", y advierte que también trabajó para la Diputación de Ourense y para eventos en Madrid, entre otros.
Además de explicar que el procedimiento se siguió tal y como establece la ley, señaló que se solicitaron varios presupuestos a diferentes empresas, que fueron valorados por los técnicos, siendo, precisamente la de Alcor la que "cubría el servicio de vigilancia de todas las fiestas", mientras que las otras presentaron propuestas parciales. Además de ser "la oferta más barata, con diferencia".
De ahí a entender que "no había ningún tipo de impedimento lega", se adoptó la decisión de proceder a contratar los servicios de una fiestas mayores de la ciudad que comenzaron ayer. Es por eso que Belén Iglesias recalca que por parte de Gobierno municipal se actuó conforme los informes de los técnicos, sin entrar en otro tipo de consideraciones.
Además de recordar que el año pasado también surgió una polémica similar, y que "optamos por hacer lo que nos dicen los técnicos, como nos corresponde", debido a que son los que garante la legalidad de todo el proceso que se sigue y, que en este caso concreto llevó consigo la contratación de la seguridad y vigilancia de las fiestas a una empresa concreta.

Contratación pública
Pero desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato USO, además de criticar la contratación por las imputaciones, ve "inadmisible" que una administración pública adjudique es este tipo de empresas "incumplidoras" del convenio colectivo y de los derechos de los trabajadores. Eso le lleva a exigir al concello una contratación pública "socialmente responsable".
En este sentido, por parte del sindicato estudian incluir al Concello de Ourense en la campaña estatal de movilizaciones que están llevando a cabo contra la contratación de "empresas pirata", para defender y proteger a los trabajadores de estos "empresarios sin escrúpulos", en alusión a los salarios que se abonan, "muy por debajo de los que establece el convenio".
Es por eso que este tipo de situaciones, de las que se aprovechan determinadas empresas, lo único que hacen es "la precarización" del sector de la seguridad privada. Una cuestión en la que evitó entrar la edil de Cultura, al señalar que su obligación no es otra que todo el proceso de contratación se lleve a cabo conforme lo que establece la ley. Por lo que de nuevo recalca que el informe del jefe de servicio es "claro y rotundo al respecto", en el sentido de que la empresa no está inhabilitada para poder optar.

Concentración " Por Un Convenio Digno" 28/06/2017


Los vigilantes de seguridad, apaleados por la crisis

La conflictividad aumenta más que los sueldos.
Son mileuristas, trabajan noches y festivos con altos niveles de peligrosidad y siniestralidad laboral, en puestos de alta responsabilidad (aeropuertos, centrales nucleares), de cara al público en ambientes tensos (conciertos y centros de ocio). No es un colectivo con buenas condiciones laborales, pero quieren recortarle más. Los sindicatos plantan cara a una patronal que utiliza la reforma laboral para descolgarse del convenio sectorial.
Las tres mayores centrales sindicales (USO, UGT y CCOO) convocan a una protesta del sector frente a la patronal Aproser contra lo que consideran una precarización de sus condiciones laborales.  “Pretenden rebajar todas las mejoras que tiene el convenio respecto al estatuto de los trabajadores”, dijo a bez.es Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical en la Federación de Construcción y Servicios de CCOO.
Los sindicatos reclaman una subida salarial del 3% para 2017 y otro 3% por cada año de vigencia del convenio y la patronal ofrece un 2% en 2017 y un 1,5% el segundo año.
“La concentración es sólo un primer paso, se pretende continuar con más medidas de presión según vaya evolucionando la negociación, y no se descarta ninguna”, advierte Barragán, desde CCOO.
Al ser una actividad regulada por el Ministerio del Interior, muchas veces a cargo de la seguridad en infraestructuras críticas u organismos públicos, los servicios mínimos impuestos a los vigilantes -que pueden rondar entre un 80% y un 100%- limitarían la efectividad de una huelga general del sector. Por eso, los sindicatos optan por otras vías, como concentraciones ante empresas, presión sobre clientes o denuncias para que se hagan inspecciones de trabajo.
“Es necesario un paso adelante en la consideración de la figura del vigilante, es el momento de que se recuperen derechos sociales y salariales de un sector muy castigado por los últimos años de crisis, es el momento de modernizar el texto del convenio y de incluir las nuevas modalidades y perfiles profesionales que se están dando en el sector”, agregó Barragán, de CCOO.
Las empresas que forman parte de Aproser (Alse, Eulen, Grupo Omega, Prosegur, Loomis, Sabico, Securitas, Segurisa, Trablisa) se han acogido a la posibilidad que brinda a las empresas la reforma laboral del PP para descolgarse del convenio colectivo y hacer convenios de empresa, con prioridad de éstos sobre los sectoriales. Desde Aproser se negaron a hacer ninguna valoración sobre la negociación.
Así, un 25% de los casi 80.000 trabajadores cobran 300 euros menos de media para un trabajador mileurista. Aunque el número final de trabajadores es muy difícil de determinar debido a que es un colectivo con elevadas subcontratación.
“Tenemos que buscar otras maneras de combatir, con huelgas por empresas o servicios determinados, que incidan en clientes. Si hacemos huelgas puntuales, no sectoriales, generaremos unas incomodidades a las empresas, y estarán obligadas a hablar con los clientes”,  señaló a bez.es Basilio Alberto Febles, secretario general de Seguridad Privada de Unión Sindical Obrera (FTSP-USO).

Competencia en base a recortes salariales
Los sindicatos señalan que las empresas están precarizando en base a su competencia de precios: los recortes salariales son los que permiten bajar considerablemente las ofertas en las licitaciones públicas y así ganar contratos a costa de los salarios.
Esto es paradójico cuando la seguridad privada se expande progresivamente hacia la custodia y protección de lugares estratégicos y de alto riesgo y, “en contrapartida, los propios clientes valoren a las empresas con el único criterio de la oferta más económica, que normalmente es la de mayor incumplimiento”, señalan los sindicatos.

Detalles de la negociación
En el aspecto económico, además de lo salarial, según los sindicatos, la patronal quiere eliminar la antigüedad, rebajar sus aportaciones en casos de bajas por enfermedad.
Los trabajadores del sector tenían mejoras conseguidas en convenios anteriores y no quieren perderlas. 
Los tres primeros días de baja cobran el 50% y a partir del tercer día se incrementa la parte que subvencionan las empresas llegando hasta el 75% en bajas de mas de dos meses. Además, la patronal pretende congelar la antigüedad. “Estamos dispuestos a hablar de la congelación de la antigüedad pero a cambio de una subida del salario base que compense lo que pierden todos los trabajadores”, señaló Febles, de USO.

24 de junio de 2017

El Secretario General de la FTSP-USO, Basilio Alberto Febles, se reúne en Bruselas con Oliver Roethig, Secretario General de UNI EUROPA.

A esta reunión, celebrada el pasado jueves 22 de Junio, han asistido además Javier de Vicente, secretario de internacional de la USO y Pedro Ríos, secretario general de la Federación de Servicios de USO.
Durante la misma se trataron temas relativos a la afiliación de estas  dos Federaciones de la USO a la UNI GLOBAL.
A lo largo de las dos horas que duró la misma, desde la FTSP-USO le hemos trasladado a Oliver Roethig, la necesidad de informar a las autoridades europeas del problema que tenemos en España en el sector de la seguridad privada, con respecto a la contratación pública y de que sin dilación se han de implementar las Directivas Comunitarias que existen para que deje de ser una simple recomendación que se hace a los distintos países y pase a convertirse en una norma de obligado cumplimiento.
Le hemos trasladado también nuestra preocupación por el fraude fiscal que se produce en España por parte de muchas empresas del sector, donde nos parece vergonzoso que empresas imputadas por estos y otros tipos de fraude (véase la reciente lista de las empresas morosas con Hacienda) sigan adjudicándose de manera mayoritaria servicios en las Administraciones Públicas.
Nos preocupan además dos temas no menos importantes que también le hemos traslado a UNI EUROPA, la formación y la evolución tecnológica que está llegando ya a nuestro sector y que puede afectar negativamente a los puestos de trabajo.
Oliver  Roethig, se ha mostrado muy receptivo con nuestras propuestas y hemos quedado en hacer un estudio detallado sobre el impacto en las contrataciones públicas de estos posibles fraudes fiscales, para trasladarlo de forma conjunta a las autoridades europeas.

Promoción consultas Jurídicas Gratuitas 2017, en materia civil y penal.

Desde esta Federación de Trabajadores/as de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera de Canarias os informamos acerca del Servicio de Consultas Jurídicas Gratuitas en materia civil y penal, para todos los afiliados y afiliadas a USO con antigüedad superior a un año, que forma parte de la campaña de afiliación 2017 de USO.

Se ha habilitado un teléfono fijo para prestar este servicio jurídico: 93 454 77 05.

En el siguiente enlace puedes leer el folleto explicativo del servicio.

Concentración " Por Un Convenio Digno"

Huelva. Veinticinco distinciones para los mejores de la seguridad privada


Grávalos destaca su colaboración con Policía y Guardia Civil para combatir al delincuente
La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, destacó ayer la colaboración de la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para garantizar la libertad de los ciudadanos y proteger sus derechos", en su discurso con motivo de la celebración del Día de la Seguridad Privada en Huelva que tuvo lugar en la sede de la Federación Onubense de Empresarios.

Grávalos, quien presidió el acto acompañada del comisario, Florentino Marín; del coronel jefe de la Comandancia, Ezequiel Romero, y del presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, subrayó la contribución del sector a la reducción de la criminalidad en la provincia Huelva. Así se recoge en el último balance del Ministerio del Interior, que señala que en una década los delitos han caído un 23% y la tasa de criminalidad ha bajado 14 puntos.
"En España tenemos las mejores Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todo el mundo, pero además en Huelva contamos con un sector de la seguridad privada con excelentes profesionales que contribuyen a la seguridad de todos", enfatizó la subdelegada, tras afirmar que "la seguridad es un valor social imprescindible". En esta línea, remarcó la capacidad de generación de empleo y riqueza de un sector que aglutina en la provincia a 925 vigilantes de seguridad -16 de ellos de explosivos-, 7 centros de formación con actividad, 5 despachos de detectives y 15 empresas con delegación en la provincia.
El Día de la Seguridad Privada tuvo como eje central la entrega de 25 menciones honoríficas a miembros del sector de la seguridad privada en Huelva en reconocimiento a su labor profesional, por su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por haber protagonizado actuaciones de especial relevancia. Es el caso del jefe de seguridad y un vigilante de un importante centro comercial de Huelva, cuya colaboración con la Guardia Civil fue crucial para la detención de dos individuos que intentaron estafar 6.000 euros a una persona mayor a través del conocido como timo del negativo.

Se cuela en casa de unos vecinos con la porra de su marido, vigilante de seguridad, y pega a una mujer

La mujer, condenada a un año y ocho meses de prisión, no podrá dirigirse ni acercarse a la pareja de afectados durante un año
En las malas relaciones entre dos familias, arrastradas durante varios años, está la base de un suceso que ocurrió el 31 de agosto del 2015 en una vivienda de Foxás dos Montes, en A Merca. Por la mañana se suscitó una discusión, que tuvo segunda parte horas después, sobre las nueve de la noche, cuando Teresa S. C., de 49 años, se trasladó hasta la casa de sus vecinos Edelmiro e Isolina, de 87 y 75 años, respectivamente. Accedió a la vivienda «de forma clandestina», como detalla una sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense, y agredió por sorpresa a la mujer, a quien golpeó en la cabeza con una porra, profesionalmente utilizada por el marido de la agresora, vigilante de seguridad en aquellas fechas. La agredida sufrió heridas que precisaron dos puntos de sutura, estuvo cinco días de baja y tardó cinco más en curar. 
Los hechos han dado lugar a una condena a un año y ocho meses de prisión por un delito de lesiones. Suspende el juez la ejecución de la condena, es decir, el cumplimiento de la pena de prisión, al pago de la indemnización de 1.500 euros, aparte del abono al Sergas de 256 euros por los gastos. 
La sentencia recoge como declaración relevante e imparcial la de una vecina que acredita cómo la agresora llevaba consigo «una porra marrón como la de los policías» y lo hacía, según la valoración del juez, «con el premeditado fin de golpear a Isolina». La lesión sufrida por esta última es, además, «totalmente compatible con la circunstancia de haber sido causada con una porra». 
Concurre en este caso, a agravante de alevosía. La acusada acudió a la casa de sus vecinos armada con un objeto contundente. Accedió clandestinamente a la vivienda y el ataque se realizó por la espalda. Repara la sentencia en el escenario de agresión, «en el interior de la vivienda, lugar en el que nadie espera recibir agresión alguna, pues de todos es sabido que el domicilio es el lugar donde el ser humano se relaja y disfruta de su intimidad». Anota, además, la importante diferencia de edad entre agresora y víctima, «lo que redunda en unas obvias menores posibilidades de defensa». 
Si coinciden, la acusada no podrá dirigirse a ellos La sentencia, aparte de la pena de prisión y el pago de 1.500 euros como responsabilidad civil, impone a la imputada la prohibición de acercarse a menos de cien metros del domicilio de los agredidos durante un período de un año. Tampoco podrá comunicar con ellos. El juez, como quiera que los protagonistas viven en el mismo pueblo, advierte que, de producirse un probable encuentro casual, Teresa deberá alejarse, abandonar el lugar y abstenerse, en todo caso, de dirigirse a Isolina y a Edelmiro.

Un joven de 16 años roba a punta de cuchillo en un centro comercial de Jinámar

Tras ser retenido por un vigilante de seguridad, logró empuñar de nuevo el arma mientras gritaba "¡tengo ganas de matar a alguien!"
Telde.­ Un joven de 16 años de edad ha sido detenido en Telde por la Policía Nacional después de presuntamente cometer un robo con violencia, con un cuchillo, en un establecimiento dentro de centro comercial en el distrito de Jinámar.
Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias sin especificar el lugar exacto en el que ocurrieron los hechos, el menor, que ya contaba con antecedentes policiales y varias detenciones a sus espaldas, accedió a un comercio en el que cogió varios colgantes. Tras amenazar a la empleada con un cuchillo, manifestó que no los iba a pagar.

“¡Tengo ganas de matar a alguien!”
Fue entonces cuando un vigilante que observó los hechos lo retuvo y lo trasladó hasta las instalaciones de seguridad del citado centro comercial a la espera de la llegada de los efectivos policiales. Justo en ese trayecto, el joven logró volver a empuñar el cuchillo y gritó ¡tengo ganas de matar a alguien!”.
Tras varios minutos de tensión en los que el menor mantuvo una actitud amenazante, finalmente depuso su comportamiento y terminó arrojando el cuchillo, que fue recuperado por los vigilantes.
A su llegada, los agentes de la Policía Nacional procedieron a arrestarlo como presunto autor de un delito de robo con violencia. Fue trasladado hasta los Juzgados de Telde para pasar a disposición judicial y también se pusieron los hechos en conocimiento de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas.
La intervención policial fue llevada a cabo por agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Telde.


Aragon: La seguridad privada y las fuerzas públicas intervinieron conjuntamente en 1.550 acciones en 2016

Los trabajadores de la seguridad privada aragonesa han celebrado este jueves su día destacando la buena cooperación con las fuerzas públicas. De hecho, este último año se han llevado a cabo más de 1.550 colaboraciones entre ambos cuerpos. También se ha lamentado el intrusismo en el sector, problema que trata de frenarse con la nueva ley
Zaragoza.- Los trabajadores de la seguridad privada en Aragón han celebrado este jueves su día con un acto en el que se ha reconocido el trabajo de los profesionales del sector y se ha destacado la buena colaboración con los cuerpos de seguridad pública. Solo en el último año se han llevado a cabo más de 1.550 colaboraciones entre ambos cuerpos.
A la ceremonia han asistido el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde; la directora de Justicia del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez; el presidente de la Comisión de Seguridad Privada de Aragón, José Manuel Cuadrado; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, José Hermida Blanco, y el jefe superior de Policía en Aragón, José Ángel González. Todos ellos han destacado los avances en cooperación entre la seguridad privada y pública en los últimos años.
En este sentido, Hermida ha asegurado que "la colaboración público-privada es necesaria como eje vertebrador de un nuevo enfoque de la seguridad", por lo que "hay que mantener y potenciar la coordinación operativa entre ambos sectores". En esto ha coincidido la directora de Justicia, que ha señalado que "el peor de los equipos es mejor que el mejor de los individuos".
Asimismo, durante el acto también se ha hecho referencia a lo que se considera el principal problema de la seguridad privada: el intrusismo de personal no habilitado. Cuadrado ha afirmado que las empresas que realizan prácticas desleales "caerán" y que "el personal que lo consiente se equivoca; cuando alimentamos un monstruo lo único que hacemos es que crezca y después se convierte en peligroso". A este respecto, durante el último año se han realizado 900 inspecciones a empresas y personal de seguridad privada para comprobar que se cumple con la normativa adecuada, en el marco de la lucha por erradicar el intrusismo.
Por su parte, Gustavo Alcalde ha sostenido que "el Gobierno es consciente de los problemas y quejas del sector y la nueva ley [de seguridad privada] está enfocada a terminar con las prácticas ilegales que puedan cometerse". Ha añadido que "ya comienzan a verse los avances, aunque aún queda mucho camino por recorrer".
En su intervención, que ha clausurado el acto, el delegado del Gobierno también ha querido reconocer la importancia del trabajo de los cuerpos de seguridad tanto públicos como privados en estos momentos en los que Europa se encuentra amenazada por el yihadismo y ha manifestado que "con el buen saber hacer" de ambos cuerpos "acabaremos con la amenaza terrorista, como ya hemos hecho en España con otro tipo de bandas armadas".
Durante la ceremonia se ha hecho entrega de diversos reconocimientos y menciones a personal y empresas para reconocer su valor. Entre ellos, ha destacado la condecoración entregada al zaragozano Alfonso Magaña, el vigilante de seguridad que recibió una paliza al tratar de evitar una agresión machista el pasado 27 de mayo. 

Andalucía: Sanz dice que la seguridad privada es "la gran aliada" de las fuerzas de seguridad para garantizar derechos y libertades

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado a la seguridad privada como "la gran aliada" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) "en la tarea de garantizar la libertad de los ciudadanos y proteger sus derechos".
Así, en el acto de inauguración del Día de la Seguridad Privada, celebrado en Málaga, en el que ha estado acompañado por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, ha animado a estos profesionales "a continuar en la misma línea de trabajo", por ser, ha dicho, "un ejemplo del incremento de la contribución" de este sector.
Asimismo, ha reiterado que se impulsará, "en los próximos días, antes de que llegue el verano", una Comisión Regional Mixta de Seguridad Privada, pionera en Andalucía y que permitirá dar cumplimiento a algunas de las demandas del sector. Ha señalado que "los importantes cambios normativos que ha experimentado la ley en esta materia" ha llevado a crear este grupo de trabajo.
Esta comisión brinda "la oportunidad de establecer un contacto directo e intercambiar experiencias" de las FCSE y las empresas de seguridad privada, así como para formular propuestas conjuntas de procedimientos de lucha contra la delincuencia objeto de la seguridad privada", ha apuntado.
Para el delegado del Gobierno en Andalucía, es una "oportunidad de primer orden para reforzar los cauces de colaboración y una coordinación más eficaz con los distintos agentes implicados en un sector con un creciente peso".
Ha recordado que en mayo se han cumplido tres años de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada, que impulsó el Gobierno de España "para combatir el intrusismo con medidas rigurosas y mejorar la coordinación entre las empresas de seguridad privada y el sector público" y que, en su opinión, ha contribuido a "afianzar" en España y en Andalucía "un sector fundamental en el entramado de la seguridad de las sociedades europeas más avanzadas".
Respecto del borrador que desarrollará el Reglamento de esta Ley, Sanz ha asegurado que está "muy avanzado" y que "en breve se iniciará su tramitación".

UN SECTOR EN EXPANSIÓN
Según sus palabras, la seguridad privada emplea en la actualidad en las ocho provincias andaluzas a casi 17.000 vigilantes, de los que casi 4.400 trabajan en la provincia de Málaga, y cuenta con más de 200 empresas vinculadas con esta actividad, de las que un 23 por ciento se ubica en la provincia malagueña.
Sanz ha precisado que en Andalucía funcionan actualmente casi 300 centros de formación para agentes de seguridad privada, 60 de ellos en Málaga, "lo que refleja la pujanza de un sector en expansión y con futuro, que contribuye a la creación de riqueza y a la generación de empleo".
El delegado ha insistido en que la seguridad privada "es un compañero insustituible en el camino que lleva al cumplimiento de la misión constitucional de proteger y servir a los malagueños, andaluces y a los españoles", al tiempo que ha advertido de que "los esfuerzos realizados van en una buena dirección", como evidencian las iniciativas emprendidas en este sentido.
Al respecto, ha destacado las aportaciones del Plan Red Azul, que establece una estrategia de colaboración para la seguridad ciudadana, impulsado por la Policía Nacional, "un claro ejemplo de trabajo conjunto con la seguridad privada" y el Programa Copera, con el que Guardia Civil trabaja desde 2010, al que se incorporan las entidades de seguridad privada que actúan en su ámbito de competencias, y cuyo objetivo es potenciar el apoyo operativo mutuo mediante el intercambio bidireccional de información operativa.
El delegado ha expresado su convencimiento de que los ciudadanos "perciben y valoran" el esfuerzo conjunto que se está realizando, que se ha traducido "en una mejora sostenida de la seguridad ciudadana en Andalucía".
Al respecto, ha precisado que, pese a que "el riesgo cero y la seguridad absoluta no existen", los ciudadanos "perciben y valoran el esfuerzo conjunto, que permite afirmar que España es hoy día uno de los países más seguros de Europa, en el que el sector de la seguridad privada desempeña un papel fundamental, que atrae turismo e inversión".
En el acto se han otorgado distinciones que reconocen la "valiosa cooperación, colaboración e intercambio de información", según Sanz, entre los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional y el sector de la seguridad privada.
En total, han sido honrados con estas menciones honoríficas en Málaga 189 trabajadores de empresas de seguridad privada, a quienes el delegado ha transmitido su "enhorabuena" y su felicitación "por reforzar los lazos de colaboración entre la seguridad pública y la seguridad privada e impulsar y promover la necesaria cooperación con las FCSE y el Gobierno".
Al acto han asistido el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Málaga, Francisco López Canedo; y el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga, Jesús Esteban Gutiérrez; así como representantes del sector de la seguridad privada y agentes de las FCSE en la provincia.